14/10/2019
Política

Las excusas de los imputados de la Gürtel

Bárcenas y los otros 39 acusados por la mayor red de corrupción vinculada al PP esgrimen disparatadas justificaciones ante el juez

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Las excusas de los imputados de la Gürtel
Francisco Correa declara ante el juez en Valencia el pasado mes de julio. Juan Carlos Cárdenas / EFE
Exitosos hombres de negocios con un don para hacer dinero, esposas que desconocían las actividades que hacían millonarios a sus maridos, empleados que se limitaban a cumplir órdenes sin sospechar que los manejos que les llenaban los bolsillos podrían acabar llevándolos a la cárcel... Los acusados en el juicio por la primera época de actividades de la red Gürtel, la que se desarrolló entre 1999 y 2005, al calor del Gobierno de José María Aznar, destapan sus cartas en sus escritos de defensa. Y casi todas están marcadas.

El empresario de éxito

Luis Bárcenas, el enemigo número uno de Génova 13 desde que en el verano de 2013 decidiera tirar de la manta y reconocer la autoría de la contabilidad B de los populares durante al menos 18 años, se presentará ante el tribunal del caso Gürtel como un hombre de negocios de éxito que, gracias a su “notable carrera empresarial y financiera”, logró amasar un inmenso patrimonio en Suiza que en enero de 2008 alcanzó su cénit: 48.292.341 euros.
 
A lo largo de la causa, el extesorero del PP —que podría ser condenado a 42 años y medio de cárcel— ha defendido que su “pequeña fortuna”, como llegó a denominarla en su declaración del 25 de febrero de 2013 ante el juez Pablo Ruz, era ya de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros) en 1995, cuando todavía no conocía al presunto líder de la trama, Francisco  Correa.
 
Su notable carrera profesional habría comenzado en 1986, cuando trabajando ya en Alianza Popular (AP) su entonces jefe, Ángel Sanchís, le encargó por vacaciones una auditoría de la finca La Moraleja, su explotación agrícola en Argentina dedicada a la producción de limones. A través de esta firma contactó con un grupo de inversores que entre 2001 y 2009 le habrían confiado seis millones de dólares.
 
Espoleado por estos negocios, según su autodulcificada versión de los hechos, fue en 1988 cuando un joven Bárcenas, de apenas 31 años, decidió abrir su primera cuenta en Suiza. Escogió el Private Bank e ingresó en él 80 millones de pesetas (480.809 euros) que habría ganado participando en una sociedad alemana llamada Innova, que se dedicaba a la exportación de material deportivo a Estados Unidos. Los beneficios de este negocio los invirtió en lo que él mismo denominó “chicharros”, es decir, “créditos al mercado que no variaban la cotización de los valores”.

Las cuentas de Bárcenas, a la sazón experimentado esquiador y montañero que participó en una expedición que se atribuyó en 1987 haber abierto una nueva ruta de acceso a la cima del Everest, siguieron engordando con los años: 150 millones de pesetas (901.500 euros) en un negocio con un “producto químico” para la tierra que le propuso el representante de un partido de Liechtenstein, 20 millones más (120.000 euros) en inversiones bursátiles con Acción Editorial y otros 15 millones (90.000 euros) con la venta a una empresa china de los derechos de “una silla novedosa que no existía en el mercado”.

A ello hay que añadir, según el escrito de defensa presentado por el tercer bufete de abogados que se ocupa del extesorero desde que el caso Gürtel estallara en febrero de 2009, su olfato para la “compraventa de obras de arte” y su buen ojo con “inversiones en valores cotizados”. Sus nuevos letrados, Francisco Maroto y Joaquín Ruiz de Infante, consideran “ridículo”  acusar a su cliente de desviar dinero de donativos ilegales al PP a sus posiciones en Suiza, como defiende la Fiscalía Anticorrupción en relación con 299.650,61 euros, y aseguran que las representantes del Ministerio Público y el resto de acusaciones tienen un “afán persecutorio” contra él.
 
