23/5/2019
Economía

El coste de la corrupción en el mundo

El Fondo Monetario Internacional estima que esta lacra detrae cada año entre 1,5 y 2 billones de dólares de la riqueza global, casi dos veces el PIB español

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En México, cada vez que cambia el presidente de la república 60.000 funcionarios son remplazados. En Dinamarca, el primer ministro puede cambiar solo a 20. En Angola, donde el producto interior bruto (PIB) ha crecido a tasas superiores al 20% en los últimos años gracias al boom del petróleo, un 43% de su población sigue viviendo con menos de 1,25 dólares al día. Hay 1.200 millones de niños en 68 países en vías de desarrollo cuyo acceso a la educación, el agua o la sanidad depende de un buen gobierno y los suyos, en su mayoría, son corruptos. En España, se cuentan ya 121 casos de corrupción que han supuesto el desvío de miles de millones de euros de las arcas públicas. La ocultación de dinero en paraísos fiscales ha obligado al primer ministro de Finlandia y a un ministro del Gobierno español a dimitir. En Estados Unidos, el coste de conseguir un escaño en el Congreso se ha incrementado en un 555% entre 1984 y 2013, casi de forma proporcional a la caída de la confianza de los estadounidenses en sus gobernantes (un 73% confiaba en su gobierno en los años 60; en 2014 solo lo hacía un 19%). Son algunos datos incluidos en el informe sobre corrupción elaborado por el profesor Bo Rothstein, cofundador de la Escuela Blavatnik sobre la Calidad del Gobierno de la Universidad de Oxford y una autoridad en la materia, y del Banco Mundial.


Una lacra generalizada

Puede adquirir distintas formas, descaradas y conocidas o sofisticadas y elusivas, pero la corrupción es un mal generalizado que afecta a todas las economías —más o menos avanzadas— y sistemas —más o menos democráticos—. Según cálculos de un informe elaborado en 2015 por el Fondo Monetario Internacional, esta mala práctica detrae entre 1,5 y 2 billones de dólares al año de la riqueza mundial. Es decir, casi dos veces el PIB de España o cerca del 3% del total de bienes y servicios producidos en todo el mundo. Una cifra que no incorpora, por la dificultad de estimar su impacto, los daños colaterales de la misma en el desarrollo,
En EE.UU. el coste de conseguir un escaño en el Congreso se ha incrementado en un 555% entre 1984 y 2013
bienestar y oportunidades de futuro de los ciudadanos de los países afectados. Transparencia Internacional, organización que lleva desde hace años elaborando índices sobre la percepción de la corrupción en las distintas regiones del mundo, destaca en su último informe de 2015 que el 68% de los 167 países a los que hace seguimiento tiene un alto índice de corrupción (con una nota inferior a 50 puntos, en una escala de entre 1 y 100 puntos en la que 100 significa ausencia de corrupción). España, con 58 puntos (detrás, por ejemplo, de Eslovenia, Botsuana o Chipre), está entre los países que más han empeorado en las estadísticas desde 2012, junto con Brasil, Turquía y Libia, unos dudosos compañeros de viaje.

Tras la Gran Recesión, con unas perspectivas de crecimiento y de creación de empleo débiles en casi todas las regiones del mundo y la brecha de la desigualdad cada vez más grande, la revelación incesante de casos de corrupción, indiscriminada ideológica y geográficamente, en las agendas de las reuniones del G-20 o del FMI u otras cumbres internacionales sobre el desarrollo y las oportunidades perdidas ha desatado la alarma social y reducido a cero la tolerancia frente a los mismos. La labor de las redes sociales para difundir los casos y la actividad de los llamados whistle blowers o denunciantes desde dentro de las organizaciones han jugado y juegan un papel clave. Las encuestas reflejan que la corrupción es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y tiene contestación en las calles, ya sea en Sao Paulo, Johannesburgo, Estambul, Madrid o Kiev. La publicación reciente de los papeles de Panamá, que pone nombres y apellidos al uso de sofisticadas redes internacionales para ocultar esas cantidades ingentes de dinero robado a los contribuyentes, ha sido la gota (o el chaparrón) que ha colmado el vaso y precipitado una respuesta política. Hace tres semanas en Londres se celebró por primera vez una cumbre internacional anticorrupción a la que asistieron 42 países, incluidos algunos con escasa querencia a la transparencia como Rusia o algunos reinos de Oriente Medio.

