25/6/2019
Opinión

Ceremonia del absurdo

Editorial - 08/04/2016 - Número 28
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Más de cien días después de las últimas elecciones, y a menos de un mes de su disolución automática si antes no se eligiera un nuevo presidente, el Congreso de los Diputados ha reforzado su papel de escenario central de la política española. No solo porque en su sede se están desarrollando las negociaciones para una posible investidura, sino también por el planteamiento de una situación inédita en la democracia española que ha conducido a un conflicto institucional entre dos de los pilares del sistema político: el propio Congreso, donde se asienta el poder legislativo, y el Gobierno, es decir, el poder ejecutivo, emplazado a responder de sus acciones ante el primero.

El miércoles pasado, el presidente Mariano Rajoy compareció en el pleno de la Cámara por primera vez desde las elecciones. Lo hizo desdeñoso y reafirmó la negativa de su Gobierno a someter sus actuaciones, tal como establece la Constitución en su artículo 66.2, al control del Parlamento. Argumentar que por encontrarse en funciones esa obligación queda en suspenso es una falacia, porque su situación de interinidad,  que le impide adoptar decisiones políticas de mayor calado, le conmina aún más a explicarse ante los diputados elegidos en los últimos comicios. El rechazo del PP a rendir cuentas,  a responder de sus actos, como es elemental en cualquier democracia parlamentaria de las características de la nuestra, es una burla, un intento grotesco de escaquearse y una afrenta más a las instituciones, en este caso a una de particular relevancia, puesto que representa a la soberanía popular. Lo peor es que el presidente y sus ministros desisten de cumplir sus deberes democráticos obedeciendo instrucciones de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, temiendo que se visualice su absoluta soledad. Quieren así evitar verse convertidos en el pimpampum del resto de los grupos de la Cámara. Qué extraña victoria la del marianismo popular, que le deja en la soledad, imbuido de miedos que le hacen aborrecer el sometimiento al juicio ajeno y huérfano de apoyos para una nueva investidura que ni siquiera intenta.

Los partidos de la oposición, mayoritaria en el Congreso, acordaron, con 218 votos a favor frente a 113 en contra y 4 abstenciones, presentar un conflicto de competencias contra el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional por esa negativa gubernamental a someterse al control parlamentario. La respuesta del PP fue una muestra más de que se encuentra fuera del juego político que se desarrolla a su alrededor. Alegó que las acusaciones de falta de respeto a la separación de poderes son un mero acto de propaganda electoral. Una excusa inválida para eludir el control democrático de su actividad, que muestra además la escasa confianza que tiene en los propios argumentos. En el vals de los adioses, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría no han querido privarnos de esta ceremonia del absurdo.