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Opinión
¿Lo mejor de los dos mundos?
Quien desde Cataluña busca obtener las ventajas de las dos opciones contrapuestas basa su estrategia en simular que lo que ambiciona no va a tener costes o van a ser mínimos
Francisco J. Vanaclocha
- 30/10/2015
- Número 7
Álvaro Valiño
Entre los expertos en negociación política se tiende a utilizar la expresión “lo mejor de los dos mundos” para describir la posición defendida en ocasiones por alguna de las partes. Equivale a querer obtener simultáneamente las ventajas asociadas a las dos principales opciones contrapuestas que se plantean en un escenario concreto de negociación. El actor que persigue esta meta suele ser el que ha provocado la situación que termina conduciendo a la necesidad del proceso negociador. Para ello se supone que ha escogido el momento oportuno que le permita mejorar posiciones a costa de un “adversario” al que percibe como vulnerable y/o sin discurso legitimante.
Basa su estrategia en hacer ver a propios y extraños que cuanto ambiciona no va a tener costes, o estos van a ser mínimos y, en todo caso, temporales. Pretenderá convencer a quienes le respaldan de que el resultado final no ha de comportarles sino beneficios sustanciales, pero prácticamente ningún recorte o deterioro significativo de lo que ya poseen, y de que la “pérdida” que habrá de sufrir la contraparte no tiene por qué traducirse en perjuicios futuros para el “ganador”. Esto es muy importante porque el actor que busca lo mejor de los dos mundos lo hace partiendo de cuotas ya relevantes de poder o influencia de las que es consciente, aunque no lo confiese, y que en modo alguno quiere perder.
Obviamente, este planteamiento no resulta frecuente, entre otras cosas porque es muy difícil de justificar y de hacerlo respetar. Por eso, cuando se pone sobre la mesa, tiende a envolverse en argumentos emocionales, identitarios o simbólicos, los más impermeables a cálculos racionales y los más proclives a suscitar movilizaciones de apoyo, como también al empleo de tácticas de interrupción de la negociación. Para ello no se dudará en reinterpretar el pasado y el presente intentando negar la realidad y convencer de que, lejos de contar con una posición que muchos calificarían de envidiable, se es víctima de un trato injusto e inmerecido al que hay que poner fin.
¿Les suena todo esto? ¿No da la impresión de que los actores que impulsan el órdago soberanista catalán adoptan un discurso estratégico cercano en parte a este modelo que acabo de describir? Las declaraciones de algunos de sus líderes más destacados así lo dan a entender. No obstante, se equivocan, porque de alcanzarse la meta que persiguen no sé si ellos pero sí Cataluña tendría también mucho que perder, en contra de lo que interesadamente sugieren. La independencia tendría costes notables para los ciudadanos catalanes. No son pocas las voces expertas que lo señalan.
Hasta ahora el debate se ha centrado esencialmente en los costes de orden económico. Parece haber amplio consenso entre los especialistas sobre que serían palpables y nada despreciables. Sin embargo, no entraré en ellos, pese a su importancia, consciente de que han de ser objeto de un debate crucial pero diferente. Me referiré a costes de otro tipo no menos trascendentales.
Cataluña posee, formando parte de España, un capital del que me cuesta creer que no sea consciente. Porque no es posible negar el importante peso que los actores políticos, sociales y culturales catalanes tienen en la España actual, esa España democrática y plural construida, consolidada, desarrollada y europeizada —como también oscurecida— con su indispensable concurso. No es posible negar que las cuotas de poder institucionalizado e influencia social que de hecho disfrutan dichos actores son muy superiores en el conjunto del Estado al que les correspondería en principio por meras razones demográficas o económicas. Y la gran mayoría de la sociedad española, lejos de quejarse de esta posición eminente, la acepta, por merecida, y está encantada de que Cataluña sea dentro de ella una fuente constante de modernidad e innovación y de que desempeñe, de hecho, una función principal en la producción y difusión de la cultura española al tiempo que promueve y refuerza la identidad cultural catalana. España es para Cataluña mucho más que un mercado donde colocar tradicionalmente sus productos:
Un (nuevo) estado no es solo una (nueva) estructura institucional. Alrededor de él se redefinen preferencias, intereses, criterios de producción y consumo de la información, lazos intelectuales y culturales, espacios emocionales y de solidaridad. Se redefine tanto el yo colectivo como el entramado de relaciones objetivas con los otros. Se dirá que en un mundo globalizado e interdependiente eso importa cada vez menos, y por fortuna es verdad, pero solo hasta cierto punto: un estado que surja traumáticamente de la deslealtad y de la descalificación de lo español levantará muros —unos de cristal y otros de granito— difíciles de salvar. Y eso hace improbable un futuro que permita participar de lo mejor de los dos mundos. Tendremos que optar mal que nos pese. ¿Nos merecemos eso? ¿Se lo merecen los catalanes? ¿Se lo merecen los españoles?
Un grave problema de presbicia política puede conducir a donde casi nadie quiere. ¿Acertarán nuestros partidos y líderes, catalanes y no catalanes, a corregir su visión y darse cuenta de que, en cierto modo, ya tenemos (o teníamos), todos, mucho de lo mejor de los dos mundos? ¿Advertirán además que, a poco que no seamos insensatos, una reforma viable del marco constitucional y la aceptación de unos patrones negociados de lealtad en los comportamientos de los actores políticos podrán garantizar, durante décadas, que los dos mundos se sientan realizados gracias a lo que comparte con el otro? Esperemos que sí.
