15/12/2019
Política

Batalla contra el negocio de la sangre

Los trabajadores del Centro de Transfusión llevan al Supremo la privatización de las donaciones de la Comunidad de Madrid

Juan Luis Gallego - 05/08/2016 - Número 45
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Batalla contra el negocio de la sangre
Numerosos ciudadanos participaron en 2013 en el maratón de donantes de sangre en Barcelona. toni garriga / Efe

Cruz Roja cobra a la sanidad madrileña 67 euros por cada bolsa de sangre que donan ciudadanos altruistas

Cruz Roja cobra a la sanidad pública madrileña 67 euros por cada bolsa de sangre que donan los ciudadanos de forma altruista en la calle. Ocurre así desde hace algo más de dos años y solo en la Comunidad de Madrid, que lleva ya gastados cerca de 20 millones de euros en comprarla. No tenía por qué ser así. De hecho, no lo era antes. Hasta 2014, la colecta de sangre para abastecer a la sanidad pública, tanto en los centros sanitarios como en la calle, correspondía al Centro de Transfusión de Madrid, un organismo público, creado en 1988, precisamente para eso, para coordinar todas las fases del proceso de colecta, procesamiento y distribución de sangre.

El Servicio Madrileño de Salud cedió a Cruz Roja en 2013 la colecta de sangre en la calle y centros de trabajo

El cambio se produjo a raíz del convenio firmado el 20 de diciembre de 2013 —en plena fiebre privatizadora— por el Servicio Madrileño de Salud con Cruz Roja. En virtud de ese acuerdo, la Comunidad renunció a la colecta de sangre extrahospitalaria (en la calle, centros de trabajo, universidades…); vació de gran parte de sus competencias al Centro de Transfusión; encomendó la tarea, de forma exclusiva, a Cruz Roja, y decidió pagarle por ello. A razón de 67 euros la bolsa, con una previsión de 140.000 al año —la mitad en 2014, por considerarse un periodo transitorio—, algo más de 52 millones de euros hasta final de 2019, cuando finaliza el convenio, por algo que hasta entonces hacía la sanidad madrileña con sus propios medios materiales y humanos. Decidió además ceder a Cruz Roja gran parte de esos medios, los materiales, valorados en unos 8 millones de euros, para llevar a cabo su nueva misión. Los medios humanos, claro, también se vieron afectados, con un complicado proceso de recolocación y redistribución en distintos centros de la Comunidad.

Pelea en  los tribunales

Desde entonces, los trabajadores del Centro de Transfusión, agrupados en la asociación ADECETMA (Asociación de Empleados del Centro de Transfusión de Madrid), pelean en la calle —formaron parte activa de la Marea Blanca contra la privatización de la Sanidad— y ahora en los tribunales para conseguir la nulidad de un convenio que consideran “arbitrario, injustificado y lesivo para las arcas públicas” y un ataque al “actual modelo de hemodonación altruista, gratuito y de calidad”.

Es una lucha desigual. Los trabajadores de ADECETMA llevan invertidos ya, de su propio bolsillo, más de 30.000 euros en las diferentes campañas emprendidas para denunciar la situación, denuncia ante los tribunales incluida. Y reveses. El pasado 13 de abril, en una sentencia que tardó en ser comunicada a las partes varias semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó las pretensiones de los trabajadores por entender, simplemente, que carecían de legitimación para intervenir en el proceso, que el convenio no repercute directamente en sus intereses y que la mera pretensión de defender la legalidad no es suficiente. Inadmitió la demanda sin entrar a valorar el fondo del asunto.

En opinión de José Ignacio Juárez, abogado de la asociación, se trata de una sentencia “trampa que deja sin resolver las gravísimas cuestiones planteadas”. El letrado, en declaraciones a AHORA, explica que el mismo tribunal sí se ha pronunciado, recientemente, sobre el recurso interpuesto por los trabajadores de la Lavandería Hospitalaria Central por la privatización de los servicios que prestaban. Tampoco les ha dado la razón, pero al menos sí les ha reconocido legitimación como parte interesada y se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, a pesar de la similitud evidente entre ambos casos.

La Asociación de Empleados del Centro de Transfusión está dispuesta a continuar la batalla en el Tribunal Supremo con un recurso de apelación que, contando las tasas judiciales, puede obligarles a desembolsar hasta 6.000 euros más. Por eso, han lanzado una campaña de crowdfunding, a través de la plataforma lanzanos.com. El recurso fue interpuesto el pasado 11 de julio, cuando aún contaban con 59 días para tratar de conseguir el dinero.

El recurso pide que el Supremo reconozca la legitimación de ADECETMA para intervenir en el proceso y que, si así lo hace, no devuelva de nuevo la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sino que se pronuncie sobre el fondo del asunto. Porque la conjunción del paso del tiempo con la lentitud de la justicia puede llegar a desembocar en el absurdo de que el pronunciamiento sobre la legalidad o no del convenio llegue cuando ya haya expirado (a finales de 2019).

Cruz Roja ni siquiera se ha personado en el proceso, a pesar de que aparece, en principio, como la principal beneficiada. De hecho, como recoge la propia demanda, la sangre supone una de las mayores fuentes de ingresos para la ONG, que solo en Estados Unidos recauda más de 2.000 millones de dólares al año, según publicó The Wall Street Journal en 2006 al hacerse eco de las multas impuestas a la organización por violar las reglas de seguridad en la extracción y almacenamiento del fluido.

¿Donación remunerada?

El abogado José Ignacio Juárez sospecha, en este sentido, que en el fondo de esta polémica se encuentra la decisión de la Comunidad de Madrid de caminar hacia un cambio de modelo en la hemodonación, de altruista a remunerada, como ocurre en otros países. “Es un debate legítimo que ya se tuvo en España y se rechazó —explica el letrado—. Si no se quiere el modelo actual, que se cambie.”

La Comunidad de Madrid, según la versión de los denunciantes, ha mantenido una actitud “obstruccionista” negándose a aportar los documentos que justifican la medida. La verdad es que su respuesta a la demanda de los empleados es especialmente escueta. En apenas cinco folios expone, como finalmente el Tribunal Superior de Justicia ha fallado, que la asociación carece de legitimación para intervenir. Y, sobre el fondo del asunto, niega que se vulnere el altruismo en la donación de sangre, “porque no se va a pagar al donante, sino a Cruz Roja”, y respecto de la acusación de arbitrariedad de la decisión, se limita a afirmar que “no basta con alegarla, sino que hay que probarla”. Lo cierto es que, según la asociación, desde la firma del convenio Cruz Roja no ha cumplido ni en 2014, ni en 2015 ni en lo que va de 2016 los objetivos de unidades de sangre recolectadas previstos en el convenio, que las duplicidades que en principio se pretendían evitar se han mantenido y, “esto es lo peor, se ha minorado de manera creciente y sustancial el número de donaciones”.


Campaña de crowdfunding de la Asociación de Empleados del Centro de Transfusión a través de lanzanos.com: www.lanzanos.com/proyectos/que-no-negocien-con-tu-sangre/