21/2/2019
Política

Las contradicciones del clan Pujol

El expresident y su familia insisten en atribuir su fortuna a la herencia del abuelo, pero su versión no casa con los papeles de Andorra que tiene el juez

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Las contradicciones del clan Pujol
Jordi Pujol y Marta Ferrusola a su salida de la sede de la Audiencia Nacional tras declarar ante el juez José de la Mata.Mariscal / EFE

Jordi Pujol acudió el 10 de febrero a la Audiencia Nacional con una voluminosa cartera bajo el brazo pero de ella no sacó ningún documento que sustente la tesis de que la  fortuna que su familia guarda en Andorra desde principios de los años 80 provenga de la herencia que les legó el abuelo Florenci y de que la constante evolución al alza que ha experimentado durante las tres últimas décadas tenga como explicación una más que hábil gestión de los fondos en negocios e inversiones.

Las contradicciones entre la versión que los Pujol Ferrusola han ofrecido al juez José de la Mata y los informes policiales y documentos bancarios que obran en el procedimiento llevó al magistrado, por primera vez en tres años de investigación, a acordar medidas cautelares contra el mayor del clan, Jordi junior, que tuvo que entregar el pasaporte, tendrá prohibido salir del territorio nacional y deberá comparecer cada semana en el juzgado o la comisaría más próximos a su domicilio.

La comisión rogatoria andorrana reveló que de 1990 a 2012 los Pujol ingresaron 47 millones de euros, 31 en metálico

Tras escuchar al padre y al hijo, De la Mata dictó un auto en el que sostiene que la argumentación del primogénito, coincidente en lo esencial con la que ofreció el expresidente de la Generalitat de Catalunya, no se sostiene en ninguna prueba. El juez reprocha a la familia, a la que considera una auténtica “organización”, que no haya aportado “elemento alguno, por mínimo que sea”, que acredite la “veracidad” de la versión de la herencia. Jordi Pujol Ferrusola aseguró desconocer en qué entidades bancarias fue depositado el legado, quién lo administró o de qué forma llegó a las cuentas de la familia en Andorra, al tiempo que ejerció su derecho a no declarar para no detallar los productos en los que estuvo invertido durante años, los rendimientos que aportó, las cantidades que desvió a su madre y sus hermanos o la identidad de los gestores que le ayudaron en esa tarea.

La versión del clan es que antes de su muerte, el 30 de septiembre de 1980, el padre del expresident, Florenci Pujol i Brugat, próspero empresario del textil catalán reconvertido en banquero, legó a su hijo mayor una herencia de en torno a 180.000 dólares que depositó, a espaldas del fisco español, en un banco andorrano.

“Mi padre dispuso como última voluntad específica que un dinero ubicado en el extranjero —diferente del comprendido en su testamento—, rendimiento de una actividad económica de la que ya se ha escrito y comentado, y que no estaba regularizado en el momento de su muerte en septiembre de 1980, fuera destinado a mis siete hijos y a mi esposa, porque él consideraba errónea y de incierto futuro mi opción por la política en lugar de seguir en el mundo de la actividad económica”, escribió el patriarca en el comunicado de confesión que emitió el 25 de julio de 2014, que conmocionó a las élites del nacionalismo catalán. El escrito atribuía el engaño a Hacienda al temor de su padre de que la democracia no se consolidara en España, al suceder a la última afirmación esta otra: “Y más aún, porque habiendo vivido de cerca la época difícil de los años 30 y 40 tenía miedo de lo que podía pasar, y más de lo que podía pasarle a un político comprometido”.  

Ni una prueba

Jordi Pujol, el sucesor del mítico president Josep Tarradellas desde 1980 y el hombre que dirigió con un poder prácticamente omnímodo el gobierno catalán hasta su retirada en 2003, confesó a la juez Beatriz Balfagón, instructora del procedimiento en los juzgados de Barcelona antes de que el caso acabara en la Audiencia Nacional, que su padre y él escogieron al exdirectivo de Banca Catalana Delfí Mateu i Sayos, fallecido en 1993, para que gestionara la herencia hasta que los siete hijos alcanzaran la mayoría de edad. Pujol sostiene que no quiso saber nada del dinero negro para que no pudiera influir negativamente en su imagen pública.

