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¿Un pacto educativo?

La educación puede estar fuera del baile legislativo, pero no se debe esperar que el tan reclamado acuerdo político cierre el debate

Mercedes Cabrera - 17/06/2016 - Número 38
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¿Un pacto educativo?
mikel jaso
Se acercan unas nuevas elecciones y volvemos a oír hablar de un pacto por la educación. Es difícil no estar de acuerdo con un objetivo así enunciado, como es difícil que haya alguien que no tenga opinión sobre ello. La educación nos afecta a todos de una u otra manera. Casi 11 millones de alumnos, de ellos más de 8 en enseñanzas no universitarias, según las últimas cifras del Ministerio de Educación referidas al  curso 2013-14; más de 800.000 profesores en los diferentes niveles educativos; más de 30.000 centros escolares no universitarios y más de 80 universidades… Si multiplicamos esas cifras por el número de familias implicadas, tendremos como resultado casi el total de la población española. Quien aun así no esté incluido, tendrá el recuerdo de cuando fue estudiante o profesor, de ¡aquellos tiempos que siempre fueron mejores!, como habitualmente creemos.

Las llamadas a ese pacto suelen apoyarse en una sucesión de lamentos críticos sobre el deficiente estado de nuestra educación, ilustrados con datos de estudios y rankings internacionales, desde el siempre socorrido PISA hasta los que  jerarquizan las universidades de todos los países.  Habitualmente también, se  responsabiliza a los partidos políticos de haber promovido una sucesión de leyes —¡hasta 13 desde 1970!—, con el único objetivo de enmendar lo hecho por el contrario, olvidando por el camino los verdaderos intereses de la educación y sometiendo a centros, profesores y alumnos a un calvario de cambios continuos y sin sentido. Al mismo tiempo, de esos mismos políticos se espera que pongan fin de una vez a esa inestabilidad normativa, convertida casi en causa explicativa de esas deficiencias porque, de lograrse ese gran acuerdo, nuestra educación alcanzaría las cotas de excelencia que los ciudadanos y el país merecen.

El sistema educativo español no está a la cola en comparación con países de nuestro entorno

Pues bien, me voy a permitir opinar con la única intención de contribuir al debate. Los datos de estudios y rankings internacionales merecerían un manejo más imparcial, si lo que queremos es que sean útiles y no meros instrumentos de batalla política. El sistema educativo español,  como algunos se han permitido señalar —por ejemplo, Julio Carabaña— no está a la cola de la cola en comparación con los países de nuestro entorno, sino en una posición intermedia,  muy digna si tenemos en cuenta de dónde venimos. No quiere decir esto que no se pueda y se deba mejorar, por supuesto. Todo menos asentarnos en la complacencia. Hay que aspirar siempre a ocupar los primeros puestos. Pero partamos del reconocimiento de lo conseguido, y pensemos —porque muchos tenemos también ejemplos para creerlo— que cuando nuestros jóvenes han salido fuera en búsqueda de trabajo, o como estudiantes e investigadores en otros centros y universidades, no parecen haber sufrido por un bajo nivel de formación. Más bien lo contrario. Y si aquí no han conseguido encontrar el puesto que andaban buscando, quizás habría que buscar las explicaciones no tanto —o no solo— en las deficiencias del sistema educativo, sino en las características de nuestro mercado laboral y de nuestras empresas. Las cifras de fracaso escolar o de abandono temprano de la educación, que con frecuencia y con razón nos preocupan, tienen  que ver con ciertas características de nuestro sistema educativo, como el exceso de rigidez en el paso de unos niveles  a otros, la facilidad para expulsar alumnos y la dificultad para reincorporarlos, o la siempre pendiente reforma de la Formación Profesional. Pero esas cifras deberían relacionarse, por ejemplo,  con el nivel educativo de los padres, y han tenido mucho que ver,  a su vez,  con unos años de bonanza económica en los que el mercado laboral ofrecía puestos de trabajo con buena remuneración y bajísima exigencia de cualificación. Una tentación excesiva para los jóvenes.

