19/11/2018
Política

Compre marihuana de forma cómoda y alegal

Los clubes de cannabis que florecen en España amparados por el vacío legal empiezan a preocupar a las autoridades

Jaime Velázquez - 08/04/2016 - Número 28
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Apenas un número en la fachada y una puerta blanca con vídeo-portero revela su ubicación. En el interior, una joven comprueba los carnets de identidad. Solo los socios pueden descender las escaleras que conducen al local, y solo un miembro puede introducir a los aspirantes que quieran unirse al club. En el sótano se respira el inconfundible olor a marihuana. Una luz tenue ilumina sillones y mesas bajas, que se alinean contra las paredes. Las macetas con palmeras contrastan con el rojo del ladrillo visto, típico de las bodegas del centro Madrid. Hay pantallas de plasma en las paredes y una mesa de mezclas para sesiones de dj.

Es como cualquier otro bar. La única diferencia es que este es un club social de cannabis. Aquí ni se compra ni se vende. Aquí solo se hacen aportaciones y retiradas, ya sea para un café, una cerveza o la razón por la que todos vienen. Al fondo, en la barra, encima de la máquina de café, hay media docena de botes de cristal con distintos tipos de hierba. El encargado recomienda una variedad híbrida. Una aportación de 10 euros permite la retirada de un gramo, que se puede consumir en el interior del local o llevarlo a casa.

Centenares de clubes como este repartidos por España permiten a los usuarios adquirir marihuana de forma cómoda, segura y perfectamente legal. Mejor dicho, de forma perfectamente alegal. Poco a poco, sin hacer ruido, a lo largo de más de una década los clubes sociales de cannabis han ido floreciendo, amparados por un vacío legal, hasta convertirse espontáneamente en un auténtico mercado normalizado que empieza ya a preocupar a las autoridades policiales y sanitarias.

Los portavoces del movimiento estiman que en la actualidad existen unas 1.200 asociaciones cannábicas en España que dan servicio a medio millón de consumidores de marihuana, casi uno de cada cuatro españoles que son usuarios habituales de esta sustancia ilegal. “Es una forma conveniente de conseguir cannabis”, explica un hombre que supera la cincuentena, usuario de este club de Madrid desde hace seis meses y que prefiere no dar su nombre. Fuma de forma recreativa desde hace décadas. Consume unos cuatro gramos al mes y visita el local prácticamente todas las semanas.

Las asociaciones aprovechan una doctrina del Supremo sobre consumo compartido

“Sin el club tendría que volver a comprar en el mercado negro. Es más barato, pero también tiene sus riesgos. Aquí puedo conseguirlo de manera legal, sin exponerme a que me vendan una pila como me pasó en una ocasión -
—bromea—. A mi edad no me apetece volver a ir por las plazas preguntando a la gente si tiene hachís. Creo que deberían regularlo, porque condenan a parte de la población a vivir en la zona gris de la legalidad.”

El consumo y cultivo privado de cannabis no está penado en España. Tan solo conlleva una sanción administrativa la tenencia de la sustancia en lugares públicos. El tráfico de drogas, la venta o la facilitación de sustancias es sin embargo un delito contra la salud pública. En este vericueto legal han encontrado las asociaciones el espacio para armar un modelo de suministro que hoy miran desde México, Centroamérica, Francia o República Checa. Eliminar a las mafias de la ecuación y convertir al usuario en su propio proveedor.

“Los clubes sociales de cannabis aprovechan un resquicio legal, una jurisprudencia del Tribunal Supremo, que permite que una asociación pueda cultivar conjuntamente la suma de las previsiones de consumo de todos y cada uno de sus miembros”, explica el abogado Bernardo Soriano, portavoz de la Federación Madrileña de Asociaciones Cannábicas (MadFac).

“En este caso —continúa Soriano— se aplicaría la doctrina del tribunal sobre consumo compartido, que establece una serie de requisitos: que los usuarios sean consumidores habituales, que el consumo se realice en el acto y en un lugar cerrado, que esté limitado el número de personas y que no tenga trascendencia pública, de manera que no se produzca tal lesión a la salud pública.”

