20/6/2019
Análisis

Un año sin oposición parlamentaria

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El aparente fracaso del primer intento de investidura por parte de Mariano Rajoy apenas altera los pronósticos sobre esta legislatura y se mantiene a la espera de que se resuelvan las incógnitas gallega y vasca. De ellas dependerá que, a principios de octubre, Rajoy pueda volver a presentarse como candidato del PP, o incluso de que su partido pueda aspirar a mantenerse en el poder. A priori, los pronósticos de las encuestas, en combinación con los resultados de junio, favorecen las aspiraciones de Rajoy. Y tampoco ofrecen incentivos para que el PSOE actúe de forma distinta a como lo ha hecho hasta ahora: manteniendo un rechazo firme a investir a Rajoy.

Las negociaciones entre el PP y Ciudadanos no le han dado la razón a aquellos que, desde las filas socialistas y aledaños, vienen apremiando a Pedro Sánchez para que deje gobernar a Rajoy a cambio de hacer valer su peso en oro. Ciudadanos, que es el único actor verdaderamente indispensable para garantizar la continuidad de Rajoy en esta legislatura, ha sudado tinta y ha tenido que hacerse respetar a fin de alcanzar un acuerdo de investidura más bien modesto (lo que no desmerece necesariamente el texto final). Difícilmente el PSOE podría haber obtenido relativamente más, dado que el valor de sus diputados es políticamente valioso pero numéricamente
—que es lo que al fin y al cabo cuenta— reemplazable.

En España, gobierno en funciones parece significar gobierno sin Parlamento o, al menos, sin oposición

En realidad, detrás de las dificultades del PSOE para aclarar su posición se encuentra el complicado papel que van a tener que desempeñar quien o quienes aspiren a ejercer de oposición en esta legislatura. Es cierto que un contexto con mucha fragmentación parlamentaria aboca necesariamente a acuerdos entre partidos y dificulta la actuación unilateral de los más fuertes. En los últimos meses, los analistas dan la bienvenida a esta apertura del juego parlamentario y evocan las experiencias de otras democracias europeas con tradición de gobiernos de coalición.

Sin embargo, sería conveniente no disparar las expectativas sobre el papel del Parlamento en la legislatura que está comenzando y su capacidad para poner al gobierno contra las cuerdas. Para alimentar una dinámica parlamentaria más ágil y dialogante no solo hace falta que los grandes partidos estén divididos y debilitados. También hacen falta unas reglas que lo permitan y votantes que premien a los partidos más predispuestos a pactar y realizar concesiones. Ni hay lo primero, ni lo segundo está nada claro. El mensaje de junio pasado que han recibido los partidos es que muchos de esos ciudadanos no están dispuestos a recompensar los esfuerzos por llegar a acuerdos, si estos implican renuncias programáticas o pactos con los adversarios. La encuesta preelectoral del CIS sugería que la fidelidad electoral era bastante alta, que había pocas transferencias entre los partidos que pactaron (PSOE y Ciudadanos) y los demás y que muchos de los votantes que cambiaron lo hicieron para quedarse en casa.

En cuanto a las reglas que organizan las relaciones entre gobierno y Parlamento, dan poco margen para el predominio de este último. Ni la Constitución ni el reglamento del Congreso ni otras normas adyacentes están pensadas para debilitar el gobierno (o a la minoría parlamentaria más fuerte) en favor de la oposición.  Y la mejor muestra de esta inercia progubernamental la estamos comprobando en estos meses de gobierno en funciones. Es muy probable que cuando se elija al próximo jefe de gobierno, España se acerque, al menos, al año de interinidad política. Con ello se convertirá en el segundo caso (según cómo se compute) más prolongado de gobierno en funciones de Europa occidental.

La oposición mayoritaria, compitiendo entre ella, puede dejar la iniciativa a la minoría gubernamental

Sin embargo, durante este tiempo nuestras instituciones representativas se habrán comportado de forma muy distintas a como lo han hecho nuestros vecinos en condiciones similares. Tomemos el caso de Bélgica en 2010, el de mayor interinaje hasta el momento en el continente. Durante ese tiempo, el Parlamento se reforzó ocupando el espacio político que el gobierno en funciones tuvo que desalojar, y los parlamentarios ganaron autonomía política, sin que eso menoscabara sustancialmente la unidad de los grupos. Durante un año y medio, el gobierno estuvo sometido al Parlamento y, en consecuencia, forzado a una negociación continua de sus decisiones, confrontado a votaciones exigentes desde la oposición.

Nada más lejos del caso español de los últimos 11 meses. Si bien es cierto que el Gobierno se ha encontrado con ciertos límites en decisiones de envergadura, en la aplicación del presupuesto y sobre todo en el papel internacional, este ha sido sobre todo un periodo de Parlamento interino, embotado, en el que la oposición apenas ha tenido margen para ejercer su voz institucional. Situaciones para hacerlo no han faltado: la dimisión del ministro Soria por los papeles de Panamá, las grabaciones del ministro de Interior, la renovación del FLA, la política europea de inmigración, etc. En todos estos casos, el escrutinio de los partidos de la oposición se ha caracterizado por la descoordinación y la competición entre ellos, a menudo reflejadas desde tertulias y platós de televisión. Todo ello sin poner en riesgo la cada vez mayor concentración de autoridad en las manos de la Vicepresidencia del Gobierno. En España, gobierno en funciones parece significar gobierno sin Parlamento, o al menos sin oposición parlamentaria.

Puede ser este un significativo anticipo de lo que nos viene en esta legislatura: partidos de una oposición mayoritaria e hiperpoblada compitiendo por ejercer un magro papel, dejando a la minoría gubernamental la iniciativa y el gobierno real de los asuntos públicos.