14/10/2019
Política

Brecha social, fractura ideológica

Aunque España no es el único lugar en el que la crisis ha dejado al descubierto una preocupante desigualdad, las cifras la colocan entre los cinco países menos equitativos de la Unión Europea

David Losa - 09/10/2015 - Número 4
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Brecha social, fractura ideológica
Un comedor de beneficencia en Girona. Samuel Aranda / The New York Times / Contacto
Apostar por un mejor diseño del modelo económico para que sea el propio funcionar de este y no el Estado el que distribuya la riqueza implica, ciertamente, aceptar que se dará cierta desigualdad. Pero pensamos que esto no es malo en sí mismo, sino, por el contrario, algo natural cuya corrección suele conllevar la disminución de las libertades y se presta a graves instrumentalizaciones políticas.” Estas palabras, extraídas del informe “Empleo Precario y Protección Social” de la Fundación Foessa (2015), forman parte de la respuesta institucional del Partido Popular a las actuaciones recomendadas por la propia entidad para atajar la desigualdad. Es solo una prueba de cómo el componente ideológico condiciona el diagnóstico y la solución en esta materia. Quizá por eso se libra una batalla entre los que tienen  fe en los avances macroeconómicos y los que, con las cifras de pobreza en la mano, recelan de la recuperación. 

Según el último informe “Situación España” del BBVA Research, realizado sobre los datos del primer semestre de 2015, España crecerá un 3,2% este año —3,3% según el Gobierno—, algo que vendría acompañado además de la recuperación laboral: “Este ritmo de expansión podría dar lugar a una creación neta de empleo en torno al millón de puestos de trabajo al final del periodo, con una tasa de paro cercana al 20% a finales de 2016”. El mismo Servicio de Estudios del Grupo BBVA achaca el crecimiento a elementos internos, como “una política fiscal más expansiva de lo inicialmente previsto”, y externos, como “los reducidos precios del petróleo, la mejora gradual de la demanda europea y, sobre todo, la política monetaria del BCE, que propicia un contexto favorable de tipo de cambio del euro y de tipos de interés”. Según uno de los responsables de este estudio, el catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia Rafael Doménech, la mejoría de nuestra economía no es circunstancial ni pasajera: “La recuperación está llegando prácticamente a todos los sectores. El ritmo de creación de empleo es similar al de los años de expansión anteriores a la crisis, pero se asienta sobre bases más sólidas que entonces. Antes se creaba empleo con un déficit exterior creciente que se terminó acumulando en una enorme deuda pública. En este momento crecemos con un superávit exterior”, afirma a AHORA. 

Dudas en aumento

El informe de BBVA Research basa su diagnóstico en el aumento de la demanda doméstica privada —“beneficiado por la mejora de la percepción de los hogares sobre la situación económica”—, la subida en las exportaciones de bienes, la recuperación de las importaciones, las tendencias positivas del mercado de trabajo, el aumento del flujo crediticio en nuevas operaciones o el cambio de tendencia en la inflación. También, eso sí, observa aspectos negativos, como la temporalidad del empleo o el déficit de las administraciones públicas, algo que pone en riesgo “la credibilidad sobre el control de las finanzas públicas y, por lo tanto, la confianza de las instituciones europeas”.

Además, esas dudas, siempre según BBVA Research, pueden aumentar “ante la cita de las elecciones generales de diciembre”. Por eso insta al Gobierno a acelerar sus planes: “Es indispensable que se aprovechen estos últimos meses de legislatura para tomar las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la meta de déficit y continuar con las reformas que hagan que el proceso de consolidación fiscal sea más virtuoso y menos doloroso”.  

