19/6/2019
Análisis

México: la decadencia de una economía emergente

El Gobierno de Peña Nieto asiste impasible al hundimiento de un país en el que más de la mitad de la población presenta alguna condición de pobreza o vulnerabilidad

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México: la decadencia de una economía emergente
Peña Nieto recorre, junto al director de PEMEX y el secretario de Defensa, el área afectada por una explosión en un complejo petroquímico en Veracruz. EFE
En apenas una semana, dos instituciones se encargaron de desvelar la preocupante situación económica de México y los paupérrimos logros de su Gobierno. El primer golpe vino del exterior, con el informe del FMI que rebajaba las expectativas de crecimiento de la economía mexicana, la segunda de América Latina, un 0,2% menos para 2016 y -0,3% para 2017. El segundo fue interno. Una encuesta de Perspectivas de la Alta Dirección publicada por el diario Reforma, realizada entre los 812 propietarios o gerentes de las mayores empresas mexicanas, revelaba que un 42% de ellos consideraba mala o muy mala la gestión económica del presidente Enrique Peña Nieto, a la que un 53% culpaba del deterioro de su competitividad. Según el índice WEF de Competitividad Global elaborado por el Foro Económico Mundial, México ocupó en 2015 la posición 61 de un total de 140 países (España la 35), ocho posiciones menos que poco antes del inicio de su mandato.

Huelga decir que la valoración de los sindicatos —por más que muchos permanezcan en la órbita del gubernamental PRI—, después de años de persistente caída de los salarios reales y subidas misérrimas del salario mínimo, es aún más crítica. En un estudio basado en datos de la OCDE, el economista Enrique Galván Ochoa concluyó recientemente que el salario mínimo en México era casi 30 veces inferior al aprobado semanas atrás en California (15 dólares por hora, frente a los 9,13 pesos del salario mínimo mexicano, equivalentes a 0,51 centavos de dólar). Que empresarios y patronal coincidan en el descontento con un Gobierno que tiene al corporativismo por divisa ha de preocupar a su responsable.

Desde hace meses los observadores vienen lanzado inquietantes alertas sobre la situación del país. La economía mexicana —ese emergente a salvo de turbulencias políticas, tentaciones bolivarianas y ruido de sables, obedientes sus responsables a la ortodoxia económica—, se hunde.

Desde 2012 han crecido la deuda externa y el déficit y el peso ha caído sin que apenas aumenten las exportaciones 

Los problemas de Brasil, la agonía de Venezuela, el legado económico del kirchnerismo en Argentina y la inquietud que entre los inversores causa una posible victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones del Perú han camuflado ante la opinión pública española las enormes dificultades económicas por las que atraviesa México. De hecho, en España las inversiones realizadas por empresarios mexicanos en el Banco de Sabadell y en el Popular, y muy especialmente las acometidas por Carlos Slim en Fomento de Construcciones y Contratas, han sido interpretadas como un indicador de fortaleza del país azteca, cuando en realidad obedecían a la incertidumbre que suscita la economía mexicana.

Cifras inquietantes

España se juega mucho en México. No en balde es el mayor inversor europeo en un país que las empresas españolas han utilizado como puerta de acceso al mercado de Estados Unidos. Tanto BBVA como Santander tienen en México unas posibilidades de crecimiento excepcionales, dado el grado de bancarización mínimo en ese país. Otro tanto sucede con las eléctricas, como proclamaba hace poco el presidente de Iberdrola. Pero también incurren en unos riesgos notables (como el resto de las empresas españolas allí implantadas) que, en caso de no mejorar la situación, pueden afectar a unas firmas ya muy perjudicadas por la situación en Brasil.

Las cifras son inquietantes. Desde la investidura de Enrique Peña Nieto el primero de diciembre de 2012, la deuda externa ha crecido un 64,7%, al punto de llegar a su nivel máximo desde la “crisis tequila” de 1993; el peso se ha devaluado en cerca de un 35% sin que ello haya comportado un aumento significativo de las exportaciones (de hecho las reservas menguaron un 9,6% a lo largo de 2015); el déficit público (3,5 % del PIB) ha aumentado un punto; la baja inflación (el 2,1% al finalizar 2015) no lo es tanto si se compara con su principal socio comercial, Estados Unidos (0,7%). El volumen de operaciones bursátiles está en caída libre desde abril de 2013, mientras las cotizaciones vienen registrando un inquietante descenso desde comienzos de 2016.

