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Política
Ni excarcelaciones ni acercamiento, cuatro años después del cese de ETA
Los presos etarras no han logrado beneficios penitenciarios tras el fin del terrorismo e incluso la Audiencia Nacional ha abierto o reabierto sumarios por atentados que habían quedado sin juzgar
Iñigo Corral
- 27/11/2015
- Número 11
El exjefe militar de ETA Mikel Garikoizt Aspiazu, Txeroki, junto a Joseba Aranibar, durante el juicio en la Audiencia Nacional.emilio naranjo / EFE
Cuatro años después de que ETA anunciara, en octubre de 2011, el “cese definitivo de la actividad armada” nada hace sospechar ahora que tras aquella decisión hubiera algún tipo de pacto secreto o de concesión del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la organización terrorista. De entonces a ahora, no ha habido acercamiento de presos, no se han producido excarcelaciones y las pocas que se han concedido han sido exclusivamente por motivos de salud. Navarra sigue siendo una comunidad autónoma al margen de la vasca y la izquierda abertzale no solo no gobierna en la mayoría de las poblaciones e instituciones vascas sino que en las elecciones del pasado 24 de mayo perdió instituciones que había ganado precisamente en mayo de 2011 y que consideraba claves, como la Diputación Foral de Guipúzcoa o el Ayuntamiento de San Sebastián.
Los expertos en la lucha antiterrorista sostienen que el abandono de las armas fue un proceso emprendido por el sector más veterano y posibilista de la organización terrorista. Tenía que ser una decisión definitiva e inequívoca y por eso tardaron más de dos años en conseguir adoptarla. Tuvieron que apaciguar a los jóvenes, que llevaban poco tiempo en la clandestinidad, tenían antecedentes policiales relacionados con la kale borroka y unas posiciones radicales que en los veteranos se habían ido atemperando con el tiempo. Al final se impusieron los mayores. Aún faltan elementos importantes para certificar el fin definitivo: la entrega de las armas y la disolución de ETA. Los expertos consultados piensan que que eso se produzca es solo cuestión de tiempo y consideran muy improbable que la banda terrorista vuelva a actuar.
Los dirigentes de Bildu y Sortu, conscientes de que el Tribunal Constitucional les marcó unas líneas rojas que si las atraviesan les devolverían a la ilegalidad, se apresuraron a condenar esos actos de kale borroka. Ese rebrote de violencia callejera se justifica en la negativa de la Audiencia Nacional a excarcelar a Ibon Iparragirre, un etarra que padece sida y por cuya situación se ha llegado a interesar el propio lehendakari Iñigo Urkullu. El problema está en que este antiguo repartidor de pizzas en Ondarroa (Vizcaya) dice que es naturista y se niega a que le mediquen. Los jueces son inflexibles porque no ha cumplido ni una cuarta parte de su condena (61 años), no ha mostrado arrepentimiento y porque sostienen que su “problemática médica” puede ser atendida en el centro penitenciario donde está recluido.
En la enumeración elaborada por Etxerat nunca han figurado los etarras que decidieron acogerse a la vía Nanclares impulsada por el gobierno socialista. Algunos ya han salido de prisión. Los casos más conocidos son los de Carmen Gisasola o Valentín Lasarte o el exdirigente de la banda José Luis Álvarez Santacristina . El Gobierno del PP nunca ha sido muy receptivo a esta vía y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, decidió cerrarla para endurecer los beneficios penitenciarios a excepción de los de quienes, vía notarial, pidieran perdón por sus crímenes y renunciaran a la lucha armada.
Otros exetarras muy conocidos y desvinculados hace años de la organización, como Joseba Urrosolo Sistiaga o Idoia López Riaño, disfrutan de permisos penitenciarios. El caso de la exmiembro del comando Madrid es una señal más de que los jueces no han levantado el pie del acelerador en su lucha contra ETA. El año pasado cumplió las tres cuartas de su condena (no saldrá de prisión hasta 2019) y hace muy pocos meses un juez denegó su definitiva puesta en libertad por “el no reconocimiento del daño causado”, puesto que solo admite haber participado en 3 de los 23 asesinatos de los que está acusada.