El componente ideológico condiciona el diagnóstico y la solución en materia de desigualdad

Palabras como “pobreza” o “desigualdad” no aparecen en el anterior estudio, pero las cifras hablan por sí solas. Según la “Encuesta de Condiciones de Vida 2014”, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos definitivos de 2013, el 22,2% de los españoles vive por debajo del umbral de la pobreza (es decir, con ingresos inferiores a 7.961 euros anuales en hogares unipersonales o inferiores a 16.719 en aquellos formados por dos adultos y dos niños), dos puntos más que el año anterior. Peor aún es la cifra que arroja la tasa Arope, que mide el riesgo de pobreza y exclusión social combinando la renta familiar con carencias materiales básicas (alimentos, calefacción, etc.) y que alcanza en su última medición al 29,2% de la población española (algo más de 13,5 millones de personas). Además, el 16,1% de los hogares reconoce llegar a fin de mes con mucha dificultad, el 42,2% asegura no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos y un 45% manifiesta no poder permitirse unas vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. En la escala social más baja, el porcentaje de población con privación material severa ha pasado del 3,6% en 2008 al 7,1% en 2014. 



En cuanto a las estadísticas que miden la desigualdad social, las más utilizadas demuestran una notable tendencia al desequilibrio en los últimos años. Por ejemplo, el coeficiente GINI (en el que 0 es la igualdad total y 1 la desigualdad total) ha pasado de 0,315 a 0,347 (2008-2014), colocando a España entre los cinco países más desiguales de toda la UE, mientras que el llamado percentil S80/S20, que mide la riqueza del quintil de población más rico frente a la del quintil más pobre, ha aumentado durante la crisis desde el 5,7% hasta el 6,8%, situándose entre los tres más altos de la UE. Rafael Doménech culpa de la expansión de la brecha social, principalmente, al paro: “El incremento del desempleo, que se concentra en los segmentos de población con menor renta, permite explicar el 80% del aumento de la desigualdad en España durante la crisis. A diferencia de lo ocurrido en otros países, en España el 1% de la población más rica también ha visto reducido su porcentaje sobre la renta total del país. El aumento de la desigualdad no es, por tanto, consecuencia de que los que más renta tienen se hayan hecho más ricos, sino de que las personas con menor renta se han empobrecido”. 

El 22,2% de los españoles estaba bajo el umbral de la pobreza en 2013, según datos oficiales del INE

Efectivamente, si observamos la evolución de la renta por segmentos de población o clase social, el incremento de la desigualdad no parece proceder de un aumento significativo en las rentas más altas, sino de un derrumbe en las más bajas. Así, en España el 1% más rico, según The World Top Income Database, poseía en 2012 el 8,2% de las rentas del país, casi un punto menos que en 2006 (9,14%), y la caída es mayor si se añaden a ese 1% las ganancias por rentas del capital (del 12,4% en 2006 al 8,58% en 2012). Si abrimos el foco hasta el 10% más rico, la tendencia es similar: ha pasado de ostentar el 33,85% del pastel en 2006 al 31,64% en 2012. Por su parte, según el informe de la OCDE “Todos juntos, ¿por qué reducir la desigualdad nos beneficia?” (julio 2015), “los ingresos reales del 10% más pobre de la población disminuyeron un 13% al año entre 2007 y 2011”. Basta echar un vistazo a los datos proporcionados por la OCDE para entender dónde está el problema: las rentas del 10%, el 20% y el 40% más ricos sobre el total prácticamente clavan las de la media OCDE, pero en los escalafones más bajos las diferencias se agrandan: el 40% de la población más pobre tenía en 2013 un 19% del total de la renta (frente al 20,6% de media OCDE); el 20% más pobre, el 6,5% (7,7%), y el 10%, a la cola de renta, un 2,1% (2,9% en la OCDE). 

El umbral de la pobreza

Hay otros datos irrefutables para ilustrar que los estamentos sociales más bajos están peor que antes de la crisis. Como el umbral de la pobreza (ingresos anuales por debajo de los que se considera que una persona o una familia son pobres), calculado como el 60% de la renta mediana, que ha pasado de 8.876 euros en 2009 a 7.961 euros en 2014 para hogares unifamiliares. En aquellos con cuatro miembros (dos adultos y dos niños), ha descendido de 18.641 a 16.718 euros. Además, según el INE, la renta del 10% más pobre de la población española ha disminuido un 22% (1.461€) desde 2009, el descenso más pronunciado, con diferencia, de todos los deciles de renta. 

