21/2/2019
Política

La trama financiera de Rodrigo Rato

El sumario que investiga el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno pone al descubierto sus maniobras para simular insolvencia

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La trama financiera de Rodrigo Rato
Rato saliendo de su domicilio en mayo de 2015, unos días después de haber sido detenido. BALLESTEROS / EFE
El sumario del caso Rato, al que ha tenido acceso AHORA, revela que el que fue número dos del gobierno de José María Aznar creó una maraña de sociedades que, según los investigadores, tenía el objetivo de ocultar el cobro de comisiones presuntamente ilegales durante su etapa como presidente de Bankia, blanquear esos ingresos, defraudar a la Hacienda Pública española y, en última instancia, esconder su patrimonio ante las responsabilidades que podría tener que afrontar en las otras causas judiciales en las que está imputado.

La investigación, que se conoció el 16 de abril de 2015 cuando agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera lo detuvieron durante ocho horas para registrar su domicilio y su despacho, ambos situados en el corazón del barrio de Salamanca de Madrid, ha puesto de relieve las enrevesadas operaciones financieras en paraísos fiscales que Rato ha venido realizando, a medida que se complicaba su horizonte judicial, para poner a salvo su patrimonio familiar. La Agencia Tributaria cuantificaba ese patrimonio en torno a  26 millones de euros en 2013.

La red de sociedades servía para ocultar las presuntas comisiones, blanquear, defraudar y esconder su capital

En el epicentro de la trama Rato se sitúa una sociedad llamada Kradonara 2001, que controla al cien por cien otra mercantil, denominada Vivaway, domiciliada en Gibraltar y administrada desde el paraíso fiscal de la isla de Guernsey. La Agencia Tributaria sostiene que Rato es sin ningún género de dudas el propietario de esta empresa, pero utilizaba al fiduciario Findsbury Holdings Limited y a un experto en inversiones que opera desde el Peñón llamado Maurice Albert Perera para “ocultar su verdadera titularidad”.

 

Publicidad de la salida a bolsa

Kradonara, cuyo representante era el abogado de Rato, Domingo Plazas, recibió 474.416,64 euros en 2011 y 360.608 euros en 2012 de una empresa intermedia denominada Albisa, a cambio de supuestas “prestaciones de servicios” que, según la fiscal Anticorrupción Elena Lorente, se corresponderían en realidad con “pagos realizados” por las empresas de publicidad Publicis Comunicación España y Zenith Media. Estas dos firmas facturaron a Bankia, de la que era presidente Rodrigo Rato, 27,5 millones de euros en 2011 y 20,3 millones en 2012 por la puesta en marcha de dos campañas sobre los valores que defendía la entidad y su salida a bolsa. Al mismo tiempo, abonaron a Albisa pagos por valor de 1,2 millones en el primer ejercicio mencionado y de 778.023,80 en el segundo. En los dos casos estas aportaciones triplicaban la mejor facturación de la compañía en un año entero desde su fundación en 2007.

Tras recibir el dinero de Albisa, Kradonara realizó dos transferencias de 420.000 y 75.000 euros a la sociedad alemana Bagerpleta Gmbh, de la que Rato es el principal accionista (con un 44 % de las participaciones) y que se dedica al arrendamiento de un hotel en Berlín por un precio de 17 millones de euros. Ni Albisa ni Kradonara figuran a nombre del exvicepresidente del Gobierno, ya que la primera compañía pertenece al empresario Alberto Portuondo, quien permaneció tres meses en prisión después de ser detenido en el aeropuerto de Barajas cuando pretendía viajar a México, y en la segunda figura como administradora la secretaria de Rato durante 30 años, Teresa Arellano, quien describió en su declaración ante el juez las presiones a las que fue sometida para convertirse en la testaferro de su jefe a pesar de no querer por su “falta de preparación”. “Teresita, te voy a hacer administradora”, llegó a decirle el exministro de Economía.

