17/9/2019
Análisis

Elogio de un apaño

El contenido del pacto suscrito por el PP y Ciudadanos puede considerarse en general razonable y templado, muy parecido al acuerdo firmado por Albert Rivera con Pedro Sánchez en febrero, pero preocupa su eficacia

El pasado domingo 28 de agosto, Mariano Rajoy y Albert Rivera se reunieron para limar las últimas divergencias existentes entre los equipos negociadores de sus respectivos partidos y ratificar el documento elaborado por estos bajo el título “150 compromisos para mejorar España”. Posteriormente, los portavoces parlamentarios del Partido Popular y de Ciudadanos —Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta— suscribieron formalmente el pacto.

Un pacto del que hay que comenzar destacando dos efectos inmediatos. Primero, asegurar 170 votos a Mariano Rajoy en su debate de investidura. Segundo, presionar al PSOE para que se abstenga en dicho debate, al contraponer de hecho el espíritu de concordia de los firmantes del pacto a la obstinada cerrazón de un Partido Socialista enrocado en la pura negación del otro. La gestación de este pacto no ha sido nada fácil, pues existen notables diferencias de enfoque y tácticas —que no estratégicas— entre los viejos conservadores representados por el Partido Popular, anclado en su posición de siempre, y la nueva derecha encarnada en Ciudadanos, más consciente de que para conservar es preciso saber ceder. El resultado, no tan distinto al anterior “Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso” suscrito por el Partido Socialista y Ciudadanos, puede dividirse en tres grandes apartados: de reformas institucionales, de medidas sociales y de medidas económicas.

Reformas institucionales

Destaca la “defensa de unidad de España y de la Soberanía Nacional así como la definición de España “como nación de ciudadanos libres e iguales”, presupuesto para impulsar “un pacto por la Unidad de España y la defensa de la Constitución en que estén presentes todas las fuerzas constitucionalistas”.

No puede pedírsele a este pacto la garantía de que se cumplirá. Su efectividad depende de la lealtad del presidente

Se reconoce la urgencia de “estudiar la necesidad de actualizar el texto constitucional” en una mesa de expertos que trabajará a partir del informe del Consejo de Estado de 2006, dirigido por Francisco Rubio Llorente, de forma que, si las conclusiones fuesen favorables, se abriría una ponencia constitucional en el Congreso. Se acuerda una reforma electoral para que el sistema pase a ser más proporcional, así como una reducción del número de senadores y la conversión del Senado en una Cámara Territorial. En el ámbito de la justicia, se pacta que 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los propios jueces y no por el Parlamento, que el fiscal general del Estado podrá ser reprochado o cesado por el Parlamento, que se endurecerán las “puertas giratorias” de la política a la justicia y que se ampliarán las incompatibilidades para los magistrados del Tribunal Constitucional. Se convienen varias leyes (de financiación autonómica e integral contra la corrupción). Y se recortan 1.000 millones de gasto en empresas públicas y diputaciones.

Medidas sociales

Además de establecer un plan social por un importe global en toda la legislatura de 28.500 millones de euros, y de adoptar el compromiso de revertir los recortes en políticas sociales, se limitan a tres los tipos de contrato laboral (indefinido, temporal y formativo), se establece un complemento salarial a los sueldos bajos y se iguala y amplía el incremento de los permisos de paternidad y maternidad. También se acuerda un plan contra la pobreza infantil, un pacto nacional contra la violencia de género y un pacto nacional por la educación (paralizando el programa de aplicación de la LOMCE). Además, se facilita la reestructuración de la deuda en trámite de desahucio, otorgando el derecho de dación en pago de la vivienda habitual.

Medidas económicas

Además del compromiso de no subir los impuestos, se acuerda “modificar los tipos impositivos del IVA cultural”; rebajar el IRPF en dos puntos —hasta dejarlo entre el 18% y el 43’5%—, una vez que España haya alcanzado el objetivo del déficit por debajo del 3%; reformar el impuesto de sociedades para acercar los tipos efectivos a los nominales; y suprimir el impuesto al sol. También se pacta un plan de lucha contra el fraude y revisar la lista de paraísos fiscales, cumplir íntegramente la amnistía fiscal, otorgar bonus a las empresas que menos despidan; conceder más ayudas y flexibilidad para autónomos y dedicar al I+D+i el 2% del PIB en 2020.

Valoración del pacto

 Más allá de su contenido, que puede considerarse en general razonable y templado (ya se ha dicho que es muy parecido al anterior pacto del PSOE con Ciudadanos) preocupa el tema de su eficacia, cuya valoración puede efectuarse desde una doble perspectiva: atendiendo a su naturaleza y atendiendo a su finalidad. Atendiendo a su naturaleza, debe partirse de la idea de que se trata de un contrato marco o, mejor aún, de un contrato normativo. Es decir, de un acuerdo de voluntades dirigido no a incidir directamente en la realidad de las cosas, sino a marcar la pauta de conducta de los sujetos implicados. Dicho en otras palabras, a señalar los objetivos a perseguir por el presidente del gobierno investido a resultas de este pacto.

Mucho más positiva es la finalidad del acuerdo que intenta acabar con la penosa etapa de inestabilidad política

En consecuencia, la efectividad del pacto dependerá, en su caso, de la lealtad política del presidente y de su gobierno, sin perjuicio de que el incumplimiento por estos de lo pactado pueda dar lugar a una moción. No puede pedírsele, por tanto, a este pacto lo que en ningún caso puede dar: la garantía absoluta de que lo pactado se llevará a la práctica, pues esto estará en la mano del ejecutivo.

Mucho más positiva es la valoración que puede hacerse de este pacto atendiendo a su finalidad, que no es otra que contribuir a hacer posible la investidura del líder del partido más votado en las últimas elecciones, rompiendo así el círculo vicioso iniciado en diciembre del pasado año. Hace ocho meses que el Gobierno español se halla en funciones, mientras los graves problemas que España tiene planteados (la estructura territorial del Estado, una deuda pública desbocada y un paro insoportable) esperan una respuesta política de calado. Por consiguiente, cualquier movimiento que —como este pacto— intente poner fin a la penosa etapa de inestabilidad política merece una valoración positiva. Pese a ello, seguro que se alzarán voces diciendo que este pacto no es más que un apaño. Quizá sea así pero, en todo caso, bendito apaño.