En cuanto a las causas de ese empobrecimiento, es necesario echar un vistazo a los datos más crudos del desempleo, como el de parados de larga duración (más de una año buscando empleo), que ya representa el 61,4% del total (más de 3,2 millones de personas) o el porcentaje de hogares con todos los activos en paro, 9,6% en 2014, casi el doble (4,9%) que en 2009. Además, según Eurostat, el porcentaje de población con baja intensidad laboral es de 17,1%, el triple que en los inicios de la crisis. Por último, es importante destacar otro parámetro preocupante, el de las personas que, pese a tener un trabajo, merecen por su renta el calificativo de pobres y que en 2014 representaba el 12,5% del total, dejando por detrás únicamente a países como Grecia (13,4%) o Rumanía (18%, 2013), y muy por encima de la media de la zona Euro (8,7% en 2013), pese a que la tendencia afecta también de forma notable a países como Francia o Alemania.  

“Hay que mirar los datos de la EPA con detenimiento para ver que lo que está sucediendo es que se están repartiendo las horas de trabajo, que en realidad no han crecido o lo han hecho débilmente. Han aumentado los contratos, pero de perfil precario, con salarios bajos, con pocas horas de trabajo, inestables. La explotación laboral ha aumentado de forma notoria”, explica el historiador y economista Carles Manera, autor de La extensión de la desigualdad. Austeridad y estancamiento (Catarata, 2015). Manera, que fue conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Gobierno de Baleares (2007-2011), piensa que la precarización del empleo forma parte de una estrategia política global: “Estamos en una crisis sistémica del capitalismo, donde no hay nuevos nichos de inversión productiva en los que se puedan obtener beneficios a corto y medio plazo, por lo que el capital se está colocando en activos financieros muy volubles. Para salir adelante, el sistema, con el brazo ejecutor de los gobiernos, utiliza instrumentos como la rebaja de los salarios para controlar los costes de producción”.

Miles de niños vivirán toda su infancia en la pobreza, lo que marca sus posibilidades de ascenso social

Antes de continuar con el análisis de la desigualdad es necesario aclarar algo respecto a los más ricos de nuestro país. Hasta ahora hemos hablado de rentas, no de patrimonio, elemento decisivo en la composición social. Según el último “Informe Anual sobre la Riqueza en el Mundo” elaborado por la consultora Capgemini y el Royal Bank of Canada (RBC), el número de individuos con grandes patrimonios (por valor de al menos un millón de dólares, sin contar primera vivienda y bienes consumibles) se ha incrementado en España un 40% entre los años 2008 y 2014, pasando de 128.000 a 178.000. Por eso, según los datos de la Global Wealth Database (Credit Suisse), el 1% de la población española tendría el 27% de la riqueza total del país, mientras que el 30% más pobre solo aglutinaría un 2,3% . 

La herida social da vértigo, pero ¿cómo se ha generado? “La brecha más grande comenzó a generarse a principios de los años 80. Ahí es cuando, en todo el mundo, la parte mayor de la renta pasa a manos de un porcentaje reducido de población, coincidiendo con la desregulación de la actividad económica neoliberal, al amparo de los dictados de la Escuela de Chicago”, expone Carles Manera. Sin embargo, aclara que el caso español es algo diferente al de otros países occidentales: “Aquí los años 80 coinciden con un avance de la economía pública, hasta entonces muy limitada, lo que provoca en primera instancia un giro igualitario. Luego, a finales de los 90 y principios de los 2000 se genera una actividad económica muy especulativa, con muchos beneficios en muy poco tiempo, al mismo tiempo que se extienden las prácticas de corrupción, lo que a la larga repercute en el aumento de la desigualdad social”. 