Punto de inflexión

“Los papeles de Panamá han marcado un antes y un después en la lucha contra la corrupción”, asegura a AHORA Casey Kelso, que asistió a la citada cumbre en nombre de Transparencia Internacional, de la que es uno de los directores. Quizá por el afán de David Cameron de sobreponerse al escándalo surgido a raíz del vínculo de su padre con una compañía fantasma establecida en un paraíso fiscal, el primer ministro británico fue, según Kelso, uno de los grandes impulsores de la agenda. “Que haya una cumbre monotemática sobre la lucha contra la corrupción ya es un gran logro. Además, se han sentado con nosotros y otros representantes de la sociedad civil para discutir las medidas. Hay un cambio de actitud y una voluntad nueva.” ¿Qué compromisos concretos se han obtenido? “Catorce países, con Reino Unido a la cabeza, se han comprometido a desvelar los nombres de los dueños finales de las compañías y a publicar quiénes están detrás de la asignación de cualquier contrato público.” Reino Unido, Italia, Jordania, Kenia, Francia o Afganistán son algunos de los países que han firmado este acuerdo. ¿Y España? “España no. Solo se comprometió a tomar medidas para mejorar la transparencia, pero sin concretar nada.” Kelso aplaude la creación de un Centro para la Colaboración sobre Investigaciones Criminales que coordine la acción de los agentes de distintos países que investigan este fraude. Pero se muestra escéptico sobre el alcance de estos acuerdos, ya que ninguno de los países que refugian el dinero procedente de la corrupción asistió. “Las islas Vírgenes Británicas declinaron la invitación y Panamá se excusó diciendo que no había sido invitado.”

Tributo al progreso

El FMI define la corrupción como un “impuesto al crecimiento” que ataca a la economía por distintos frentes: las perversas relaciones entre el poder y la banca pueden desembocar en crisis financieras, como el rescate a las cajas en España (más de 60.000 millones de euros) o a los bancos en Estados Unidos, cuyo coste acaban asumiendo los contribuyentes; supone una ineficiente asignación de los recursos públicos al darse los contratos por razones ajenas a la eficiencia; perjudica al capital humano al desviar recursos que se podían invertir en educación y sanidad; deteriora la productividad en el largo plazo pues se invierte menos de lo que se podría en investigación y desarrollo, y, finalmente, la desconfianza en el gobierno puede generar inestabilidad política, como está sucediendo en el caso de Brasil, o incluso desembocar en un conflicto civil como el que está viviendo Venezuela.

La corrupción afecta también a los ingresos, señala el FMI. Las exenciones fiscales, que se perciben a menudo como la contrapartida al pago de un soborno, o las amnistías fiscales son instrumentos que ponen en cuestión la igualdad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, deterioran la confianza en el Estado, desincentivan al contribuyente a pagar, desaniman a los pequeños empresarios a salir de la economía sumergida o incluso impulsan a otros a entrar en la misma.

Escandaloso y legal

Daniel Kaufmann, presidente del Instituto para la Gobernanza de los Recursos, cuyos cálculos han servido de base para el informe del FMI, y una autoridad en temas de corrupción por su experiencia en países ricos en recursos naturales, señala a AHORA que el impacto en el desarrollo de un país que logra reducir a mínimos la corrupción es muy significativo. Según este experto, la renta per cápita puede aumentar un 20% anualmente hasta llegar al 300% en el largo plazo (15 años), lo que significa una importante redistribución de la riqueza nacional. Corea del Sur o Singapur en Asia, Botsuana en África, Chile en Latinoamérica o algunos países exsocialistas de Europa como Estonia y Eslovenia son buenos ejemplos.

España, junto con Brasil, Turquía y Libia es uno de los países que más ha empeorado desde el año 2012

Para este economista chileno la cumbre anticorrupción de Londres abre una nueva etapa en la lucha contra esta lacra: “Supone el principio de un importante proceso que puede inspirar a muchos. Pero hay mucho que hacer en términos de compromisos concretos, tanto en la lucha contra la corrupción en general como en las industrias extractivas en concreto. Una vigilancia rigurosa, el seguimiento y la implementación de los acuerdos que se alcancen son las principales retos”, señala Kaufmann. Cree que las organizaciones multilaterales, el FMI y el Banco Mundial, tienen que ser más ambiciosas a la hora de controlar esta práctica. “Los gobiernos que no cumplan con los principios de buen gobierno y transparencia no deben recibir préstamos del Banco Mundial porque estos se pierden o se destinan a cosas peores”, dice tajante. Y celebra: “La lucha contra la corrupción forma parte ahora del trabajo del FMI, ha sido incluida en el seguimiento de países concretos como el caso reciente de Ucrania, y el buen gobierno y la transparencia van a ser incluidos en los informes que el Fondo hace de cada país”.

La fuente por ahora anónima que filtró los 11,5 millones de documentos sobre los papeles de Panamá declara haber actuado para poner freno a una injusticia que se comete a gran escala y combatir la desigualdad “que es el fenómeno que define nuestra época”. En una carta publicada en el diario británico The Guardian explica: “La narrativa en los medios de comunicación hasta ahora se ha centrado en el escándalo y en lo que es legal o no. Y lo que yo quiero que se sepa es que lo legal es escandaloso y tiene que cambiar”.