14/12/2018
Opinión

Cómo reformar España

Se necesitan reformas urgentes en diversos campos, y aunque hay puntos de vista distintos, es posible llegar a acuerdos

Cómo reformar España
fede yankelevich

A la espera de un nuevo gobierno, quizás es momento de recordar las propuestas más serias que se han hecho para reformar España. Los programas de los partidos contienen largas listas que al final raramente se cumplen. Las propuestas más sólidas y articuladas no se encuentran en los programas, sino que han sido elaboradas por académicos, expertos y grupos de pensamiento. Los gobiernos, sean del signo que sean, no se nutren solo de ideología, sino que necesitan de contribuciones del mundo de la inteligencia para cambiar la realidad. Aquí se contienen algunas de las propuestas más relevantes organizadas en los campos constitucional, político, económico y social, para la reflexión.

Reforma constitucional

Nadie tiene la fórmula mágica para cambiar la Constitución: cualquier reforma será producto de la negociación. En cambio, existe un cierto consenso que busca acentuar los rasgos federales. El profesor de la Universidad del País Vasco Javier Tajadura coordinó el estudio “Cinco propuestas para la reforma constitucional en clave federal” (2012), en el que apuesta por el federalismo como base para articular un Estado eficaz, garantizar la prestación de servicios públicos de calidad y dar respuesta a las demandas de autogobierno. El informe invita a la apertura de cinco debates: el número de miembros del Estado federal, el reparto de competencias, el mecanismo de financiación, la lealtad para asegurar la cooperación entre las entidades federativas y la Federación, y el encaje del modelo en la Unión Europea. La conclusión es que debe combinarse la unidad del Estado con un proyecto ilusionante para los ciudadanos del País Vasco y Cataluña, lo que conduce al terreno de la asimetría.

Desde la Fundación Campalans se publicó en 2013 el documento “Por una reforma constitucional federal”, suscrito por diversas personalidades socialistas catalanas. Este informe puso el acento sobre la reforma del Senado para convertirlo en un Consejo Federal integrado por representantes de los distintos territorios. La representación tendría en cuenta la población, con un mínimo de tres miembros por autonomía, más uno más por cada millón de habitantes. El documento aboga por una nueva distribución de competencias, basadas en estatutos de autonomía aprobados exclusivamente por las comunidades, y nuevas reglas de financiación.

Es bien conocida la participación intelectual de Eduardo García de Enterría en el desarrollo de la Constitución de 1978. Uno de sus seguidores más ilustres, Santiago Muñoz Machado, ha puesto también el acento en la necesidad de encontrar un reparto de competencias más claro entre el Estado y las comunidades. En sus obras Informe sobre España (Crítica, 2012) y Cataluña y las demás Españas (Crítica, 2014), este autor mantiene que el Título VIII de la Constitución consagra un reparto ambiguo que ha dado lugar a muchos solapamientos y a disputas sin fin ante el Tribunal Constitucional, por lo que defiende un reparto similar al que se contiene en la Constitución de Alemania.

Cualquier reforma constitucional tendrá que hacer referencia a la realidad omnipresente de la UE

En el libro coordinado por Javier García Roca Pautas para una reforma constitucional (Aranzadi, 2014) se piden acuerdos razonables entre las fuerzas políticas para resolver una inevitable asimetría entre las nacionalidades históricas y el resto. Además, la Unión Europea debería tener una presencia explícita en la ley fundamental. Este último aspecto es olvidado muchas veces en el debate público, cuando cualquier reforma constitucional tendrá que hacer referencia a la realidad omnipresente de la Unión Europea, que solo se menciona en el artículo 135 tras su reforma. El Consejo de Estado, en su “Informe sobre modificaciones de la Constitución Española de 2006”, ya previó que la reforma constitucional afectará a diversas cuestiones. En respuesta a una pregunta del gobierno, el Consejo de Estado trató entonces cuatro temas: 1) la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, 2) la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea, 3) la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas, y 4) la reforma del Senado. En concreto, el alto órgano consultivo sugirió que el Senado debía convertirse en espacio de concertación y cooperación de las comunidades autónomas entre sí y con el Estado, una reforma que parece recibir amplio consenso.

