20/8/2019
Política

Todas las ranas de Aguirre

La lideresa dice que solo dos cargos le salieron “rana”, pero los imputados por corrupción son 34

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Todas las ranas de Aguirre
Aguirre, en 2011, junto a Ignacio González y Granados.Ballesteros / EFE
El sábado 22 de noviembre de 2003, en un acto solemne celebrado en el patio acristalado de la Real Casa de Correos, desde cuyo balcón se proclamó la Segunda República hace ahora 85 años, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lanzó a los ciudadanos de la región capital el mensaje de que podían estar “tranquilos” porque el suyo era “el mejor equipo” de gestión de la  “historia del estado autonómico de España”. 

Aguirre, que dos días antes había obtenido el apoyo de la Asamblea de Madrid gracias a la repetición de las elecciones que provocaron los tránsfugas socialistas Tamayo y Sáez, presidía la toma de posesión de los 11 consejeros (nueve hombres y dos mujeres) que formarían su primer ejecutivo, del que dijo estar “muy orgullosa”. 

González, Granados y Victoria: del núcleo duro del aguirrismo a estar imputados en diversas causas

Entre los que juraron el cargo con mayor entusiasmo estaban Ignacio González, flamante vicepresidente primero, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, y Francisco Granados, catapultado tras sus victorias electorales en Valdemoro y la equilibrada dirección de la comisión de investigación del ‘tamayazo’ a la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, a la que se iba a encomendar la mayor ampliación del Metro de toda la historia. Al acto, al que no fue invitado el presidente saliente de la Comunidad y ya por entonces alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, también asistió Salvador Victoria, que a los pocos días fue nombrado secretario general del Consejo de Gobierno y viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid. 

Los tres —González, Granados y Victoria— formaron parte durante más de una década del núcleo duro del aguirrismo al que la lideresa encomendó la dirección del gobierno y del Partido Popular madrileño y los tres afrontan en estos momentos un convulso horizonte judicial por causas relacionadas con la corrupción. Sus imputaciones y las de una treintena de políticos del PP madrileño que tendrán que responder de sus actos ante los jueces en los próximos meses por el caso Gürtel, la operación Púnica o las tarjetas black de Caja Madrid desbaratan el discurso de Aguirre de que a ella solo dos altos cargos, en referencia a Granados y al exconsejero de Deportes Alberto López Viejo, le salieron “rana”. Hasta el punto de que a la jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid algunos analistas políticos ya han comenzado a llamarla “la reina de los batracios”. 

Entre el ático y la cárcel

El futuro judicial de Ignacio González, sempiterno número dos de Aguirre hasta que en 2012 le sucedió como presidente de la Comunidad de Madrid, pasa por el ático de lujo en Estepona (Málaga) que supuestamente alquiló en 2008 y compró cuatro años más tarde al testaferro de una empresa radicada en el paraíso fiscal de Delaware. El más destacado de los aguirristas defiende la legalidad de la operación, que las acusaciones vinculan con un cohecho por el mayor ‘pelotazo’ del caso Gürtel, y el pasado 18 de abril aseguró ante el juez que las gestiones para hacerse con la vivienda se realizaron “telefónicamente y por correos electrónicos”.

La mansión, un dúplex de 495 metros cuadrados provisto de jacuzzi, sauna y piscina privada, costó 741.100 euros que, según su versión, fueron sufragados con un préstamo y los 636.000 euros que su esposa, Lourdes Cavero, recibió como indemnización, tras 30 años de trabajo, en la patronal del sector eléctrico Unesa.

Aguirre siempre ha respaldado a González por este caso, que atribuye a la actuación de una “trama” policial dirigida por el comisario José Manuel Villarejo. Dos días después de su declaración judicial como investigado, la actual portavoz municipal del PP en Madrid reiteró su apoyo a su hombre de confianza: “Es un señor honrado mientras no se demuestre lo contrario”. 

