17/7/2019
Política

La lenta agonía de (algunas) cámaras de comercio

La Fiscalía investiga la Cámara de Comercio de Madrid por financiar ilegalmente a las patronales y los dirigentes de la de Pontevedra han sido denunciados por prevaricación y fraude en subvenciones

Álvaro de Cózar - 26/02/2016 - Número 23
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La lenta agonía de (algunas) cámaras de comercio
Arturo Fernández es reelegido presidente de la patronal madrileña CEIM en marzo de 2014. KIKO HUESCA / EFE
Somos los mismos. La frase la pronunció el empresario Fernando Fernández Tapias en febrero de 2002 durante su discurso de investidura como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Madrid. Los asistentes, muchos de ellos empleados de la institución,  captaron el mensaje. El nuevo jefe era también el presidente de la patronal madrileña CEIM y lo que estaba diciendo realmente era que los empresarios habían ganado la última batalla por hacerse con el control de la cámara y sus ingentes recursos económicos, más de 60 millones de euros en algunos años.

La guerra de las cámaras se había iniciado en los 90, cuando las patronales denunciaron en los tribunales la obligación que tenían de pagar cuotas anuales para financiar las cámaras de comercio, tuteladas por las autonomías y no directamente por los empresarios. El Tribunal Constitucional les quitó la razón y las patronales optaron por un plan B: presentarse a las elecciones de todas las cámaras de España.
Así fue como organizaciones privadas, las patronales, se hicieron con las cámaras, de carácter semipúblico, y con sus dos fuentes de ingresos más importantes: las cuotas y la gestión de los cursos de formación.

Conviene recordar toda esta historia para entender el nuevo caso de corrupción destapado en el seno de la Cámara de Comercio de Madrid. La Fiscalía de Delitos Económicos parece haber descubierto en las subvenciones de los cursos que realizaba la cámara uno de los sistemas utilizados por las patronales para financiarse.

Según la investigación, iniciada por el juzgado 46 de Madrid, CEIM y las organizaciones empresariales que la conforman pedían al gobierno regional las ayudas públicas para formar a sus trabajadores y luego transferían ese dinero al Instituto de Formación Empresarial (IFE), dependiente de la cámara, para que impartiera los cursos. En el mismo acuerdo de colaboración, la cámara se comprometía a devolver un porcentaje de la subvención para actividades como ferias de la tapa o campañas de Navidad. 

Esos porcentajes son los que investiga la Fiscalía. En el mundo de la formación se les conoce como retornos. La ley solo permite dar retornos del 10% (hasta 2012 era un 20%) siempre que ese dinero se emplee para cuestiones relacionadas con la formación, como anunciar los cursos, pagar las facturas de la luz durante las clases o pagar a alguien que atienda a los alumnos. Las ferias de la tapa no parecen tener cabida dentro de la ley.

Los investigadores tienen en su poder varios convenios de los últimos 10 años en los que los porcentajes retornados por la cámara eran mucho mayores, a veces de hasta el 50%. Poseen además serios indicios de que el IFE podría haber inflado facturas para justificar los gastos de los cursos ante los técnicos de la Comunidad de Madrid.

Los delitos que la Fiscalía ve en este caso son los de fraude en las subvenciones públicas y falsedad documental. Dos personas se hallan en el centro de las pesquisas. El primero es Arturo Fernández, presidente de la cámara hasta hace unos días y que se ha visto obligado a dimitir por las presiones de la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes. El hostelero del Grupo Cantoblanco ha dejado un largo rastro de escándalos en sus años al frente de CEIM y la Cámara de Madrid: se gastó 36.000 euros en las tarjetas black de Caja Madrid (10.000 de ellos en sus propios restaurantes), pagó en negro a empleados, usó su influencia política para obtener contratos y fue amigo del pequeño Nicolás.

