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Política
La LOMCE. Las mayorías parlamentarias decidirán si sigue la ley Wert
PSOE y Podemos proponen derogar la LOMCE y Ciudadanos modificarla, pero el próximo curso estará ya implantada en todos los cursos de Primaria y Secundaria
Daniel Sánchez
- 11/12/2015
- Número 13
Alumnos del Instituto Ramiro de Maeztu, en una prueba de nivel organizada por la Consejería de Educación de Madrid.sergio barrenechea / efe
La LOMCE, esa ley que “nació muerta”, puede tener vida. La última encuesta del CIS dibuja un panorama que, de cumplirse, derivaría en un gobierno de Mariano Rajoy con el apoyo de Albert Rivera. Es decir, que seguiría en el poder el creador de la ley y tendría que pactar con el partido de la oposición que más cerca está de sus postulados educativos. Ciudadanos no cree que la LOMCE sea una buena norma, pero tampoco habla abiertamente de derogarla en su totalidad.
El panorama actual lo definen dos posiciones contrapuestas. Por un lado está la realidad: la LOMCE ha llegado a las aulas, ya deja notar sus primeros efectos y está a un paso de completar su implantación por todo el sistema. Por otro está la voluntad de casi todos los grupos políticos, excepto el PP, plasmada ya en los programas electorales, y la de los sectores educativos de derogarla en cuanto la relación de fuerzas parlamanterias lo permita. Y entre la realidad imperante y la voluntad mayoritaria se interponen las elecciones generales del 20-D y un problema de calendario (sobre todo para los opositores).
Estos son los hechos tras una legislatura agria a nivel educativo, que se ha caracterizado por el PP contra todos, tres huelgas generales incluidas. Pero mirando al futuro, de un tiempo a esta parte se ha venido escuchando con cierta frecuencia la palabra pacto. Se le ha oído al ministro, Iñigo Méndez de Vigo, después de aplicar la mayoría absoluta parlamentaria durante toda la legislatura sin buscar el consenso. Se ha escuchado de boca del responsable de educación del PSOE en el Congreso, Mario Bedera, o en palabras de Luis Garicano, el responsable del programa del partido de moda, Ciudadanos, que podría tener la llave de la gobernabilidad. Todos hablan de pacto. Aunque no es la primera vez que se menciona esa posiblidad, en la que todos coinciden, pero en la que nunca se encuentran. Y siempre suelen decirlo en fechas próximas a las elecciones.
PSOE y Podemos tienen el compromiso por escrito: “Derogaremos la LOMCE”, plantean ambos, como prioridad, en sus programas. También IU. Ciudadanos, más moderado, habla de una “reforma consensuada” para “sacar de la confrontación política el modelo educativo”. Su líder, Albert Rivera, no quiso concretar más el alcance de esta reforma durante el pasado debate a tres organizado por El País. Respecto al PP, es fácil entender que su intención no pase por derogar una ley que acaba de aprobar. Su política es continuidad y apuesta por la Formación Profesional.
Si tienen mayoría quienes plantean derogar la ley —todos los partidos de la oposición de la legislatura que acaba de terminar— hacerlo parecería la parte fácil. Más complicado será alcanzar el pacto que pregonan. PSOE, Ciudadanos y Podemos coinciden en defender una educación laica y los tres sostienen que la Religión debe salir de las escuelas o, al menos, de los horarios lectivos reglados.
Con carácter general el PSOE busca un “acuerdo político y social […] basado en la equidad, la igualdad entre mujeres y hombres y la inclusividad”, y pone el acento en “mejorar el
Ciudadanos es, probablemente, el partido sobre el que se apoyará el PP para gobernar si las encuestas están bien encaminadas. Es el partido más cercano a los populares en materia educativa. La formación naranja también habla de igualdad de oportunidades, aunque matiza que no es lo mismo que igualdad de resultados. “Igualdad de oportunidades no significa que todos deban aprender lo mismo a la vez”, explica el partido, y defiende que “la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje depende de la capacidad de ajustar la intervención del docente a las variadas necesidades educativas de todos los alumnos”, la meritocracia educativa.
