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Análisis
La oposición venezolana planea “la toma de Caracas”
Con la convocatoria de la manifestación del 1 de septiembre, la MUD entiende que la solución es electoral, pero pasa por la protesta masiva
Isabella Picón
- 26/08/2016
- Número 48
Un cartel anuncia en Caracas la marcha del 1 de septiembre. M. GUTIÉRREZ/EFE
La oposición venezolana va a por todas: el 9 de agosto, Henrique Capriles, acompañado de los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), convocaron una gran protesta para el 1 de septiembre bautizada como “la toma de Caracas”.
El día anterior, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció que la recogida de firmas del 20% del padrón electoral —tercer y último paso para convocar el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro— se haría en todo caso a finales de octubre, lo cual no da garantías de que el plebiscito se realice antes del 11 de enero de 2017, fecha en que Maduro cumple la mitad de su presidencia. La marcha contra el régimen de Maduro es una apuesta atrevida: corre el riesgo de que la convocatoria sea ineficaz, de que el miedo gane a la ira que hoy sienten los venezolanos por las injusticias que viven a diario, de que la inercia por quedarse en una cola para conseguir comida gane a las ansias —ya no solo expectativas— de cambio político.
Es a este objetivo al que apuesta la MUD, porque lo que propone no tiene precedentes: nunca habían convocado a una movilización multitudinaria con tres semanas de antelación y con el específico propósito de avanzar en la recogida de firmas para octubre. Finalmente entienden que la solución es electoral, pero pasa por la protesta política masiva y en redes de ciudadanos, en la calle. El reto de la oposición venezolana es romper la resistencia a la protesta para lograr la solución electoral. Pero no “marcha” solo por el referéndum. Lo que ha ocurrido en los últimos meses demuestra que no pasar a la ofensiva, al ataque, sería cruzarse de brazos.
El fracaso del diálogo
En su polémico libro Las 33 Estrategias de la Guerra, Robert Greene habla de una máxima que en este momento aplica muy bien a la situación venezolana. “Negociar al mismo tiempo que avanzas: la estrategia de la guerra diplomática”, la nº 21 del libro, explica que durante una negociación se debe seguir avanzando y creando constante presión para que el otro lado ceda en los términos deseados. En Venezuela el Gobierno, la oposición y varios actores más están dialogando. Pero el diálogo comenzó mal. A finales de mayo, representantes de la oposición y del Ejecutivo viajaron a República Dominicana para reunise con los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (Dominicana). La reunión fue filtrada por el equipo de Maduro.
Desde entonces, aunque se han repetido los encuentros por separado —en Venezuela y con los exmandatarios— no ha habido más avances. Pero no hay información sobre este proceso: si efectivamente el Gobierno y la oposición están haciendo concesiones, no se concretarán hasta 2017. Mientras tanto, cada parte mantiene su posición. Maduro ha iniciado la purga de los funcionarios que firmaron su revocatorio (esta semana les dio 48 horas para dejar su cargo) e insiste en quitarle poder a la Asamblea Nacional (donde la MUD es mayoría desde el 6 de diciembre) a través del Tribunal Supremo, que el 20 de agosto emitió una sentencia que suspendió los efectos de siete sesiones de la Asamblea entre abril y mayo. También amenaza con ilegalizar la MUD como partido político ante el CNE. Y desde que comenzó el diálogo, el Ejecutivo ha hecho más de 20 nuevas detenciones arbitrarias, políticamente motivadas, de activistas de la MUD y ciudadanos que protestaban. Entre ellos Gabriel San Miguel, que es ciudadano español. Fichas a intercambiar en la negociación.
Por otro lado, a principios de junio la Organización de Estados Americanos (OEA) inició el proceso de activación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, a través del cual se reconocería que en Venezuela hay una alteración del orden constitucional. El 23 de agosto, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, dijo que si no se realiza el referéndum en 2016, justificaría sanciones como la activación de la Carta. Esto, junto con la negativa de Argentina, Paraguay y Brasil de respetar el turno de Venezuela en la presidencia de Mercosur, terminaría de sepultar la reputación que Hugo Chávez intentó cultivar. Tanto la presión internacional como la protesta política y social son maniobras que la MUD seguirá utilizando hasta que llegue el momento real de negociar el poder.