El auto era contundente y no parecía obedecer a ningún pacto ETA-Gobierno: “El presentar mecanismo de justificación frente al delito conducen necesariamente a hacer una valoración negativa de la actitud de la interna frente a los delitos cometidos, lo que es causa directa de denegación del permiso al tratarse de una persona condenada por muchos y graves delitos con consecuencias irreparables que han generado un daño extraordinario, el cual no reconoce”. Así que la etarra disfruta de algunos permisos, en los que ha aprovechado para sacarse el carnet de conducir.
Lo que ocurrió poco después del cese definitivo en materia penitenciaria es conocido. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tumbó la llamada doctrina Parot, lo que le costó al magistrado español Luis López Guerra —miembro de ese Tribunal y partidario de estimar el recurso de la etarra Inés del Río Prada— una campaña de desprestigio por parte de la derecha. Un periódico llegó a afirmar que su elección para Estrasburgo fue fruto del pacto Zapatero-ETA. La sentencia obtuvo 15 votos a favor y solo 2 en contra, lo que demuestra que la opinión de los magistrados se basó en criterios jurídicos y fue independiente de la postura de López Guerra. La resolución judicial adoptada fuera de España sobre esta doctrina que lleva el nombre de un pistolero francés a quien el Tribunal Constitucional denegó su excarcelación favoreció a más de medio centenar de etarras.
La sentencia, cuyo ponente fue Fernando Grande-Marlaska, advertía de que si bien es cierto que el cumplimiento de las penas privativas de libertad está orientado a la reinserción, solo se accedería al trasladado de un recluso a un centro penitenciario de su comunidad o próximo a la misma si ello favoreciera o se dirigiera a la reinserción. En el caso de los presos de ETA, según el juez, se da la situación “inversa”, por lo que la finalidad “constitucionalmente perseguida resulta incompatible con el cumplimiento en el centro penitenciario solicitado”. Concluye el magistrado con el argumento de que mientras no conste la desvinculación del recluso de la organización terrorista y rompa vínculos con la misma, “que es precisamente lo que se persigue o conlleva la reinserción”, su situación penitenciaria no se verá modificada.
Además, a finales de octubre comenzó el juicio contra cinco militantes de Askapena, también conocido como el aparato internacional de ETA, acusados de recabar apoyo y dinero para la banda en países extranjeros. Para el mes que viene está fijada la reanudación del juicio contra 35 exmiembros de Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y
Los jueces de la Audiencia Nacional han abierto también otra vía para perseguir los crímenes de ETA aún sin resolver, que algunas fuentes cifran en 377, a raíz de una querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia. El magistrado Juan Pablo González estimó que no pueden ser investigados por delitos de lesa humanidad los asesinatos cometidos antes de 2004 porque no estaba tipificada esta figura en el Código Penal español, pero sí todas las acciones cometidas a partir de ese año. Esta decisión supone en la práctica que los terroristas que formaron parte de la cúpula de ETA a partir del 1 de octubre de 2004, como Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, o Mikel Garikoitz Aspiazu, Txeroki, podrían ser juzgados por delitos de lesa humanidad por los 12 atentados mortales que se cometieron a partir de esa fecha.
También el Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia de Covite para investigar a 76 etarras que supuestamente utilizaron documentación falsa para redimir condena. El juez tiene sobre su mesa abundante documentación que avalaría que un grupo de presos consiguió reducir, en algunos casos, hasta la mitad su condena al cursar estudios en la Universidad del País Vasco (UPV) o en la UNED de Bergara con documentos de identidad falsos. La denuncia sostiene que ha habido falsificación de documentos al utilizar DNI correlativos, duplicando los números de identificación o estableciendo que hicieron los exámenes de acceso hasta 10 años después de haber comenzado los estudios. En la lista de investigados figuran destacados etarras. Por ejemplo, Ramón Aldasoro presentó un DNI falso (99999171) y en el expediente de José Antonio Agirre aparece que cursó selectividad 10 años después de comenzar sus estudios universitarios. Figuran también otros etarras con largo historial sanguinario como Kandido Azpiazu, José Antonio López Ruiz o Ignacio Arakama.
