23/10/2017
Política

Abogados top para los acusados 'black'

Los procesados por el escándalo de las tarjetas opacas afrontan el juicio asesorados por los mejores penalistas de los bufetes más caros de Madrid

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Los 65 antiguos directivos de Caja Madrid que desde finales del mes pasado se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por el desfalco de las tarjetas black denuncian que el escándalo les ha arruinado la vida, se sienten víctimas de una traición por parte de quienes han exhibido públicamente sus vergüenzas y se lamentan, quejicosos, por tener que soportar cada mañana, ante la indiferencia de los agentes de policía que custodian el pabellón en el que se desarrolla el macrojuicio, los abucheos, gritos e insultos, muchas veces más allá de los límites del buen gusto, que les dedican los preferentistas que confiaron en la entidad los ahorros de toda su vida.

Pero los black no están solos. A su lado, asesorándoles en cada palabra que deslizan ante el tribunal para tratar de esquivar los hasta 10 años de cárcel que la acusación popular pide por los delitos de apropiación indebida y administración desleal, cuentan con una legión de abogados provenientes de los mejores bufetes de Madrid. En los estrados de la sala de vistas, del lado de las defensas, se sientan los mejores penalistas, antiguos magistrados del Tribunal Supremo, doctores en Derecho, juristas de reputada trayectoria profesional y prestigiosos fiscales que aparcaron la carrera y pidieron una excedencia para desarrollarse en el sector privado. La mayoría de los acusados, independientemente de que fueran propulsados como consejeros de Caja Madrid por el PP, por el PSOE o por Izquierda Unida, por las organizaciones empresariales o por los sindicatos, han optado por encomendar su futuro judicial a los bufetes más prestigiosos, y más caros también, de la capital.

Estrategias coincidentes

Las estrategias de las defensas han convergido hasta tal punto durante los interrogatorios que algunos acusados parecen haberse aprendido de memoria los argumentos que han expuesto ante el tribunal. La primera consigna es sostener que los gastos de las tarjetas black eran parte de sus retribuciones como directivos o miembros del consejo de administración y de la comisión de control de Caja Madrid. Sostienen que se trataba de asignaciones de libre disposición que cada uno podía emplear en lo que quisiera y cuyo límite fijaba discrecionalmente el presidente de la entidad, Miguel Blesa, y autorizaba su brazo ejecutor y número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj. Y culpan a la entidad, que ellos mismos dirigían, de que esas remuneraciones no tributaran a Hacienda como cualquier renta del trabajo.

Entre los abogados hay exmagistrados del Supremo, exfiscales anticorrupción y reputados juristas

La segunda línea de defensa pasa por anular la prueba principal: el Excel en el que Bankia volcó los gastos de los consejeros, que en el periodo que no ha prescrito (entre los años 2003 y 2012) superó los 12 millones de euros. Para ello, los acusados se han empeñado en destacar que no reconocen los gastos que se les atribuyen, que jamás han estado en los lugares en los que se anotaron los cargos o que sus tarjetas registraron pagos simultáneos en sitios diferentes. El más expresivo fue el siempre polémico expresidente de los empresarios españoles Gerardo Díaz Ferrán. “Esta hoja no es una justificación de nada, esto es un papel mojado que no sirve para nada, más que para confundir y para que digan en televisión que yo me he comprado una mesa”, señaló el antiguo líder de la CEOE y hoy presidiario. En defensa de la prueba tuvo que salir el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, quien recordó que tanto el juez instructor del caso, Fernando Andreu, como la Sala de lo Penal, al resolver los recursos de las defensas, han acreditado durante el procedimiento la validez de los datos ofrecidos por Bankia. A su juicio, el cuestionamiento de la principal prueba de cargo es “gratuita” y está “huérfana de cualquier elemento objetivo probatorio”.

A estas más que cuestionables explicaciones se suma la denuncia realizada por varios consejeros, como los socialistas Antonio Romero y José María Arteta o el exdirigente de CC.OO. Rodolfo Benito, de que sus tarjetas habían sido clonadas, lo que explicaría que reflejaran gastos fuera de España. Los correos electrónicos aportados a la causa por Bankia durante el primer día del juicio apuntan que hasta 24 consejeros de la entidad pidieron duplicados de sus plásticos por sustracción o pérdida.

Abogados de relumbrón

Los dos principales acusados en la causa son Miguel Blesa, que presidió Caja Madrid entre 1996 y 2009, y Rodrigo Rato, que dirigió la entidad en el proceso de fusión que dio origen a Bankia y su posterior salida a bolsa. En mayo de 2012, en plena incertidumbre por el riesgo de rescate a la economía española, la entidad tuvo que ser nacionalizada con una inyección de fondos públicos que superó los 20.000 millones de euros.

A Blesa, amigo de pupitre de José María Aznar, le defiende en sus cuitas judiciales Carlos Aguilar, socio del despacho CMS Albiñana y Suárez de Lezo, fundado en 1927 y en el que trabajan en la actualidad más de 100 abogados con oficina en Madrid, Barcelona y Sevilla. Entre sus principales clientes, según el propio bufete, se encuentra un gran número de empresas que cotizan en el Ibex 35. Además de a Blesa, al que tuvo que separar de varios preferentistas que querían agredirle durante una de sus declaraciones en los juzgados de plaza de Castilla, Aguilar defendió a Caja Madrid Bolsa en el juicio de Gescartera y ha asumido la representación  de otros exdirigentes del Partido Popular (PP), como el exministro del Interior Ángel Acebes, en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, o la exconsejera madrileña de Educación Lucía Figar, en el caso de corrupción Púnica.

Ponente de la Cátedra KPMG de Derecho Penal Económico de la Universidad Rey Juan Carlos, aspira a demostrar durante la vista oral que su cliente es inocente, entre otras cosas porque el sistema de tarjetas de Caja Madrid que ahora se persigue fue inventado por su antecesor, Miguel Terceiro, en 1986. Blesa, que gastó 436.700 euros que se ha comprometido a devolver, se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía Anticorrupción de seis años de cárcel y una multa de 108.000 euros. 

A Rodrigo Rato el fiscal Luzón le solicita la misma multa y cuatro años y medio de cárcel por gastar más de 99.000 euros con su visa opaca. El otrora vicepresidente económico del gobierno de Aznar y director-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha confiado su defensa a otro de los mejores penalistas de España, Ignacio Ayala. Formado a la vera de Horacio Oliva, miembro del despacho Oliva-Ayala Abogados, el letrado tiene más de 25 años de experiencia profesional en procesos de negociación empresarial, judicial y extrajudicial. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, donde destacó por su investigación en materia de fraude fiscal, es profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense y del Máster en Abogacía de la Universidad Carlos III de Madrid. Además de a Rato, el bufete de Oliva y Ayala representó al exprimer ministro italiano y magnate de la televisión Silvio Berlusconi en el caso Telecinco, al banquero Emilio Botín en el de las cesiones de crédito o a los dos presuntos cerebros de la trama de corrupción Malaya: el expresidente del Atlético de Madrid y exalcalde de Marbella Jesús Gil y su asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca. En la actualidad Ayala también representa al expresidente del Barça Sandro Rosell, investigado por el fichaje del delantero brasileño Neymar.

Enrique Bacigalupo, socio del despacho A25 Abogados y Economistas, fue durante 23 años magistrado del Tribunal Supremo, en el que siempre fue encasillado en el sector progresista. En el juicio de las tarjetas black es el abogado que representa a más acusados, con un total de siete. La lista incluye a los socialistas José Acosta, Francisco Pérez y Santiago Javier Sánchez y a los sindicalistas Miguel Ángel Abejón y Antonio Rey de Viñas. También defiende a dos próximos al PP: la presidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga, y el miembro de la Comisión de Control Antonio Cámara. Catedrático de Derecho Penal y magistrado emérito del alto tribunal, Bacigalupo formó parte de la sala que condenó al entonces juez Javier Gómez de Liaño por el caso Sogecable o la que cuadruplicó las penas a los acusados por el fraude del aceite de colza. También ha sido el abogado del futbolista Leo Messi, condenado en julio pasado a 21 meses de cárcel por fraude fiscal.

Los que expulsaron a Garzón

El despacho del magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán Montalvo, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, lleva la defensa de los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid Cándido Cerón y José María Buenaventura. El bufete, representado en el juicio por su propio director y el abogado Jesús Villamor, está especializado en asesoría fiscal y delincuencia económica y ha defendido a la familia Carceller, al constructor David Marjaliza en el caso Púnica y al presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, hasta que este dejó de pagar sus honorarios.

Todos coinciden en la estrategia: “Las tarjetas black eran parte de las retribuciones de directivos y consejeros”

Choclán fue uno de los tres abogados que consiguió expulsar de la carrera judicial al juez Baltasar Garzón por autorizar las escuchas en prisión de las conversaciones que los principales imputados en el caso Gürtel mantuvieron con sus abogados. Otro fue Pablo Rodríguez Mourullo, primer abogado del presunto número dos de la red Gürtel, Pablo Crespo, que defiende en el juicio de las tarjetas black al jefe de gabinete de Blesa, Luis Gabarda. El bufete Rodríguez Mourullo, otro de los más prestigiosos de la capital, representa, a través de Gonzalo Rodríguez Mourullo Otero, a otros dos pesos pesados que se sientan en el banquillo: el ex secretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella y el expresidente de Renfe Miguel Corsini. El abogado de Garzón en aquel procedimiento, Gonzalo Martínez-Fresneda, también está presente en el juicio de las black, en su caso para defender al secretario del Consejo de Administración de Caja Madrid, Enrique de la Torre. Entre sus clientes más conocidos también han estado el exdiputado del PSOE Gaspar Zarrías y la primera teniente de alcalde de Madrid, Rita Maestre.

Antiguos fiscales

Otro de los ilustres abogados que acude a diario al polígono industrial de San Fernando de Henares en el que se desarrollan las vistas es el antiguo miembro de la Fiscalía Anticorrupción Javier Sánchez Junco, que se hizo famoso al pedir 49 años y medio de prisión al expresidente de Banesto Mario Conde. En la causa defiende a Javier López Madrid, directivo de OHL, yerno del presidente de la compañía, Juan Miguel Villar Mir, y “compi yogui” de la reina Letizia, según recogieron unos mensajes intervenidos en su móvil.

La lista de letrados de los black también incluye a los exfiscales Juan Barallat, que representa al número tres de la caja, Matías Amat; a Dolores Márquez de Prado, defensora de Ángel Eugenio Gómez del Pulgar; y a José Zaforteza, abogado de Jaume Matas y en este procedimiento de Carmen Contreras.

Pero la lista es aún más extensa. Los primeros abogados de Luis Bárcenas, Alfonso Trallero y Miguel Bajo, defienden, respectivamente, a la secretaria de Esperanza Aguirre, Mercedes Rojo, y al expresidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández. Esteban Mestre asiste a los socialistas Virgilio Zapatero, Jorge Gómez y José María de la Riva. José María Mohedano, abogado del expresidente de la Junta José Antonio Griñán en el caso de los ERE, defiende al exdiputado del PSOE Ramón Espinar. José Antonio Giménez Gutiérrez se ocupa de la defensa del todopoderoso consejero de IU José Antonio Moral Santín y de los miembros de CC.OO. Pedro Bedia y Francisco Baquero, y José María de Pablo es el abogado de los consejeros populares Jesús Pedroche y Alberto Recarte. Nunca antes se vieron juntos a tantos abogados de postín en una nave de un polígono industrial del extrarradio de Madrid.