Con quien Aguirre no ha tenido más remedio que cortar es con Francisco Granados, quien permanece desde el 31 de octubre de 2014 en la prisión madrileña de Estremera, que él mismo inauguró como consejero de Justicia e Interior. El juez Eloy Velasco le atribuye una decena de delitos como cabecilla de la “organización criminal” desmantelada con la operación Púnica. Pero esa ruptura, materializada con una petición pública de “perdón” por el “error” de haber confiado en él, no se produjo hasta que Granados salió de su casa de Valdemoro esposado por la Guardia Civil. La presidenta aseguró no haber sospechado nada cuando, en octubre de 2006, a la mujer de su consejero le quemaron un coche que estaba a nombre de una constructora, lo que le llevó a decir entonces que ese ataque era “el primer atentado” cometido contra un político de la Comunidad de Madrid. Dos años antes Aguirre aupó a Granados hasta la secretaría general del PP madrileño por considerar que era la persona que reunía “la experiencia, el trabajo, el conocimiento político, la cercanía y la capacidad de escuchar y de diálogo” que se necesitaban para ese puesto.

El último consejero de Asuntos Sociales de Aguirre, Salvador Victoria, que llegó a ser el número dos del gobierno madrileño con Ignacio González, tiene prohibido salir del territorio nacional desde julio pasado, cuando el juez Velasco le tomó declaración por los delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos. Se le acusa de haber dispensado “trato de favor” a una empresa de la trama Púnica que supuestamente cobraba en negro los trabajos que realizaba para mejorar la reputación ‘on line’ del presidente regional y otros miembros del ejecutivo.

Por estos manejos también tienen la condición de investigados (nueva denominación que la Ley de Enjuiciamiento Criminal da a los imputados) la exconsejera Lucía Figar, que ocupó tres carteras con Aguirre entre los años 2005 y 2012, Isabel Gallego, directora general de Relaciones con los Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid en las tres legislaturas del aguirrismo, Manuel Pérez Gómez, que dirigió la Consejería de Educación durante 22 días y fue alto cargo de la Administración regional durante 12 años, y José Martínez Nicolás, director de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM), a la que supuestamente se encargaron los trapicheos investigados. A esta lista se suman dos altos cargos de la máxima confianza de Granados: su asesor Edelmiro Andrés Galván y su jefe de gabinete, Ignacio Palacios. 

“Está ahí todo el tiempo”

En el caso Púnica, en el que se investiga el amaño de contratos en administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, Valencia, Murcia y León a cambio del pago de comisiones ilegales, también está imputado Beltrán Gutiérrez, gerente del PP madrileño durante 14 años. La exalcaldesa de Madrid Ana Botella le cesó en octubre de 2014 como asesor municipal después de que otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, actuara contra él por haber cargado 58.000 euros a una tarjeta black de Caja Madrid. Unos días después Gutiérrez Moliner dejó también su cargo de gerente del PP, aunque continuó trabajando en el partido, a las órdenes de Esperanza Aguirre. 

Velasco, que le atribuye los delitos de cohecho y blanqueo de capitales, le interrogó el pasado 3 de marzo después de que sus iniciales (B.G.) aparecieran en la agenda de Granados junto a una serie de pagos de un millón de euros que supuestamente habría realizado el directivo de la constructora OHL Javier López Madrid, investigado como él en los dos procedimientos. 

Tras su imputación, que vino precedida del registro por parte de la Guardia Civil del despacho que ocupaba en la primera planta del edificio de los populares en la calle Génova, Aguirre cerró filas con su gerente: “¿Por qué tengo que echarle? Es un funcionario del partido que está imputado”, dijo en febrero pasado. Y en el congreso regional que el PP de Madrid celebró en abril de 2012 la lideresa mostró en público su afecto por ese trabajador del partido. “Gracias de corazón a nuestro gerente. Gracias, Beltrán, por estar ahí todo el tiempo”, le dedicó.

Si Beltrán Gutiérrez es próximo a Aguirre, lo mismo se puede decir de Mercedes Rojo, que trabajó como secretaria de la presidenta y era la persona que se encargaba de gestionar su agenda. Está imputada por la fusión y salida a bolsa de Bankia y por cargar 119.300 euros a otra tarjeta black. Con estudios de Farmacia, reconoció en su declaración ante el juez Andreu que, aunque formaba parte de la Comisión de Auditoría de la entidad, nunca tuvo conocimientos sobre contabilidad o finanzas.  

