14/12/2018
Opinión

Vigilancia extrema

Editorial - 18/03/2016 - Número 26
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La política española da la impresión de estar acelerando en punto muerto mientras los acontecimientos siguen su curso imparable. Tras el rechazo de la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez, en el PP han continuado aflorando nuevos casos de corrupción. Impasible el ademán, su presidente Mariano Rajoy se ha mostrado incapaz de reaccionar de forma proporcionada para evitar el arrinconamiento de los populares y ha perdido cualquier oportunidad de poner en valor los resultados del 20-D, que los erigieron en el partido más votado y legitimaban sus aspiraciones iniciales a formar gobierno. Simultáneamente, en Podemos se abren grietas que, si bien lógicas en una formación joven, denotan las relevantes diferencias internas respecto a la posibilidad de asumir o rehuir las responsabilidades institucionales que podrían corresponder a su partido. Algunos líderes podemitas han adoptado actitudes de la política más vieja, de las que empezaban a desertar los del denostado bipartidismo.  Por otro lado, estas últimas semanas el líder socialista Pedro Sánchez ha sorteado el acoso de algunos barones de su partido empeñados en quitarle de en medio y Ciudadanos ha tenido que combatir algunas voces acusatorias en sus filas, que discrepaban de la dirección por juzgar que se entregaba a una izquierda con la que tienen abiertas diferencias.
 
En todo caso, los argumentos a favor de investir a un candidato como presidente del Gobierno siguen del todo vigentes y ha de reconocerse el mérito de Pedro Sánchez, que ha sabido forjar una alianza razonable con Ciudadanos. Mientras falte otra propuesta alternativa solo se atisba como salida la abstención de Podemos, el tercer grupo del Congreso. A estas alturas, la gran coalición —PP, PSOE, Ciudadanos— defendida por los populares y una parte apreciable de los socialistas se averigua inviable, tanto por los estallidos incesantes de la corrupción del partido conservador como por los efectos nocivos que  podría tener para el Partido Socialista entregar el monopolio de la oposición a los podemitas.

De cualquier manera, a la espera de esa investidura —que sería buena para la estabilidad del país— o de nuevas elecciones —que serían el reconocimiento de un fracaso sin constituir una catástrofe—, al Congreso le corresponde ejercer el control del Gobierno en funciones, como señala de modo taxativo el artículo 66.2 de la Constitución. La renuencia del Ejecutivo a someterse a ese control y obtener el consentimiento del Parlamento respecto a las decisiones que haya de adoptar, además de un grave error político, supone otra agresión inaceptable al correcto funcionamiento de las instituciones, cuyo equilibrio ha de vigilarse aún más en un periodo cuya fragilidad requiere mayor exigencia en la rendición de cuentas.