18/7/2019
Política

Cómo abordar la despolitización de la justicia

Los expertos dicen que la clave es acabar con el uso partidista de los órganos judiciales

Juan Luis Gallego - 04/03/2016 - Número 24
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Cómo abordar la despolitización de la justicia
Sánchez y Rivera cuando presentaron el acuerdo. BARRENECHEA / EFE
La búsqueda en Google de la expresión “despolitización de la justicia” arroja casi 30.000 resultados y aparece en palabras de políticos de todas las ideologías, asociaciones judiciales, movimientos ciudadanos o análisis periodísticos. Una denuncia recurrente pero de difícil concreción, aunque suele ilustrarse, por ejemplo, con la capacidad de predecir el voto de los magistrados según el partido político que le haya aupado al cargo. Ejemplos no faltan.

El reciente acuerdo PSOE-Ciudadanos sitúa la despolitización de la justicia como uno de sus grandes ejes; de hecho, fue incluida con ese enunciado por Albert Rivera en la reforma exprés de la Constitución que exigió como condición previa a la firma del acuerdo. Al final, en los 67 folios del pacto se dedican a tan ambicioso objetivo apenas tres párrafos, que han pasado desapercibidos, enterrados por las urgencias de la actualidad y las informaciones de grueso trazo en torno a las negociaciones para formar Gobierno. La trascendencia de alguno de ellos, sin embargo, es objetivamente incuestionable, por cuanto supone un cambio significativo y sin precedentes en el sistema de elección de los miembros de instituciones judiciales clave. Y ese, según los expertos consultados por AHORA, es un paso ineludible para avanzar en esa despolitización.

El pacto de PSOE y Ciudadanos incluye medidas encaminadas a garantizar la independencia judicial

De hecho, los sucesivos intentos por despolitizar la justicia que se han sucedido en los últimos años se han traducido, en la práctica, en propuestas para modificar los mecanismos de elección de los miembros del Tribunal Constitucional por un lado y, por otro, de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a quienes corresponde, a su vez, la elección de los magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de sala y de tribunales superiores de Justicia autonómicos, entre otros.

De ahí para abajo no parece haber problemas. “Los jueces y tribunales tienen garantía de independencia para ejercer su función conforme al derecho y no a las mayorías políticas de turno”, dice  Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y exvocal del CGPJ. “El 85% de los jueces no están politizados, ni siquiera tienen que ver con intereses asociativos —dice Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo y exparlamentario europeo de UPyD—. El problema está en una franja, en esa élite judicial que el CGPJ tiene potestad de nombrar discrecionalmente.”

Hasta 1985, los miembros del CGPJ eran elegidos por las asociaciones judiciales. Para evitar el corporativismo que el sistema implicaba, en un momento, además, en el que gran parte de la carrera judicial provenía aún de la Dictadura, el gobierno de Felipe González decidió cambiar el modelo para que fuera el Parlamento el encargado de esa designación. Desde entonces, el mecanismo ha sufrido leves variaciones, pero lo cierto es que, en la práctica, los partidos se las han apañado para trasladar al Consejo las sucesivas mayorías del Parlamento, nombrando a dedo vocales afines que, además, suelen en muchos casos actuar como tales, es decir, haciendo lo que de ellos se espera. Y lo mismo ocurre en el Tribunal Constitucional.

Podrá aspirar cualquiera

Entre las medidas que el pacto PSOE-Ciudadanos contempla para acabar con esta situación, el propio Pedro Sánchez solo explicó una: la reducción del número de vocales del CGPJ de 20 a 10 miembros. Más barato, más manejable, pero no por ello menos politizado. Pero el acuerdo incluye otro aspecto que no se ha explicado, y que lo han hecho a este semanario Meritxell Batet, del PSOE, y Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, ambos partícipes en las negociaciones: la convocatoria pública de las vacantes a cubrir, en el CGPJ, en el Constitucional y en otros organismos como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Seguridad Nuclear o la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Es decir, puede presentarse a vocal del CGPJ o magistrado del Constitucional cualquiera que cumpla los requisitos exigidos para el puesto, sin avales ni apadrinamientos. Y, además, todas las candidaturas serán evaluadas por un comité asesor de profesionales en cuya composición la suerte tendrá un papel fundamental: cada uno de los cinco grupos más importantes en el Parlamento propondrá 10 nombres, 50 en total, de los que se extraerán los componentes del comité por insaculación, es decir, mezclándolos en una bolsa y extrayéndolos por azar. La terna de candidatos que para cada vacante elabore ese comité, ordenada por preferencia, será enviada al Parlamento, que, tras oír a los candidatos en comparecencia, tendrá la última palabra. “Es imposible con este sistema que los partidos políticos consigan que salga el candidato que ellos quieran”, afirma Batet, y explica que la propuesta iba en el programa electoral del PSOE y es fruto de varios meses de trabajo.

Todos los consultados coinciden en un matiz: lo que ha pervertido el sistema no es la politización, entendida esta como la legítima intervención del Parlamento y, por tanto, de los representantes del pueblo, en su ordenación, sino la “partidización”; o, en palabras de Juan Pedro Yllanes, juez y ahora diputado de Podemos, “cómo los partidos han manejado los mecanismos de designación para velar por sus propios intereses y tener controlado políticamente al CGPJ, que es el que tiene la misión de velar por la independencia del poder judicial en su función de control del poder ejecutivo”.

Podemos, que critica que la reducción a la mitad del número de vocales del CGPJ se pueda entender como despolitización de la justicia, es partidario, según Yllanes, de arbitrar mecanismos, de momento sin concretar, que permitan la participación de los ciudadanos en la elección de los miembros de este órgano. Defienden, también, en el caso del Tribunal Constitucional, la implantación de lo que llaman “cláusula de rechazo”, que permita descartar a un candidato que desagrade a la ciudadanía. 

Sosa Wager, que ultima en estos momentos un libro en el que aborda, entre otros aspectos, la independencia de los jueces, cree que la fórmula para caminar hacia eso que se ha dado en llamar despolitización de la justicia pasa por garantizar que el ascenso a cualquier puesto de la carrera judicial, también a los de esa “franja” controlada por el CGPJ, sea por estrictos criterios de “mérito y capacidad”, de acuerdo con baremos como los que operan en otros campos de la función pública. “Quitando al Consejo la competencia de nombrar cargos de forma discrecional desaparecería el interés por controlarlo políticamente”, afirma.

El acuerdo recoge la libre convocatoria para que los aspirantes no necesiten estar apadrinados por nadie

El exeuroparlamentario añade otra crítica: la posibilidad, que califica de “diabólica”, que tienen los jueces de utilizar la “puerta giratoria” que les permite pasar de administrar justicia a participar en política, y viceversa, sin ninguna limitación. PSOE y Ciudadanos están de acuerdo y, de hecho, el pacto incluye que no podrán acudir a esas convocatorias públicas para cubrir las vacantes de los órganos judiciales “quienes en los últimos dos años hayan sido cargos electos, miembros del gobierno, de gobiernos autonómicos o altos cargos de las administraciones públicas”.

El acuerdo incluso añade un último aspecto referido al fiscal general del Estado. Su nombramiento seguirá siendo potestad del Gobierno —a diferencia de otros órganos del Poder Judicial, no es un órgano independiente y, de hecho, su Estatuto faculta al Gobierno a “interesar” de él actuaciones en defensa del interés público—, pero la persona elegida tendrá que comparecer previamente ante el Parlamento, que podrá rechazar su nombramiento, “de forma razonada”, por una mayoría de tres quintos.