Fernández ha pasado por las instituciones preguntándose todo el tiempo qué pasaba con sus acciones. Algunas de sus respuestas son antológicas. En una ocasión le dijo al juez de las tarjetas black, Fernando Andreu, que había empleado las tarjetas B de Caja Madrid en sus restaurantes porque eran suyos y, por tanto, "más baratos”.

“¿Y eso le cuadra a usted las cuentas?”, preguntó el juez. “Pues sí”, contestó Fernández.

El otro hombre contra el que la Fiscalía dirige sus sospechas es Fernando Garzo. Este matemático, autor de varios libros sobre la materia para institutos, ha dirigido la formación de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid durante los últimos 20 años.

Las adicciones de Aneri

Ninguno de los dos tendría problemas ahora si no hubiera sido por las adicciones de un joven cordobés llamado José Luis Aneri, el empresario que llegó a Madrid en 2007 a hacer fortuna y se inició en las estafas de los cursos de formación, a veces con empresas integradas en CEIM. Lo que Aneri hizo fue copiar un sistema que ya existía: organizar cursos falsos, inventar alumnos, inflar facturas y enriquecerse a costa de ello. La cocaína y la juerga le hicieron perder el control de su estafa. Los técnicos de la comunidad le pillaron y esa investigación es la que ha servido para destapar todo el sistema corrupto de la formación en Madrid.

De todos los trasvases de dinero que la Cámara de Comercio hacía a las patronales se daba cuenta en las actas de los plenos de la institución, que siempre contaban con la presencia del consejero de Economía de turno. No consta que ninguno de ellos pusiera reparos. Tampoco queda constancia de que alguien preguntara después si todo el dinero destinado a las organizaciones empresariales se había gastado en lo que se había dicho que se iba a gastar. Se daba el dinero para tapas sin preguntar cuánto costaban.

Puede parecer extraño que los empresarios pusieran por escrito todo esto en las actas del pleno de la cámara, pero no sorprende tanto si se comprende que las patronales siempre han pensado que el dinero de la institución era suyo. “Ha sido un escándalo desde los tiempos de Fernández Tapias”, señala un extrabajador que prefiere no dar su nombre. “Cuando la patronal se hizo con el poder, supimos que no quedaría nada de la antigua cámara. Nos convertimos en una especie de banco que daba créditos sin intereses a las patronales.”

Esos créditos han salido de la formación, pero también del patrimonio amasado durante años por las cámaras con las cuotas obligatorias que pagaban todos los dueños de las empresas. En su libro El naufragio de la patronal, Enrique Martínez Piqueras —que ha pertenecido a ambas casas, patronal y cámara— pone por escrito esa misma idea: "Las elecciones sentaron en sus órganos de gobierno a una mayoría de empresarios comprometidos con las organizaciones empresariales, nada proclives a potenciar la labor de las cámaras, sino más bien a fortalecer las patronales con el trabajo conjunto de ambas instituciones y, por qué no decirlo, con los medios que aportaban obligatoriamente los empresarios y de los que las organizaciones empresariales estaban bastante escasas”.

Unos pocos años después de aquellas elecciones ganadas por Fernández Tapias, patronal y cámara comienzan a firmar un opaco convenio de colaboración que ha ido cambiando de nombre con los años, casi siempre con el genérico título de “Desarrollo de actuaciones conjuntas para el cumplimiento de los objetivos comunes de promoción e impulso de las pymes”. Bajo esa ambigüedad en la que cabe todo, la cámara ha estado enviando cada año cantidades millonarias a CEIM con el visto bueno de los gobiernos de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

El convenio, sin embargo, no se desglosaba. Tampoco existe rastro en ninguna de las memorias que se cuelgan en las páginas web de ambas organizaciones de cómo se gastaba ese dinero. Simplemente se otorgaba sin que nadie dijera nada.

