12/12/2019
Política

Un cuerpo de élite en excedencia

Radiografía de los altos cuerpos de la Administración. Primer capítulo: abogados del Estado

Un cuerpo de élite en excedencia
Mikel Jaso
Acceder al cuerpo de abogados del Estado es como estudiar la carrera de Derecho dos veces. Además de la imprescindible licenciatura, el temario de la oposición requiere otros tres, cuatro o cinco años de estudio a ritmo estajanovista: nueve horas diarias seis días a la semana con breves descansos en Navidad, Semana Santa y verano. “Es difícil aguantar y no quemarse”, explica uno de los preparadores más reputados de Madrid. A ese cómputo hay que sumar la duración de las pruebas de la oposición, unos seis meses.  

El trámite es una tortura. En el primer ejercicio, el aspirante debe exponer ante el tribunal dos temas de Derecho Civil, dos de Procesal y uno de Hipotecario, Mercantil y Derecho del Trabajo. No caben dudas ni vacilaciones, porque para los siete dispone de una hora. Es eliminatorio y quienes lo superan deben someterse a un segundo tribunal al que presentan, durante una hora dos temas de Derecho Administrativo, otros dos de Hacienda Pública, uno de Constitucional, uno de Internacional y Derecho Comunitario y uno de Penal. Los supervivientes deben enfrentarse a un tercer tribunal, ante el que deben demostrar un dominio más que solvente de inglés o francés. Un cuarto tribunal, este ya voluntario y no eliminatorio, evaluará el conocimiento de cualquier otro idioma oficial de la Unión Europea distinto del elegido en la prueba anterior. 

Llegados a este punto, queda lo peor, dos pruebas prácticas. La primera, una simulación de actuación en un asunto judicial; el segundo, la elaboración de un informe jurídico. Cada uno de los exámenes tiene una duración máxima de 10 horas, y los preparadores coinciden: durante las dos primeras conviene no escribir una línea y dedicarlas a madurar la respuesta. La calificación final es producto de un complejo baremo aplicado sobre los resultados de las diferentes pruebas; el aprobado está en 17,50 puntos y la nota máxima es de 35, aunque nadie recuerda ninguna por encima de 28. Está considerada como una de las oposiciones más duras de las existentes, lo que explica la escasa concurrencia de aspirantes. En las últimas pruebas convocadas, en 2013, solo 222 opositores compitieron por las 16 plazas ofertadas. En 2011 opositaron 192 para 20 plazas y en 2009,  144 para 25. El éxito se recompensa con el acceso al cuerpo de élite de la Administración, con remuneraciones cercanas a los 80.000 euros brutos anuales desde el primer día. Pero la mitad de los abogados del Estado, en cuanto tiene oportunidad legal para hacerlo, prefiere acceder a otros cargos públicos o emigrar al sector privado. 

Funciones

La Abogacía del Estado nació el 10 de marzo de 1881, aunque su actual configuración se diseñó en 1985 con la creación de los Servicios Jurídicos del Estado. Su misión principal es el asesoramiento jurídico a la Administración y a sus organismos autónomos, así como a entidades y organismos públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal. Su faceta más visible es la defensa del Estado ante el Tribunal Constitucional y el resto de los tribunales ordinarios de Justicia. También ante los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros órganos internacionales de defensa de los derechos humanos. 

No hay datos precisos, pero la Abogacía del Estado recibe cada año unos 150.000 casos nuevos. Solo en la jurisdicción Contencioso-Administrativa interviene en procesos en los que las arcas públicas se juegan unos 15.000 millones de euros. Memorias del cuerpo presumen de alcanzar índices superiores al 80% de casos ganados. Según datos de este mes de septiembre, la plantilla de abogados del Estado está formada por 636 letrados, de los que 161 son mujeres. El problema es que 60 de ellos se encuentran en servicios especiales en otros departamentos de la Administración General del Estado o en empresas públicas. Y 265 han solicitado la excedencia voluntaria, fichados por grandes bufetes, empresas del IBEX 35 y consultoras o auditoras. Es decir, el 52% de la plantilla está sin cubrir; año tras año, el Ministerio de Justicia se ve obligado a contratar como sustitutos a licenciados en Derecho que defienden a la Administración en pleitos de menor cuantía, a cambio de una dieta, bajo la dirección de un abogado del Estado de plantilla.  

