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Análisis
Un hito en las relaciones España-EE.UU.
James Costos en Rota, en el 60 aniversario de los acuerdos de defensa. EFE
Las relaciones de seguridad y defensa entre España y EE.UU. continúan estando regidas por el convenio de diciembre de 1988, el de más larga duración entre ambos países aliados. Fue negociado —estando al frente del gobierno español Felipe González y de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa Francisco Fernández Ordóñez y Narcís Serra, respectivamente— por una delegación presidida por el embajador Máximo Cajal y de la que formó parte uno de los autores de este artículo.
El Convenio para la Defensa de 1988 marcó un hito en las relaciones hispano-estadounidenses al situarlas en un plano mucho más equilibrado: limpias de su pecado original y de todas las adherencias del franquismo, convertidas en relaciones normales basadas en la confianza y los intereses de ambos aliados.
La relación contractual entre España y EE.UU. arrancaba de los acuerdos de 1953, a través de los cuales, y al socaire de la guerra fría, el régimen franquista entregaba bases y territorio a los estadounidenses en unas condiciones de absoluta subordinación, llegando a aceptar vergonzosas cesiones de soberanía en varias cláusulas confidenciales, solo empezadas a conocer en los años 70 gracias a las investigaciones de Ángel Viñas. En negociaciones posteriores (como con el ministro Castiella en 1968), cuando los diplomáticos intentaban equilibrar la relación, se imponía el criterio de Carrero, Muñoz Grandes o Franco: no pongan en riesgo la relación y firmen lo que les pongan delante.
Aunque ya el tratado de 1976 (Areilza) y el de 1982 (Pérez-Llorca) corrigieron algunos de los problemas de los acuerdos de la etapa franquista, el cambio sustancial se produjo con el convenio de 1988. Importante y muy llamativa fue la consecución de la retirada del Ala Táctica 401 (más de 70 aviones F-16) de la base de Torrejón y la reducción gradual de los efectivos militares estadounidenses (más del 40%). Pero también la modificación de los procedimientos y del control de las autorizaciones para el uso de las bases e instalaciones (logística, sobrevuelos, repostaje, entrenamiento), así como la equiparación del hasta entonces privilegiado estatuto de las fuerzas estadounidenses y sus dependientes respecto al de los aliados de la OTAN.
El convenio de 1988 fue precedido de una larga y difícil negociación: los estadounidenses estaban empeñados en mantener a toda costa el statu quo en las bases, instalaciones y fuerzas, y tardaron en comprender que el alcance de los cambios políticos y de la situación internacional de España exigía cambios sustanciales en la relación contractual, así como que el gobierno español no iba de farol en su postura negociadora.
Un aliado firme y leal
Concluido el convenio, EE.UU. no tardó en entender las posiciones españolas ni Madrid en demostrar su condición de aliado firme y leal, dentro de su bien ganada autonomía, con ocasión del crucial apoyo logístico prestado en 1991 a las fuerzas de la coalición de la que nuestro país formó parte durante la guerra del Golfo. Dichas acciones contaron con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para poner fin a una de las más graves y flagrantes violaciones del derecho internacional: la invasión y anexión de un pequeño país por su entonces poderoso vecino, en total contraste con la ilegal guerra de Irak de 2003, cuyas trágicas consecuencias aún se están pagando y que contó con el apoyo de Aznar.
Naturalmente, el convenio de 1988 ha debido adaptarse a las nuevas necesidades y amenazas. Hasta ahora ha habido tres protocolos de enmienda. El primero en 2002, cuyo objetivo principal, al parecer, fue el de legalizar la actuación en territorio español de los Servicios de Inteligencia de la Armada y de la Fuerza Aérea de EE.UU., lo que no ha dejado de plantear interrogantes sobre un posible apoyo a las actuaciones ilegales en torno a la guerra y a la posguerra de Irak.
El segundo se concluyó en 2012 y su justificado objetivo fue permitir el despliegue en la base de Rota de cuatro destructores de la Armada de EE.UU. que forman parte del escudo antimisiles de la OTAN, acordado en la Cumbre de Lisboa de 2010. El presidente Rodríguez Zapatero aceptó el despliegue en una declaración conjunta con el entonces secretario general de la OTAN, el danés Anders Fogh Rasmussen, en mayo de 2011.
El tercero, que entró en vigor en 2015, responde a la solicitud del secretario de Defensa de EE.UU. de convertir en indefinida la presencia en Morón de una unidad de élite de marines, hasta entonces temporal, para hacer frente a situaciones de crisis en África.