Condena en el País Vasco

Pese a que las primeras experiencias de cultivo compartido se remontan a antes de 2002, los clubes experimentaron su verdadera expansión a partir de 2010, especialmente en las comunidades de Cataluña, País Vasco y Madrid, a medida que se producían fallos judiciales favorables al consumo compartido. Solo desde aquel año hasta 2014 se crearon en España hasta 10 federaciones regionales.

Las cosas cambiaron en septiembre de 2015, cuando el Tribunal Supremo condenó a ocho meses de prisión a la junta directiva de la Asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo EBERS, un club del País Vasco con 290 socios en el que la policía encontró más de cuatro kilos de cannabis. En su sentencia, la máxima instancia judicial se refería a sus propios dictámenes sobre el consumo compartido y aseguraba que “se ha estirado esa doctrina hasta romper sus costuras”.

El fallo considera delictiva “la conducta concretada en organizar un sistema de cultivo, acopio o adquisición de marihuana con la finalidad de repartirla o entregarla a terceras personas, aunque a los adquirentes se les imponga el requisito de haberse incorporado previamente a una lista, a un club o a una asociación”.

Muchas asociaciones cerraron sus puertas y otras dejaron cautelarmente de dispensar marihuana en sus locales por miedo a ser encausados. Otras dos sentencias condenatorias del Tribunal Supremo y la decidida acción de la Fiscalía General del Estado parecen haber puesto fin a la época dorada de los coffee shops en España.

Los clubes insisten en su buena fe. “Tenemos mecanismos de transparencia y códigos de buenas prácticas, pagamos impuestos y contamos con programas de prevención de riesgos de abuso del cannabis. Comenzamos simplemente como asociaciones para consumir sin tener que ir al mercado negro, pero en estos momentos no tenemos una información objetiva de qué se puede hacer o qué no”, explica Iker Val, portavoz de la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Euskadi (Eusfac).

“En lugar de criminalizar a miles de personas, las autoridades deberían escuchar a las asociaciones y aprovechar sus posibilidades para conocer cifras reales de usuarios y cantidades de consumo y realizar tareas de prevención de riesgos, porque nosotros tenemos los datos.”

Con la incertidumbre de su supervivencia y aprovechando una corriente internacional que busca nuevos enfoques para el control del cannabis tras décadas de prohibición, los defensores de la marihuana intentan ahora su regularización, como ocurre en Holanda y más recientemente en Uruguay y en algunos estados de Estados Unidos.

Países como Colombia, Guatemala o México solicitaron a la ONU la celebración de una sesión especial (UNGASS) sobre drogas que tendrá lugar del 19 al 21 de abril de 2016 en Nueva York, donde se espera que se aborden nuevos marcos que permitan a los estados desarrollar políticas en torno a las diferentes sustancias. Hubo una UNGASS en 1998 en la que los estados miembros acordaron una declaración política sobre el control mundial de las drogas. Diez años más tarde se reunieron en Viena para discutir los progresos y acordar una nueva Declaración Política y Plan de Acción sobre la cooperación internacional para contrarrestar el problema mundial de las drogas.

La venta de cáñamo en Holanda está permitida desde 1976 en los coffee shops, establecimientos públicos en los que se puede comprar y consumir marihuana, además de tomar café o bebidas. La ley de tolerancia da la posibilidad a los propietarios de abastecerse en el mercado negro y dispensar marihuana con un límite legal de cinco gramos por persona.

El modelo uruguayo

En Uruguay, el primer país en legalizar por completo el cannabis, se puede acceder a la sustancia través de tres mecanismos. El cultivo particular, clubes sociales de fumadores (similares a los españoles) y en farmacias, monopolio del Estado. En otros lugares como Colorado (Estados Unidos) se dispensa a través de establecimientos con licencia, en un sistema que prima los aspectos comerciales. Son empresarios particulares y no la Administración quienes cultivan, manufacturan y venden la sustancia.

