17/9/2019
Debate de investidura

El horizonte penal del PP de Rajoy

Algunos de los casos de corrupción que afectan a los populares se juzgan este otoño

Iñigo Corral - 02/09/2016 - Número 49
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El horizonte penal del PP de Rajoy
El extesorero del PP, Luis Bárcenas, en la Audiencia Nacional. J.J. Guillén / EFE
Septiembre se presenta vertiginoso para el PP, y no solo en el plano político, donde se enfrenta a dos elecciones autonómicas y a un número aún indeterminado de investiduras. El calendario judicial tiene marcadas algunas fechas en rojo que harán inevitable que la corrupción sea un elemento recurrente para sus adversarios, lo que puede afectar directamente al proceso de negociación o a una hipotética precampaña electoral.

Antes de que se despida el verano se acaba el plazo para que las partes presenten sus escritos al sumario que investiga la jueza Rosa María Freire por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas. El asunto es grave pese a que el fiscal no aprecie existencia de delito. No tanto porque puedan ser ciertas las sospechas de que el partido que lidera Mariano Rajoy borrara de forma voluntaria de los ordenadores toda información que pudiera demostrar una posible financiación irregular, sino porque por primera vez un partido ha sido procesado. En cualquier caso, se trata de una especie de aperitivo del caso Bárcenas, que aún no tiene fecha en el calendario, y en el que se sustanciará o no la existencia de una caja B donde el PP ingresaba donativos ilegales. Paralelamente al desarrollo judicial de este asunto debería correr la comisión del Congreso que tratará de esclarecer la responsabilidad política a partir de los papeles de Bárcenas, una comisión que está en el acuerdo entre PP y Ciudadanos y que terminará creándose tarde o temprano, ya que tanto la formación naranja como PSOE y Podemos están a favor de su existencia.

Antes de que acabe el verano se sabrá si el PP es culpable de borrar los discos duros de Luis Bárcenas

La última semana de septiembre se sentará en el banquillo de los acusados la persona a quien el dedo de José María Aznar no quiso señalar como su sucesor. Solo 48 horas antes de que vascos y gallegos acudan a las urnas, Rodrigo Rato será juzgado por el uso fraudulento de las tarjetas black junto a otros 65 procesados que fueron directivos y consejeros de Bankia a propuesta de PP, PSOE e IU (entre ellos también Miguel Blesa). En este asunto, la preocupación de los populares es menor porque pueden argumentar que la corrupción no es patrimonio suyo.

Púnica y Gürtel

Otros casos que también afectan al partido de Rajoy se seguirán investigando en distintos juzgados a la vuelta de las vacaciones, y puede haber sorpresas. El proceso de investigación del caso Púnica, sobre corrupción en el PP madrileño, debería terminar (al menos en parte) antes de que acabe el año. El ex secretario general del partido en la Comunidad y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados es el único imputado que permanece en prisión provisional. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco está a la espera de recibir más información para comprobar la veracidad de las acusaciones formuladas por el constructor David Marjaliza, cerebro de la trama, contra el consejero de Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, y contra el diputado autonómico Bartolomé González. Si aprecia indicios de delito elevará la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que deberá resolver sobre sus imputaciones. Será otra prueba de fuego para la presidenta madrileña Cristina Cifuentes y servirá para comprobar la vigencia del acuerdo anticorrupción suscrito con Ciudadanos para su investidura, que necesariamente conllevaría la renuncia automática de ambos políticos si fuesen encausados.

El panorama jurídico al que los populares tienen que hacer frente tras los comicios vascos y gallegos no ayudaría a culminar a su favor la investidura. El 4 de octubre, a menos de un mes de que las Cortes puedan quedar disueltas si ningún candidato tiene éxito, arranca en la Audiencia Nacional el caso Gürtel, el primer gran juicio contra una parte de la trama de corrupción del PP. Hay 40 acusados y muchos de ellos fueron cargos del PP. En esta causa no solo se investiga el lucro personal de algunos políticos en función de sus cargos, sino también la existencia de una trama para financiar de forma irregular al Partido Popular. De hecho, el tribunal ha citado a declarar como testigos a quienes durante años tuvieron la máxima responsabilidad en el partido, como Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes. Las estrellas del juicio serán Francisco Correa y Luis Bárcenas, y ya en un papel secundario la exministra Ana Mato, quien según el fiscal se benefició de la red encabezada por Correa con casi 30.000 euros en regalos y el pago a medias de fiestas familiares a través de su entonces marido, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda.

Valencia y Baleares

A partir de octubre está previsto que salga la sentencia del caso Nóos, en el que otro exministro, Jaume Matas, ya ha asumido parte de sus culpas con obras (reconociéndolo ante el tribunal) y con hechos (abonando 900.000 euros). En fase menos avanzada se encuentran otras operaciones vinculadas a la corrupción en Valencia como la operación Taula, en la que está imputado todo el grupo municipal del PP salvo Rita Barberá, gracias a la ayuda de su partido al colocarla en la Diputación Permanente del Senado y salvaguardar así su aforamiento. También figuran como imputados Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, junto a dos de sus vicepresidentes.

El 4 de octubre arranca en la Audiencia el caso Gürtel, el primer gran juicio que investiga la financiación del PP

Colea también la rama valenciana del caso Gürtel, el caso Brugal o el caso Fórmula 1. Una de las seis piezas separadas de la Gürtel valenciana, la de los contratos de la Generalitat para Fitur, ya quedó vista para sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En el banquillo de los acusados se han sentado Francisco Correa y Pablo Crespo, así como varios de sus empleados, entre ellos Álvaro Pérez, El Bigotes. También dos ex conselleres de Turismo: Milagrosa Martínez y Angélica Such.

El blindaje de Barberá

Si el acuerdo anticorrupción entre PP y Ciudadanos perdura, Barberá tendrá serios problemas para alargar su retiro dorado en el Senado. La Fiscalía del Tribunal Supremo ya ha movido ficha y ha pedido que sea investigada por un delito de blanqueo de dinero. Si los jueces deciden citarla como investigada (antes imputada), la vigencia del acuerdo con el partido de Albert Rivera le obligaría a renunciar a un cargo que lleva aparejado el aforamiento (o abandonar el PP), con lo que el caso volvería a los juzgados de Valencia.

Otros casos todavía no han salido a la luz, pero le pueden estallar al PP en las manos. Eso fue lo que les ocurrió, aunque sin consecuencias en las urnas, tres días antes del 26-J cuando Público reveló unas grabaciones de Jorge Fernández Díaz que apuntan a que la cúpula de Interior fabricaba informes contra sus enemigos políticos. También están en fase embrionaria las investigaciones del caso Acuamed, que afectan al exministro de Agricultura y actual comisario europeo Miguel Arias Cañete, y las relativas a las comisiones ilegales presuntamente cobradas a empresas del extranjero por los exdiputados Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna.