18/7/2019
Política

Salvar a la infanta Cristina

El tribunal del caso Nóos tiene que decidir si archiva la causa en aplicación de la llamada doctrina Botín o condena a la hermana del rey a seis meses de banquillo

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Salvar a la infanta Cristina
El banquillo de los acusados del caso Nóos entre los que están Jaume Matas, la infanta Cristina, Diego Torres e Iñaki UrdangarinBallesteros / EFE / POOL

Primera jornada del juicio por el caso Nóos. Tras más de 12 horas de cuestiones previas, el abogado de la infanta, Miquel Roca, abandona el edificio del polígono Son Rossinyol de Palma en el que se ha celebrado la sesión. Le acompañan su colega de despacho, Jesús María Silva, y Mario Pascual Vives, defensor de Iñaki Urdangarin. De camino al coche los tres se encuentran con la abogada de Manos Limpias, Virgina López Negrete, la única que acusa a la hermana del rey en el procedimiento. “Pórtate bien, Manos Limpias, no seas tan mala”, le dice Roca con una amplia sonrisa. “Portaos bien vosotros”, contesta la abogada, también con tono amable. “Hasta febrero”, se despide el padre de la Constitución. “Igual no nos volvemos a ver”, recibe como réplica.

¿Hacienda somos todos?

Que Roca y López Negrete se vuelvan a ver depende en buena medida de la interpretación que el tribunal del caso Nóos le dé a la frase “Hacienda somos todos”, que el juez instructor José Castro clavó como un arpón durante la instrucción para desoír los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción y sentar en el banquillo a la infanta como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales atribuidos a su marido en los ejercicios de 2007 y 2008. Con varios meses de dilación, el fiscal Pedro Horrach replicó al togado acusándole de “ampararse en una manida expresión” para “orillar” la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mientras que la jefa de la Abogacía del Estado en Baleares, Dolores Ripoll, señaló que Castro había basado su decisión en una consigna más propia de la publicidad que del derecho.

Alrededor del mantra tributario se desarrolla la controversia de la que depende el futuro judicial de la infanta

Alrededor del mantra tributario, acuñado como gran lema de la primera reforma fiscal de la democracia que emprendió en 1977 el ministro Fernández Ordóñez, se desarrolla la controversia de la que depende el futuro judicial de Cristina de Borbón. El tribunal tendrá que decidir si la Agencia Tributaria es la única perjudicada por los delitos que se le imputan, como defienden con vehemencia la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la propia defensa de la infanta, o si por el contrario el presunto fraude fiscal afecta a los intereses colectivos, lo que, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, condenaría a la hermana del rey a permanecer seis meses más en el banquillo de los acusados a la espera de una sentencia.

Entre Botín y Atutxa

La infanta Cristina continuará viviendo una “pesadilla jurídica” si la Audiencia de Palma decide no aplicarle la doctrina Botín, la construcción legal que el Supremo levantó en 2007 para confirmar el archivo de la causa que la Audiencia Nacional había dictado un año antes contra el entonces presidente del Santander, Emilio Botín, otros tres ejecutivos del banco y 21 clientes en el caso de las cesiones de crédito.

Con fundamento

Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional en esa época, apunta en conversación con AHORA que la doctrina Botín no se aplicó por “motivos pietistas” sino que tenía “un fundamento”. Ese fundamento jurídico, el mismo que invoca la defensa de la infanta, descansa en el artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que en el procedimiento abreviado, “si la Fiscalía y el acusador particular solicitan el sobreseimiento”, este deberá ser acordado por el juez.

En el caso Nóos, ni el fiscal —garante de la legalidad en todo proceso— ni la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, afectada directa de los delitos fiscales por el daño ocasionado en la recaudación, presentan cargos contra la que fuera duquesa de Palma, a la que únicamente acusa el sindicato Manos Limpias.

“Se pretende vaciar de contenido el artículo 782”, denunció Horrach antes de esgrimir cinco sentencias de audiencias de toda España aplicables a la hermana del monarca. “No es normal que un ciudadano de Bilbao no se siente en el banquillo, y otra aquí sí”, argumentó.

La doctrina Atutxa avala los casos sostenidos solo por la acusación popular si el bien jurídico es difuso

Además de la doctrina Botín, las magistradas Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín Hernández tienen que valorar si el caso de la infanta se ajusta a la denominada doctrina Atutxa, con la que el Supremo avaló los procedimientos únicamente sostenidos por la acusación popular cuando el bien jurídico protegido es “difuso” o no tiene un perjudicado directo, como en los delitos medioambientales o el de desobediencia.

Esta importante matización sirvió para condenar en 2008 al expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, nombre que adoptó Batasuna tras su ilegalización. Con los mismos argumentos, el alto tribunal avaló en 2010 que se investigara, con la sola acusación de la acción popular, a los exlehendakaris Patxi López y Juan José Ibarretxe por reunirse con Arnaldo Otegi durante la tregua de 2006, si bien archivó la investigación por ausencia de delito.

Fungairiño elude opinar sobre un asunto que se está juzgando, aunque desliza que a la Agencia Tributaria le mueven a menudo “razones de carácter material”. “En el caso de Botín, a Hacienda le interesaba más un Santander que pagara sus impuestos que uno que fuera sometido a juicio”, defiende.

Una aberración jurídica

Quien sí se pronuncia con contundencia sobre el caso de la infanta es el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, que asegura que sostener que el delito contra la hacienda pública afecta a intereses particulares constituye “una aberración jurídica que rompe todos los pilares establecidos en el derecho penal y procesal español desde hace siglos”. De igual modo, señala a AHORA que la abogada del Estado debería leerse el artículo 31 de la Constitución, que establece que los españoles “contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. En una línea similar se manifiesta el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, quien destaca el “carácter colectivo” del bien jurídico en litigio, en referencia a la hacienda pública. Bajo esta premisa vaticina: “La infanta podría ir a juicio”.