22/7/2017
Política

Cómo se acuña la opinión en España

La reforma laboral del PP, la imagen de la marca España, el “buenismo” aplicado al gobierno de Zapatero o el programa económico de Ciudadanos proceden de think tanks españoles

Alejandrina Gómez - 30/10/2015 - Número 7
  • A
  • a
Cómo se acuña la opinión en España
Mikel Jaso
El rápido crecimiento de los laboratorios de ideas en España aparece vinculado a la creciente desafección de la sociedad hacia políticos, empresarios y financieros, que ha llevado a buscar otras voces alternativas, con más crédito social, que den respuestas a los cada vez más complejos problemas de un mundo globalizado. Esto explica que a comienzos de 2014 hubiera 60 think tanks frente a los 35 que había en 2008, según la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva). Muy pocos todavía, si se compara con Estados Unidos y los países de la Unión Europea. James MacGann, autor del mayor ranking mundial de estos centros, sitúa a España en el puesto 18 de la clasificación, con 55, según sus cálculos, de un total de más de 6.600 repartidos por 182 estados.
 
En estos laboratorios investigan politólogos, sociólogos, juristas, econonomistas... que asesoran y proponen políticas a los gobiernos. En algunos casos su labor se aproxima a la de los lobbies porque pretenden marcar la agenda pública, influir en el debate de las ideas y en las acciones gubernamentales. El Real Instituto Elcano y la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), especializados en política exterior; la Fundación de Estudios Aplicados (Fedea) y el Círculo de Empresarios, en el ámbito económico; la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), vinculada al PP, y la Fundación Alternativas, próxima al PSOE, son los seis gabinetes de reflexión con más reconocimiento en España y los más competitivos a nivel europeo.

La complejidad del mundo actual lleva a pensar a los expertos consultados por AHORA que estos centros van a ser cada vez más necesarios. “Nos enfrentamos a una sociedad con unas amenazas cada vez más globalizadas e inciertas, y hacen falta grupos multidisciplinares para asesorar a los gobiernos y dar respuestas efectivas a estos retos”, afirma Francesc Ponsa, director de la oficina española del Observatorio de Think Tanks y profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra.

Ponsa es coautor del informe “Radiografía de los thinks tanks en España”, patrocinado por la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva), junto a Jaime González-Capitel, becario Fullbright en la Universidad de Georgetown y fundador de la revista Despalabro. Ensayos de Humanidades). González-Capitel cree que nuestro país está en estos momentos “muy necesitado de buenas ideas políticas”, lo que dibuja un “escenario apasionante” para estas instituciones independientes.

Bruselas y Nueva York son las ciudades donde mejor se visualiza el proceso de la diplomacia intelectual y el poder blando que ejercen los think tanks. Su impacto sobre las políticas públicas es difícil de cuantificar. La clave está en verificar si logran abrir un debate inexistente hasta entonces en la sociedad. Ejemplo de ello es cómo el Círculo de Empresarios ha contribuido a poner en la agenda pública cuestiones como la privatización de monopolios estatales.

Financiados con subvenciones públicas y empresas privadas, no superan los niveles de transparencia


También en algunos aspectos de la reforma laboral del PP se intuye el sello de Fedea, la fundación promovida por el Banco de España en la época de Luis Ángel Rojo que lleva tiempo abogando por la implantación de un contrato laboral único. La misma marca lleva algunas de las propuestas económicas del programa electoral de Ciudadanos. Sin embargo, Ignacio Sánchez-Cuenca, director de investigación del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March y profesor titular de Sociología en la Universidad Complutense, desvincula la reforma laboral del PP de Fedea: “Aunque ambos puedan compartir una cierta filosofía liberal de la economía, ha habido tensiones entre las propuestas de unos y de otros.” 