Los presos siguen en la cárcel y se están abriendo sumarios por crímenes no juzgados, pero políticamente ya casi nadie habla de ilegalización de Sortu y Bildu y hasta en el Ministerio del Interior admiten que el terrorismo de ETA ha acabado y nadie quiere frustrar la posibilidad de que ese fin sea irreversible. En ese clima, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha pedido recuperar las competencias en delitos de terrorismo. Recuerda que la atribución de dicha competencia a la Audiencia Nacional no estaba recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que se estableció “de manera excepcional y coyuntural” en una disposición transitoria de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1988.
Los expertos en la lucha antiterrorista sostienen que el abandono de las armas fue un proceso emprendido por el sector más veterano y posibilista de la organización terrorista. Tenía que ser una decisión definitiva e inequívoca y por eso tardaron más de dos años en conseguir adoptarla. Tuvieron que apaciguar a los jóvenes, que llevaban poco tiempo en la clandestinidad, tenían antecedentes policiales relacionados con la kale borroka y unas posiciones radicales que en los veteranos se habían ido atemperando con el tiempo. Al final se impusieron los mayores. Aún faltan elementos importantes para certificar el fin definitivo: la entrega de las armas y la disolución de ETA. Los expertos consultados piensan que que eso se produzca es solo cuestión de tiempo y consideran muy improbable que la banda terrorista vuelva a actuar.
Actos de kale borroka
Fuentes policiales sostienen, no obstante, que queda un pequeño foco de irreductibles en España, sobre el que las Fuerzas de Seguridad del Estado mantienen una estrecha vigilancia. Son disidentes de Sortu y EH Bildu y se sospecha que algunos de sus miembros pueden estar implicados en el incendio de ocho autobuses en la localidad vizcaína de Derio el pasado 1 de noviembre. Se han dado a conocer como Amnistía Ta Askatuna (ATA). Los investigadores piensan que con esas siglas estarían también tratando de rendir una especie de homenaje a Ata, el alias del exdirigente etarra Mikel Carreras que siempre se opuso al cese de la actividad armada. Carreras acaba de ser juzgado en Francia y lo único que salió de sus labios ante el juez fue el grito de “Gora ETA”.De los 327 etarras encarcelados en España, solo cuatro están en prisiones del País Vasco
Los dirigentes de Bildu y Sortu, conscientes de que el Tribunal Constitucional les marcó unas líneas rojas que si las atraviesan les devolverían a la ilegalidad, se apresuraron a condenar esos actos de kale borroka. Ese rebrote de violencia callejera se justifica en la negativa de la Audiencia Nacional a excarcelar a Ibon Iparragirre, un etarra que padece sida y por cuya situación se ha llegado a interesar el propio lehendakari Iñigo Urkullu. El problema está en que este antiguo repartidor de pizzas en Ondarroa (Vizcaya) dice que es naturista y se niega a que le mediquen. Los jueces son inflexibles porque no ha cumplido ni una cuarta parte de su condena (61 años), no ha mostrado arrepentimiento y porque sostienen que su “problemática médica” puede ser atendida en el centro penitenciario donde está recluido.
Solo cuatro en cárceles vascas
En el plano judicial las cosas tampoco favorecen a ETA. Según Etxerat, la asociación que agrupa a familiares y allegados de la banda, la cifra de terroristas recluidos en Francia es de 91, repartidos en 25 cárceles. A la lista de presos que están fuera de España hay que añadir a Andoni Zengotitabengoa Fernandez, en Portugal, y a Tomás Elorriaga Kunce, en Alemania. El grueso de terroristas cumple condena en cárceles españolas, 327, de los que solo cuatro lo hacen en centros penitenciarios de la comunidad autónoma vasca y otros tres permanecen bajo arresto domiciliario: Mikel Gil Cervera, José Ramón Foruria Zubialde y Belén González Peñalva, todos ellos por razones de enfermedad. En esa lista de 327 nombres también figura el del dirigente de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, cuya excarcelación está prevista para el próximo mes de abril.En la enumeración elaborada por Etxerat nunca han figurado los etarras que decidieron acogerse a la vía Nanclares impulsada por el gobierno socialista. Algunos ya han salido de prisión. Los casos más conocidos son los de Carmen Gisasola o Valentín Lasarte o el exdirigente de la banda José Luis Álvarez Santacristina . El Gobierno del PP nunca ha sido muy receptivo a esta vía y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, decidió cerrarla para endurecer los beneficios penitenciarios a excepción de los de quienes, vía notarial, pidieran perdón por sus crímenes y renunciaran a la lucha armada.
