18/7/2019
Política

Puigdemont se apunta a la ambigüedad

El nuevo Gobierno catalán saca “el proceso constituyente” del Parlament para evitar incumplir la sentencia del Tribunal Constitucional

Francesc Arroyo - 22/01/2016 - Número 18
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Carles Puigdemont y su Gobierno han empezado a andar. Lo primero ha sido dar un paso adelante y otro atrás. El paso atrás es una llamativa concesión a la CUP. El Ejecutivo catalán se ha retirado de siete causas judiciales en las que acusaba a diversos activistas de desórdenes públicos. El paso adelante ha sido más discreto. Junts pel Sí ha aprobado que el Parlamento catalán cree una comisión constituyente dedicada a redactar el proyecto de constitución de la futura república catalana. Pero le ha puesto no poca sordina: la comisión solo será “de estudio”, sin capacidad para elaborar leyes, aunque sí “informes y propuestas”.
 

Paralelamente, buena parte de las tareas del proceso “constituyente” se abren a la participación ciudadana, es decir, salen de la Cámara. Con ello se cumplen dos objetivos. El primero, obviar la sentencia del Constitucional que anulaba la declaración del 9 de noviembre en la que se instaba al Ejecutivo a poner en marcha el proceso. Que la gente debata una constitución no es perseguible. El segundo busca abrir el debate a fuerzas que no votaron esa declaración. Una de ellas ya ha decidido apuntarse a la comisión: Catalunya Sí que es Pot. Socialistas, Ciudadanos y PP no participarán en esos trabajos.

¿En qué dirección?

En resumen: un paso adelante, otro atrás y media docena a cada lado. Que no se diga que no hay movimiento, aunque cueste adivinar la dirección. Nada nuevo bajo el sol: la ambigüedad ha sido desde su fundación el patrón de conducta de Convergència. Y lo que más le conviene mientras las cosas tampoco anden claras en la formación del gobierno español.

Y si la ambigüedad rige su comportamiento parlamentario, es también la norma en el partido. El pasado noviembre Artur Mas anunció que cambiaría incluso de nombre, en un intento vano de quitarse de encima el pecado original que deriva de la familia Pujol y de otros supuestos casos de corrupción. Esta semana, el asunto del nombre ya es cuestión menor, según reconoce el hoy consejero de Territorio y hasta hace dos días secretario de organización, Josep Rull. Mas se apresta a una reforma, no necesariamente a una refundación. Entre otras cosas porque el mero cambio de etiqueta no eliminaría la sombra de la corrupción que alcanza al partido a través de sus fundaciones. Esta misma semana ha salido a la luz un informe más de la policía judicial que señala que estas fundaciones siguieron recibiendo aportaciones durante 2015. Aportaciones que coinciden sospechosamente con el 3% del presupuesto de algunas obras.

El encargado de poner orden en el asunto de la corrupción es Raül Romeva, consejero de Exteriores y Transparencia, que esta semana destituyó del cargo de comisionada de la Transparencia a Núria Bassols. Había sido nombrada por Artur Mas y su cambio había sido reclamado por Oriol Junqueras. Los motivos para su cese están relacionados con su propia historia y con la de su marido. Antes de ser designada para el cargo, Núria Bassols había actuado como juez en varios casos que afectaban a Convergència. El fallo siempre fue favorable a los intereses del partido. Para que nada falte, Josep Maria Bassols, su marido, forma parte de los imputados en el caso Torredembarra. Y no es la primera vez que aparece como sospechoso. Ahora ella vuelve a la judicatura y se encargará de decidir en los casos en los que haya aforados. Por ejemplo: los miembros del Gobierno catalán.

La retirada de Duran

De todas formas, los cambios en la política catalana han sido profundos y el último de calado ha sido el abandono de la política por parte de Josep Antoni Duran i Lleida. Lo hace tras dos descalabros electorales y deja un partido diezmado, endeudado y con el estigma de una condena por financiación ilegal. Unió llevaba toda la transición concurriendo a las elecciones junto a Convergència, con gran incomodidad entre los cuadros de CDC que sostenían que el 25% de cargos que se les daba no se correspondían con su aportación en ningún sentido. Su sucesor será Ramon Espadaler, que ya pasó un mal trago como consejero de Interior.

Ahora, además, ha sido desautorizado en sus actuaciones al retirarse el Ejecutivo de las siete causas citadas. El exsecretario de Interior del tripartito, Joan Boada, ha mostrado su sorpresa por el silencio de los cuerpos policiales que durante los gobiernos de Pasqual Maragall y de José Montilla no perdieron ocasión para afirmar que no se sentían apoyados por el ejecutivo. “Será que ahora hasta la policía se sacrifica por la patria y se apunta al pacto con la CUP”, dice Boada. Los consejeros Rull y Neus Munté, en cambio, sostienen que el abandono de las causas judiciales no forma parte del pacto con la CUP sino que es un gesto de buena voluntad. Una aproximación que tiene un objetivo a corto plazo: convencerles de que voten los presupuestos de 2016 con el argumento de que los prorrogados no permiten aplicar el plan de choque que forma parte del pacto de investidura.

Pero la CUP tiene muy presente que el proceso constituyente ha llegado aguado al Parlament y teme que ocurra otro tanto con los otros dos proyectos pactados: la creación de una hacienda y una seguridad social catalanas. Además quieren ver cuál será la actitud del nuevo responsable de Economía, Oriol Junqueras, ante el ministro de Economía cuando tenga que pedir nuevas aportaciones del fondo de liquidez autonómica porque en las arcas de la Generalitat no hay ni telarañas. Como ironiza un diputado de Junts pel Sí, si las hubiera ya las habrían hipotecado.