Según este relato, el dinero del abuelo Florenci habría ido a parar exclusivamente a los bolsillos del expresident, su esposa y sus herederos, ignorando por completo la posición en la familia de la hermana del político, María Pujol i Soley. “Mi hermana lo entendió perfectamente”, aseguró en su declaración ante De la Mata el antiguo jefe del Govern, quien, según fuentes presentes en los interrogatorios, resolvió con un rotundo no la pregunta de si podía aportar el certificado del Impuesto de Sucesiones que demostraría la transmisión de esa parte de la herencia.

 

La multiplicación de los fondos

Cuando todos los Pujol Ferrusola fueron mayores de edad, a principios de los 90, el patrimonio habría comenzado a ser gestionado por Jordi junior. Y fue entonces cuando, gracias a sus excelentes dotes como “dinamizador de negocios”, según fuentes de su defensa, comenzó a obrarse el milagro de los panes y los peces sobre la fortuna de los Pujol. La comisión rogatoria andorrana reveló que la familia más ilustre del nacionalismo catalán ingresó en sus posiciones en el Principado, entre los años 1990 y 2012, más de 47 millones de euros, de los que casi 31 millones se correspondieron con ingresos en metálico.

En esa documentación, que “colisiona de frente” con la versión de los Pujol, según el juez De la Mata, se detalla la existencia de una cuenta a nombre del expresident que fue abierta en 2010 en la entidad Andbank con un único ingreso de 1,8 millones de euros. El 28 de octubre de ese año el depósito quedó a cero después de que se realizara una extracción de 1,1 millones. Pujol aseguró en su declaración que nunca ha estado en un banco andorrano, tampoco acompañando a su mujer, Marta Ferrusola, pero la comisión rogatoria apunta que el político tenía firma autorizada para realizar movimientos, trámite para el que necesariamente tuvo que acudir en persona a la entidad, según fuentes de la acusación. Y a estos datos sospechosos se suma otro: los gestores del banco recibieron una segunda versión sobre el origen del dinero, que provendría, según les dijeron, de una herencia de la familia Ferrusola.

Es en este punto donde el clan aporta otra explicación que el juez De la Mata no se cree. El dinero de la cuenta que estaba a nombre del expresident pertenecía en realidad a Jordi junior pero su padre, que no había querido saber nada de él cuando supuestamente se lo legó el abuelo, se ofreció a asumir la titularidad de la cuenta para engañar a la exesposa de su hijo, Mercè Gironés, de la que se estaba separando. “No estoy orgulloso de ese engaño, pero lo hice por mi hijo”, le dijo Pujol al juez, según fuentes jurídicas.

El pelotazo mexicano

El verdadero origen de la fortuna de los Pujol, según el juez De la Mata, los fiscales Anticorrupción Belén Suárez y Fernando Bermejo y los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, a los que el expresidente de la Generalitat despachó el 11 de enero de 2013 en una entrevista en Antena 3 con un sonoro “qué coño es esto de la UDEF”, es el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos por parte de administraciones públicas catalanas.

El mayor pelotazo investigado es el que Jordi Pujol Ferrusola habría dado gracias a la constructora Isolux Corsán, de la que sus empresas fantasma cobraron casi 14 millones de euros entre los años 2006 y 2008 por poner en marcha un negocio inmobiliario en México que, según el juez De la Mata, no tenía “justificación racional comercial". Se trataba del proyecto Azul de Cortés, desarrollado en la ciudad de La Paz, en la Baja California Sur mexicana.

Acuerdo solo para las plusvalías

La empresa Iniciatives Marketing i Inversions, propiedad de Pujol Ferrusola y su exesposa, se incorporó al negocio en 2006 abonando 1,3 millones de dólares a la sociedad Juandro Consultores, que a su vez adquirió los terrenos en los que se iba a desarrollar el proyecto a cambio de un 21,5% de sus participaciones. En 2008 la empresa del intermediario catalán vendió sus derechos en la operación por 15,2 millones de euros, obteniendo un beneficio próximo a los 14 millones de euros.

Según un auto de julio pasado, el primogénito se concertó con el presidente de la compañía, Luis Delso, también investigado en el procedimiento, merced a su “relación de afinidad personal” y con el único objetivo de que “después le compraran su parte con inmensas plusvalías".