Basa su estrategia en hacer ver a propios y extraños que cuanto ambiciona no va a tener costes, o estos van a ser mínimos y, en todo caso, temporales. Pretenderá convencer a quienes le respaldan de que el resultado final no ha de comportarles sino beneficios sustanciales, pero prácticamente ningún recorte o deterioro significativo de lo que ya poseen, y de que la “pérdida” que habrá de sufrir la contraparte no tiene por qué traducirse en perjuicios futuros para el “ganador”. Esto es muy importante porque el actor que busca lo mejor de los dos mundos lo hace partiendo de cuotas ya relevantes de poder o influencia de las que es consciente, aunque no lo confiese, y que en modo alguno quiere perder.
España es para Cataluña un espacio en el que lo catalán se reconoce como pieza axial y motora
Obviamente, este planteamiento no resulta frecuente, entre otras cosas porque es muy difícil de justificar y de hacerlo respetar. Por eso, cuando se pone sobre la mesa, tiende a envolverse en argumentos emocionales, identitarios o simbólicos, los más impermeables a cálculos racionales y los más proclives a suscitar movilizaciones de apoyo, como también al empleo de tácticas de interrupción de la negociación. Para ello no se dudará en reinterpretar el pasado y el presente intentando negar la realidad y convencer de que, lejos de contar con una posición que muchos calificarían de envidiable, se es víctima de un trato injusto e inmerecido al que hay que poner fin.
¿Les suena todo esto? ¿No da la impresión de que los actores que impulsan el órdago soberanista catalán adoptan un discurso estratégico cercano en parte a este modelo que acabo de describir? Las declaraciones de algunos de sus líderes más destacados así lo dan a entender. No obstante, se equivocan, porque de alcanzarse la meta que persiguen no sé si ellos pero sí Cataluña tendría también mucho que perder, en contra de lo que interesadamente sugieren. La independencia tendría costes notables para los ciudadanos catalanes. No son pocas las voces expertas que lo señalan.
Hasta ahora el debate se ha centrado esencialmente en los costes de orden económico. Parece haber amplio consenso entre los especialistas sobre que serían palpables y nada despreciables. Sin embargo, no entraré en ellos, pese a su importancia, consciente de que han de ser objeto de un debate crucial pero diferente. Me referiré a costes de otro tipo no menos trascendentales.
Cataluña posee, formando parte de España, un capital del que me cuesta creer que no sea consciente. Porque no es posible negar el importante peso que los actores políticos, sociales y culturales catalanes tienen en la España actual, esa España democrática y plural construida, consolidada, desarrollada y europeizada —como también oscurecida— con su indispensable concurso. No es posible negar que las cuotas de poder institucionalizado e influencia social que de hecho disfrutan dichos actores son muy superiores en el conjunto del Estado al que les correspondería en principio por meras razones demográficas o económicas. Y la gran mayoría de la sociedad española, lejos de quejarse de esta posición eminente, la acepta, por merecida, y está encantada de que Cataluña sea dentro de ella una fuente constante de modernidad e innovación y de que desempeñe, de hecho, una función principal en la producción y difusión de la cultura española al tiempo que promueve y refuerza la identidad cultural catalana. España es para Cataluña mucho más que un mercado donde colocar tradicionalmente sus productos:
es un espacio que comparte valores, proyectos, afinidades solidarias y significados simbólicos en el que lo catalán, en todos los terrenos, se realiza y goza de reconocimiento como pieza axial y motora. Pero ¿seguirá siendo todo igual tras la hipotética ruptura, tras esa eufemística “desconexión” que comportaría la independencia? ¿Y de verdad les compensaría a los catalanes esa pérdida más que probable de posiciones “ventajosas”en el escenario español y, a partir de ellas, en el europeo? ¿Asumirán el riesgo de dilapidar ese capital? ¿O simplemente es que los líderes nacionalistas piensan que eso no va pasar ocurra lo que ocurra, y que ellos y Cataluña disfrutarán de lo mejor de los dos mundos?¿Acertarán partidos y líderes a darse cuenta de que ya tenemos mucho de lo mejor de los dos mundos?
Un (nuevo) estado no es solo una (nueva) estructura institucional. Alrededor de él se redefinen preferencias, intereses, criterios de producción y consumo de la información, lazos intelectuales y culturales, espacios emocionales y de solidaridad. Se redefine tanto el yo colectivo como el entramado de relaciones objetivas con los otros. Se dirá que en un mundo globalizado e interdependiente eso importa cada vez menos, y por fortuna es verdad, pero solo hasta cierto punto: un estado que surja traumáticamente de la deslealtad y de la descalificación de lo español levantará muros —unos de cristal y otros de granito— difíciles de salvar. Y eso hace improbable un futuro que permita participar de lo mejor de los dos mundos. Tendremos que optar mal que nos pese. ¿Nos merecemos eso? ¿Se lo merecen los catalanes? ¿Se lo merecen los españoles?
Un grave problema de presbicia política puede conducir a donde casi nadie quiere. ¿Acertarán nuestros partidos y líderes, catalanes y no catalanes, a corregir su visión y darse cuenta de que, en cierto modo, ya tenemos (o teníamos), todos, mucho de lo mejor de los dos mundos? ¿Advertirán además que, a poco que no seamos insensatos, una reforma viable del marco constitucional y la aceptación de unos patrones negociados de lealtad en los comportamientos de los actores políticos podrán garantizar, durante décadas, que los dos mundos se sientan realizados gracias a lo que comparte con el otro? Esperemos que sí.