Aguirre defiende a González e incluso defendió a Granados hasta que salió de su casa esposado

La lista de cargos del PP madrileño investigados en el caso Púnica, en el que se analizan hasta cuatro vías diferentes de financiación de la organización política, se completa con una decena de alcaldes, concejales y diputados en la Asamblea que se presentaron a las elecciones con el visto bueno de los órganos de dirección regionales y el comité electoral que presidía Ignacio González. Entre ellos se encuentran los dos alcaldes que sucedieron a Granados en Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga, detenido junto a su primer teniente de alcalde, Javier Hernández, y el también exdiputado José Miguel Moreno, que en una conversación que forma parte del sumario afirmaba: “Estoy tocándome los huevos que para eso me hice diputado”. Compartía bancada con Mario Utrilla, exalcalde de Sevilla La Nueva, y Daniel Ortiz, exregidor de Móstoles, por cuya condición de parlamentario se ha interesado el juez Velasco como paso previo a su imputación.

También fueron arrestados en la operación los alcaldes populares de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas; Casarrubuelos, David Rodríguez; Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada; y Collado Villalba, Agustín Juárez; así como los concejales Alejandro Utrilla (Móstoles), Juan Fernando Prado (Valdemoro) y Alberto Sánchez (Collado Villalba). En estos casos Aguirre se desmarcó de los detenidos diciendo que su designación correspondía a los comités electorales locales. “A esos alcaldes no les conozco”, dijo tras estallar la operación. Unos meses antes, sin embargo, bromeaba en un acto público con el regidor de Collado Villalba, municipio en el que se celebró la cena de Navidad del PP madrileño en 2013, y le decía: “Nadie es perfecto y Agustín (Juárez) es culé”. 

En el yate con Correa

Cinco años antes de que estallara el escándalo Púnica, la Comunidad de Madrid se convulsionó con el caso Gürtel, cuya primera época de actividades (entre los años 1999 y 2005) comenzará a ser juzgada el próximo mes de octubre. A pesar del “yo destapé la trama Gürtel” que Esperanza Aguirre se atribuyó el 8 de abril de 2010 en el Parlamento regional, el tribunal examinará seis expedientes de contratación adjudicados a la trama de Francisco Correa, por un importe de 1,14 millones de euros, y 657 contratos menores, por valor de 5,33 millones, que su gobierno suscribió entre 2004 y 2008 con las empresas de la red corrupta. 

Como máximo responsable de esas adjudicaciones, que se caracterizaron por los sobrecostes, los amaños y el fraccionamiento como método para sortear los requisitos de la Ley de Contratos Públicos, según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), estaba el exconsejero de Deportes Alberto López Viejo —al que Aguirre rescató del gobierno municipal de José María Álvarez del Manzano elogiando su labor al frente de la concejalía de Limpieza—, que el juez Pablo Ruz también puso en el punto de mira por su trato de favor a la trama investigada. El exconsejero, al que el diario El Español exhibió en un vídeo compartiendo yate y vacaciones con Correa y su acólito Álvaro Pérez, el Bigotes, fue defendido por Aguirre incluso en la rueda de prensa en la que anunció su dimisión. “Solo ha organizado materialmente los actos de la Comunidad, pero no ha hecho nada ni ilegal ni irregular —dijo la presidenta el 9 de febrero de 2009—. Ha dimitido pero no está implicado, se va para que no se le confunda con la trama.” Se enfrenta a 46 años de cárcel por asociación ilícita, fraude fiscal, malversación de caudales públicos, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. En este procedimiento, además, se sentarán en el banquillo de los acusados el exviceconsejero de Inmigración Carlos Clemente, los exdiputados Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco, encargados del urbanismo en Boadilla del Monte y Arganda del Rey, respectivamente, los exalcaldes de estos dos municipios, Arturo González Panero, el Albondiguilla, y Ginés López, y los antiguos regidores de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, y Majadahonda, Guillermo Ortega, el Rata. También lo harán exconcejales del PP como José Luis Peñas o Juan José Moreno (Majadahonda) o el antiguo director general del Ayuntamiento de Boadilla César Tomás Martín Morales. Suman 34, no dos.