Labores de asesoría

La segunda línea de investigación del caso Rato, en el que el expresidente de Bankia está imputado por los delitos de corrupción entre particulares, fraude fiscal y blanqueo de capitales, parte de los dos ingresos de 363.000 euros que Kradonara recibió de Telefónica por la labor que el político desarrolló como miembro de los consejos asesores de Europa y Latinoamérica de la compañía en los años 2013 y 2014. El contrato fue prorrogado hasta 2015 y los honorarios del asesor se elevaron a 390.000 euros más IVA, según consta en la documentación que forma parte del sumario. 

Según un informe de la Agencia Tributaria fechado el pasado 14 de diciembre, Kradonara y Telefónica firmaron un contrato según el cual era la sociedad instrumental y no Rato quien ofrecía labores de consultoría a la multinacional, merced a su “amplio y reconocido prestigio sobre el entorno político, jurídico, regulatorio, económico, social e internacional” en el que se iba a desarrollar el negocio. Los técnicos de Hacienda no solo niegan que la empresa tenga ese “amplio y reconocido reconocimiento” del que presumía, sino que añaden que antes de 2013 Kradonara jamás tuvo “un contrato de consultoría estratégica y tecnológica con ninguna empresa (sea grande, mediana o pequeña)”. Y añaden que su única finalidad era la de “velar u ocultar a la persona de don Rodrigo Rato para desvincularlo de su función de asesor de Telefónica y de sus retribuciones”.

Pérdidas fiscales

Para recibir estos pagos, el hombre que también dirigió los designios del Fondo Monetario Internacional (FMI) se habría valido de otra sociedad a su nombre, denominada Arada, a la que Kradonara facturaba con el supuesto objetivo de no abonar el IRPF a la Hacienda Pública. Tanto Arada como Kradonara, según Anticorrupción, declararon pérdidas fiscales e ingresaron cero euros en sus declaraciones del Impuesto de Sociedades correspondientes a 2013. El ahorro fiscal, de alrededor de 50.000 euros en cada uno de los dos ejercicios, también se habría blanqueado mediante una inversión en el hotel de la capital alemana.

El investigado disponía, además, de cuentas y productos financieros a su nombre en un total de 10 entidades bancarias, a las que hay que añadir casi una treintena que controlaba a través de sus empresas. La información contenida en el sumario también revela el ritmo de vida que Rato llevó en los últimos años, que incluía comidas en restaurantes o gastos en el Club de Campo de Madrid, el Club de Tenis de Gijón o el Club de Golf de Castiello.

En el entramado empresarial de Rato también estaban involucrados su exesposa Ángeles Alarco y los tres hijos del matrimonio: María de los Ángeles, de 27 años; Ana, de 19; y Rodrigo, de 18. El hombre de confianza de la familia durante décadas, Miguel Ángel Montero, controlaba sociedades como Aurosur, Muinmo, Manita, Cor Comunicación y Explotaciones Bolgachina, mientras que Ángel Marín Cobo asumía la función de “representante” ante Hacienda del político, que también controlaba otras compañías como Explotaciones Carabaña, El Manantial de Información, Teals o Rodaman. Según un informe de la Agencia Tributaria fechado el pasado 15 de abril, entre las sociedades de Rato y sus testaferros se giraron “facturas de conveniencia” por valor de hasta 5,3 millones de euros al objeto de defraudar a Hacienda en la tributación del IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades.

Simular insolvencia

Ese mismo informe detalla las “operaciones de despatrimonialización” que Rato llevó a cabo “con mucha intensidad” en los años 2014 y 2015 y que podrían tener como objetivo declararse insolvente ante las “posibles responsabilidades pecuniarias” que podría afrontar en las causas en las que se investiga la fusión y salida a bolsa de Bankia y el uso por parte de los exdirectivos de la entidad y Caja Madrid de las tarjetas black opacas al fisco. En el primer procedimiento Rato tuvo que afrontar de forma solidaria con Bankia, su matriz, BFA, y otros tres exconsejeros una fianza de 38,2 millones de euros y en el segundo otra de tres millones de euros. Estas dos cauciones se suman a la de 18 millones de euros que en mayo de 2015 le impuso en esta causa el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal.

