14/10/2019
Opinión

Todos quietos

Editorial - 09/10/2015 - Número 4
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado la convocatoria de elecciones generales para el 20 de diciembre. Más que la fecha, con la que ya especulaban los diferentes partidos, sorprende que el jefe del Ejecutivo haya realizado el anuncio en el marco de una entrevista concedida a un medio de comunicación. Rajoy no es el primero en hacerlo, puesto que, con anterioridad, tanto Rodríguez Zapatero como Artur Mas convirtieron la obligada aprobación del decreto de convocatoria en un mero trámite que ratificaba los compromisos adquiridos en los medios. Pero el hecho de que otros responsables institucionales incurrieran en idéntico desprecio del procedimiento exigido para convocar elecciones no justifica a Rajoy, sino que obliga a denunciar lo que no puede convertirse en una práctica corriente. En primer lugar, porque el anuncio de que serán convocados a las urnas debe dirigirse a todos los ciudadanos, no solo a los espectadores de un medio de comunicación. Pero, además, porque privar de dignidad institucional a todo cuanto tiene que ver con un proceso que, como el electoral, constituye uno de los fundamentos imprescindibles del sistema democrático, es privar de ella al sistema mismo.
   
Más que agotar la legislatura, Rajoy ha decidido prorrogarla tanto como legalmente fuera posible. Sin embargo, el plazo de pocas semanas que habrá ganado al frente del Ejecutivo no parece suficiente para dejar siquiera apuntada una salida a los muchos problemas acumulados durante su mandato, desde la debilidad y la excesiva dependencia de la recuperación económica española hacia los factores externos hasta la reconducción de la tensión territorial en Cataluña. Tampoco para recobrar el apoyo del electorado conservador, que ha visto en la corrupción del Partido Popular y en la obcecada inmovilidad de Rajoy las causas de una crisis política que está provocando la del sistema constitucional del 78. Fiel hasta el último momento a la estrategia de ceder la totalidad de la iniciativa política a los adversarios, Rajoy se propone hacer con el Estado lo que ya ha hecho con su partido. Solo que el Estado está obligado a canalizar los conflictos, a riesgo de exacerbarlos y colocarlos fuera de control en el caso de no hacerlo, y un partido puede enrocarse sin otra consecuencia que la pérdida de apoyo electoral.

Los ataques que los populares han comenzado a dirigir simultáneamente contra el Partido Socialista y contra Ciudadanos nada más anunciar la fecha de las elecciones estaría en la lógica de cualquier campaña si no fuera porque la trayectoria de Rajoy es conocida. Habiendo conducido a su partido y al Estado a la parálisis, ahora pretende que los demás también permanezcan inmóviles. La soledad en la que se encuentra el Partido Popular liderado por Rajoy le incapacita para alcanzar pactos con otras fuerzas en caso de no obtener una mayoría absoluta, como parece probable. En lugar de tomar iniciativas que le permitan salir de esta insólita situación, Rajoy prefiere anatematizar los pactos e intentar que, como él, los demás también se queden quietos.