18/11/2019
Opinión

Identidades constitucionales

Tan perjudicial es defender que la Constitución es intocable como hacer de su reforma bandera de partido e instrumento milagroso

Mercedes Cabrera - 13/11/2015 - Número 9
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Identidades constitucionales
Patricia Bolinches
Coincidiendo con las diversas voces y propuestas que vienen oyéndose sobre la necesidad, o no, de una reforma de la Constitución o incluso de la apertura de un proceso constituyente, en 2017 se cumplirá un siglo del único intento de reforma constitucional que ha habido en nuestra historia contemporánea. Eran otros tiempos, otro país, otro régimen y otros políticos, pero estaba vigente la Constitución de 1876, que había tenido una duración similar a la actual. La de 1978 llegó tras cuatro décadas de dictadura, carente de cualquier normalidad constitucional, y fue fruto de un gran movimiento de convergencia política, de pacto o de consenso que ansiaba anclar una compleja transición a la democracia. Algunos lo llaman ahora el “régimen del 78”.
 
La de 1876 llegó tras un agitado siglo XIX durante el cual se sucedieron cuatro constituciones (1812, 1837, 1845, 1869), además de un Estatuto Real (1834),  una non nata (1856) y un proyecto para una República Federal (1873). Más que espacios políticos para encauzar las distintas opciones existentes, los textos constitucionales fueron señas de identidad de las diferentes alternativas políticas, de partidos que con frecuencia excluían a otros que, para llegar al poder, recurrieron a los favores de la Corona o a la intervención de los espadones militares y de las revoluciones populares. La Constitución de Cádiz, la Pepa, fue bandera del liberalismo exaltado, y la de 1845, la más influyente en la práctica, del liberalismo doctrinario. La de 1837, traída por el liberalismo progresista, duró poco, y la de 1869, que despertó las esperanzas de una monarquía democrática, sucumbió entre las divisiones de los políticos y la creciente abstención de los ciudadanos.

La de 1876, la de la llamada monarquía de la restauración,  fue por primera vez el fruto de un pacto entre las dos grandes corrientes del liberalismo —moderados y progresistas—,

Algunos parecen empeñados en ignorar las complejidades del nacimiento de la Carta Magna actual

ahora llamados conservadores y liberales. Un pacto que trató de conciliar lo hasta entonces irreconciliable, abriendo la posibilidad de una alternancia en el poder que apartara a los militares del juego político y convirtiera a la Corona en mero árbitro. Aquel fue un régimen peculiar, no tanto por el clientelismo político —común a muchos otros países de escasa movilización ciudadana—, sino porque ese clientelismo se convirtió en soporte del turno pacífico en el gobierno de los llamados partidos dinásticos, observado a rajatabla durante más de un cuarto de siglo gracias a la negociación de unos resultados electorales que arrojaban siempre mayorías suficientes para gobernar.
 
Entrado el siglo XX y entronizado Alfonso XIII, la Constitución que había sido instrumento de pacificación pareció convertirse en impedimento del cambio político.  A la conmoción de las conciencias que trajo el 98 y las diversas corrientes regeneracionistas, con su denuncia de aquel régimen de “oligarquía y caciquismo”, como lo llamó Joaquín Costa, se sumó la crisis de los partidos dinásticos, el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y el deterioro de los equilibrios constitucionales. Después llegó el terremoto de la Gran Guerra que, pese a la neutralidad española, inundó el país de esperanzas de cambio. Se planteó entonces la necesidad de una reforma constitucional que convirtiese a un Parlamento efectivamente representativo en la verdadera sede de la soberanía política, colocando la prerrogativa regia en el lugar que debía corresponderle. Del asunto se habló en la prensa, en las academias y en las universidades. Lo esgrimieron los nuevos partidos, que confiaban en romper el turno para entrar en el juego político, aunque también encontró eco entre algunos dinásticos. Por supuesto, hubo quienes consideraron que aquella Constitución y aquel régimen eran irreformables, y apelaron a un cambio revolucionario.
 