Otros exetarras muy conocidos y desvinculados hace años de la organización, como Joseba Urrosolo Sistiaga o Idoia López Riaño, disfrutan de permisos penitenciarios. El caso de la exmiembro del comando Madrid es una señal más de que los jueces no han levantado el pie del acelerador en su lucha contra ETA. El año pasado cumplió las tres cuartas de su condena (no saldrá de prisión hasta 2019) y hace muy pocos meses un juez denegó su definitiva puesta en libertad por “el no reconocimiento del daño causado”, puesto que solo admite haber participado en 3 de los 23 asesinatos de los que está acusada.
El auto era contundente y no parecía obedecer a ningún pacto ETA-Gobierno: “El presentar mecanismo de justificación frente al delito conducen necesariamente a hacer una valoración negativa de la actitud de la interna frente a los delitos cometidos, lo que es causa directa de denegación del permiso al tratarse de una persona condenada por muchos y graves delitos con consecuencias irreparables que han generado un daño extraordinario, el cual no reconoce”. Así que la etarra disfruta de algunos permisos, en los que ha aprovechado para sacarse el carnet de conducir.
Lo que ocurrió poco después del cese definitivo en materia penitenciaria es conocido. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tumbó la llamada doctrina Parot, lo que le costó al magistrado español Luis López Guerra —miembro de ese Tribunal y partidario de estimar el recurso de la etarra Inés del Río Prada— una campaña de desprestigio por parte de la derecha. Un periódico llegó a afirmar que su elección para Estrasburgo fue fruto del pacto Zapatero-ETA. La sentencia obtuvo 15 votos a favor y solo 2 en contra, lo que demuestra que la opinión de los magistrados se basó en criterios jurídicos y fue independiente de la postura de López Guerra. La resolución judicial adoptada fuera de España sobre esta doctrina que lleva el nombre de un pistolero francés a quien el Tribunal Constitucional denegó su excarcelación favoreció a más de medio centenar de etarras.
Petición de acercamiento
El penúltimo revés judicial se lo dieron a un grupo de unos 30 presos de ETA que había solicitado por vía judicial —y no a través de Instituciones Penitenciarias, que es el organismo que tiene la competencia— su acercamiento a cárceles del País Vasco o próximas a esa comunidad autónoma. Entendían que sufrían un trato “inhumano” y “degradante”, lo cual vulneraba sus derechos fundamentales. Curioso alegato para venir de uno de ellos, José Javier Arizkuren Ruiz, condenado por el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. Aquí también los jueces dejaron las cosas claras al señalar que tal posibilidad era “ciertamente excepcional” y que solo se podía ir en el sentido de lo requerido por el recluso cuando se hubiera producido “una clara vulneración de los derechos fundamentales y penitenciarios del interno susceptible de ser corregida por la vía del traslado”.La sentencia, cuyo ponente fue Fernando Grande-Marlaska, advertía de que si bien es cierto que el cumplimiento de las penas privativas de libertad está orientado a la reinserción, solo se accedería al trasladado de un recluso a un centro penitenciario de su comunidad o próximo a la misma si ello favoreciera o se dirigiera a la reinserción. En el caso de los presos de ETA, según el juez, se da la situación “inversa”, por lo que la finalidad “constitucionalmente perseguida resulta incompatible con el cumplimiento en el centro penitenciario solicitado”. Concluye el magistrado con el argumento de que mientras no conste la desvinculación del recluso de la organización terrorista y rompa vínculos con la misma, “que es precisamente lo que se persigue o conlleva la reinserción”, su situación penitenciaria no se verá modificada.