Ciudadanos basa casi todo su programa en el pacto y plantea cinco puntos básicos para alcanzarlo: instaurar un MIR para la formación de profesores, evaluación de profesores y centros, la mencionada igualdad de oportunidades, dotar de una mayor autonomía a los centros y “asegurar que los valores cívicos lleguen a los colegios”.
La escuela concertada es otro de los campos de batalla en el sector educativo en todas las elecciones. Ciudadanos ni la menciona entre sus “ideas”, aunque se ha escuchado a Rivera defender la concertada excepto para las escuelas que segregan por sexo, una de las novedades que ha incluido el PP a través de la LOMCE. El PSOE no entra mucho en la cuestión, se limita a defender “el hecho diferencial” de las cooperativas de enseñanza. Mientras, Podemos ha rebajado su pretensión inicial de dejar de financiarla del todo con fondos públicos para devolver a la escuela concertada la función primigenia con la que se creó: convertirse en una red de apoyo que llegue donde no lo hace la escuela pública.
El PP defiende la escuela concertada como la garantía de que las familias puedan ejercer su derecho a elegir la educación de sus hijos. Como muestra, las políticas educativas de la Comunidad de Madrid, laboratorio del PP, que han favorecido durante 20 años la cesión de suelos públicos para la construcción de centros concertados por toda la región.
Ante la evidencia, estos ejecutivos regionales opositores (los socialistas de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura; la Comunidad Valenciana, del PSOE y Compromís; Canarias, de CC y PSOE; Cantabria, de PRC y PSOE; Cataluña, de CDC; Navarra, de Geroa Bai, y País Vasco, del PNV) han tratado de mitigar la implantación de la ley dentro de sus posibilidades. Pero se toparon con la realidad.
Los cambios se han limitado a maquillar la ley. Con carácter general la vía elegida ha sido recortar horas de la asignatura de Religión dentro de los márgenes que la LOMCE otorga a las regiones (45 minutos a la semana) para con ese tiempo recuperar Educación para la Ciudadanía (EpC), en algunos casos, reforzar diferentes asignaturas o introducir segundas lenguas extranjeras, en otros.
Está por ver qué ocurre el 21-D. Y no mucho más tarde, porque la LOMCE finaliza su implantación en el sistema el curso próximo y nadie de la oposición quiere que ocurra.
Y además la ley del ministro Wert ya va dejando notar sus efectos. Por ejemplo, el cambio en los currículos ha traído consigo un repunte de los alumnos matriculados en Religión, según la Asociación de Directores de Instituto de Madrid, y una mayor y más temprana segregación de los estudiantes.
Que hayan subido los matriculados en Religión (hasta el 150% en algunos centros) es natural para Miguel Recio, director de estudios de CC.OO. y responsable de un instituto madrileño. Con la LOMCE, Religión cuenta para la nota media y por extensión para solicitar una beca a posteriori. En Bachillerato la materia es optativa y compite con asignaturas como Cultura
Otra de las consecuencias que va a tener la LOMCE es el adelanto de la separación (segregación) de los alumnos según sus capacidades. Con la ley anterior, la LOE, los estudiantes con dificultades para seguir el ritmo de sus compañeros de clase en Secundaria eran derivados a programas de mejora del rendimiento en 3º y 4º de la ESO, explica Recio. Un alumno acababa en estos programas después de haber pasado dos cursos con sus compañeros, y era enviado a los Programas de Diversificación Curricular para la segunda mitad del ciclo.
La LOMCE adelanta un año esta separación, por lo que los alumnos menos aventajados serán enviados a los ahora llamados PMAR (Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento) en 2º de la ESO. Pero los PMAR duran lo mismo que sus predecesores, dos cursos. La ley prevé que estos alumnos, con problemas para sacar los cursos, se reintegren al 4º ordinario de nuevo para que se puedan titular. Los directores no lo acaban de ver. “No lo van a hacer [aprobar el curso] después de dos años entre algodones”, vaticina Recio. “Quien ha hecho esto no sabe nada de educación”, añade Arriazu, de la federación de directores de instituto Fedadi.