Reformas políticas

Las profundas dimensiones de la crisis, así como la evidencia de la corrupción, propiciaron contribuciones muy valiosas de intelectuales de variada adscripción. Algunos de ellos, asociados en el blog ¿Hay Derecho?, insistieron en la necesidad del cumplimiento estricto de la ley en ese contexto. Otra iniciativa importante fue el “Manifiesto por una nueva ley de partidos” presentado en mayo de 2013. Teniendo en cuenta que la Constitución atribuye a los partidos un papel clave en la representación ciudadana, su propósito era concienciar a la sociedad de la excesiva rigidez de estas organizaciones.

En España los partidos políticos se dedican a defender intereses particulares en lugar del interés general

En España los partidos se dedican a defender intereses particulares en lugar del interés general. Su funcionamiento interno es demasiado opaco y no se aceptan ni el debate ni la renovación. La clase política se ha establecido en los cargos y debe sus puestos a los amigos en los aparatos. Por este motivo, los partidos no han sido capaces de dar soluciones a la crisis institucional y moral del país. Según los promotores del manifiesto, debe elegirse por voto secreto a los miembros de los órganos ejecutivos y otros puestos importantes dentro del partido, tesoreros y administradores deben tener mandatos limitados y deben realizarse auditorías independientes de las cuentas, teniendo en cuenta que los partidos reciben fondos públicos.

Otras medidas ambiciosas de regeneración democrática han sido presentadas por autores como César Molinas, en Qué hacer con España (Destino, 2013), y Fernando Vallespín y Joan Subirats, en su libro España/Reset (Ariel, 2014).

La misma dimensión moral y política de la crisis llevó desde 2014 al ascenso de Podemos, aunque, en este caso, el pataleo y el ruido mediático no fueron acompañados de formulaciones razonadas de las alternativas. La propuesta de un Estado plurinacional, por ejemplo, se encuentra en el documento elaborado por Podemos, En Comú Podem y En Marea, “Un país para la gente. Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías”, fechado el 15 de febrero de 2016. En esas bases se decía que es preciso que todas las naciones, comunidades políticas y territorios puedan encontrar su encaje dentro de España “si así lo deciden”. Por tanto, debe aceptarse el derecho a decidir “en aquellas naciones que lo hayan planteado con especial intensidad” (p. 68), y se cita a Cataluña.

Sin embargo, el documento programático no explica qué se haría el día después. Anteriormente, Podemos había previsto la creación de un Ministerio de Plurinacionalidad, Administraciones Públicas y Municipalismo, y habría que suponer que dicho ministerio se encargaría de gestionar las secesiones en la medida en que las “naciones que hayan planteado con especial intensidad” la independencia la ratifiquen en los sucesivos referéndums. La falta de información sobre la fragmentación del Estado plurinacional en los programas y en los documentos de estas fuerzas políticas obliga a buscar en fuentes académicas. La más cercana es la tesis doctoral de Íñigo Errejón de 2012 sobre Bolivia como Estado plurinacional, o también el trabajo del mismo Errejón y Manuel Canelas, “¿La Patria de los indios o los indios por la Patria?”, publicado como papel de trabajo número 5 por la Fundación de Estudios Políticos y Sociales.

