25/4/2017
Opinión

¿Referendos diabólicos?

El problema quebequés ha quedado en hibernación tras las consultas

Pedro J. Bosch - 07/10/2016 - Número 54
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Es harto sabido que la miopía es un defecto visual que dificulta la visión lejana, no tanto la próxima, que con dificultades suele conservarse. También es conocido lo mal  que llevan los miopes sus limitaciones y el alud de soluciones, algunas de ellas no del todo inocuas, que van surgiendo más allá de gafas y/o lentillas de contacto. Pero no es mi propósito colar de rondón criterios médicos sino extrapolarlos a un aspecto muy controvertido de la vida democrática, los llamados referendos, de los que ha llegado a decirse que los carga el diablo. Y efectivamente así lo parece si nos atenemos a los últimos celebrados en Gran Bretaña y Colombia. Un diablo, por lo demás, con serias dificultades para ver más allá de sus narices, también en el caso español, donde la situación política puede desatascarse momentáneamente pero volverá a bloquearse ad infinitum si persiste, como va a persistir, el llamado “desafío secesionista” (de haber estado razonablemente encauzado, hoy día no hablaríamos de unas posibles terceras elecciones, estarían gobernando tranquilamente Sánchez y Rivera).

 Sin negar esa carga diabólica de los referendos, no se puede negar su estricto carácter democrático y que a veces puede resultar balsámico para atemperar determinadas pulsiones, como ocurrió en el contencioso Quebec/Canadá. Allí, el Tribunal Supremo de Canadá fue capaz de  ver a larga distancia y dictar la llamada Ley de Claridad, que, haciendo honor a su nombre, dejó las cosas claras para una larga temporada. O así lo parece  si se observa la evolución del secular problema quebequés, en estado de hibernación desde que los señores togados, para nada  diabólicos ni cortos de vista, dieron con una solución aceptable para ambas partes, nacionalistas quebequeses y  partidarios de un Canadá unido.

En Europa, sin embargo, parece que a los referendos los  carga un diablo miope, incapaz de distinguir  a larga distancia  los problemas que pueden venir a través de consultas mal planteadas y peor ejecutadas, como en el grotesco simulacro de Cataluña o en el celebrado en Gran Bretaña, donde se obró con una pasmosa frivolidad al pretender resolver, con la fórmula 50%+1 y permitiendo todo tipo de falacias y demagogias, un problema tan enjundioso como la salida británica de la Unión Europea. Que una amplia porción de ciudadanos británicos deseaban manifestarse en consulta democrática sobre este tema crucial era un clamor, como lo es el que una gran mayoría de catalanes, independentistas o no,  nacionalistas o no, desean hacer lo propio con respecto a España. ¿Puede ser carga diabólica el deseo de manifestarse democráticamente sobre estos aspectos de su convivencia cívica y civilizada?

El Tribunal Supremo de Canadá fue capaz de dictar la Ley de Claridad, que dejó las cosas claras

Si el diablo tuviera la vista bien corregida, vería los beneficios que a largo plazo pueden aportar unos referendos inteligentemente planteados, en consonancia con la gravedad de la cuestión puesta en debate. Es obvio que pretender una separación de una nación con la que se ha convivido durante  siglos no es cuestión baladí a la que tender un puente de plata, y tampoco lo es pretender salirse de una comunidad de naciones que ha proporcionado la mayor estabilidad y prosperidad de la historia. Pero es obvio que, aun siendo así,  hay un anhelo patente en importantes sectores tanto de la sociedad catalana como de la británica de plantearse su futuro de otra manera. ¿Por qué no instaurar un mecanismo razonable para que expresen su voluntad? ¿Un referéndum?, sí, ¿cualquier referéndum?, evidentemente no.

Para cuestiones tan graves y con tantas implicaciones de todo tipo, la fórmula del referéndum no puede ser un procedimiento habitual y/o de fácil acceso, sino excepcional (¿mayoría absoluta de un parlamento regional?), y tampoco  puede ser suficiente  para dilucidarlo un escueto 50% +1, ni se puede permitir que se utilicen argumentos falaces. El sistema democrático no tiene por qué ser asambleario ni prestarse a continuas y desestabilizadoras consultas para dilucidar sus conflictos políticos, y tampoco quedar inerme ante las falacias que jalonaron el referéndum británico o demagogias flagrantes como el “España nos roba”.

 El Tribunal Supremo de Canadá fue bastante preciso en su pronunciamiento: no existen supuestos derechos de autodeterminación en sistemas democráticos avanzados, pero si una parte del territorio expresa de forma fehaciente y escrupulosamente democrática el deseo de plantearse un futuro  distinto, tiene derecho a hacerlo de forma pactada con el gobierno central, mediante una pregunta clara y con una mayoría suficiente a determinar, clave de bóveda para defender la estabilidad democrática. ¿Estaba pensando el tribunal canadiense, por ejemplo, en la exigencia de un 75% de participación y un 60% de síes para que una parte del país pueda desgajarse civilizadamente o  para empezar a hablar de ello con el resto?, ¿sonaría descabellada la instauración de un comité independiente de sabios  que velara por la limpieza  del proceso poniendo freno a palmarias falsedades y mentiras flagrantes como las esgrimidas en Gran Bretaña en el último referéndum?

El diablo encargado del negociado de referendos necesita visitar al oftalmólogo, corregir su miopía y ver a larga distancia. De lo contrario puede que nos veamos ante media docena de convocatorias electorales.