“Para cuando quieran hacer algo ya estará todo preparado”, advierte Arriazu. “Lo mejor que podrían hacer es revocar un par de artículos, como que los PMAR vuelvan a 3º y 4º y decidir qué va a pasar con los chicos que suspendan la reválida de 4º”, porque tal y como está planteado el sistema ahora ni pueden repetir el curso porque lo tienen aprobado ni pueden seguir estudiando porque no tienen el título de la ESO que otorga ese último examen. Se quedan en una especie de limbo.
Mario Bedera, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, cree que “hay tiempo para hacer el cambio. En algunas leyes hay que estudiárselo todo, pero en Educación lo tenemos muy claro, llevamos toda la legislatura diciendo lo que no queremos de la ley, y por tanto lo que queremos”.
Bedera está convencido de que habrá pacto educativo esta legislatura. Si depende de las declaraciones de unos y otros, lo habrá. El PSOE lo quiere, el PP lo quiere, Ciudadanos lo quiere. Son los tres partidos con más proyección de escaños para las elecciones, según las encuestas. Queda por ver cómo se resuelve el puzle electoral, si la aritmética parlamentaria lo permite y si los partidos tienen voluntad real o, una vez desaparecido el efecto de los comicios, esta se evapora.
El panorama actual lo definen dos posiciones contrapuestas. Por un lado está la realidad: la LOMCE ha llegado a las aulas, ya deja notar sus primeros efectos y está a un paso de completar su implantación por todo el sistema. Por otro está la voluntad de casi todos los grupos políticos, excepto el PP, plasmada ya en los programas electorales, y la de los sectores educativos de derogarla en cuanto la relación de fuerzas parlamanterias lo permita. Y entre la realidad imperante y la voluntad mayoritaria se interponen las elecciones generales del 20-D y un problema de calendario (sobre todo para los opositores).
La experiencia anterior
Deprisa, porque los plazos apuraban, el PP se ha salido con la suya. Con la lección aprendida de su anterior etapa de gobierno, cuando llegó a aprobar una ley que nunca entró en vigor, ha conseguido implantar su primera ley educativa y meterla en las escuelas. La LOMCE se aplica ya en toda la Primaria y los cursos impares de Secundaria (1º y 3º) y Bachillerato (1º). El próximo septiembre concluirá su expansión con los cursos pares de la ESO y 2º de Bachillerato y acogerá ya a los ocho millones de alumnos.Estos son los hechos tras una legislatura agria a nivel educativo, que se ha caracterizado por el PP contra todos, tres huelgas generales incluidas. Pero mirando al futuro, de un tiempo a esta parte se ha venido escuchando con cierta frecuencia la palabra pacto. Se le ha oído al ministro, Iñigo Méndez de Vigo, después de aplicar la mayoría absoluta parlamentaria durante toda la legislatura sin buscar el consenso. Se ha escuchado de boca del responsable de educación del PSOE en el Congreso, Mario Bedera, o en palabras de Luis Garicano, el responsable del programa del partido de moda, Ciudadanos, que podría tener la llave de la gobernabilidad. Todos hablan de pacto. Aunque no es la primera vez que se menciona esa posiblidad, en la que todos coinciden, pero en la que nunca se encuentran. Y siempre suelen decirlo en fechas próximas a las elecciones.
El futuro
¿Y ahora qué? Lo que vaya a ocurrir el día después del 20-D es una incógnita. Sí se conoce qué quieren los principales actores políticos. Pero que suceda o no dependerá en buena medida del reparto de escaños.PSOE y Podemos tienen el compromiso por escrito: “Derogaremos la LOMCE”, plantean ambos, como prioridad, en sus programas. También IU. Ciudadanos, más moderado, habla de una “reforma consensuada” para “sacar de la confrontación política el modelo educativo”. Su líder, Albert Rivera, no quiso concretar más el alcance de esta reforma durante el pasado debate a tres organizado por El País. Respecto al PP, es fácil entender que su intención no pase por derogar una ley que acaba de aprobar. Su política es continuidad y apuesta por la Formación Profesional.
Si tienen mayoría quienes plantean derogar la ley —todos los partidos de la oposición de la legislatura que acaba de terminar— hacerlo parecería la parte fácil. Más complicado será alcanzar el pacto que pregonan. PSOE, Ciudadanos y Podemos coinciden en defender una educación laica y los tres sostienen que la Religión debe salir de las escuelas o, al menos, de los horarios lectivos reglados.
