18/9/2019
Política

Las ayudas autonómicas, escasas e ineficaces para luchar contra la pobreza

Solo el País Vasco y Navarra disponen de sistemas de rentas mínimas garantizadas, equiparables a los de la Unión Europea

Iñigo Aduriz - 16/10/2015 - Número 5
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Las ayudas autonómicas, escasas e ineficaces para luchar contra la pobreza
Un hombre desayuna en un comedor de beneficencia de Barcelona en 2013. Lluis Gené / AFP / GETTY IMAGES
Todas las comunidades autónomas tienen algún tipo de sistema de rentas mínimas para luchar contra la pobreza. Cada una con su propio nombre y con aportaciones, duración y condiciones de concesión diferentes. No existe ninguna norma que garantice ese tipo de ayuda a nivel estatal para las personas que han agotado sus prestaciones por desempleo o no tienen unos ingresos mínimos suficientes, y algunos partidos políticos —el PSOE, Podemos y Ciudadanos—han propuesto medidas para solventar ese vacío.
 
Los expertos consideran que solo el País Vasco y Navarra tienen sistemas eficientes, equiparables a los de la Unión Europea. La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es una de las prestaciones más importantes del sistema social en Euskadi para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, pero se ha visto cuestionada en los últimos meses por parte del PP después de que el ya exalcalde de Vitoria y hoy vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, asegurara el pasado verano que los inmigrantes llegan a Euskadi a “vivir de las ayudas sociales”. Su partido aboga desde entonces por endurecer los requisitos de acceso a los inmigrantes que quieran beneficiarse de esas ayudas y, para ello, ha promovido incluso una iniciativa legislativa popular. El Gobierno vasco sostiene que el fraude es del 0,3%, muy poco significiativo. El resto de las fuerzas políticas reivindica esta herramienta, amparada por leyes puestas en marcha a partir de 1989, que gestionaban las diputaciones forales y los ayuntamientos hasta que en 2012 se hizo cargo el Ejecutivo autonómico.
 
El País Vasco dispone de la prestación más ambiciosa de todo el Estado y “de las pocas realmente efectivas”, según coinciden en señalar los expertos. Presenta dos modalidades: la Renta Básica para Inclusión y la Protección Social, que se otorga a las personas que no tienen trabajo y que no disponen de recursos, y la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo, dirigida a complementar los ingresos de aquellas familias que aun teniendo a alguno de sus miembros empleado no alcanzan una renta mínima suficiente. Las cantidades que se reciben van desde los 662 hasta los 945 euros mensuales, y son las más altas del Estado, junto con la Renta de Inclusión Social de Navarra, que está en cifras similares, de 548 a 962 euros.

En el resto de comunidades las prestaciones son muy inferiores en cantidad y en duración y los requisitos para conseguirlas son más restrictivos. Según el informe del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales sobre Rentas Mínimas de 2014, la mayoría de las autonomías tenía establecido el tope máximo en torno a los 645,30 euros del Salario Mínimo Interprofesional. Por encima de esa cifra estaban Asturias, 730,88 euros, y Baleares, 776,58, por ejemplo. La Comunidad de Madrid tenía una de las prestaciones más pequeñas: 532,51 euros de prestación máxima.

Cobertura insuficiente

Miguel Laparra, doctor en Sociología y director de la Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social de la Universidad Pública de Navarra, alerta de que a pesar de que todas las comunidades disponen de este tipo de ayudas, en la práctica “no existen salvo en Euskadi y Navarra, porque en el resto el nivel de cobertura es mínimo”. Gabriela Jorquera, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), explica que existen “enormes diferencias” entre unas autonomías y otras. Mientras en Euskadi y Navarra los perceptores pueden llegar a ingresar algo más de 900 euros mensuales, en Madrid, Murcia o La Rioja las mínimas apenas superan los 300 y las máximas los 500.

En el conjunto de España el tiempo de espera para saber si se concede la prestación es de más de un año

 
A pesar de que tras las elecciones del 25 de mayo hubo cambios de gobierno en muchas comunidades autónomas, la situación se mantiene igual de desequilibrada ya que, como señala Jorquera, los nuevos ejecutivos siguen dependiendo de los ejercicios presupuestarios anteriores. La red a la que ella representa elaboró en 2014 un “Informe sobre los Sistemas de Rentas Mínimas en España” en el que se reflejan claramente estas diferencias. “País Vasco y Navarra, comunidades con las menores tasas de pobreza, son también las que tienen una mayor capacidad de protección. Disponen de sistemas de renta mínima de alta calidad, ya que cumplen con requisitos establecidos a nivel europeo”, argumenta. Una de las conclusiones de ese informe fue precisamente que el 42% del gasto de toda España en rentas mínimas se produce en Euskadi.

Solo un tercio recibe ayudas 

Explica que en las otras comunidades “las cuantías son mucho más bajas, existe una limitación del tiempo para percibir las prestaciones y los tiempos de espera son largos, lo cual hace que en muchas ocasiones las comunidades incumplan su deber de garantizar el derecho a la subsistencia de la población e incluso el derecho a la vida”. En el conjunto de España, el tiempo medio de espera para conocer si la Administración acepta una solicitud de prestación es de más de un año, “un tiempo que muchas personas pasan sin ningún tipo de ingreso y, por tanto, padeciendo una importante vulneración de sus derechos más básicos”, recalca.
 
La situación se ha visto agravada con la crisis económica, pero si actualmente hay alrededor de 770.000 hogares sin ingresos —1.800.000 personas en esa situación—, solo 258.408 de esas unidades familiares eran perceptoras de rentas mínimas en las 17 comunidades y las 2 ciudades autónomas en 2013. “España es uno de los países menos eficientes en el gasto social orientado a los más desfavorecidos. Gastamos poco y lo gastamos mal”, apunta Laparra. Gabriela Jorquera asegura, en esa misma línea, que con las excepciones antes mencionadas de Euskadi y Navarra “en el resto de las comunidades no hay políticas fuertes destinadas a la lucha contra la pobreza”.
 
Esa es la razón por la que los partidos han empezado a lanzar propuestas que garanticen unas rentas mínimas en todo el Estado. Podemos habló primero de la Renta Básica Universal que después fue matizando, Ciudadanos propone un Complemento Salarial Garantizado, una renta de compensación para los salarios bajos, y el PSOE apuesta por la creación de un Ingreso Mínimo Vital. La iniciativa de los socialistas es “una prestación nueva dirigida a los hogares sin ingresos y en situación de necesidad, sea cual sea la causa. Consistiría en una prestación no contributiva de la Seguridad Social, similar a las pensiones no contributivas”. El objetivo es que “una vez agotada la protección por desempleo” este ingreso se mantenga en esa misma cuantía de 426 euros mientras persista la necesidad en los núcleos familiares sin ingresos.
 
La Renta Básica Universal que propuso en un principio Podemos es una prestación que, como explica el profesor de Economía de la UNED José Luis Calvo, “se le concedería a cualquier ciudadano por el mero hecho de ser ciudadano, ya sea una persona pobre o la hija del rey”, lo que la diferencia de las rentas mínimas que solo se conceden a los que las necesitan. La formación que lidera Pablo Iglesias tuvo que replantear su iniciativa ante las críticas que suscitó, sobre todo en sectores de la izquierda. Calvo considera que “es mucho más sensato un sistema de Renta de Garantía de Ingresos, en el que los beneficiados son personas que no tienen ingresos propios y se les han agotado las prestaciones por desempleo”, porque a su juicio “la renta básica desincentiva la participación en el ámbito del trabajo”.  Lo que ahora propone Podemos es, precisamente, una renta mínima para todo el Estado, a la que según explica Gabriela Jorquera podrán acceder aquellas familias sin ingresos. “Es una propuesta muy razonable, como lo es la del PSOE. Son muy similares”, añade.
 
Propuestas de ese tipo las habían realizado anteriormente otros partidos de izquierda como IU. “El sistema de rentas mínimas es el modelo al que podemos aspirar en España, porque el coste de una Renta Básica Universal, que es posibilista pero mucho menos protectora, está muy lejos de las posibilidades económicas del país. Se debería homogeneizar ese sistema de rentas mínimas, hoy en manos de las comunidades autónomas, de acuerdo al coste de la vida para que no haya hogares sin ingresos”, apunta.
 
Su organización calcula que el establecimiento de un modelo que ayude a esos 770.000 hogares sin ingresos costaría a las arcas públicas unos 5.000 millones de euros al año. “Es un coste asequible”, asegura Jorquera. “No parece que salvar a ciudadanos sea tan caro comparado con el rescate a los bancos”, añade el economista José Luis Calvo. “Todas las evaluaciones coinciden en que en los lugares donde las rentas mínimas funcionan bien se mejoran las condiciones de vida, se previene el deterioro de los beneficiarios y se facilitan procesos de construcción social importantes”, argumenta Laparra.

Los nuevos gobiernos autonómicos no han mejorado las ayudas porque han heredado presupuestos escasos


 
En el ámbito académico y en las formaciones de izquierda existe un consenso en torno a la necesidad de ese modelo estatal de rentas mínimas. Entonces, ¿por qué en pleno ascenso de los niveles de pobreza por culpa de la crisis la instauración de un sistema de rentas mínimas no es una prioridad de los gobiernos autonómicos? “En nuestra sociedad existen prejuicios profundos, y se tiende a criminalizar a las personas que están en situación de pobreza. Se entiende que quienes reciben esas ayudas viven del Estado y dejan de trabajar y por eso se tiende a pensar que esa gente no merece esas prestaciones”, argumenta Jorquera.
 
