16/6/2019
Opinión

Déficit público y conveniencias partidistas

Editorial - 22/04/2016 - Número 30
  • A
  • a
España cerró 2015 con un déficit público equivalente al 5% del PIB. La cifra dista ocho décimas del objetivo marcado por Bruselas. Este Gobierno en funciones, además, ha empeorado las previsiones del déficit para 2016 y 2017: si para el primer año esperaba un 2,8 y para el segundo un 1,4, la nueva revisión apunta al 3,6 y 2,9 respectivamente. Todo hace pensar que, a pesar de su malestar, las autoridades en Bruselas evitarán oponerse de manera radical a este aplazamiento de los objetivos a cumplir —una consolidación excesiva tendría un impacto negativo sobre el crecimiento—, y se puede sostener que, paradójicamente, este incumplimiento ha favorecido a la economía española, le ha permitido crecer y generar más empleo del esperado.

Examinado desde otro ángulo, el incumplimiento de los objetivos de déficit ensombrece más si cabe la imagen que el PP quería dar de sí mismo como  partido cumplidor, serio y fiel a la ortodoxia. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha intentado centrifugar las responsabilidades poniendo los excesos a cuenta de las comunidades autónomas cuando, en realidad, corresponden al Gobierno por haber aplicado una rebaja fiscal de consecuencias gravosas para los ingresos públicos en un momento de dudosa conveniencia para los intereses generales, pero favorable para ganar el favor electoral de los contribuyentes. A esto habría que añadir el reparto asimétrico de los objetivos de déficit entre el Estado y las autonomías, que beneficia al primero, sin respetar las obligaciones de gasto en uno y otro caso. Súmese además el creciente agujero en la hucha de la Seguridad Social.

En este contexto, este Gobierno en funciones ha decidido reembolsar a los funcionarios la mitad de la paga extra que les adeudaba desde 2012. Un proceder contaminado de la probable inminencia de unas nuevas elecciones, que constituye un acto de ventajismo político mediante el cual el erario público se pone al servicio de los intereses del Partido Popular para tapar las vergüenzas de las corrupciones incesantes. Si esta medida resultaba urgente —y es discutible que así fuera, aunque debía ejecutarse en este año—, debería haberse llevado a votación al Congreso para que su aceptación o rechazo se hubiera debido al conjunto de las fuerzas políticas.