22/7/2017
Opinión

Destrozo institucional

Editorial - 16/09/2016 - Número 51
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La Transición en muchos sentidos admirable que lideraron algunas cabezas valientes desmontó la dictadura y dio nacimiento a un Estado de Derecho que proclamaba las libertades públicas y terminaba con la arbitrariedad. Se consolidaba también una Administración Pública razonable con elementos competitivos incorporados al nuevo escalón autonómico. Su funcionamiento ha dejado a la vista problemas, las más de las veces relativos al papel que deben desempeñar los partidos. Porque la tendencia de las organizaciones partidistas a colonizar la Administración y a instrumentalizarla conforme a la conveniencia de sus intereses es universal, pero en España ha alcanzado grados venenosos. 

Queda fuera de discusión que el PP de Mariano Rajoy ha conseguido que  semejante tendencia adquiriera gravedad patológica durante los cinco años que lleva en el Gobierno. Resultado de esa erosión intencionada que ha corroído las instituciones que debieran estar al servicio de todos los españoles ha sido la merma de la calidad de nuestra democracia. Pena nos da ver cómo la presidenta del Congreso, olvidándose de la independencia que ha de revestir sus actuaciones, se entrega al cumplimiento de la agenda del marianismo de estricta obediencia.  Así, en vez de hacer valer el fuero del Parlamento prefiere aceptar las tesis de Rajoy, que considera su Gobierno irresponsable y fuera del control que corresponde ejercer al Congreso de los Diputados.

Entre los ejemplos recientes figuran: la utilización de la Policía para ejercer venganzas políticas contra los adversarios siguiendo órdenes del ministro Fernández Díaz; los nombramientos para el Tribunal Constitucional; los de las agencias como la CNMV o la CNMC; o la designación discrecional de representantes en las organizaciones financieras internacionales recaída en amigos poco recomendables, tal que el exministro Soria en el Banco Mundial.   
                                                                                                           
Son solo algunos de los casos más recientes de patrimonialización de las instituciones, que quiebran su neutralidad e intentan ponerlas al servicio del convento. Súmese la puesta de los gobiernos municipales, autonómicos y central al servicio del sector cuya corrupción ha salpicado esta semana una vez más a Rita Barberá, a propósito de un caso de blanqueo en el Ayuntamiento de Valencia.

La calidad de una democracia es directamente proporcional a la fortaleza e independencia de sus instituciones. En España, ambas magnitudes se han degradado como consecuencia del proceder del Gobierno del Partido Popular de Rajoy, que se ha sentido por encima y las ha utilizado a su libre arbitrio, sin dar explicaciones ni promover más acuerdos que para delinquir. Las instituciones españolas quedan así rebajadas cuando más necesarias son. Podrán recuperarse de la desidia y discrecionalidad con que se han manejado, pero cada día el PP incrementa su hipocresía presentándose como el partido del orden y el respeto institucional mientras multiplica sus tics antisistema, de especial preocupación cuando provienen de un partido conservador.