La atomización del tejido productivo es una barrera para avanzar a un futuro socialmente más justo

El fin de las alegrías especulativas de la burbuja inmobiliaria dejó a España al borde del abismo y puso a prueba su fortaleza socioeconómica. Lastrado sobre todo por su dependencia del ladrillo, el mercado de trabajo se desmoronó como un castillo de naipes desde 2008, llevando la tasa de paro por encima del 27% (más de seis millones de parados; primer trimestre de 2013). Desde entonces, con altibajos, el paro ha ido descendiendo hasta el 22,37% actual (EPA, julio 2015), coincidiendo con el fin de la recesión económica y el comienzo del crecimiento, tal como predecía el Gobierno. “Al dato del PIB hay que hacerle una autopsia —advierte Carles Manera—. Se está apostando por una actividad intensiva en trabajo y muy poco en capital, lo que está generando crecimiento, pero con una demanda interna muy débil. Además, los datos socioeconómicos que publican entidades no bancarias ni gubernamentales indican que están aumentando la precariedad y la pobreza, lo que redunda en la demanda agregada e impide que el consumo repunte con más fuerza.”  

Sobre cómo están afectando la educación y la actividad laboral en el terreno de la pobreza y la desigualdad ponen el foco muchos expertos, como el sociólogo Ildefonso Marqués, de la Universidad de Sevilla, autor del libro La movilidad social en España (Catarata, 2015): “Arrastramos muchos trabajadores sin cualificar, fundamentalmente por la importancia en nuestra economía de sectores como el turismo y la construcción. Tenemos una clase profesional y directiva muy pequeña, del 22%, frente al 30-40% de otros países desarrollados, y una gran burguesía de pequeños empresarios y autónomos, en muchas ocasiones personas que no pueden conseguir un empleo y se montan un chiringuito para tirar para adelante, aunque sea malviviendo”.

Rafael Doménech coincide en que el actual tejido productivo es una de las principales barreras hacia un futuro socialmente más justo, aunque pone el foco en la iniciativa privada: “El principal problema está en la inversión en I+D privada, que depende del tamaño de las empresas. Lo mismo ocurre con la internacionalización y la inversión en capital humano. Nuestro tejido productivo está muy atomizado, dominado por muchas microempresas. Tenemos pocas empresas medianas y grandes, que son las que más invierten en I+D y en capital humano. Esas sinergias habrían incentivado, por ejemplo, un mayor capital humano y un menor fracaso escolar”.

Organismos supranacionales como la OCDE o el FMI han alertado durante 2015, con extensos informes, sobre el lastre económico —más allá de cuestiones morales— que supone el incremento de la desigualdad. En ambos casos se constata que a mayor brecha, menor es el crecimiento, y que si la desigualdad se reduce aumenta la renta del conjunto. Así, la OCDE calcula que por cada punto del coeficiente Gini que se reduce la desigualdad, la economía se acelera un 0,8% en los cinco años siguientes. Y advierte sobre la importancia de mejorar las condiciones de trabajo: “La creciente proporción de personas que trabajan a tiempo parcial, con contrato temporal o que son autoempleadas es un factor importante del incremento constante de la desigualdad.

Entre 1995 y 2013, más del 50% de los empleos creados en los países de la OCDE se ubicaron en estas categorías”. También alerta sobre las desigualdades en cuestiones de género: “El aumento del número de mujeres que trabajan ha ayudado a contener la desigualdad, pese a que es un 16% menos probable que su trabajo sea remunerado y su ingreso es alrededor de un 15% menor que el de los hombres”. Por su parte, según los cálculos del FMI en “Causas y consecuencias de la desigualdad de ingresos: una perspectiva global”, “si la cuota de ingresos del 20% más rico aumenta un 1%, el crecimiento del PIB se reduce un 0,38% en los siguientes cinco años, ya que los beneficios no se reparten en cascada al resto de los estratos”. Por el contrario, “un incremento en la cuota de ingresos del 20% más pobre está asociado con un incremento del PIB”. 

