15/12/2019
Política

El independentismo se empieza a resquebrajar

Afloran diferencias entre Convergència y Esquerra por la alcaldía de Girona, el BCN World en Tarragona o la duración del supuesto proceso de desconexión

Francesc Arroyo - 18/03/2016 - Número 26
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El independentismo se empieza a resquebrajar
El president, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras, en la Generalitat. JOSEP LAGO /AFP / GETTY
Hay hechos que muestran que Esquerra y Convergència no se llevan tan bien como antes. Las diferencias entre ambos afloran, aunque se mantienen aún todo lo juntos que facilita ocupar un Gobierno que da cargos a unos y a otros. Y sin embargo…

En Girona, Albert Batalla, alcalde nombrado a dedo por Carles Puigdemont, ha dimitido y Convergència ha optado por un pacto con el PSC ante la imposibilidad de acuerdo con Esquerra. Antes, Batalla lo intentó con Ciudadanos y PP. Los primeros dieron marcha atrás tras una llamada de la dirección nacional. Batalla ocupaba el puesto número 19 en la lista de CiU. Como no era ni concejal, CDC impuso la dimisión de los ocho anteriores en la lista para que pudiera entrar en el consistorio y ser alcalde. Su primera decisión fue subirse el sueldo. La última, después de dimitir, acusar a ERC de querer liquidar a Convergència. La nueva alcaldesa es Marta Madrenas, tercera en la lista. Procede del sector inmobiliario.

Mas dijo que se iba a cambio de que la CUP votara con Junts pel Sí, pero no ha sido así en las cuestiones sociales

En Tarragona, el proyecto lúdico BCN World está encallado y con divergencias serias que colocan a favor a CDC y PSC, más los dirigentes económicos y políticos locales, y en contra a la dirección de Esquerra y toda la CUP. Puigdemont buscó desencallar el proyecto sugiriendo un referéndum. Ni en eso se ponen de acuerdo: unos pretenden que solo voten los que viven en el territorio y otros que toda Cataluña. Romeva dijo en su día que el proyecto se paralizaba “a todos los efectos”. En CDC, en cambio, se afirma que está en fase de revisión.

En Tortosa hay un monumento franquista cuya desaparición ha votado el Parlament. Ganó la supresión (que no vincula al consistorio) con el voto dividido de Junts pel Sí. Convergència votó contra la eliminación, entre ellos Puigdemont y la consejera Neus Munté; Esquerra se abstuvo, incluidos Oriol Junqueras y Marta Rovira; los independientes de la lista también se dividieron: Carme Forcadell y Lluis Llach votaron a favor de suprimirlo, Germà Bel y Antoni Comín (los dos ex-PSC) se abstuvieron. La abstención de Bel se comprende porque es oriundo de las Tierras del Ebro, pero su gesto se produjo en paralelo a otro desplante: amenazó con dimitir como presidente de la Comisión de Medio Ambiente por las injerencias de las direcciones de ERC y CDC en la acción parlamentaria.

¿Solo por eso? Bel aspiraba a algo más. Su trayectoria como catedrático de Economía y especialista en estructuras del transporte hicieron que entrara en las quinielas como hombre fuerte de Economía o consejero de Territorio. En el primer caso, Junqueras se inclinó por gente con carnet de Esquerra; en el segundo, CDC no quiso entregar la consejería que más dinero mueve a una persona ajena al partido y optó por Josep Rull, miembro de la dirección de CDC. Y es que el dinero es cosa seria.

Artur Mas aseguró que se iba a cambio de que la CUP votara de forma sistemática con Junts pel Sí para que hubiera estabilidad. No ha sido así. En el último pleno sobre las situaciones de emergencia social 10 de las 40 propuestas contaron con el voto a favor de la CUP, pese a que Junts pel Sí las rechazó.