El gran problema que aflige al país, la pobreza, se ha agudizado durante el mandato de Peña Nieto. La pobreza alimentaria se ha duplicado por dos y son ya 24 millones de mexicanos quienes la padecen. La patrimonial (la pobreza que afecta a quienes no tienen suficiente para pagar alimentos, energía y vestido) alcanza a 53 millones de un total de 125 millones de habitantes (según los datos de población del Banco Mundial). A pesar de lo alarmante de unas cifras que no se registraban desde 1996, infravaloran la gravedad de una pobreza que, según algunas organizaciones no gubernamentales, afectaría  a un 80% de la población si se incluye a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. No en balde, el PIB per cápita habría disminuido nada menos que un 12,8% en 2015 y seguirá haciéndolo en el medio plazo a la luz de las nada halagüeñas estimaciones de crecimiento anunciadas por el FMI.

El coste de la indolencia

Los problemas económicos arrancaron en 2008 con la caída de las remesas ocasionadas por el inicio de la Gran Recesión en EE.UU., mientras que la agonía actual es atribuible a la depreciación del petróleo. Pero en el lapso que va desde diciembre de 2012 a nuestros días han sucedido muchas cosas ajenas a la economía mundial y que tienen que ver con la acción e inacción del Gobierno (el caso Ayotzinapa, la fuga del Chapo...). Instalado en el descrédito y en la indolencia, el Ejecutivo de Peña Nieto ha asistido impasible a la decadencia de una de las economías con mayor potencial de crecimiento de América Latina, sumida ahora en el declive, la depauperación de su gente, el abatimiento inversor de sus emprendedores y en la absoluta ausencia de liderazgo.

Del amago privatizador inicial se ha pasado al auxilio público a costa de otras partidas presupuestarias

En tal situación, el Gobierno se ha limitado, en materia económica, a dejar las cosas pasar: ni una política monetaria y fiscal anticíclica, ni un verdadero control de los monopolios, ni un rediseño de la política industrial, ni medidas tangibles contra la extensión de la pobreza y la desigualdad territorial. Una de las pocas medida de cierta envergadura, tras el fracaso de la reforma energética, ha sido la inyección de 4.000 millones de dólares a PEMEX, el pasado mes de abril. Pero esa capitalización (insuficiente, en tanto que su deuda exterior es cuatro veces mayor) de la petrolera no hace otra cosa que demostrar los erráticos derroteros de la política económica del PRI en el Gobierno. De los amagos privatizadores iniciales se ha pasado al auxilio público a costa de otras partidas presupuestarias, en medio de protestas multitudinarias por las carencias educativas.

En 2006, en vísperas de las elecciones presidenciales, Carlos Slim consiguió que partidos políticos, empresarios, sindicatos y miembros de la sociedad civil firmasen un acuerdo de medidas económicas denominado el Acuerdo de Chapultepec. Su objetivo prioritario y, al tiempo, el mejor instrumento para conseguir el crecimiento sostenido, era “distribuir mejor la riqueza”. Prácticamente todos los agentes sociales convinieron en que recuperar la senda de la modernidad pasaba por la redistribución de la renta mediante la política fiscal. Pero Felipe Calderón Hinojosa primero, y Enrique Peña Nieto después, hicieron caso omiso a estos dictados.

El resultado de todo ello es una situación económica caótica, inexplicable en un país con unos recursos naturales y humanos extraordinarios. La senda que ha de seguir quien las urnas (esperemos que no el dedazo) designen en el 2018 como sucesor de Peña Nieto está trazada, no por los dictados del FMI o la OCDE, sino por los propios agentes mexicanos y plasmada en el Acuerdo de Chapultepec: una economía social de mercado, más justa, más solidaria, más trasparente, más dinámica y más competitiva.