Desde junio de 2012, un mes antes de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitiera a trámite las querellas de UPyD y el colectivo 15MpaRato que permitieron la apertura del caso Bankia, Rato transfirió casi 3,5 millones de euros a la sociedad alemana Bagerpleta mediante “sucesivas ampliaciones de capital”. El activo de esta compañía, de la que también es socio el empresario José Manuel Solá, quien a su vez ha hecho negocios con los hermanos Pujol Ferrusola, pasó de los 5,1 millones de euros que tenía en 2009 a los más de 20 millones que presentaba en 2013.

Ese año 2013, el ex número dos del ejecutivo donó a sus hijos participaciones en cuatro de sus empresas por valor de 2,5 millones y movió 6,5 millones más a través de su red societaria para que acabaran en la opaca Kradonara. Además, Rato habría intentado ocultar su participación en la empresa de publicidad Cor Comunicación, que comparte con su hermana María de los Ángeles y los herederos de su hermano Ramón, ya fallecido, y habría utilizado otras empresas opacas, como Lilac Trading o Westcastle Corporation, para defraudar al fisco.

De esta forma, según la Agencia Tributaria, el patrimonio estimado de Rato se redujo entre los años 2013 y 2014 de 11,5 a 1,4 millones de euros. Su intención de ocultar la titularidad de sus bienes a la justicia llegó a tal punto que el 6 de marzo de 2013 el expresidente de Bankia vendió a Kradonara el BMW 745 que utilizaba en esa época.

Tráfico de divisas

Rato, según el organismo tributario, también desarrolló por sí mismo o a través de sus sociedades “un elevado tráfico financiero con países que son de riesgo por tener la consideración actual de paraísos fiscales, por haberlo sido anteriormente o por tener severas restricciones en el acceso a la información bancaria”. Hacienda apunta que “lo anterior choca frontalmente con una actividad empresarial y profesional real básicamente nacional y escasamente internacional”. En concreto, las operaciones de los miembros de la familia Rato-Alarco y de sus empresas con el extranjero alcanzaron un importe acumulado superior a los 12 millones de euros entre los años 2009 y 2014, según el sumario. Algunas de esas transacciones se realizaron desde enclaves de riesgo a efectos fiscales como Suiza, Gibraltar, Luxemburgo, Irlanda o Países Bajos.

Rato colocó a su secretaria de toda la vida de administradora de Kradonara, el epicentro de la trama

El sumario también desvela que Rato montó junto a otros exdirectivos de Caja Madrid y Bankia como José Manuel Fernández Norniella y Fernando Magnet una sociedad denominada Guide Bridge Capital que tenía el objetivo de representar los intereses en España del fondo buitre estadounidense Texas Pacific Group (TPG). Este fondo abonó 98.672,59 euros en 2013 y 279.754,52 euros en 2014 a la sociedad Explotaciones Carabaña, propiedad de Rato, a cambio supuestamente de la información privilegiada que este habría aportado para la adquisición por parte de TPG del 51% de Servihabitat, la inmobiliaria de Caixabank que compró a mediados de 2013 por 185 millones de euros. Rato trabajó entre 2008 y 2010 como presidente del consejo asesor de Criteria, el holding financiero de La Caixa. 

Un correo electrónico intervenido a Rato durante uno de los registros ordenados por el juez Serrano-Artal muestra cómo Magnet se jactaba de que el fondo de inversión se había hecho con un lote de la Sareb (el banco malo que se quedó con los activos tóxicos del sector inmobiliario) valorado en 9.200 millones de euros, lo que iba a permitir que el valor del porcentaje que TPG controlaba de Servihabitat se elevara en 2017 hasta los 446 millones de euros. Esa operación, según el exdirectivo de Bankia, iba a suponerle a él y sus amigos un pelotazo próximo a los 20 millones de euros. “Nuestro ‘carry’ ahí se debería acercar a los 20m”, señala Magnet, quien finaliza su explicación con una frase que difícilmente se cumplirá en el caso de su socio Rodrigo Rato: “En fin, que penas con pan lo son menos”.