20/8/2019
En palabras

La privatización de la sanidad: un proceso en aumento

Patricia Rafael - 10/06/2016 - Número 37
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La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) viene constatando que los procesos de privatización del Sistema Nacional de Salud varían en intensidad según el partido político que gobierne en las diferentes comunidades autónomas. Es a partir de 2011, cuando se completan las transferencias, cuando el proceso se intensifica aún más. Sobre todo en la última legislatura presidida por Mariano Rajoy, marcada por los recortes y la introducción de copagos.

Desde hace tres años, la FADSP realiza informes anuales para medir el grado de privatización en las  17 comunidades autónomas evaluando siete variables con datos obtenidos de diferentes fuentes públicas, como es el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o el de Hacienda, entre otros. Analizan el porcentaje de población cubierta por las mutualidades de funcionarios, el gasto per cápita en seguros privados, el gasto sanitario de bolsillo —aquellos servicios que no están cubiertos por la sanidad pública como puede ser la atención odontológica o los copagos que introdujo el gobierno del PP en 2012— que hace cada persona, el porcentaje de camas privadas sobre el total o la presencia de modelos de colaboración público y privada, entre otras cosas.
 

Respecto a la contratación del
“Los que pueden escapar al deterioro de la sanidad acuden a la privada”, afirman en la FADSP
sistema público con el sector privado, la FADSP llama la atención sobre unas cifras que están estimadas a la baja porque existen muchos casos de contratación directa de los centros sanitarios con el sector privado, como pueden ser pruebas diagnósticas, por lo que estas partidas no aparecen contabilizadas de manera diferenciada, sino en el cómputo total del presupuesto del centro. Otro factor a tener en cuenta es la utilización del modelo de las mutualidades de funcionarios, “que en su mayoría dedica fondos públicos a financiar seguros privados”, señalan desde la federación. Cada una de las siete variables recibe una puntuación según el mayor o menor grado de privatización.

Madrid, Cataluña, Galicia y Baleares, con ligeras variaciones, encabezan los tres informes como las comunidades con un nivel alto de privatización. En la tabla baja, Castilla-La Mancha y Extremadura son las regiones que menor grado de gestión privada tienen. El último informe, presentado el pasado abril —con datos referidos sobre todo a 2014 y algunos de 2015— recogía un fuerte incremento en el gasto en seguros privados. Marciano Sánchez Bayle, secretario de la FADSP, subraya que esta subida tiene mucho que ver con los recortes aplicados en los últimos años. “Los que pueden escapar al deterioro de la sanidad acuden a la privada”, afirma. Apunta, además, que este dato “esconde una fuerte desigualdad” ya que la cifra supone un promedio del gasto en seguros. “Solo aparecen los que se los pueden permitir”, indica.

Las mutualidades de funcionarios dedican “en su mayoría fondos públicos a financiar seguros privados”

En el informe realizado en 2015, hay un alto incremento en el gasto sanitario de bolsillo, que los expertos explican por la puesta en marcha de los copagos contemplados en el “Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, que aprobó el Gobierno del PP hace cuatro años. “Se observa un mayor aumento del gasto privado allí donde más disminuyeron los presupuestos públicos”, recoge el estudio.

Otro aspecto que se repite en los tres informes es la desigualdad existente entre unas comunidades y otras: la ratio entre la puntuación máxima y mínima es de 2,55 en el primer y segundo informe, y de 2,3 en el tercero. Para la FADSP son cifras “excesivas” que ponen de manifiesto “la falta de cohesión del Sistema Nacional de Salud”.