El momento álgido de la propuesta de reforma se produjo en el conflictivo verano de 1917, cuando el cierre continuado de las Cortes llevó a la convocatoria de una Asamblea de Parlamentarios cuya primera sesión se celebró en Barcelona y en la que desempeñó un papel central Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista catalana, entonces en plena batalla por la consecución de un estatuto de autonomía que esperaba introducir en la reformada Constitución. Los parlamentarios allí reunidos, y disueltos de muy buenas maneras, confiaban incluso en el apoyo de los militares, agitados entonces por el surgimiento de las Juntas de Defensa, críticas también con la situación política. La segunda sesión de la asamblea se celebró en Madrid después de la convocatoria de una huelga general, finalmente reprimida por el Ejército. Habló allí Cambó, en medio de una gran expectación porque se sabía que había sido llamado después a palacio, a hablar con el rey. Así funcionaban las cosas entonces. Cambó explicó a Alfonso XIII que el sistema de alternancia de los dos grandes partidos había quebrado definitivamente, y que urgía encaminar la política por otros derroteros, hacia un ministerio de “amplísima y sincera concentración”.  En el que se formó al poco tiempo —con presencia de todas las fracciones en las que por entonces se habían dividido conservadores y liberales— se incorporó por primera vez un ministro de la Lliga Regionalista.
 
Pero la mejor oportunidad para reformar la Constitución pasó. Y en 1923 el régimen constitucional se vino abajo “sin un gesto heroico”, injuriado y menospreciado por un “general triunfante”, como escribió más tarde el eminente jurista y protagonista de aquella batalla reformadora, Adolfo Posada. El general  Primo de Rivera se autoproclamó el “cirujano de hierro”, el gran regenerador. Suspendió la Constitución, cerró el Parlamento y barrió a los “profesionales de la política”, a los que consideraba culpables de todos los males de la

Las constituciones no son la panacea, pero son imprescindibles para crear espacios de convivencia política

patria. Cuando su dictadura terminó, su caída arrastró la de la Constitución de 1876, inevitablemente identificada ya con un rey que había aceptado al dictador y roto con el orden constitucional. No hubo reforma. Hubo una revolución republicana que elaboró una nueva Constitución, la de 1931, largamente discutida y celebrada en un Parlamento constituyente de abrumadora mayoría republicana y socialista, entusiasmada con la posibilidad de resolver tantos problemas históricos acumulados. Una bandera para el nuevo régimen, una Constitución de izquierdas, como dijo Luis Jiménez de Asúa, presidente de la comisión especial elegida por las Cortes para redactar el proyecto.  Los escasos representantes de las derechas abandonaron el hemiciclo,  no la votaron y anunciaron que, en cuanto se cumpliera el plazo previsto en el propio texto constitucional, propondrían su reforma. No hubo lugar ni tiempo. La Constitución de 1931 quedó indefectiblemente identificada con una república de izquierdas.

Ahora andamos con la reforma de nuestra Constitución actual, que algunos parecen empeñados en asociar con un régimen, el del 78, como lo llaman convirtiéndolo en caricatura, ignorando las complejidades y grandezas de su nacimiento y el éxito de haber permitido la consolidación de nuestra democracia. Tan perjudicial sería la actitud cerril de quienes la defienden como intocable, como la de quienes hacen de su reforma bandera de partido e instrumento milagroso de regeneración política. En marzo de 1931, Adolfo Posada lamentaba la oportunidad perdida con la reforma de la Constitución de 1876, que pudo haber impedido el golpe militar de 1923.
 
Escribía entonces que no tenía una fe ilimitada en la eficacia de las leyes “ni de las súperleyes”, ni tampoco en la acción creadora y recreadora “de los políticos de ideas”, desconocedores de los procesos reales.  Eran otros tiempos aquellos en los que escribía Posada, pero su apelación al pragmatismo, a la generosidad y a la lealtad de los políticos hacia el orden constitucional conserva su actualidad. Porque las constituciones no son la panacea, pero son imprescindibles para crear y garantizar espacios de convivencia y competencia política. Para eso están.