Las derrotas del Govern

Entre las votaciones que ha perdido el Govern hay una especialmente relevante: la propuesta de revertir la privatización de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), empresa que gestiona la distribución de agua al por mayor en Barcelona y su entorno. En este caso, Convergència solo ha cosechado derrotas. El gobierno de Mas adjudicó la obra a Acciona y los tribunales anularon la decisión. Recurrió sin éxito. Ahora la Oficina Antifraude ha detectado irregularidades en la gestión. Sospecha que se ha producido el desvío de 13,3 millones de euros, falsedad mercantil y administración desleal. Ha pedido a la fiscalía que investigue. Convergència lleva tan mal el asunto que todo lo que se le ha ocurrido es decir que la decisión del Parlamento es “chavista”. La propuesta no fue de Podemos, a quien se acostumbra a endilgar este sambenito, sino del PSC.

La oposición llegó al último pleno dispuesta a hurgar en las divergencias en Junts pel Sí. Planteó una votación contra la reforma laboral aprobada por el PP con el apoyo de CiU. Éxito al completo. Convergència se quedó sola. Hasta Esquerra se alineó con la oposición. Por supuesto, también la CUP.

Y no acaban ahí las diferencias. La duración del proceso que debería llevar a la proclamación de la independencia también ha resultado una manzana de la discordia. Primero fue Puigdemont quien insinuó que los 18 meses comprometidos a lo mejor eran unos cuantos más. Esquerra y la CUP mostraron su irritación y el president rectificó. Entonces fue Mas quien salió al quite asegurando que pretender que todo se hiciera en 18 meses era una quimera. Neus Munté, consejera y persona de su confianza en el gobierno, abundó en ello: qué más da 16 meses que 18 o que 20. Y el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell añadió que poner una fecha límite es un grave error.

CDC no sabe si es de izquierdas o derechas, si deben dimitir los imputados o si les tiene que pagar la fianza

Pero las discrepancias no se producen solo entre unos independentistas y otros. Dentro de Convergència no se sabe bien si la cosa está que arde o que se apaga. Su portavoz, Marta Pascal, dice que el partido solo tiene un objetivo: el estado propio independiente. Pero el que fuera hasta hace unos días secretario de organización y hoy consejero de Territorio, Josep Rull, asegura que en el partido caben también los que no son independentistas y votarían que no en un hipotético referéndum. Referéndum que han vuelto a poner sobre la mesa (Puigdemont se lo recordó el martes a Pedro Sánchez) pese a que hace cuatro días aseguraban que ya estaba superado. Apuntándose a una modernidad más formal que real utilizaban la expresión “ya hemos pasado pantalla”, en lugar de “ya hemos pasado página”, quizás porque creen que el libro es algo obsoleto.

CDC, el partido que basó en lo identitario su razón de ser, tiene hoy problemas de identidad. El consejero de Cultura, Santi Vila, ha reconocido que a veces parece una mala copia de ERC. No sabe si es de izquierdas o de derechas, si deben dimitir los investigados por corrupción o si hay que pagarles la fianza, como a su actual tesorero. Por no saber no sabe ni cómo debe llamarse. Para orientarse han optado por preguntar a los militantes y simpatizantes a los que han sometido a una encuesta con 80 preguntas. Y podían ser 81, porque hay una que no se hace: si el partido tiene que ser o no independentista.

Cambiar de nombre

El resultado de las 500 primeras respuestas es que CDC es un partido situado a la derecha. Los consultados tenían que ubicarse entre el 0 (derecha) y el 10 (izquierda). La media da un 4,9: no llega al centro. El 28% se dice socialdemócrata; el 14%, liberal y la mitad, más o menos, que es un partido de confluencia. La mayoría quiere primarias, limitar a dos los mandatos de los cargos electos y que la religión no se mezcle con la vida política. Eso sí, el 89% se inclina por seguir subvencionando a los colegios. Los católicos, porque no se pregunta por hipotéticas escuelas de otras confesiones. ¿Respecto al nombre? Solo el 25,7% se inclina por mantener el actual. ¡A saber por qué!