17/9/2019
Economía

Andorra: dinero, secretos y montañas

El caso Pujol ha sido el gran borrón en la transición del Principado hacia un nuevo modelo económico

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Andorra: dinero, secretos y montañas
Sucursal de la Banca Privada de Andorra en la capital del Principado, Andorra la Vella. PASCAL PAVANI / AFP / Getty

Durante años, para la mayoría de españoles, Andorra fue  una especie de duty free entre montañas en el que conseguir tecnología, licores y tabaco baratos. Mientras tanto, una minoría acomodada disfrutaba de sus estaciones de esquí y de las ventajas de un secreto bancario que convertía al pequeño Principado en un especie de Suiza a tiro de piedra. Sin embargo, las élites de este país de poco más de 75.000 habitantes supieron anticiparse a los tiempos y encargaron al ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, ya en 2005, un trabajo que llevaba un título revelador:  “De las excepciones a la ejemplaridad”. Tres años antes del crac financiero, se trataba de ponerse en línea con las exigencias de transparencia que traería la crisis global. Paradójicamente, la obligada cadena de modificaciones legales, que arrancó con un convenio con la UE en 2004, ha hecho aflorar, como el cadáver que surge al bajar la marea, una cadena de escándalos. El detonante fue la confesión del patriarca del nacionalismo catalán, Jordi Pujol, sobre la existencia de un misterioso legado que desembocaría, un año después, en la intervención de Banca Privada de Andorra (BPA) y de su filial española, Banco de Madrid.

En gran medida, el caso Pujol ha sido el gran borrón de un proyecto de transición que estuvo a punto de venirse abajo en marzo de 2015. El día 10 de ese mes, el FinCen, la oficina de investigación criminal del Tesoro de EE.UU., lanzó una nota acusando a Banca Privada de Andorra, uno de los cuatro grandes bancos locales, de participar en el lavado de dinero procedente de la mafia rusa, de agentes venezolanos conectados con la industria petrolera de aquel país y del magnate chino Gao Ping, entre otros. Las consecuencias fueron inmediatas: con una cuota de mercado del 18% en manos de BPA, el temor a un contagio sistémico se adueñó del sistema financiero y del Gobierno, lo que dio pie a la intervención de la entidad por parte del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), un supervisor local que no cuenta con el respaldo de un banco central. Mientras, el FROB hacía lo propio con la filial en España, Banco de Madrid.

Más de un año después, el pasado día 18 de agosto y con motivo de su comparecencia en los tribunales, los antiguos propietarios de BPA —los hermanos Higini y Ramon Cierco— vincularon ambos acontecimientos, afirmando que el Gobierno español presionó en su día a las autoridades del Principado para obtener información sobre los Pujol y otros líderes independentistas bajo la supuesta amenaza de una acción concertada con EE.UU. Esta versión ha sido respaldada por el que fuera su abogado hasta el pasado 26 de julio, Jaume Bartumeu, y a la sazón presidente del gobierno del Pincipado por el Partido Socialdemócrata de Andorra entre 2009 y 2011. En un país de 468 kilómetros cuadrados, el mundo siempre es un  pañuelo.

El propio Bartumeu entiende que su desalojo del poder en favor de una coalición electoral de nuevo cuño, Demòcrates per Andorra, responde a los intereses de una “élite bancaria” inquieta por el “cambio de paradigma” impulsado. “Yo fui el gran damnificado”, lamenta. Además, insiste en que puso en conocimiento de su sucesor, Antoni Martí, las presiones ejercidas por las autoridades españolas hasta en dos ocasiones. “Me preocupaban, además de los clientes y accionistas, las numerosas familias del sector financiero”, indica.

