20/4/2024
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Análisis

Los paradigmas impiden pensar (en la electricidad, también)

A partir de la falsa premisa de que “todos los kWh son iguales”, gobernantes poco conocedores de la materia han desarrollado una pésima regulación con resultados muy contrarios al interés general

Jorge Fabra Utray - 30/09/2016 - Número 53
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La electricidad es una energía secundaria que se produce con la transformación —mediante diferentes tecnologías— de no importa qué energía primaria. De esta manera, a través de la electricidad podemos utilizar petróleo, viento, sol, agua, gas, carbón o radioactividad… para que la luz de nuestra mesilla de noche se encienda o se recargue nuestro teléfono móvil. Son solo dos ejemplos entre cientos de miles. ¿Se imaginan ustedes que la electricidad no existiera? ¿Con qué encenderíamos nuestro móvil? ¿Con qué la luz de nuestra mesilla? La electricidad es un bien esencial del que no podemos prescindir.

Este carácter esencial de la electricidad como bien y como servicio debería tener —y en ocasiones tiene— una traducción jurídica en términos del derecho comunitario y del derecho español: bien de interés general, bien público… Los economistas nos expresaríamos de manera más críptica, diríamos que la demanda de electricidad es muy inelástica a la renta. Acertar en la gestión de su suministro —es decir, en su regulación— es, por la misma razón, esencial para el progreso, para el bienestar económico y social y para la calidad medioambiental del planeta.

Y… ¿estamos acertando en su gestión, en su regulación?

En mi opinión, no. En España, y también en la UE, se ha optado por gestionar la electricidad a través de un mercado a un solo precio ignorando que detrás de cada kilovatio-hora (kWh) existe una compleja diversidad ocultada por un paradigma tan indestructible como falso: “todos los kWh son iguales”. Este paradigma es el que ha informado las reformas eléctricas realizadas en Europa y en España. No estamos ante una política de desregulación que pudiera ser defendida por neoliberales radicales y extremos —que desde luego sí que la defienden—, sino ante una mala regulación de gobernantes poco conocedores de esta rara materia que es la electricidad, una regulación que ha acabado concretándose en normas arbitrarias y discriminatorias de derechos de consumidores e inversores con resultados muy contrarios al interés general de los ciudadanos.

No hubo regulación. Hubo intervencionismo “sin norma” a favor de los intereses de los más poderosos

¿Y por qué esto está siendo así? Un paradigma tan intuitivo como el anterior es indestructible si detrás de su blindaje están los intereses más poderosos que podamos concebir (los monopolios, los oligopolios energéticos de la Unión Europea y de cada uno de sus estados miembros). Es indestructible si los gobernantes de la Unión Europea y de sus Estados miembros, además de respirar sin mascarilla la atmosfera tóxica del pensamiento neoliberal dominante, nada saben sobre la electricidad. Despachos de abogados de indiscutible prestigio, departamentos de Economía o de Derecho de las más prestigiosas universidades, empresas consultoras multinacionales que están aquí y allá, en todas las partes del mundo…  construyen sólidos argumentos a cambio de multimillonarios honorarios. Lo que está en juego no es para menos. No son los ciudadanos que pagan las facturas eléctricas quienes disponen de medios tan poderosos para seducir a los políticos y cautivar a la política, cuello de botella para las reformas que nunca llegan. Son las empresas eléctricas, que cobran e ingresan las facturas que emiten, las que contratan en su apoyo a instituciones cuyo cuestionamiento raramente es aceptado porque choca con las convenciones sociales o porque resulta “políticamente incorrecto”. Pocas veces se analizan los conflictos de intereses: nadie paga por informes que no defiendan sus intereses… Y nadie cobra si no pagan sus facturas, que son proporcionales siempre a los intereses en juego, intereses que se llaman miles de millones de euros anuales.

Neoliberalización eléctrica

El sector eléctrico se ha neoliberalizado, quiero decir, se ha desregulado. Liberalización, ninguna. Cuanta más liberalización, más regulación hubiera sido necesaria. No hubo regulación. Hubo intervencionismo “sin norma” a favor de los intereses más poderosos.

La electricidad, y lo que en ella pasa, es inescrutable. Sabemos que en España la electricidad es muy cara. Está entre las más caras de la Unión Europea. Aquí no vamos a abundar en los datos, en los números. Están a disposición de cualquier lector en las estadísticas de Eurostat. Lo importante es entender los conceptos para que los ciudadanos puedan llegar a sus propias conclusiones. Explicar cómo se gestiona, como se regula el mercado que fija los precios de la electricidad que pagan. A partir de su comprensión, que cada cual saque sus conclusiones.

Todo es mucho más complicado que lo que aquí se pueda contar, pero se hará un esfuerzo por trasmitir algunas ideas esenciales. Son estas: El paradigma es: “todos los kWh son iguales, todos tienen el mismo valor de uso, todos deben tener el mismo precio. Es el mercado” ¿Es el mercado? No. No es el mercado. Es llana y simplemente, mala regulación.

Efectivamente, la electricidad que suministra la energía que consume la luz de nuestras bombillas es idéntica a la que consume nuestro ordenador, nuestra lavadora o el AVE ¡Qué más da su origen! Esa electricidad podrá haber sido producida con la combustión del carbón o con paneles fotovoltaicos. Pero ninguna diferencia hay entre una u otra electricidad… Pues esto —lo escrito hasta aquí en este párrafo— es falso, aunque la falsedad quede velada por la aparente homogeneidad absoluta de todo kWh. Sin embargo, este falso paradigma es el soporte de la regulación del sector eléctrico: un mercado a un solo precio que determina el coste variable de la electricidad que hubiera producido la primera central no acoplada a la red porque la demanda de electricidad ha quedado cubierta por otras centrales de coste variable inferior. Un solo precio para toda la electricidad sea cuales fueren los costes medios de producción de cada una de las centrales que en cada instante suministren la electricidad demandada.