A esta misma constructora el hijo del expresident le cobró en 2007 tres facturas "supuestamente falsas" por valor de 1,2 millones de euros por conseguir que la empresa se adjudicara la construcción de la autopista Saltillo-Monterrey, con un coste total de 190 millones de euros. Esta operación es una de las pocas investigadas de las que existe un contrato, que fue fechado en el año 2007.

Además, la empresa Ibadesa Cat, vinculada a Pujol Ferrusola, supuestamente asesoró a Isolux Corsán desde el año 2000 en el proyecto de ampliación de la línea de distribución eléctrica de Gabón. Las dos empresas firmaron un contrato y la del hijo del expresident cobró cuatro facturas por valor de 652.394,83 euros entre los años 2010 y 2012 sin que conste, según el juez, “la realización de consultoría alguna” por su parte.

Delso, que declaró como imputado en noviembre de 2014, admitió los pagos y los justificó en las labores de intermediación que el mayor de los Pujol Ferrusola realizaba para que su empresa pudiera adjudicarse contratos. Sobre el negocio de Gabón indicó que actuaba como “agente comercial” y que su contratación resultó “mucho más barata” que la instalación de una oficina.

La sombra de los Sumarroca

El juez De la Mata también investiga al exvicepresidente del FC Barcelona Jaume Ferrer Graupera. Sus empresas, Trade Management Consulting y Cientific Management, pagaron 435.000 euros en 2005 a Pujol Ferrusola por conseguirle clientes para la implantación de sistemas de calidad. Pero entre ambos nunca mediaba un contrato. “Éramos amigos y nos conocíamos de toda la vida. Él me traía clientes y me cobraba una comisión", explicó el empresario al juez, que sospecha que las dos empresas se utilizaron para realizar procesos de refacturación con EMTE, vinculada a la familia Sumarroca, que a su vez se sitúa en el epicentro de la causa que un juzgado de El Vendrell (Barcelona) instruye sobre las supuestas comisiones del 3% a una fundación de Convèrgencia Democràtica de Catalunya. Además, están bajo sospecha pagos por importe de 154.048 euros facturados en 2008 y 2009 que EMTE abonó como supuestas labores de asesoramiento para la expansión de la compañía en México. El vicepresidente de la empresa, Carlos Sumarroca Claverol, explicaba en un recurso su predilección por el hijo del expresident: esa mediación le evitaba tener que contratar a “un cazatalentos”.

Otra operación bajo la lupa de los investigadores es la apertura y puesta en marcha, entre los años 2002 y 2004, de un vertedero en Tivissa (Tarragona) con el que el intermediario catalán habría ganado 4,3 millones de euros. Por este negocio son investigados el presidente de GBI Serveis, Gustavo Buesa, y su socio, Josep Mayola. Pujol Ferrusola habría invertido 700.000 euros en una empresa del primero, encargada del proyecto. Diez días antes de que la compañía se vendiera a una filial de la constructora FCC, Jordi junior vendió su participación por cinco millones de euros.

La información oficial apunta a que el expresident tenía firma en Andbank, por lo que tuvo que ir en persona

También se investiga la mediación de Pujol Ferrusola en la construcción de 220 viviendas de lujo en el puerto deportivo de Ibiza, por la que cobró comisiones de hasta 400.000 euros, y su participación en varios negocios desarrollados por la constructora Copisa, que le pagó más de 3,2 millones de euros. Su versatilidad empresarial no conocía límites: por una operación urbanística en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) cobró 394.000 euros; por la ampliación de una refinería en Cartagena (Murcia), 611.000; por la construcción de túneles en Andorra, una comisión de 150.000 euros y por la venta de dos plantas solares en Ciudad Real y Albacete, otros 139.000.

Pero la mayoría de los empresarios que participaron en estos negocios aseguraron al juez que no recuerdan la intervención del mayor de los Pujol Ferrusola en esas operaciones. El más gráfico fue el empresario Juan Luis Ripollés, que participó en un proyecto que pretendía construir en Los Merinos de Ronda (Málaga) 800 chalés y dos campos de golf. "Ese señor, juro y prometo que jamás apareció en ningún sitio", le dijo al juez.