Pocos han sido los empresarios contrarios a estos trasvases de dinero. Uno de ellos, Hilario Alfaro, es el presidente de la nueva organización Madrid Foro Empresarial, exmiembro del pleno de la cámara y rival de Arturo Fernández en las elecciones de CEIM de 2014. “Esa actitud de los empresarios de no levantar la voz cuando ha habido situaciones dudosas o controvertidas debería ser analizada para determinar las razones”, señala. “Ignoro en la actualidad el estado financiero de la cámara, que partía de un gran patrimonio fruto de las cuotas obligatorias de los empresarios madrileños”, dice Alfaro.

“A la vista de algunas actuaciones de los últimos años —prosigue— imagino que ha debido menguar en gran medida. Cuando exista transparencia para analizar lo ocurrido en las últimas décadas probablemente nos llevemos una desagradable sorpresa. Se sabe que se pasaba dinero a CEIM, pero ignoramos los importes.”

Sí se conoce el importe de al menos un año, el pasado. La patronal iba a recibir un millón de euros de la cámara para rescatar sus maltrechas arcas, pero la prensa informó de ello y el acuerdo se paralizó. El presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, ha asegurado que la patronal ha renunciado a esa cantidad, al menos hasta que se desglose totalmente a qué va cada euro.

Dimisión forzosa

Lo que sí ha hecho protestar a los empresarios madrileños ha sido la dimisión forzosa de Arturo Fernández. Un grupo de ellos se opone al nuevo presidente sustituto, Juan López-Belmonte, y se muestra molesto por lo que consideran una intromisión de la presidenta Cifuentes en los asuntos de los empresarios. La semana pasada el diario El Mundo publicó además el sueldo del actual director general, Carlos Prieto: 183.000 euros. La cámara desmintió la información y dijo que el sueldo del director era confidencial. Ceros aparte, el salario de Prieto resulta más escandaloso porque fue él mismo el que anunció recientemente a los empleados que habría despidos a principios de año si los trabajadores no se sumaban a un proceso de bajas incentivadas.

Ante el continuado desvalijamiento de la caja de las cámaras, estas han tenido que buscar nuevas maneras de financiación. El dinero ya no entra como antes. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero eliminó finalmente la obligación de pagar las cuotas en el año 2011 y la única fuente de ingresos importante sigue siendo la formación.

"Debemos inventar otra factura"

Las continuas irregularidades en las cuentas, la falta de control en el gasto y su excesiva cercanía al poder político las han convertido en lugares bajo sospecha. Ha habido denuncias de corrupción en prácticamente todas las comunidades autónomas. El caso más claro y reciente es el de la Cámara de Pontevedra. Sus dirigentes están siendo investigados desde hace un año por los delitos de prevaricación, fraude en subvenciones y malversación de fondos públicos en la contratación de certámenes feriales. Un e-mail enviado a una empresaria local por la secretaria general de la cámara con la frase “tenemos que inventarnos otra factura” apunta en la misma dirección.

La corrupción, la crisis y los cambios legislativos han llevado finalmente a las cámaras a una muerte lenta en la que se han sucedido los despidos, las facturas impagadas y, en algunos casos, hasta el corte del acceso a internet, como en el caso de la de Ferrol.

Las nueve cámaras gallegas han tenido que fusionarse para sobrevivir y algunas andaluzas, como la de Linares y Andújar, han recibido inyecciones de dinero de la Junta de Andalucía. Todas han sufrido una reducción drástica de su presupuesto.

En otras ha ocurrido lo que temían los empleados de la Cámara de Madrid al escuchar a Fernández Tapias decir aquello de “somos los mismos”. Efectivamente, son los mismos, o al menos comparten oficina. Es el caso de las cámaras de Almería, Albacete, Castellón y Valencia, en las que los empleados camerales han acabado utilizando las mismas instalaciones que los de las patronales.

Las antiguas cámaras, surgidas de los gremios medievales a finales del XIX, ven así cómo las organizaciones empresariales que salieron de su seno en los años 70 han acabado comiéndoselas.