Es cierto que ha habido muchas leyes, pero también lo es que había que recuperar el tiempo perdido y dar cabida a una demanda creciente e imparable de educación, hasta hacer realidad su obligatoriedad hasta los 16 años  o abrir  el acceso a la universidad, para luego atender a la extensión de la educación infantil, la de los mayores o  inclusiva. Al enumerar esas leyes y escandalizarse con su elevado número, se debería explicar que no todas han tenido el mismo contenido, que unas se han referido a la ordenación de los estudios e itinerarios en sus diferentes niveles — es  verdad que la educación secundaria, en la que parecen concentrarse todos los males, ha sido la más frecuentada—, pero otras estuvieron dedicadas a cuestiones como el gobierno de los centros escolares o la regulación de la estructura del sistema educativo no universitario, con la introducción del sistema de conciertos junto a la enseñanza pública y la privada. Eso sin entrar en las que han afectado a las universidades, para las que hubo que recuperar la autonomía perdida y, después, tratar de adecuarlas al proceso de convergencia con el resto de universidades europeas,  en el llamado proceso de Bolonia.

Es  posible que haya habido muchas leyes, aunque había que regular lo que en otros países se había hecho tiempo atrás.  Pero en cuanto a su impacto en la realidad del sistema educativo, convendría recordar  que, por ejemplo, la tan denostada permisividad,  que habría permitido pasar de curso con no se sabe cuántas asignaturas pendientes y la consiguiente rebaja en la calidad, ha sido compatible con uno de los niveles más altos de repetición de curso entre  los países de nuestro entorno; o que bajo una misma ley los resultados obtenidos en las diferentes comunidades autónomas  son muy diferentes, como puede verse, por ejemplo, en la información desagregada de los informes PISA. No habría más remedio que preguntarse, por tanto, sobre la efectividad de las leyes para conseguir lo que de ellas muchos parecen demandar: la recuperación de una calidad y excelencia educativa que supuestamente existió en el pasado, afirmación difícil de corroborar porque carecemos de datos suficientes para sostenerlo.

Cuando se exige un pacto no suele hablarse con claridad de que detrás de la defensa compartida de una mejor calidad y excelencia en la educación hay una multiplicidad de intereses, legítimos todos pero no fáciles de conciliar: los de los propios estudiantes, los de padres y madres, los de los profesores, los de los directores de los centros y sus gestores y, por supuesto, los de sus propietarios. Todos se sienten con derecho a hablar en defensa de la educación, cuando están hablando, con todo derecho también, de los suyos propios. Añadamos a ello los de los distintos niveles de la Administración: los de las comunidades autónomas, que tienen todas las competencias, o los del gobierno central, responsable de legislar para salvaguardar el derecho a la educación que consagra la Constitución.  O los de uno u otro partido político, o de los sucesivos ministros, que desean dejar su impronta personal en la tarea.

La educación debe anticiparse a los cambios de la sociedad. Eso exige flexibilidad y predisposición

Sigamos, pues, hablando de pacto. Tiene que haberlo,  por ejemplo, para garantizar una financiación suficiente y estable, y para hacer realidad la mejor formación posible de los profesores.  También para asegurar el derecho de todos a una educación de calidad, en la medida de sus aptitudes, sin confundir la libertad de los padres para elegir el colegio que quieren para sus hijos con el derecho de los centros a elegir a sus alumnos, cuando esos centros están financiados con fondos públicos.  Porque para algunos la educación es también un negocio cada vez más lucrativo. Como recordaba hace unos días José Antonio Marina citando a Joseph Stiglitz y al secretario de Empleo y Formación de Bill Clinton (El País, 29 de mayo de 2016),  en esta “sociedad del aprendizaje” en la que “los nuevos pobres serán aquellos que no puedan o no quieran aprender”, la formación se  está convirtiendo en “el próximo gran negocio del trillón de dólares”, en el  que las grandes corporaciones se  preparan para competir a nivel mundial. Aquí, en España, también se compite, pero lo que no tiene  perdón es que se haga utilizando dineros o favores públicos, y además se justifique en nombre del derecho de los padres a elegir.

Saquemos a la educación del baile legislativo, pero cuando hablemos de pacto expliquemos de qué estamos hablando. Y tampoco queramos cerrar  el debate público  sobre la educación con un pacto que pretenda sellar  la cuestión para varias generaciones. La  educación debe anticiparse a los cambios en la sociedad,  y vivimos en una que los vive de manera acelerada.  Eso exige flexibilidad y predisposición a las reformas cuando son necesarias. No nos olvidemos de la educación cuando hayan pasado las elecciones. No dejemos de hablar de ella.