Coincidencias

La correlación de fechas entre el caso Pujol y las vicisitudes del sistema financiero de Andorra resulta llamativa

Más allá del pleito vigente entre el Gobierno y los expropietarios de BPA, que reclaman una indemnización de 364 millones de euros, la correlación de fechas entre el caso Pujol y las vicisitudes del sistema financiero andorrano es llamativa. Porque la confesión del penúltimo padre de la patria catalana, que cambió su devenir y el de toda una generación de catalanes, llegó un día 25 de julio de 2014 tras una larga peregrinación del dinero que supuestamente le dejó al morir su padre Florenci en 1980. Los cerca de 300 millones de pesetas legados sin justificar reaparecerían más tarde en Banca Reig, propiedad de Òscar Ribas Reig, a su vez Jefe de Gobierno de Andorra a mediados de los 90. Después, los fondos se reparten a lo largo de un proceso de fusiones en varias cuentas de Banc Agrícol y AndBank hasta acabar, por un supuesto chivatazo, en las arcas de Banca Privada de Andorra en 2010 convertidos en 4,5 millones de euros. Tras acogerse a la amnistía fiscal del PP, el dinero sale con fecha de 10 de julio de 2014 en forma de transferencia a una cuenta de la filial española, Banco de Madrid. Solo tres días después de que aparecieran las primeras informaciones sobre movimientos de dinero de la familia Pujol en Andorra, firmadas por periodistas con pase de puerta en comisarias de la capital española.  

En el ínterin, el sistema financiero andorrano había ido desmontando con precisión de relojero suizo su piedra filosofal: el secreto bancario. Desde el año 2009, con el objetivo de salir del grupo de países etiquetados como “paraíso fiscal” por la OCDE, se sucede la firma de tratados de intercambio de información con diversos países: Francia, Bélgica, Países Bajos, Portugal, Mónaco, Liechtenstein, Argentina… Hasta llegar, en enero de 2010, a la rúbrica de un tratado con España que establece la obligación de ofrecer información sobre los depósitos realizados en el Principado con un frontispicio de oro: la no retroactividad. Así, los clientes del sistema financiero andorrano —también los Pujol— podían estar seguros de que no se ofrecerían datos anteriores a la aplicación del convenio. Su entrada en vigor ofrecía un amplio margen de seguridad de un año, demorándose hasta enero de 2011. De acuerdo a este timeline, BPA no tenía obligación de dar cuenta del origen de una cuenta abierta en 2010, aunque hubiera indicios y pruebas suficientes de su existencia.

La versión del Gobierno andorrano, facilitada a AHORA tras innumerables requerimientos, desmiente cualquier tipo de presiones para facilitar información de cuentas o clientes. “El Gobierno español siempre se ha dirigido al Gobierno andorrano por los canales formales y en el marco de los convenios internacionales. No ha habido nunca ninguna presión (…)”, aseguran fuentes gubernamentales por correo electrónico. Concretamente, sobre el caso Pujol, recuerdan que se trata de “un asunto judicializado vía comisión rogatoria internacional dirigida a la justicia andorrana”.  Sin embargo, desde fuera del Ejecutivo no faltan voces que denuncian una colusión de intereses públicos y privados y ponen como ejemplo el vínculo del actual ministro de Finanzas, Jordi Cinca, con Crèdit Andorrà, otro de los cuatro grandes del sistema bancario, del que estaría en excedencia. O señalan incluso su papel en Orfund, una firma dedicada al fundido y refinado de oro en países africanos, como figura en los Papeles de Panamá.

Intento de apertura

Los bancos están en manos de familias andorranas y, junto a los seguros, aportan el 21% del PIB del país

Por su parte, la Asociación de Bancos Andorranos intenta sacudirse toda sombra de duda exhibiendo los buenos datos de sus asociados —AndBank, Mora Bank, Crèdit Andorrà y BancSabadell d’Andorra— y del sistema financiero del Principado en su conjunto que, junto a los seguros, aporta el 21% del PIB del país. Según la memoria de la asociación de 2015, el sector bancario andorrano goza de una ratio de solvencia del 22,78% (dos puntos por encima de 2014), una liquidez del 71,24% y una morosidad del 4,03% que está a años luz de la de países como Italia —actualmente bajo el foco internacional—, y que baja un 0,09% respecto al año anterior. La presidenta de la asociación, Esther Puigcercós, defiende los cambios introducidos durante los últimos años y niega que hayan afectado lo más mínimo al flujo de dinero que entra en el sistema. “Los depósitos no se han reducido; al contrario, han aumentado. Y lo han hecho más que en los ocho ejercicios precedentes. Esperamos que la tendencia se siga cumpliendo a lo largo de todo 2016”. En su opinión, la intervención de Banca Privada de Andorra responde exclusivamente a un caso de “mala praxis” que “no tiene nada que ver con el conjunto de la plaza financiera andorrana. Nuestros bancos —añade— están profundamente controlados y son solventes, sanos, sostenibles y competitivos”.