En opinión de esta experta en rentas mínimas debe haber un cambio de mentalidad por parte de la clase política. “Debemos pensar en clave de derechos y no de méritos.” Asegura, en todo caso, que la erradicación de la pobreza “no es una cuestión meramente económica”, sino que “tiene que haber objetivos más transversales que sitúen como objetivo la recuperación social”.
 
Desde Euskadi, comunidad que los expertos ponen como ejemplo por su sistema de Renta de Garantía de Ingresos, defienden la gestión de estas prestaciones y tratan de evitar la polémica por esos supuestos fraudes denunciados por el PP vasco. El Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco explica así que “aunque entre 2008 y 2014 el impacto objetivo de las situaciones de pobreza ha tendido al alza en Euskadi, el sistema de garantía de ingresos ha contribuido a limitar de forma significativa el impacto de la crisis”. 

Mejorar la economía

Las ayudas han tenido un doble impacto sobre la garantía de recursos para las personas en situación económica difícil. “Por una parte, apoyan a quienes se sitúan por debajo de determinado nivel de renta. Pero, por otra, garantizan que las familias sobre las que recaería hacer frente a estas problemáticas, en caso de inexistencia de ayudas públicas, puedan también mantener su nivel de ingresos”.

El Ejecutivo autonómico, hoy en manos del PNV, argumenta, además, que el sistema de RGI “garantiza a largo plazo la estabilidad económica de la población vasca”. Desde Lanbide, el servicio vasco de empleo que es el departamento encargado de gestionar esas ayudas, aportan algunos datos al respecto. Explican que “la población en hogares que no disponen de ningún tipo de ahorro ha pasado de un 42,7% en 1996 a un mínimo del 21,8% en 2014, y la tendencia descendente se ha mantenido incluso durante el periodo de crisis”. Además, “la proporción de personas en hogares que no tienen recursos para abordar gastos extraordinarios se sitúa en un 22,5% en Euskadi. Esta cifra alcanza un 42,1% en el conjunto de España, y un 39,7% en la UE de los 28. El indicador se sitúa entre el 33% y el 34% en Alemania y Francia. Y en la Unión Europea, solo Suecia está en mejor posición que Euskadi en este indicador”.

La realidad descrita explica que la percepción subjetiva de la pobreza, uno de los principales indicadores para medir la posición estructural de la población ante el fenómeno, se mantenga en niveles bajos y estables en Euskadi durante gran parte del periodo de crisis. Así, la proporción de personas en hogares que se consideran a sí mismos como pobres o muy pobres en la CAE se sitúa en el 2,6% en 2014. Esta cifra es solo 0,5 puntos superior al 2,1% de 2008, tendiendo a la baja respecto al 3% de 2012. Desde el Gobierno Vasco apuntan que “un elemento central para entender estos resultados es que el sistema no solo garantiza unos recursos mínimos a la población, sino que, al hacerlo, garantiza que los grupos de mayor riesgo no entren en el círculo del endeudamiento y de la pérdida de su escaso patrimonio disponible. Con la recuperación económica, su nivel patrimonial tiende además a mejorar”.

Persecución y prevención del fraude

Iñigo Aduriz
En el País Vasco se exige a los beneficiarios un compromiso firmado, formalizado en un convenio de inclusión, en el que tras evaluar su empleabilidad se trazan las acciones de orientación, formación, etc. que deben de realizar para su inclusión laboral. Los perceptores deben estar disponibles permanentemente y son convocados por los técnicos de orientación para entrevistas periódicas de seguimiento, cursos u ofertas de trabajo. Cualquier incumplimiento produce automáticamente una investigación. Los servicios de Lanbide realizan un análisis documental sistemático de los perceptores de RGI. “Se solicitan periódicamente y se cotejan los movimientos de las cuentas bancarias para detectar fuentes de ingresos no declaradas, trasferencias bancarias irregulares, pagos de peajes de autopistas y carburante que detecten salidas no comunicadas de la comunidad autónoma, gastos que no sean destinados a cubrir necesidades básicas, etc. Se controlan periódicamente los pasaportes para detectar salidas no comunicadas o titularidades de vehículos de tracción mecánica, etc.”, explican en ese organismo. El Gobierno Vasco recalca que se investigan “todas y cada una” de las denuncias que se reciben y todos aquellos datos que, fruto de cruces informáticos, puedan apuntar a cualquier fraude. Lanbide revisó 194.530 expedientes entre 2012 y 2014, lo que dió lugar a 36.578 suspensiones y 6.569 extinciones.