Los excedentes expropiados han inducido la destrucción del sector industrial de las renovables

Habíamos empezado advirtiendo que la electricidad es un vector energético que se obtiene con la transformación de muy distintas fuentes primarias de energía que exigen, igualmente, el recurso a muy diferentes tecnologías: centrales nucleares, aprovechamientos hidroeléctricos, centrales eólicas, centrales fotovoltaicas, centrales de gas natural, centrales de carbón, etc. Cada una —obvio— con costes variables y fijos muy diversos dependientes de la fuente primaria y de la tecnología. Así, nos encontramos que las centrales térmicas tienen el mayor coste variable —entre ellas, por este orden, el fuel, el gas natural y el carbón— mientras que las de menor coste variable son las centrales que transforman en electricidad fuentes primarias de energía renovable —entre ellas, por este orden, la energía solar, el viento, la fuerza hidráulica de los ríos, la biomasa…—. Entre unas y otras, las centrales nucleares, con costes variables inferiores a los térmicos y superiores a las renovables. Pero los costes variables no son los únicos costes que los inversores tienen que recuperar y los consumidores pagar. Los inversores tienen que recuperar —y los consumidores pagar— los costes medios en los que incurren en cada central para producir la electricidad que les es demandada. Y los costes medios son (fundamentalmente) la suma de los costes variables —la energía— y de los costes fijos —la amortización económica de las inversiones en las centrales—. Entre cada tecnología difieren sus costes variables de funcionamiento, desde luego, pero también sus costes fijos. Ninguna razón hay para que su suma no difiera. Y si los costes medios difieren, ¿qué estamos haciendo con un mercado de la electricidad a un solo precio?

Y todo esto, ¿por qué?

Al lector no experto o poco acostumbrado a toparse con este mundo de la electricidad le asaltará inmediatamente una pregunta: ¿por qué —como en cualquier otro sector industrial— las centrales que se construyen no son solo aquellas que tengan un coste medio inferior si todas sirven para lo mismo, para producir electricidad?

Esa es la pregunta que debería ser contestada por las autoridades comunitarias y españolas responsables —mejor decir culpables— de que el suministro de electricidad esté regulado bajo las premisas del paradigma que nos ocupa.

Contestémosla. Las tecnologías son dependientes de la fuente primaria energética disponible y hasta el momento no hay ni habrá —en los próximos 50 años al menos— una fuente primaria suficientemente abundante que por sí sola, transformada en electricidad, pueda abastecer toda la demanda. La diversidad tecnológica es consustancial al sector eléctrico. Dicho en otros términos: en el mercado de electricidad no existe libertad de entrada, requisito indispensable para que “el mercado a un solo precio” pueda constituirse en un asignador eficiente.

Tal y como gráficamente se quiere expresar, el precio que fija el “mercado a un solo precio” —en el punto de corte de la curva de la demanda y la curva de oferta— nada tiene que ver con los costes de las centrales que en cada instante cubren la demanda: es insuficiente para cubrir los costes medios de unas centrales —renovables de las primeras generaciones y térmicas convencionales— y muy superior a los costes medios de otras centrales, típicamente las centrales hidroeléctricas y las centrales nucleares, además ya altamente amortizadas.

Expropiar al consumidor

Todo esto tiene como consecuencia que la tarifa eléctrica tenga que complementar los ingresos que vía mercado cobran las centrales renovables y las térmicas convencionales con pagos regulados para permitir que sus propietarios recuperen los costes en los que incurren. De esta manera, los consumidores acaban pagando precios muy superiores al coste de la electricidad que consumen. Se trata de una regulación, en definitiva, que expropia, a favor de las empresas propietarias de las centrales con costes medios inferiores a los precios del mercado, el excedente del consumidor.

El excedente del consumidor expropiado se ha situado en algunos años —a partir de junio de 2005— por encima de los 3.000 millones de euros. Otros años, con precios de mercado inferiores, los excedentes expropiados han sido inferiores. En estos más de 10 años transcurridos, las cifras podrían acercarse a los 20.000 millones de euros. En cualquier caso, la auditoría regulatoria del sector eléctrico, demandada desde muchos sectores de la opinión experta y política, debería determinar y cuantificar con exactitud las consecuencias de la mala regulación, además de otros incumplimientos de las prescripciones normativas, porque las cifras tentativas que se manejan merecen el esfuerzo de la precisión (incluso en el reciente pacto de Ciudadanos con el PP esta auditoría estaba prevista con independencia de la credibilidad a que cada uno le merezca esta parte del pacto).

En fin, todo esto es importante, desde luego. Pero más importantes son las consecuencias negativas sobre la eficiencia de nuestro modelo productivo, sobre el empleo, sobre las rentas disponibles y sobre el medioambiente. Sin duda, los excedentes expropiados, consecuencia de una mala regulación, han inducido la destrucción del sector industrial de las tecnologías renovables —sobre las que han recaído la mayor parte de los ajustes—, con el consecuente aumento de la inseguridad jurídica. Una inseguridad letal, además, para el proceso de inversiones que necesita, ineludiblemente, la transición energética hacia la descarbonización.