“Sacar el cannabis de las calles, que no estemos en los parques, que no sea tan sencillo el acceso de los menores, ya es positivo. La gente va a seguir consumiendo, porque no se ha reducido el consumo en décadas con las políticas de tolerancia cero. Si el cultivo para autoconsumo es legal, habrá que darle una cobertura legal”, explica Ramón Morcillo, secretario general de Representación Cannábica de Navarra y portavoz de la plataforma Regulación Responsable, que aglutina a asociaciones de todos los ámbitos del cannabis para lograr su legalización.

“Intentamos hacer una regulación de los clubes sociales en Navarra y la ley ha sido recurrida en el Constitucional por el Partido Popular. Nosotros hemos dado los pasos para tratar de regular algo que ya existe. Dar unas pautas básicas, unas normas para los clubes sociales de cannabis y facilitar también el consumo terapéutico, que les evitemos a los enfermos el estrés del mercado negro.”

Regulación Responsable aboga por una legislación basada en tres vías de acceso. A través del cultivo privado, en clubes sociales como los ya existentes y mediante un sistema de licencias, como en Colorado, para la producción y venta de marihuana en locales públicos, reservados siempre a mayores de 18 años.

Intereses económicos

Un 6,6% de los españoles consume cannabis habitualmente, según el Informe de 2015 elaborado por el Plan Nacional sobre Drogas. Entre los jóvenes el uso alcanza hasta el 20%. Para las autoridades sanitarias hacer más accesible la sustancia solo contribuirá a aumentar las cifras de consumo. Además, desconfían de las intenciones de quienes defienden la legalización. “No nos engañemos. Estamos en un momento en el que hay muchos grupos de interés, entre ellos altos potentados económicos como George Soros, intentando generar un mercado legal de cannabis similar al que existe con el tabaco o el alcohol”, asegura el doctor Francisco de Asís Babín, delegado del Plan Nacional sobre Drogas.

No existen datos concretos sobre el volumen económico que genera el cannabis en España, pero el Instituto Nacional de Estadística cuantificó en 2014 que las drogas ilegales movieron un total de 5.400 millones de euros, un 0,5% del PIB.

“Para lograr ese objetivo —prosigue Babín— que va en contra del 67% de la población que no quiere legalización hay toda una parafernalia discursiva que se sustenta en varias mentiras, como el uso terapéutico del cannabis, que la regularización va a evitar el mercado negro y que es un proceso inevitable por las dimensiones del consumo. Pero las cifras no son ciertas. En España solo hay inscritas 400 asociaciones cannábicas, y no 1.200 como nos quieren hacer creer.”

“Millonarios como Soros intentan generar un mercado legal de cannabis similar al del tabaco”, dice Babín

El responsable de la institución que marca la estrategia española en el control sobre las drogas sostiene que en Cataluña y País Vasco, las comunidades donde hay más clubes cannábicos, el uso es superior al de otras partes de España donde no se han implantado de manera extensa, y cita un informe de la fiscalía de 2012 que atribuye el 40% del consumo en adolescentes a estos clubes. Los establecimientos, a su juicio, han contribuido además a rebajar entre la población la percepción de los riesgos de la marihuana, la principal causa de ingresos en urgencias por un problema mental entre los jóvenes de nuestro país.

“La inmensa mayoría de los clubes cannábicos no son más que centrales de distribución en los que los asociados retiran la droga y se la llevan a casa. Y en la esquina siguiente, ¿qué pasa con esa sustancia? En muchas ocasiones se convierte en un mercado negro paralelo”, advierte.

“Ya hay un marco regulatorio para el cáñamo. Otra cosa es que no les guste a algunos. Los principios activos de la planta se pueden recetar y utilizar para aquello que la evidencia científica ha dicho. El uso terapéutico debe hacerse supervisado por profesionales de la salud, no en un bar.”

Francisco Babín alerta de los riesgos de un mercado normalizado de marihuana. “La prevalencia del consumo de alcohol es del 78%, y del tabaco, del 41%. En el caso del cannabis es de un 6,6%. ¿De verdad pensamos que una regulación similar a la de estas sustancias va a reducir el consumo? Más bien aumentará, y puede llegar un día en que nos encontremos con un 40% de los jóvenes fumando marihuana. No nos lo podemos permitir, ahora que después de décadas de trabajo estamos logrando reducir la ingesta de drogas en España.”