Siguiendo su argumentación, Bárcenas tampoco habría participado en “un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos”. La investigación, sin embargo, apunta que solo en comisiones ilegales el antiguo responsable de las finanzas populares se habría embolsado 1,2 millones de euros en apenas seis años.

Las esposas ejemplares

La mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, tratará de eludir los 24 años de cárcel a los que se enfrentará en el juicio argumentando que “carecía y carece de conocimientos, preparación o formación” para realizar operaciones mercantiles, económicas y fiscales. Aunque en julio de 2013 Iglesias dejó claro al juez que no es “tonta ni mucho menos”, su estrategia de defensa se basa en asegurar que no estaba capacitada para “liquidar tributos, realizar inversiones o manejar cuentas bancarias”. La “distribución de papeles” en casa de los Bárcenas Iglesias y la “confianza absoluta” de la esposa en el marido hacía que la acusada viviera de espaldas a las actividades económicas que enriquecían a la familia. Según su defensa, Rosalía Iglesias desconocía “cualquier tipo de operación económica bancaria o administrativa referente al patrimonio o la gestión del mismo”, que recaía en su cónyuge por ser la persona con “preparación y formación” para administrarlo.

“No soy tonta ni mucho menos”, dice la mujer de Bárcenas, pero jura ser incapaz de manejar cuentas bancarias


  
Las fiscales del caso, Concha Sabadell y Concha Nicolás, están convencidas de que Iglesias cometió varios delitos contra la Hacienda pública y de blanqueo de capitales para tratar de enmascarar los fondos familiares ilícitos, un delito de apropiación indebida en relación con 149.600 euros de la caja B que el matrimonio utilizó para pagarse un chalet en la estación de esquí de Baqueira y estafa procesal en grado de tentativa y falsedad documental al simular un ingreso como la venta de varios cuadros a una falsa marchante de arte.
 
En el banquillo, aunque con la condición de partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por su exmarido, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, también se sentará la que fue ministra de Sanidad Ana Mato. En su escrito de defensa, la diputada nacional del PP señala que su acusación responde a “una mera presunción que resulta un tanto sexista” porque se basa en “el mero hecho de haber estado casada con uno de los acusados”. “Como si ella no fuera independiente, no trabajase y no contribuyese a los gastos de su unidad familiar”, sostiene su abogado, Santiago Muñoz, antes de apuntar que su representada “no conocía los hechos delictivos” presuntamente cometidos por su entonces esposo.
 
Mato está acusada de haberse beneficiado de viajes, regalos y celebraciones familiares —fiestas de cumpleaños y una comunión amenizados con payasos, globos y confeti— que fueron pagados por Correa, que se gastó en el matrimonio y su familia 28.467,53 euros. La explicación de la exministra es que estos gastos correspondían a Sepúlveda y que ella, a cambio, sufragaba otros, como el colegio de sus hijas, la comida o los recibos de luz o teléfono. También niega haber recibido de la red Gürtel una estola y un echarpe de la firma de lujo Louis Vuitton, valorados en 610 euros. Y lo hace con este argumento: “Resulta incongruente la idea misma de que a una sola persona le regalen el mismo día dos objetos distintos, estola y echarpe, procedentes de la misma tienda”.

En esa línea, Gema Matamoros, esposa del exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, niega haberse beneficiado de viajes y regalos por valor de 86.604 euros, y apunta que las anotaciones del contable de la red, José Luis Izquierdo, en las que aparecían estos gastos, “son unilaterales y aleatorias, carecen de rigor y están claramente viciadas”. De igual modo, argumenta que Correa “era y es padrino de uno de sus hijos”, por lo que los regalos “estarían excluidos de cualquier hipotético cohecho”.
 
Teresa Gabarra y su marido, el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, ingresaron 450.731,01 euros en el banco suizo Mirabaud en el año 2002. La defensa de ella, sin embargo, sostiene que su patrimonio responde a “actividades mercantiles lícitas” que llevó a cabo con su familia antes de su “relación” con el alto cargo.
 