Amenazas en las redes
Una manifestación más de que en el ámbito judicial se mantiene el pulso contra ETA es el calendario de juicios realizados en los últimos años. Si bien es cierto que han ido descendiendo progresivamente, lo mismo que la actividad delictiva de los terroristas (se ha pasado de 106 en 2006 a los 49 de 2013), ha causado sorpresa el aumento registrado el año pasado por delitos relacionados con el enaltecimiento del terrorismo, muchos de ellos por el uso de las redes sociales con la inclusión de amenazas e insultos graves.Además, a finales de octubre comenzó el juicio contra cinco militantes de Askapena, también conocido como el aparato internacional de ETA, acusados de recabar apoyo y dinero para la banda en países extranjeros. Para el mes que viene está fijada la reanudación del juicio contra 35 exmiembros de Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y
Acción Nacionalista Vasca (ANV). La Fiscalía los acusa de contribuir a la estrategia elaborada con la intención de que la banda terrorista estuviera presente en las instituciones tras la ilegalización de Batasuna, cambiando de marca electoral en los diferentes comicios celebrados entre 2005 y 2008. Destaca la presencia en el banquillo de dos exportavoces de la coalición abertzale como Pernando Barrena o Marije Fullaondo. Antes de que acabe el año se celebrará la vista oral contra, entre otros, los abogados Arantza Zulueta y Jon Emparantza, presuntamente encargados de mantener la disciplina dentro del colectivo de presos para evitar deserciones. Al mismo tiempo, se les imputa ser los interlocutores entre la organización terrorista y los presos.La Audiencia Nacional podría juzgar a los miembros de la cúpula de ETA por delitos de lesa humanidad
Los jueces de la Audiencia Nacional han abierto también otra vía para perseguir los crímenes de ETA aún sin resolver, que algunas fuentes cifran en 377, a raíz de una querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia. El magistrado Juan Pablo González estimó que no pueden ser investigados por delitos de lesa humanidad los asesinatos cometidos antes de 2004 porque no estaba tipificada esta figura en el Código Penal español, pero sí todas las acciones cometidas a partir de ese año. Esta decisión supone en la práctica que los terroristas que formaron parte de la cúpula de ETA a partir del 1 de octubre de 2004, como Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, o Mikel Garikoitz Aspiazu, Txeroki, podrían ser juzgados por delitos de lesa humanidad por los 12 atentados mortales que se cometieron a partir de esa fecha.
Reapertura de sumarios
A la par, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están desempolvando atentados aún sin esclarecer y se están reabriendo los sumarios por los asesinatos del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo (León, 1995), el del senador del PP Manuel Giménez Abad (Zaragoza, 2001) y el del parlamentario del PP Gregorio Ordóñez (San Sebastián, 1995).También el Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia de Covite para investigar a 76 etarras que supuestamente utilizaron documentación falsa para redimir condena. El juez tiene sobre su mesa abundante documentación que avalaría que un grupo de presos consiguió reducir, en algunos casos, hasta la mitad su condena al cursar estudios en la Universidad del País Vasco (UPV) o en la UNED de Bergara con documentos de identidad falsos. La denuncia sostiene que ha habido falsificación de documentos al utilizar DNI correlativos, duplicando los números de identificación o estableciendo que hicieron los exámenes de acceso hasta 10 años después de haber comenzado los estudios. En la lista de investigados figuran destacados etarras. Por ejemplo, Ramón Aldasoro presentó un DNI falso (99999171) y en el expediente de José Antonio Agirre aparece que cursó selectividad 10 años después de comenzar sus estudios universitarios. Figuran también otros etarras con largo historial sanguinario como Kandido Azpiazu, José Antonio López Ruiz o Ignacio Arakama.
Los presos siguen en la cárcel y se están abriendo sumarios por crímenes no juzgados, pero políticamente ya casi nadie habla de ilegalización de Sortu y Bildu y hasta en el Ministerio del Interior admiten que el terrorismo de ETA ha acabado y nadie quiere frustrar la posibilidad de que ese fin sea irreversible. En ese clima, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha pedido recuperar las competencias en delitos de terrorismo. Recuerda que la atribución de dicha competencia a la Audiencia Nacional no estaba recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que se estableció “de manera excepcional y coyuntural” en una disposición transitoria de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1988.