Con carácter general el PSOE busca un “acuerdo político y social […] basado en la equidad, la igualdad entre mujeres y hombres y la inclusividad”, y pone el acento en “mejorar el
aprendizaje, la formación educativa y la adquisición de competencias”, según su programa. Podría coincidir con Podemos, que también apuesta por la inclusividad y la igualdad de oportunidades. La formación de Pablo Iglesias habla de alcanzar un acuerdo, pero con la comunidad educativa. No dice nada de los otros partidos.Los partidos que quieren derogar la ley no tendrán tiempo para hacerlo antes de su implantación total
Ciudadanos es, probablemente, el partido sobre el que se apoyará el PP para gobernar si las encuestas están bien encaminadas. Es el partido más cercano a los populares en materia educativa. La formación naranja también habla de igualdad de oportunidades, aunque matiza que no es lo mismo que igualdad de resultados. “Igualdad de oportunidades no significa que todos deban aprender lo mismo a la vez”, explica el partido, y defiende que “la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje depende de la capacidad de ajustar la intervención del docente a las variadas necesidades educativas de todos los alumnos”, la meritocracia educativa.
Ciudadanos basa casi todo su programa en el pacto y plantea cinco puntos básicos para alcanzarlo: instaurar un MIR para la formación de profesores, evaluación de profesores y centros, la mencionada igualdad de oportunidades, dotar de una mayor autonomía a los centros y “asegurar que los valores cívicos lleguen a los colegios”.
La escuela concertada es otro de los campos de batalla en el sector educativo en todas las elecciones. Ciudadanos ni la menciona entre sus “ideas”, aunque se ha escuchado a Rivera defender la concertada excepto para las escuelas que segregan por sexo, una de las novedades que ha incluido el PP a través de la LOMCE. El PSOE no entra mucho en la cuestión, se limita a defender “el hecho diferencial” de las cooperativas de enseñanza. Mientras, Podemos ha rebajado su pretensión inicial de dejar de financiarla del todo con fondos públicos para devolver a la escuela concertada la función primigenia con la que se creó: convertirse en una red de apoyo que llegue donde no lo hace la escuela pública.
El PP defiende la escuela concertada como la garantía de que las familias puedan ejercer su derecho a elegir la educación de sus hijos. Como muestra, las políticas educativas de la Comunidad de Madrid, laboratorio del PP, que han favorecido durante 20 años la cesión de suelos públicos para la construcción de centros concertados por toda la región.
Los autonómicos lo intentaron
Las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias educativas, se han adaptado de manera desigual a la política de hechos consumados. Las 12 que no gobierna el PP tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo pensaron que sería posible una moratoria en la implantación de la ley por ser mayoría y por el supuesto buen talante del nuevo ministro. Pero Méndez de Vigo cortó sus esperanzas en seco.Ante la evidencia, estos ejecutivos regionales opositores (los socialistas de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura; la Comunidad Valenciana, del PSOE y Compromís; Canarias, de CC y PSOE; Cantabria, de PRC y PSOE; Cataluña, de CDC; Navarra, de Geroa Bai, y País Vasco, del PNV) han tratado de mitigar la implantación de la ley dentro de sus posibilidades. Pero se toparon con la realidad.
El curso en marcha
Las proclamas maximalistas sobre no aplicar la LOMCE que se escucharon tras la selecciones se quedaron en eso, palabras. Junio no es momento para cambiar el curso escolar, que empieza a planificarse en febrero. Las asignaturas están planteadas, las plantillas de profesores adjudicadas a partir de ellas y los alumnos ya matriculados. Lo explicaba gráfica e hiporbólicamente en su momento un director de instituto: “Si el consejero cambia la ley, le corto la cabeza”.Los cambios se han limitado a maquillar la ley. Con carácter general la vía elegida ha sido recortar horas de la asignatura de Religión dentro de los márgenes que la LOMCE otorga a las regiones (45 minutos a la semana) para con ese tiempo recuperar Educación para la Ciudadanía (EpC), en algunos casos, reforzar diferentes asignaturas o introducir segundas lenguas extranjeras, en otros.