Sin embargo, el dictamen de la auditoría llevada a cabo por PricewaterhouseCoopers sobre las cuentas de BPA a instancias de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias —trasunto de la Sareb española— tras la nacionalización determinó en marzo de este año que el banco contaba con 1.000 millones de euros provenientes del blanqueo de capitales (un 19% de sus activos) pertenecientes a 29.200 clientes (el 3% del total). Este trabajo de la consultora resultó clave para poder adjudicar, una vez expurgados los activos dudosos, la parte limpia del negocio bajo la denominación de Vall Banc al fondo de inversión J.C. Flowers por 29 millones de euros. Entretanto, el resto de depósitos sigue pendiente de más ratificaciones para determinar si engrosan las cuentas de la nueva entidad o pasan a depender del supervisor del blanqueo.

Sobre la alerta lanzada en su día por el Tesoro estadounidense, Puigcercós asegura que tanto el INAF como la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra “ya habían detectado e iniciado acciones judiciales respecto a la mayoría de los casos que se establecieron en la nota del FinCen”. Al respecto, los Cierco aseveran que fueron ellos quienes comunicaron en su día al Govern que había tres procedimientos judiciales abiertos contra la entidad —dos de ellos en España— requeridos ante un posible “riesgo reputacional”. De hecho, la batlle (magistrada) que instruye el caso, Canòlic Mingorance, archivó el pasado 22 de agosto la acusación provisional que pesaba sobre los dos hermanos. Las futuras responsabilidades se dirimirán entre 24 exdirectivos, con el entonces consejero delegado de BPA y Banco de Madrid, Joan Pau Miquel, a la cabeza. En prisión preventiva, Miquel fue señalado en su día por un exdirector de la entidad, Josep Maria Escuer, como auténtico factótum del banco en una declaración realizada ante notario poco antes de morir —sufría una enfermedad terminal— en la que reconocía haber aceptado el papel de cabeza de turco a cambio de favores para su familia. Por otra parte, Mingorance notificó la apertura de dos nuevas causas para investigar las supuestas presiones y amenazas denunciadas por los que fueran máximos accionistas de BPA.

Rumbo al futuro

Más allá del reguero de dudas que todavía quedan en el aire, desde la Asociación de Bancos Andorranos apuestan por mirar al futuro. Su presidenta subraya que después de un golpe de timón con abundantes daños colaterales, sus asociados están “encontrando un modelo de banca que encaja con las nuevas reglas de juego”. El denodado esfuerzo de implementar un “marco regulador trasparente, moderno y homologable internacionalmente” tendrá su culminación en 2018, cuando “los estados miembros de la UE intercambiarán recíprocamente con Andorra la información sobre los activos financieros y los saldos de las cuentas”, remontándose un año y de forma automática. “Una característica principal y relevante de la banca andorrana —concluye Puigcercós— es que no depende de los mercados. Los bancos andorranos son propiedad principalmente de familias andorranas”.

Para Albert Sagués, economista y profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, este círculo cerrado es más un inconveniente que una virtud. En su opinión, uno de los males que aquejan al sistema financiero del Principado —y al resto de su estructura social— es un “proteccionismo mal entendido”. Una vez que el modelo económico tradicional, basado en el turismo de montaña y de compras, se ha demostrado “agotado”, este especialista en fiscalidad y sistema bancario aboga por la entrada de más “talento exterior” junto con la dotación de una serie de infraestructuras y servicios que hagan atractivo el país para que se instalen empresas y profesionales de todo el mundo. Como reclamo, apunta, Andorra cuenta con un nivel impositivo muy bajo —con una tarifa plana del 10% de IVA, IRPF y Sociedades, más deducciones— y un enlace al exterior a través del aeropuerto de La Seu d’Urgell. Más pesimista se muestra el expresidente Bartumeu, que inició el proceso de apertura, ante la actual falta de “seguridad jurídica”. “Andorra era una plaza financiera; ahora solo se puede decir que hay bancos”, sentencia.