15/12/2019
Política

Policía política, comandos patrióticos y negocios. La sombra del PP en Interior es alargada

Fernández Díaz ha venido incubando en su ministerio operaciones especiales para el descrédito de sus adversarios

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Al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aferrado a su perra Lola, los excesos de celo empiezan a pasarle factura en forma de querellas. Ese es el caso de la que ha presentado el 1 de septiembre la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), y el exalcalde de Barcelona Xavier Trías i Vidal de Llobatera. Los querellados son el ministro en funciones y el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Los hechos alegados, las escuchas a políticos catalanes reveladas por el diario Público por las cuales habrían incurrido en delitos de violación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos. Comentan fuentes del entorno que, inseparable de su perra Lola, el ministro está muy desconcertado por la interposición de esa querella, habida cuenta de que él mismo ha sido víctima de escuchas en su propio despacho oficial del ministerio que ha tenido buen cuidado de no atribuir a sus adversarios catalanes.     

La policía política del PP

El titular de Interior, en funciones, Jorge Fernández Díaz, en los ratos que le dejan libres las condecoraciones al mérito policial que prodiga a vírgenes diversas, ha venido incubando en su ministerio operaciones especiales planeadas para el descrédito de sus adversarios encomendadas a la división de policía política del PP, que se sirve en ocasiones de unos llamados comandos patrióticos convenientemente adiestrados. En el asesoramiento para la selección de los objetivos a cubrir y el modus operandi a utilizar cooperan otros conmilitones experimentados como Federico Trillo, embajador de España en Londres. Por eso, a su residencia de Belgravia Square acudieron a finales de 2015 para conferenciar sobre estas cuestiones los comisarios José Manuel Villarejo y José Luis Olivera, de cuya relevancia da idea que estuviera preconizado para el puesto de director adjunto operativo de la Policía (DAO), cuando se produjera el 23 de junio de 2016 la jubilación de su titular Eugenio Pino.

En la selección de objetivos y el modus operandi colaboraban conmilitones como Federico Trillo

Casualidades propias de los cuerpos policiales, sucedió que el 22 de junio de 2016, víspera del previsto nombramiento de Olivera, aparecieron publicadas, muy oportunamente, en el diario El Mundo las conversaciones del titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, con el director de la Oficina Antifraude en Cataluña, Daniel de Alfonso, mantenidas en el despacho oficial del primero entre el 2 y el 16 de octubre de 2014, cuando estaba a la vista el referéndum secesionista convocado por la Generalitat el 9 de noviembre. La erupción del escándalo subsiguiente a estas revelaciones demostraba, primero, que grababan al ministro desde hacía años; segundo, que alguien tenía almacenada esa información y estaba en condiciones de graduar su difusión a conveniencia; y tercero que la designación del DAO quedaba bloqueada.

Volvamos al comando patriótico para seguir su vuelo a Suiza en un avión de la Policía a mediados de septiembre de 2014. En este caso, estaba liderado por el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, a quien seguía el comisario principal Enrique García Castaño por encima en la jerarquía policial pero no en la política. Iba provisto de un maletín con el dinero para pagar el “chivatazo” que invalidaría a Xavier Trías, a la sazón alcalde de Barcelona y candidato por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a renovar la alcaldía en las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015. En el ámbito informativo la operación acabó siendo blanqueada en forma de exclusiva a la manera de nuestro peculiar periodismo de investigación, recurriendo a las páginas amigas del diario El Mundo con la firma de Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Fernando Lázaro.

La tercera dimensión es la de los negocios de los amigos a cuenta de las oportunidades que da la Administración

Para borrar las huellas, el comando patriótico pasa primero las revelaciones que cree haber obtenido en Suiza a la Comisaría General de Policía Judicial, al frente de la cual se encontraba Santiago Sánchez Aparicio. Ese fue el funcionario a quien el ministro encomendó la investigación de las grabaciones efectuadas en su despacho que concluyeron con resultado cero según sabemos y que, jubilado el 17 de julio pasado, ha sido contratado como relaciones externas de Prosegur. Precisemos que el número dos de la citada Comisaría, como secretario general de la misma, era Miguel Ángel Barrado, a quien se ha retribuido ahora con el nombramiento como número dos del CITCO —Centro de Inteligencia contra  el Terrorismo y el Crimen Organizado— que lidera José Luis Olivera. Después, desde dicha Comisaría General, el hallazgo tóxico de Suiza se transfiere a la UDEF —Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal—, que acaba filtrándola al periódico El Mundo. Ante el fiasco en que termina la operación helvética, el ministro trata de comprar el silencio de todos. Así, el inspector-jefe Gago (véase el párrafo anterior) es destinado como agregado de Interior en la embajada de España en La Haya y su esposa, Cristina Postigo Díaz, que es inspectora del Cuerpo Nacional de Policía, es nombrada enlace con la Europol en esa misma capital. Puestos ambos con retribuciones superiores a los 10.000 euros brutos mensuales.

Pago por información falsa

Señalemos que Gago era portador del maletín con billetes usados de numeración no correlativa destinados a comprar información de un supuesto delator de cuentas en la USB de Xavier Trías. De cómo desvelar esas cuentas en el momento más dañino trataban el ministro del Interior Fernández Díaz y su compinche de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, quien se confesaba “partidario de asestar el golpe cuando el golpe va a acabar con el animal”. El caso es que el oferente ginebrino recibió el maletín y comprobó su contenido, pero después sucedió que la información que aportaba a cambio era falsa. En consecuencia, Trías ha presentado una querella contra los tres periodistas citados y contra la empresa editora del rotativo. Querella que instruye el juez titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, José Emilio Coronado, por procedimiento abreviado después de que la Fiscalía Anticorrupción desmontara la información y archivara la denuncia de la Policía al considerar que carecía de indicios que avalaran la existencia de cuentas de Xavier Trías en el extranjero. 

La tercera dimensión de la sombra alargada del PP en Interior es la de los negocios de los buenos amigos a los que sería injusto penalizar o excluir de las buenas oportunidades que brinda la Administración. Esa senda de los pingües negocios sería la que han seguido los contratos asignados a Seguridad Integral Canaria Ralons. Contratos para los que no han sido obstáculo las deudas con Hacienda y la Seguridad Social de su propietario Miguel Ángel Ramírez Alonso ni tampoco el hecho de estar condenado por delito medioambiental. Condena de la que fue indultado por el Gobierno, siendo Alberto Ruiz Gallardón ministro de Gracia y Justicia, aunque después el indulto fuera anulado por los tribunales. Entre los contratos se cita en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del 20 de marzo de 2014 uno de 11 millones de euros con Patrimonio Nacional. Hay algunos más, con el Ministerio de Defensa por importe de 32 millones de euros y con el Metro de Madrid por importe de más de 12 millones de euros. Veremos si el ministro Fernández Díaz y el director de la Policía, Ignacio Cosidó, comparecen en el Congreso de los Diputados y se explican. Atentos.