Militarización de la economía
Otra razón de la MUD para presionar por el referéndum —fundamentado en dos artículos de la Constitución, entre ellos el que dice que transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el presidente, un número no menor al 20% de los electores podrá solicitar la convocatoria de un referéndum para revocar su mandato— es que Maduro se niega a asumir los costos de una transformación en la economía.
Se ha hecho otro ajuste del salario mínimo que cementará la proyección del FMI sobre la inflación: 720%
Con la designación del titular de Defensa Vladimir Padrino López como una especie de ministro plenipotenciario de Economía o de primer ministro que hace de espejo de Maduro en las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad del régimen, se pretende resolver el tema del abastecimiento y la inflación con más controles de precios y centralización. Aunque se presume a Padrino López como un hombre capaz de mediar, de introducir algo de racionalidad a la dinámica gubernamental, hasta ahora ha hecho todo lo contrario. Su ratificación al frente de Defensa y su nueva responsabilidad en el área económica tiene la función de defender, junto a las Fuerzas Armadas, las decisiones más irracionales del Gobierno. Semanas después de su nombramiento, Maduro destituyó a Miguel Pérez Abad como ministro de Industria y Comercio. Pérez Abad había comenzado un plan de liberalización de precios que fue abruptamente cancelado al anunciarse las nuevas tarifas de telefonía móvil. Ahora tenemos un ministro de Economía educado en Rusia y una industria de telefonía móvil a punto de colapsar. Además, recientemente se hizo un nuevo ajuste del salario mínimo que cementará la proyección que el Fondo Monetario Internacional hizo sobre la inflación venezolana a final de año: 720%.
Maduro ha nombrado ministro del Interior a un excomandante acusado de narcotráfico en EE.UU.
Otro caso es el de Néstor Reverol, exjefe de la Oficina Nacional Antidrogas y excomandante de la Guardia Nacional acusado por el Departamento de Justicia de EE.UU. de “conspiración para la distribución internacional de cocaína”. Dos días después de esa acusación, Maduro lo nombró ministro de Interior, Justicia y “Paz”, a cargo de la Policía Nacional Bolivariana, órgano que controla el orden público y reprime manifestaciones como la del 1 de septiembre. El presidente se debate entre enfrentar los costes de un ajuste económico largo y doloroso para el pueblo o dejar el poder prematuramente, teniendo que admitir su derrota política. Tras demostrar que es incapaz de hacer lo primero, la MUD lo emplaza a lo segundo.
Por qué ahora
El debate de por qué la oposición presiona a Maduro justo en este momento es importante, porque las divisiones de la MUD se han centrado en el timing de la llamada a la calle. Su escisión más reciente se origina con el ciclo de protestas a principios de 2014, que comenzó el movimiento estudiantil pero que fue impulsado por Leopoldo López, Antonio Ledezma (hoy presos políticos) y María Corina Machado.
Una parte de la oposición diría que el momento para llamar a la calle era este, no en 2014. Pero lo importante es que todos coinciden en que ahora es el momento. El objetivo de la marcha es presionar para que la fecha de la recogida de firmas del 20% del electorado sea antes de lo estipulado por el CNE (finales de octubre). Pero el propósito real es mostrar al Gobierno un ejemplo de lo que será esa recolección de firmas: un plebiscito anterior al referéndum al que Maduro se niega a someterse.
Queda todavía un camino difícil. Incluso si la convocatoria del 1 de septiembre es un éxito, la represión podría ser brutal. Y aunque esta represión podría poner los ojos del mundo sobre Venezuela, también puede ahuyentar al pueblo de otras convocatorias en la calle que deberán ser cada vez más grandes.
A la oposición le espera un proceso de negociación interna y luego otro con el Gobierno: es la única manera de lograr estabilidad en un posible Ejecutivo de unidad nacional que está llamado a hacer las reformas políticas y económicas que marcarán al país y sentarán un precedente en Latinoamérica durante la próxima década.
La mayoría quiere lograrlo, pero tampoco se vislumbra la solución final. Hay que confiar en las enseñazas del estratega militar y filósifo chino Sun Tzu: prever la victoria cuando cualquiera la puede conocer no es una verdadera destreza.