10/4/2020
Análisis

Apocalípticos e integración europea

Es necesario asumir que la UE es imperfecta por su propia naturaleza

Apocalípticos e integración europea
Cameron en Downing Street tras el Consejo Europeo. C. CORTE / GETTY IMAGES
La noche del viernes 19 al sábado 20 de febrero, dos noticias recorrieron el viejo continente: el acuerdo alcanzado en Bruselas con objeto de ayudar a la permanencia de Reino Unido en la UE y la muerte en Milán del gran Umberto Eco. Quién sabe si, quizás por eso, en los análisis de los días siguientes sobre el resultado del Consejo Europeo pareciera que se quisiera rendir homenaje al autor del célebre ensayo Apocalípticos e integrados. Como es sabido, el escritor italiano distinguía así entre quienes tienden a hacer una interpretación inclemente o, al contrario, muy benévola de los desarrollos contemporáneos en el ámbito cultural. Una sugerente dicotomía que se puede extender al mundo de la política, donde tantas veces se enfrenta la rigidez de los impecables con el conformismo de los que se someten tal vez demasiado rápido al mal menor.

Por supuesto, los defensores de los principios europeos más esenciales (aunque enseguida se verá que el proyecto de integración siempre ha sido más bien contrario a la idea misma de las esencias) han atacado sin piedad el resultado de la negociación: un desastre sin paliativos, una afrenta a los padres fundadores del proyecto y una nueva rendición al socio perennemente molesto. Curiosamente, un juicio similar hacían también los euroescépticos británicos, aunque ellos se rasgaban las vestiduras por las razones exactamente opuestas: una derrota frente al continente y la definitiva demostración de que los británicos son incapaces de reformar la Unión y defender su soberanía.

Los intentos de acomodo en la UE a través de un estatus especial no son en absoluto una novedad

¿Quién lleva la razón?, ¿los euroentusiastas?, ¿los eurófobos?, ¿o más bien es el acuerdo virtuoso porque justamente deja frustrados a los dos extremos maximalistas y sin embargo parece satisfacer tanto a Cameron como al resto de líderes europeos? Esa sería una conclusión también precipitada, pues no toda transacción, aunque deje en principio contentas a las partes, es de por sí buena. Hay casos en la historia de la integración de grandes acuerdos unánimes entre estados e instituciones que, sin embargo, demostraron pronto su desacierto. Por ejemplo, el Tratado de Niza o más recientemente la forma de gestionar la crisis entre 2010 y 2012. Y hay también muchos precedentes de cesiones al Londres más recalcitrante que no han servido para apaciguar su desconfianza: piénsese que solo dos años más tarde de su adhesión, los británicos ya consiguieron renegociar los términos de su pertenencia y que han logrado numerosos privilegios y excepciones: en 1984 el “cheque británico”, en 1992 la exclusión del euro y del Protocolo Social, en 1997 quedar fuera de Schengen, en 2007 condicionar la Carta de Derechos Fundamentales y en 2012 no firmar el Fiscal Compact.

Recuento de daños

Eso sí, también es cierto que la mera relación anterior sirve para demostrar que los intentos de acomodo a través de un estatus especial no son en absoluto una novedad y que sobreactúan los que señalan que “por primera vez” la UE traiciona tal cosa o la otra. En realidad, la Unión lleva practicando encajes entre los arreglos intergubernamentales y el ideal comunitario desde su mismo nacimiento y no solo ha sido Reino Unido quien se ha beneficiado de esa flexibilidad. Por tanto, un juicio ponderado de lo acordado el día 19 requiere desembarazarse de prejuicios, asumir que la integración es imperfecta por naturaleza, aceptar el enorme valor que tiene el que nadie abandone el barco (del mismo modo que subrayamos en verano pasado a propósito de Grecia), ser conscientes de que el pacto con Cameron tenía que ser necesariamente feo y descender al análisis concreto de los daños. Pues bien, lo cierto es que no son tantos.

Es verdad que se recalca que la bella fórmula de “la unión cada vez más estrecha” no servirá para ampliar competencias de la UE y tampoco será aplicable a Reino Unido, pero es mejor reconocer honestamente lo que todos sabemos. En cambio, se ha evitado el peligro de aceptar que la cláusula no equivalía al objetivo de integración política para los otros 27 y, en la práctica, el desenlace refuerza la vigencia de la idea para todos los demás. En segundo lugar, y por lo que se refiere a la llamada “tarjeta roja” que permite a los parlamentos nacionales vetar propuestas normativas de la Comisión, lo cierto es que la exigencia de que ese veto sea colectivo e incluya al 55% de las cámaras legislativas de los estados miembros no solo hará el sistema de bloqueo difícilmente aplicable, sino que, además, deslegitima a los parlamentos que pretendan enfrentarse por libre con Bruselas; es decir, tendrán que coordinarse con otros y la experiencia demuestra que, cuando se hace cooperación transparlamentaria, aumenta el europeísmo y no al contrario. Tampoco es mala solución la que se ha alcanzado para regular las relaciones entre los países que tienen la moneda única y los que no están obligados a adoptarla: no podrá haber discriminaciones de estos últimos pero, a cambio, tampoco podrán impedir que la eurozona avance y se gobierne a sí misma.

La importancia del diálogo

Quedan, por último, las controvertidas cuestiones referentes a las restricciones temporales a la libre circulación y la posible discriminación en el disfrute de determinados beneficios sociales. Aquí, y gracias sobre todo a la presión negociadora de los países de Europa Central y del Este, se ha conseguido acotar mucho su aplicación. En la práctica, se aplicará un “freno de emergencia” bajo condiciones de control por las propias instituciones, que velarán por que el país miembro que las desee activar pueda justificar un abuso o una situación realmente excepcional. Ello complicará que se aplique este mecanismo más allá del caso británico. En cualquier caso, ya hay jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que apoya que los estados modulen la asistencia social que acompaña a la libre circulación de personas. Esta se mantiene, aunque es verdad que pueden existir obstáculos en ciertos elementos de acompañamiento que resultan ignominiosos o no según el criterio sea más o menos exigente (recuérdese, por ejemplo, la reciente regulación impulsada por España que pretende evitar el turismo sanitario a costa de la gratuidad de los servicios nacionales de salud). Y sí, es lamentable que Reino Unido consiga arrancar un periodo de siete años para restringir la llegada de lo que ellos llaman inmigrantes, pero incluso ahí se ha buscado evitar el privilegio con la excusa de que es justo compensar a Londres por no haber aplicado periodos de transición cuando la gran ampliación de 2004-2007.

En la práctica, el desenlace refuerza la vigencia de la integración política para los otros 27 países

¿Significa todo lo anterior que es malo ser muy crítico con el acuerdo alcanzado? Pues tampoco. Porque la UE, como diría Eco de la cultura de masas, necesita de ese diálogo entre apocalípticos e integrados. Si no fuera por los primeros, las tentaciones que tendrían los segundos de ceder en las líneas rojas serían mayores y, además, le costaría más al primer ministro británico demostrar en casa que, aunque no sea del todo cierto, ha vencido frente a los continentales y que sus votantes deben premiarle confirmando en junio que Reino Unido seguirá con nosotros. Ojalá sea así.