Está por ver qué ocurre el 21-D. Y no mucho más tarde, porque la LOMCE finaliza su implantación en el sistema el curso próximo y nadie de la oposición quiere que ocurra.
Y además la ley del ministro Wert ya va dejando notar sus efectos. Por ejemplo, el cambio en los currículos ha traído consigo un repunte de los alumnos matriculados en Religión, según la Asociación de Directores de Instituto de Madrid, y una mayor y más temprana segregación de los estudiantes.
Que hayan subido los matriculados en Religión (hasta el 150% en algunos centros) es natural para Miguel Recio, director de estudios de CC.OO. y responsable de un instituto madrileño. Con la LOMCE, Religión cuenta para la nota media y por extensión para solicitar una beca a posteriori. En Bachillerato la materia es optativa y compite con asignaturas como Cultura
Científica, Dibujo Técnico, Tecnología de la Información y la Comunicación, Anatomía Aplicada o una segunda lengua (francés habitualmente). La ecuación la nota importa más asignatura maría tiene un resultado: suben las matriculaciones.Todas las formaciones, menos el PP, quieren sacar la asignatura de Religión de la enseñanza
Otra de las consecuencias que va a tener la LOMCE es el adelanto de la separación (segregación) de los alumnos según sus capacidades. Con la ley anterior, la LOE, los estudiantes con dificultades para seguir el ritmo de sus compañeros de clase en Secundaria eran derivados a programas de mejora del rendimiento en 3º y 4º de la ESO, explica Recio. Un alumno acababa en estos programas después de haber pasado dos cursos con sus compañeros, y era enviado a los Programas de Diversificación Curricular para la segunda mitad del ciclo.
La LOMCE adelanta un año esta separación, por lo que los alumnos menos aventajados serán enviados a los ahora llamados PMAR (Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento) en 2º de la ESO. Pero los PMAR duran lo mismo que sus predecesores, dos cursos. La ley prevé que estos alumnos, con problemas para sacar los cursos, se reintegren al 4º ordinario de nuevo para que se puedan titular. Los directores no lo acaban de ver. “No lo van a hacer [aprobar el curso] después de dos años entre algodones”, vaticina Recio. “Quien ha hecho esto no sabe nada de educación”, añade Arriazu, de la federación de directores de instituto Fedadi.
¿Sin tiempo para otra ley?
Por todo esto, el calendario aprieta. Arriazu recuerda que “el curso empieza a prepararse en enero o febrero y las preinscripciones en abril”. Y derogar una ley educativa y aprobar otra requiere unos plazos: además de los propios de esta gestión en el Parlamento hay que redactar unos currículos básicos para las asignaturas desde el Ministerio de Educación, que solo fija el marco general, y dar tiempo a las comunidades autónomas, que tienen las competencias, para que realicen sus propios desarrollos de estas normas.“Para cuando quieran hacer algo ya estará todo preparado”, advierte Arriazu. “Lo mejor que podrían hacer es revocar un par de artículos, como que los PMAR vuelvan a 3º y 4º y decidir qué va a pasar con los chicos que suspendan la reválida de 4º”, porque tal y como está planteado el sistema ahora ni pueden repetir el curso porque lo tienen aprobado ni pueden seguir estudiando porque no tienen el título de la ESO que otorga ese último examen. Se quedan en una especie de limbo.
Mario Bedera, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, cree que “hay tiempo para hacer el cambio. En algunas leyes hay que estudiárselo todo, pero en Educación lo tenemos muy claro, llevamos toda la legislatura diciendo lo que no queremos de la ley, y por tanto lo que queremos”.
Bedera está convencido de que habrá pacto educativo esta legislatura. Si depende de las declaraciones de unos y otros, lo habrá. El PSOE lo quiere, el PP lo quiere, Ciudadanos lo quiere. Son los tres partidos con más proyección de escaños para las elecciones, según las encuestas. Queda por ver cómo se resuelve el puzle electoral, si la aritmética parlamentaria lo permite y si los partidos tienen voluntad real o, una vez desaparecido el efecto de los comicios, esta se evapora.