El club de las esposas de la red Gürtel lo completa Carmen Rodríguez Quijano, que defiende su “inexistente participación en la trama con excepción del matrimonio que contrajo” con Correa. Rodríguez Quijano, que exhibió un vestido de Lorenzo Caprile valorado en 3.485,87 euros en la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar Botella, denuncia en uno de los escritos que ha remitido al juzgado que ha sido sometida “de forma torticera, sibilina e innecesaria a la denominada pena de banquillo”. “¿Qué más pena, daño o castigo se le puede infligir por el solo hecho de haber convivido con él?”, se pregunta su defensa. Y encuentra la respuesta: “Después de más de seis años de instrucción y del resultado de la misma, ninguna condena más que el escarnio público ya sufrido se puede aplicar a su vida”.

Tesoreros que no saben nada

En el primer juicio que la Audiencia Nacional celebrará contra la red Gürtel, en el que el PP responderá como partícipe a título lucrativo por los servicios que la red sufragó a Ortega y Sepúlveda en sus respectivos municipios, también se sentarán en el banquillo de los acusados dos extesoreros de la formación presidida por Mariano Rajoy: Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís.

La esposa del exalcalde de Majadahonda descarta el cohecho alegando que Correa es padrino de su hijo

 

Lapuerta, de 87 años, confía en no ser juzgado por una “demencia sobrevenida” que, según sus abogados, le impide “comprender la acusación que se dirige contra él” y “autodefenderse” en el juicio. El jefe de Bárcenas en el área de Tesorería del PP se enfrenta a tres años de cárcel por un delito de apropiación indebida. Sanchís, por su parte, que fue tesorero de Alianza Popular (AP) entre 1982 y 1987, podría ser condenado a ocho años por ayudar a Bárcenas a blanquear tres millones de euros que guardaba en sus bancos ginebrinos. En su escrito de defensa asegura que siempre confió en su amigo porque cuando estalló el escándalo era “un reputado senador del Reino de España y tesorero prestigioso del PP”.

A una especie de teoría de la conspiración contra los cargos populares  se suma el exdiputado Jesús Merino, acusado de haber cobrado mordidas de 331.737 euros a cambio de favorecer la adjudicación de contratos públicos. Asegura que todo es mentira y que su acusación responde a “sospechas intuidas, ocurrencias inquisitivas, hipótesis policiales y suspicacias acusatorias”.
 
Otro grupo de acusados defenderá ante el tribunal que se limitaba a obedecer las órdenes de Francisco Correa y su número dos, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo. El expolítico se presenta en su escrito de defensa como “un buen trabajador de un grupo de empresas real” que, lejos de funcionar como “una trama o una banda organizada”, resultaba muy competitivo gracias a su know how en los negocios en los que operaba.
 
A esta tesis se abona el supuesto responsable de la Gürtel en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, El Bigotes, al que la investigación destapó como conseguidor de regalos y servicios para el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y su número dos, Ricardo Costa. En el juicio defenderá que él era “un trabajador más sin poder de decisión” en la trama y que su función se limitaba a la de “diseñador y creador de actos”, es decir, “todo aquello con base en la imaginación y lo artístico y no en la dirección, gestión o contabilidad”.

También cumplían órdenes Isabel Jordán, administradora de varias de las empresas de la red, y Alicia Mínguez, encargada de facturación. Un párrafo de su escrito de defensa resume a la perfección la estrategia que seguirán los asalariados de Correa: “En ocasiones, los organizadores y protagonistas de estas tramas distribuyen entre los empleados actuaciones, funciones y poderes, de tal forma que ninguno de los empleados es consciente del fin al que están sirviendo sus actos”.
 
La excepción del caso Gürtel es la del presidente de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo. El empresario, que se muestra “arrepentido” y “dispuesto a reparar el daño”, ha sido el único de los acusados que reconoce que pagó comisiones para obtener contratos. Sepúlveda, Correa, Bárcenas y Merino,  beneficiarios de sus mordidas,  de momento callan.