3/8/2020
Política

ERC mantiene a un investigado por el 3% para Convergència

Rosell fue detenido por el caso de las presuntas comisiones, pero sigue en la empresa Infraestructures cobrando 139.000 euros

Francesc Arroyo - 26/02/2016 - Número 23
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Josep Antoni Rosell se ha hecho con un currículo bastante considerable, quizás por eso tiene un sueldo que supera los 139.000 euros anuales. Un sueldo público, como le ha ocurrido a lo largo de casi toda su vida laboral. Cuando no ha cobrado del erario público, lo ha hecho de una concesionaria de obras públicas. Que la empresa hubiera obtenido la concesión del mismo departamento donde él trabajaba es cosa menor. Rosell nació en 1962 en Ivars de Noguera (Lleida), se hizo ingeniero agrónomo y, lo que es más importante, amigo de Germà Gordó, convergente de casi toda la vida y amigo, a su vez, de Artur Mas. Y es que, como indican diversos estudios sobre la evolución del mercado, el mejor sistema para encontrar trabajo es conocer a alguien que pueda avalar tu trayectoria. Rosell era conocido en Cataluña antes del pasado mes de octubre, pero en esa fecha se convirtió en una celebridad. El juez de El Vendrell que investiga un caso de presunto pago de comisiones irregulares por obra pública acordó su detención, junto con la del tesorero de CDC, Andreu Viloca. Y su fama creció cuando otro amigo notificó a la Guardia Civil que, antes de ser detenido, Rosell le había entregado una caja fuerte y algunos documentos. En la caja había billetes de banco que sumaban unos 80.000 euros. Todo está ahora en los juzgados y él en libertad con cargos.

Cuando fue detenido, Rosell ocupaba el cargo de director general de Infraestructures SA, la empresa pública del gobierno catalán que se encarga de adjudicar obras de diverso tipo y alto importe. En realidad, Infraestructures es una compañía que agrupa las concesiones de obras que antes se hacían desde diversas consejerías. Tras su detención, Rosell fue apartado, es un decir, de la mesa de contrataciones y se le abrió un expediente informativo por si había cometido irregularidades. Lo más notable es que su presencia en la empresa pública, que depende del Departamento de Economía, incomodaba  a ERC. O así lo dijeron en público. La llegada de Oriol Junqueras a este departamento prefiguraba, pues, la salida de Rosell. Y, sin embargo, no solo no ha sido así, sino que se le ha buscado un cargo adecuado a sus capacidades: responsable de estudios internacionales.

La oposición en bloque ha puesto el grito en el cielo y ha pedido explicaciones. Y el gobierno catalán las ha dado imitando lo que ha hecho el PP en el caso Rita Barberá y Esperanza Aguirre con Beltrán Gutiérrez, el gerente al que despidió un día y readmitió al siguiente en otro puesto. El departamento de Economía ha emitido un comunicado diciendo que no tiene nada que ver en el asunto, que la decisión se tomó antes de que Junqueras fuera vicepresidente y recordando lo de la presunción de inocencia, que ya no se le permite decidir en las contrataciones, lo que no deja de ser un reconocimiento de que confianza no es lo que Rosell inspira. Pero las cosas son como son y no se le va a despedir porque igual hay que pagarle una indemnización. Se supone que al contado y no en diferido. ¿Qué fue de la voluntad de los partidos de no blindar contratos públicos?

Seis de las empresas de Aigües Segarra Garrigues eran donantes de Catdem, la fundación de CDC 

Rosell llegó a la administración pública catalana en tiempos de Jordi Pujol. Lo hizo de la  mano de Gordó para incorporarse al Departamento de Agricultura. Corría el año 1999 y tenía 37 años. Hasta ese momento había efectuado un periplo por diversos cargos menores, siempre asociados a una nómina pública. En Agricultura se le encargaron tareas varias. La más importante, la licitación y adjudicación del canal Segarra Garrigues. Una obra que debía convertir en regadío 70.000 hectáreas, con una inversión prevista de 1.080 millones de euros. Los trabajos preliminares se iniciaron en 1999, justo cuando él se incorporó a Agricultura. El consejero era Josep Grau y el secretario general, Gordó.

La obra fue adjudicada en 2003 a la empresa Aigües Segarra Garrigues y, justo cuatro días antes, Rosell dejó Agricultura para incorporarse a Aigües Segarra Garrigues. El presidente de la firma también cambió al poco tiempo, ya que Josep Grau salió del gobierno al formarse el primer tripartito. Fue a parar a la presidencia de Aigües Segarra Garrigues. Joan Lluis Quer, que también tuvo un papel relevante en la adjudicación de las obras del canal, creó al salir de la sociedad pública adjudicadora una pequeña empresa que se nutrió de encargos de la empresa Aigües Segarra Garrigues.

Durante los años en los que gobernó el tripartito, Grau y Rosell se dedicaron desde la empresa concesionaria a buscar mil vueltas al contrato de concesión que ellos mismos habían redactado desde la empresa pública. Siempre contra la administración y los administrados.

Con la vuelta de CiU al gobierno, Artur Mas de presidente y Gordó de consejero, Rosell y Quer volvieron a la administración a decidir sobre las adjudicaciones de obras públicas. Quer fue destituido tras su detención, también por orden del juez de El Vendrell. El mismo que ordenó la detención de Rosell y Viloca y nueve personas más, entre ellas Jordi Sumarroca, hijo de Carles Sumarroca, uno de los fundadores de Convergència, amigo de Pujol y cuya esposa fue socia de Marta Ferrusola. Rosell, en cambio, sigue en el cargo público con otras atribuciones pero el mismo sueldo.

Fuentes de Esquerra sostienen que están buscando la forma de que Rosell dimita, pero no es fácil, entre otras cosas porque tiene el apoyo de Mas, que sigue vigilante a los pasos de Carles Puigdemont. Además, sospechan que Rosell ha sido el engarce empresarial entre la familia Pujol y la familia Sumarroca.

Aigües Segarra Garrigues, la empresa concesionaria del canal Segarra Garrigues, es una unión de diferentes empresas. Seis de ellas figuran entre las donantes de Catdem, la fundación convergente de la que los jueces sospechan que actuaba como recaudador del 3% para Convergència. El que fuera su director, Agustí Colomines, dimitido en pleno escándalo de las supuestas comisiones, acaba de ser nombrado director de la Escuela de la Función Pública. Su profesión, cuando no ejerce para CDC, es la de profesor de Historia. Rosell, sin embargo, puede estar satisfecho de su paso por la empresa concesionaria: de las 70.000 hectáreas que debían convertirse en regadío lo han hecho 18.000; en cambio, la compañía ha cobrado casi la totalidad de los 1.080 millones de euros. Y eso que el contrato establecía que el pago se haría al final de la obra.