En la base del problema de la desigualdad están otros aspectos como el gasto social, la estabiliad presupuestaria o la redistribución de la renta, asuntos en los que entra de lleno la postura ideológica. Por ejemplo, aunque no siempre es fácil cuantificar a corto plazo la incidencia de las políticas de austeridad sobre las clases más bajas, es lógico que el recorte de hasta un 21% en el gasto per cápita en partidas básicas como Sanidad o Educación entre 2009 y 2013 (IVIE-Fundación BBVA) haya tenido y tenga consecuencias en el futuro. Algunas más tangibles e inmediatas, como el repunte de las enfermedades mentales o de los suicidios (de 2.485 en 2010 a 3.870 en 2103; INE), cifras a su vez conectadas con la falta de empleo o con el aumento de las ejecuciones hipotecarias sobre primeras viviendas. 

La creciente proporción de trabajo parcial, temporal y de autoempleo es un factor de desigualdad

Con todo, el mayor problema que se está generando, para Ildefonso Marqués, es el de la pobreza infantil: “Si la crisis se prolonga, y ya se ha prolongado bastante, miles de chavales van a vivir toda su infancia en la pobreza. Eso va a marcar profundamente sus posibilidades de ascenso social. Va a determinar sus estudios y su relación con los demás. Cognitivamente los niños pobres no suelen tener un ambiente propicio para la estimulación intelectual, y esas carencias suelen ser para toda la vida. Revertir esa situación es enormemente caro”.  Según la última “Encuesta de Condiciones de Vida” del INE, el 26,7% de los menores de 16 años españoles está en riesgo de pobreza. 

Pese a todo, Rafael Doménech, de BBVA Research, cree que dadas las circunstancias se han mantenido dignamente las trazas del llamado Estado del bienestar: “A pesar de una crisis tan intensa, se han preservado bastante bien nuestros servicios públicos y el esfuerzo fiscal se ha reorientado hacia el gasto social, evitando un aumento mayor de la desigualdad”. Doménech añade sus claves para que el gasto social sea capaz de acabar con las bolsas de pobreza: “Estas políticas deben guiarse por dos principios básicos. El primero es que deben limitarse a colectivos específicos que verdaderamente las necesiten. Deben estar sujetas a un estrecho control para evitar fraudes. Y segundo, aunque permanentes a nivel social, las prestaciones deben ser temporales en el plano individual y actuar conjuntamente con otras políticas activas (de empleo y formación) para sacar a sus beneficiarios de la situación de riesgo de exclusión social, lo que exige la condicionalidad de las prestaciones y una evaluación continua y rigurosa de su efectividad”.

Cuando la política fiscal entra en juego como instrumento para redistribuir la riqueza, de nuevo surgen discrepancias. Así, para Carles Manera “rebajar los impuestos indirectos e incrementar los directos a las rentas más altas es un paso crucial”. Doménech, en cambio, opina que “España ya tiene uno de los sistemas más progresivos de Europa”. El sociólogo Ildefonso Marqués, para terminar, pone el acento sobre un aspecto más cultural, pero no menos inquietante: “A los españoles no nos gusta pagar impuestos, quieren que seamos emprendedores y empresarios de nosotros mismos, pero aquí prácticamente solo pagan los asalariados. Así es absurdo hablar de redistribución. Primero tendríamos que preguntarnos ¿queremos pagar impuestos? Si la respuesta es ‘no’ habría que reconfigurar el Estado de bienestar y dar lo poco que tengamos a los más pobres”. Quizás, como expone el sociólogo francés François Dubet en su último libro, ¿Por qué preferimos la desigualdad? (Siglo XXI, 2015), detrás del aumento de la fractura social esté un debilitamiento de los lazos de solidaridad colectivos.