265 de los 636 abogados del Estado han sido fichados por bufetes, empresas del Ibex 35 o consultoras

Algunas fuentes sostienen que si pese a que se necesitan muchos más abogados del Estado salen pocas plazas a las oposiciones es porque su valor posterior en el mercado de grandes bufetes y empresas depende de que su marca se define porque “son pocos y excelentes”. Esa sería, a juico de los consultados, la única razón por la que les compensa hacer una oposición tan dura como notarías para ganar mucho menos si se quedan en la Administración.

De hecho, las razones del éxodo masivo son económicas, aunque muchos abogados del Estado consideran simplista esta explicación y aducen a las escasas perspectivas profesionales de la carrera. Superar la oposición supone acceder a un puesto funcionarial de nivel 28 y  los niveles 29 y 30 (director general) son de libre designación, por lo que nada impide que un abogado del Estado permanezca toda su vida profesional en el nivel administrativo de acceso, sin que otros procesos de adiestramiento le permitan acumular méritos para un ascenso. Esa falta de expectativas es cierta, pero no lo es menos que un abogado del Estado llega a su puesto de trabajo tras superar una oposición tanto o más complicada que la de los registradores de la propiedad o la de los notarios, que cobran por aranceles y tienen ingresos muy superiores. Por eso, en cuanto pueden pedir la excedencia tras los primeros cinco años de ejercicio, aprovechan. No existe incompatibilidad alguna para solicitarla ni un mecanismo efectivo que la regule.      



Otro de los motivos para abandonar el cuerpo es la llamada de la política, que asegura la vuelta a su plaza al término de la aventura y que se produce con frecuencia cuando es el PP el que gobierna. Tras su triunfo en 2011, Mariano Rajoy configuró un equipo en el que hasta 15 abogados del Estado pasaron a ocupar puestos relevantes. A la cabeza de ellos, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro de Agricultura y hoy comisario europeo, Miguel Arias Cañate. Además, procedían del cuerpo un secretario de Estado y cinco subsecretarios, nómina que se amplió con los años. En el momento presente hay 20 abogados del Estado en posiciones relevantes del Gobierno, cifra todavía lejana a los 32 que se integraron en el Ejecutivo de José María Aznar. 

Hay que añadir a los abogados del Estado destinados a empresas públicas, como Leopoldo González-Echenique, expresidente del Ente Público RTVE; Guillermo Martínez de Simón, director de los servicios jurídicos de Tragsa, o José María Elías de Tejada, secretario general de Correos y Telégrafos, entre otros.

La Gloriosa

Muchos de estos abogados del Estado pertenecen a la promoción que aprobó la oposición el 29 de febrero de 1996. Pocos de sus 35 integrantes permanece hoy en el cuerpo. Dos de sus más relevantes miembros son Iván Rosa, esposo de la vicepresidenta del Gobierno y hoy asesor jurídico de Telefónica, y Jaime Pérez Renovales, exdirector jurídico del Banco Santander, que en 2011 fue nombrado subsecretario de la Presidencia y el pasado 30 de junio volvió al Santander como secretario del consejo. 

Esa promoción es conocida como La Gloriosa por los brillantes destinos políticos alcanzados por sus integrantes, pero no faltan quienes manejan el mote en tono irónico y recuerdan que aprobar la oposición no asegura que se sea un buen gestor de la cosa pública. Y en este punto, el de González-Echenique es el ejemplo más repetido. 

El 40% de los abogados del Estado abandona la Administración para incorporarse al sector privado y ganar más. Su carrera administrativa tiene un estrecho margen de incremento salarial y su adscripción a organismos o empresas públicas, que les supone un complemento en forma de dietas, es discrecional. Según el Portal de la Transparencia del Gobierno, la actual abogada general del Estado, Marta Silva de Lapuerta, ganó 99.937,16 euros brutos en 2013.

En un intento de frenar la sangría que sufría el cuerpo, en julio de 2012 el Ejecutivo autorizó a los abogados del Estado a solicitar la rebaja de su nivel funcionarial al 24 a cambio de obtener la compatibilidad para trabajar por la tarde en despachos privados, siempre que no pleiteasen contra el Estado. Hasta el momento, 40 de ellos se han acogido a esta dispensa. 

