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La abstención forzosa de los emigrados

Apenas el 5% de los casi dos millones de españoles que residen en el extranjero votará el 26-J por culpa de las trabas burocráticas

Juan Luis Gallego - 10/06/2016 - Número 37
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La abstención forzosa de los emigrados
Llegada del voto por correo en un colegio de Madrid en las municipales y autonómicas de 2015. paco campos / efe
De los 36,4 millones de españoles con derecho a voto en las próximas elecciones generales, casi dos millones viven en el extranjero. De ser considerados una circunscripción electoral más, como ocurre en otros países, Francia por ejemplo, y como ha propuesto más de un partido político, los emigrantes formarían la tercera en número de votantes, tras Madrid y Barcelona y por delante de Valencia. Es decir, tendrían en su mano la elección de al menos 16 diputados, quizás más. Sin embargo, sus votos, torpedeados por una Ley Electoral que burocratiza hasta el absurdo el proceso para los residentes fuera de España, volverán a ser prácticamente irrelevantes.

No es arriesgado vaticinar, siguiendo precedentes anteriores, que de esos 1.919.712 españoles con derecho a voto residentes en el extranjero, según el Censo Electoral a 1 de abril, poco más del 5% votarán. En las elecciones del pasado 20 de diciembre, el porcentaje se quedó en el 4,7. Es decir, mientras la abstención media en las elecciones generales se sitúa en España, aproximadamente, entre el 20 y el 30%, entre los emigrantes españoles alcanza el 95%.

Obstáculos

Es la consecuencia de la aplicación de la Ley Electoral que, desde la reforma del voto exterior que se realizó en 2011, diseñó un proceso lleno de obstáculos que, en la práctica, “despoja a un número más que considerable de electores de su elemental y constitucional derecho al voto, sin que existan mecanismos de control que permitan atajar las irregularidades ni iniciativa política efectiva que ayude a corregir las múltiples deficiencias de un sistema inoperativo”, según denuncia Marea Granate, un colectivo de emigrantes nacido al calor de otros movimientos sociales surgidos en España y que ha hecho de la derogación de este sistema de voto una de sus batallas prioritarias.

El voto rogado obliga a los emigrantes a estar inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) o en el de Españoles Residentes Temporalmente Ausentes (ERTA) y, para ello, hay que acudir físicamente a un consulado, en ocasiones situado a cientos de kilómetros del lugar de residencia. En Gran Bretaña, por ejemplo, donde más emigrantes españoles residen en la actualidad, los consulados están en Londres y Edimburgo. Y en Francia, el de París cubre prácticamente toda la zona norte del país.

“Rogar” el voto

Pero, además de estar inscrito, el emigrante debe comunicar luego, por correo, fax o a través de la página web del Instituto Nacional de Estadística,

Los emigrantes deben ir en persona a los consulados, que a veces están muy lejos, a inscribirse en el censo

su intención de votar y “rogar” que se le envían las papeletas necesarias para hacerlo. En esta ocasión, el plazo para solicitar las papeletas concluye el 6 de junio pero dado que, en ocasiones, las impugnaciones de listas retrasan la aprobación final de las candidaturas, el tiempo para que las papeletas recorran ese trayecto de ida y vuelta queda a veces reducido a dos o incluso una semana. A ello se une otra serie de obstáculos, como la ausencia de directrices claras en ciertos consulados o criterios distintos sobre la forma de realizar los trámites, que aumentan la desprotección de los emigrantes hasta el punto de que incluso entre los que consiguen rogar el voto la mitad se queda sin llegar a votar. También la plataforma de juristas dosmillonesdevotos.org ha denunciado sin éxito esas trabas.


Los datos son evidentes: si en las elecciones de 2008, cuando, de acuerdo con la ley anterior, las papeletas eran enviadas a todos los inscritos de forma automática ante una convocatoria de elecciones, votó el 31,88% de emigrantes, en 2011, tras la entrada en vigor de la reforma, el porcentaje bajó al 4,95% y en torno al 4,7% en las del pasado diciembre.

Para nadie, sin embargo, debió ser una sorpresa. Porque, de hecho, el voto rogado yaestaba implantado en las elecciones municipales y, efectivamente, el nivel de participación en ellas no superaba el 6%. A pesar de ello y de que la propia Junta Electoral Central advirtió en un informe en 2009 de los efectos nocivos que para la participación podría tener la extensión del voto rogado a las generales, el PSOE, con el apoyo de PP, CiU y PNV, sacó adelante la reforma en 2011.

En 2008, con la ley anterior, votó el 31,88% de los residentes en el extranjero, en 2011, tras la reforma, el 4,95%

Se trataba, dijeron entonces, de mitigar los errores incluidos en el CERA, como cambios de domicilio que no eran registrados convenientemente y provocaban la devolución de papeletas. También para evitar posibles fraudes, como el que se dio en llamar el “voto de los muertos”: si las papeletas eran enviadas a una persona ya fallecida, sus familiares o quien conservara su documentación podía votar por él. Lo cierto es que, en realidad, el problema no era tal, porque, según Marea Granate, los casos de fraude comprobable se pudieron contar con los dedos de la mano y las incidencias debidas a la inclusión de fallecidos en el censo afectaban a un 0,45% de los envíos realizados. El problema estaba en ocasiones en las prácticas opacas de los propios partidos que después aprobaron la reforma.

La necesidad de cambiarlo

A estas alturas ningún partido niega la necesidad de reformar de nuevo la ley, pero la última vez que llegó al Parlamento una propuesta para la supresión del voto rogado, en octubre de 2013, apoyada por los socialistas reconociendo su error al implantarlo, el PP la bloqueó, aunque mostró su disposición a estudiar posibles reformas. No se ha producido ningún cambio y el 26-J, de nuevo, cientos de miles de españoles emigrantes de convertirán en abstencionistas forzosos.

El voto por correo se multiplica

Jacobo Pedraza
Los comicios del 26-J marcarán un nuevo máximo en la cifra de votos emitidos por correo, a juzgar por los datos recogidos hasta ahora por el Ministerio del Interior. Las peticiones de voto postal de residentes en España alcanzaron el pasado día 1 las 628.402 y triplican las que se registraron para las elecciones del 20-D a la misma altura del proceso, que se extenderá hasta el día 16. El número de peticiones crece de manera estable, y es de esperar que la cifra final supere holgadamente el millón, frente a las 778.785 de las últimas generales. El aumento contrasta con el previsible descenso de la participación y se explica por los desplazamientos vacacionales de verano. Tanto el PP, que cree que una parte de sus votantes clásicos puede estar ese fin de semana en una segunda residencia, como Podemos, que piensa que sus votantes jóvenes pueden viajar en junio, consideran que una alta participación postal puede beneficiarlos.