Reformas económicas

Habría que descartar el turismo o la construcción como palancas de recuperación

Los trabajos en el campo económico que han tenido más éxito sugieren acercarnos al modelo escandinavo, dando más importancia a la empresa, a la innovación y a la iniciativa privada y al mismo tiempo reservando un papel importante para la protección social. Durante los años de crisis, pese a la aparente situación de estancamiento, España no se ha detenido, ya que se recibió inversión y hubo iniciativas de éxito, sostiene Javier Santiso en España 3.0. Necesitamos resetear el país (Deusto, 2015). Sin embargo, debemos reconfigurar el sistema productivo para poder avanzar hacia un modelo referente de evolución económica y tecnológica. Habría que descartar el turismo o la construcción como palancas de recuperación económica, y virar hacia las tecnologías. La “reprogramación” de España debe activar cuatro líneas de trabajo: educación (mayor fomento de las ingenierías, las escuelas de negocios y los idiomas), innovación (mayor inversión en I+D), digitalización de toda la sociedad e internacionalización. Por su parte, Luis Garicano introduce una visión panorámica de las reformas en El dilema de España (Península, 2014). Garicano propone movilizar a los parados, quienes, para recibir su subsidio, tendrán que ser “enseñantes” o “aprendices”. Para equilibrar las cuentas públicas sería conveniente introducir un sistema automático de ajuste de las pensiones, de manera que si el pasivo supera al activo, las pensiones se corrigen. En cuanto a la educación, este autor sugiere que, en el contexto competitivo de la globalización, las nuevas generaciones deberán dominar las matemáticas y el inglés, ser capaces de analizar, evaluar y presentar gran cantidad de datos, y también innovar y ser creativos. Por último, Garicano respalda una gran coalición para el gobierno del país con el fin de conseguir pactos amplios que garanticen las reformas.

Pero no todo es querer ser como Suecia. La conciencia sobre una muy elevada deuda pública y privada y el problema del envejecimiento han sido destacados en el blog Nada es gratis,que recoge opiniones muy autorizadas de diversos profesores de Economía sobre la sostenibilidad del Estado del bienestar. Expertos como J. Ignacio Conde-Ruiz, Jesús Fernández-Villaverde o Juan Rubio Ramírez desgranan en diversos artículos los problemas asociados a la excesiva deuda pública, las promesas de descenso de impuestos o la continuidad de las pensiones en un escenario de población envejecida. Los aspectos fundamentales del Estado del bienestar, la educación, la sanidad y las pensiones están en peligro en el futuro cercano. Estos expertos proponen unas cuentas públicas más saneadas y con visión de futuro. Desde un ángulo distinto, otro grupo de profesores ligados a ICADE realizó una colección de estudios para poner el acento en las injusticias resultantes de la crisis, como el aumento del paro y la pobreza, y en la necesidad de que el Estado garantice la solidaridad (dirigido por José Luis Rey Pérez, Sostenibilidad del Estado de bienestar en España, 2015). Rey Pérez subraya que la crisis no es argumento para dar por finiquitado el Estado del bienestar, como defensa de los más débiles, sino que demuestra su absoluta necesidad si queremos mantener la cohesión social. Para ello es preciso incrementar el salario mínimo, crear empleos de calidad, reforzar la asistencia social y hacer una fiscalidad regida realmente por los principios de progresividad y capacidad económica para poder mantener políticas sociales que ayuden a todos.

Por último, el estudio de prospectiva presentado por Javier Solana “España en el mundo 2033” (al que contribuyeron PWC y ESADE, 2014) contiene interesantes recomendaciones dirigidas a la Administración, por un lado, y a las empresas, por otro. El sector público debe afrontar una política exterior más ancha de miras, centrando el foco en Asia; proporcionar un entorno fértil para la innovación y la productividad, incrementando la seguridad jurídica y la inversión en I+D+i; fomentar la natalidad y alargar la vida laboral como manera de compensar los efectos del envejecimiento social; invertir en capital humano y reducir la brecha generacional; y aumentar la calidad institucional. Para las empresas se sugiere asumir el carácter estratégico de la internacionalización, apoyándose en un mejor análisis de riesgos; impulsar la “multilocalización” y el posicionamiento en las economías emergentes; actuar en nuevos mercados, promoviendo asociaciones con otras empresas nacionales; apostar por un capital humano flexible y multicultural, es decir, contratar empleados con formación en distintas culturas; elaborar ofertas para las clases medias emergentes, productos y servicios para mayores de 65 años y buscar oportunidades en zonas con alto ritmo de urbanización; y asumir el nuevo papel como agente político y social, por ejemplo a través de la responsabilidad social corporativa.

En efecto, nuestro país necesita reformas urgentes en muy diversos campos. Aunque hay puntos de vista distintos, pueden encontrarse acuerdos. Ahora solo hace falta implementarlas.