20 letrados del cuerpo, encabezados por Sáenz de Santamaría, ocupan puestos relevantes en el Gobierno

Otros 265 han optado por la excedencia para obtener mayores ingresos en el sector privado. La lista de los que disfrutan de puestos de responsabilidad en empresas potentes es inacabable: Pablo Isla, actual presidente del grupo textil Inditex, Borja Acha, secretario general de Endesa, Pérez Renovales, secretario general de Santander o Mónica López-Monís y Gloria Calvo, sucesivas secretarias generales de Bankinter, son solo algunos ejemplos. De las 35 compañías que cotizan en el IBEX, 14 tienen abogados del Estado en excedencia como secretarios del consejo. El sector jurídico es el mayor demandante de abogados del Estado. También aquí el listado sería interminable. Algunos de los fichajes más sonados en su momento fueron los de Lucas Osorio como socio director de Hogan Lovells, Manuel Pizarro como socio presidente de Baker & McKenzie, Jaime Velázquez como socio director de Clifford Chance, Gonzalo Jiménez-Blanco como socio presidente de Ashurst y Francisco Pérez Crespo, como socio director de Cuatrecasas.

Algunos abogados del Estado comentan que para ficharles cualquier despacho jurídico ponen sobre la mesa remuneraciones de entre 200.000 y 250.000 euros anuales más incentivos. Sin embargo, desde los propios bufetes se rebajan esas cifras y aseguran que basta con ofertas que mejoren en un 20% o un 30% el sueldo que les paga la Administración. El interés de estos despachos por los abogados del Estado responde a “su profundo dominio de todos los campos del Derecho y un completo conocimiento de los resortes judiciales en todas las jurisdicciones, así como una inmejorable noción del funcionamiento de la Administración”, en palabras de un socio de Uría y Menéndez. Pero otras fuentes sugieren que su valoración responde más a su extensa red de relaciones. Aportan como valores una agenda de contactos muy codiciada, que incluye a los magistrados destinados en los tribunales en los que se dirimen los intereses del Estado y a los principales responsables del Ministerio Fiscal, y un profundo conocimiento de las interioridades administrativas, un valiosísimo background para quien deba pleitear contra ellas.  

Abogados contra el Estado

Edmundo Bal Francés, presidente de la Asociación de Abogados del Estado, defiende que la excedencia es un derecho del abogado del Estado y que “al excedente no lo vemos como un enemigo”. Pero el trasvase de abogados del Estado al ejercicio privado se ha visto salpicado por escándalos. En febrero de 2013, las empresas unidas en la ampliación del puerto de El Musel (Gijón, Asturias) reclamaron a la autoridad portuaria un sobrecoste de 354 millones de euros por unas obras por las que ya habían recibido 624 millones. La demanda, dirigida por el bufete Cuatrecasas, fue preparada por un equipo de letrados entre los que figuran Juan Ramón García Notario y Carlos Gil de la Heras, abogados del Estado en excedencia que hasta 2004 fueron director y subdirector de los servicios jurídicos de Puertos del Estado, respectivamente. 

No es un caso aislado. Antonio Morales, abogado del Estado, fue secretario del Consejo de Seguridad Nuclear entre 2002 y 2006, año en que pidió la excedencia. Hoy es socio en Madrid del bufete estadounidense Latham and Watkins, especializado en pleitos de energía y que, entre otras, asesora a la central nuclear de Garoña, propiedad de Endesa e Iberdrola.

Cristina Vidal era directora jurídica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuando este organismo abrió un expediente sancionador a Jaime Botín vinculado a la investigación por delito fiscal realizada por la Audiencia Nacional. De ahí que su fichaje por el bufete Ramón y Cajal, que defendía al expresidente de Bankinter, fuera polémico. No hay constancia de que Vidal haya intervenido en la defensa penal de Botín, dirigida por el abogado Francisco Palá, que también fue director de la asesoría jurídica de la CNMV en una etapa anterior. Desde hace dos o tres años se está produciendo el fenómeno inverso. Las prejubilaciones en las grandes empresas y la implantación de sistemas de gestión anglosajones en los bufetes empujan a algunos abogados del Estado mayores de 55 años a pedir el reingreso en el cuerpo. “Las solicitudes todavía son escasas y, aunque generan recelos entre sus compañeros, la plantilla es tan corta que se aceptan todas sin reparos”, según un portavoz de Justicia.