Financiadas por el Ibex 35

Las empresas del Ibex 35 están presentes en el 80% de los laboratorios de ideas españoles. Doce de los 15 think tanks que identifican a sus patrocinadores —sobre un total de 43 analizados por Jaime González-Capitel— son financiados por una o más de las grandes empresas que cotizan en bolsa. En cabeza se sitúan bancos como el BBVA, CaixaBank, Bankia, Santander, Popular y Sabadell. Mucha presencia tienen también las energéticas —Repsol, Endesa, Iberdrola y Gas Natural—, además de Telefónica o la constructora OHL. Los que reciben dinero de más empresas son Fedea, el Círculo de Empresarios, el Cercle d’Economia y la Fundación para la innovación tecnológica (COTEC).
 
Pese a esa financiación defienden su independencia. El hecho de que una empresa ponga dinero no tiene por qué ser condicionante, aseguran. Si un centro de pensamiento especializado en cuestiones de medioambiente solo está financiado por compañías petrolíferas, entonces habría motivos para sospechar, “pero que un think tank generalista tenga financiación de una gran empresa puede indicar que la compañía quiere mejorar su reputación apoyando a una causa noble que necesita un estudio independiente, o que en el laboratorio de ideas hay alguien que cuenta con la confianza de un directivo”, subraya González-Capitel. En otras ocasiones, el buen trabajo puede hacerlo merecedor de esos apoyos: es el caso de Ecodes, dedicada a la sostenibilidad y que está respaldada económicamente por La Caixa, Ferrovial y Abertis.
 
A pesar de que en muchos casos también reciben subvenciones públicas, la mayoría de estos centros no superan los niveles de transparencia básicos. Salvo Ecodes y FRIDE, el resto apenas proporcionan información de cómo se financian, y los que lo hacen no aportan datos cuantitativos.
 
El Real Instituto Elcano se presenta en su página web como una fundación “privada, independiente de la Administración pública y de las empresas que mayoritariamente la financian”. La institución, que se define como “apartidista aunque no neutral”, dio un giro durante el conflicto de Irak “al posicionarse al lado del gobierno de Aznar para justificar la guerra”, recuerda Sánchez-Cuenca. Ponsa resalta el rol que está desempeñando Elcano ahora para el fortalecimiento de la marca España, labor que realiza a través del Observatorio Imagen de España (OIE) que se creó en 2012.
 
En el ámbito de las centros de pensamiento de los partidos, la Fundación Catdem, de Convergència Democràtica de Catalunya, se ha convertido desde su creación en 1994 en un referente en la formación de pensamiento político en Cataluña, sobre todo para reforzar el procés de transición de la autonomía a la independencia. La justicia la vincula a la presunta financiación irregular de CDC.
 
A la poderosa FAES se le atribuye la creación del concepto de “buenismo” para ridiculizar la gestión del gobierno de Zapatero. “Una red de intelectuales forjó este término para atacar a los  socialistas y ese concepto se difundió a través de la red de articulistas y tertulianos de FAES hasta calar en la sociedad de tal forma que todo el mundo acabó utilizándolo para referirse a Zapatero y erosionar la imagen del PSOE”,  subraya Ponsa.Su secretario general, Javier Zarzalejos, reivindica como propio el término, pero también su influencia “en el debate sobre política exterior para defender la unión bancaria y mantener el euro, el trabajo realizado en materia energética, el estudio sobre desigualdad y oportunidades en el Estado de bienestar o las 20 preguntas sobre la secesión en Cataluña con las que FAES se anticipó al debate soberanista”.

El Instituto Elcano, Fride, Fedea, FAES y la Fundación Alternativas son los más influyentes 


Los expertos coinciden en que el éxito de esta fundación está en haber sabido tejer una gran red de contactos en Europa, EEUU y América Latina, en su capacidad para obtener dinero del sector privado y lograr una gran difusión mediática de sus ideas. Otros sostienen que el poder del laboratorio de ideas del PP reside en el liderazgo de José María Aznar.
 
González-Capitel considera preocupante el hecho de que los dos modelos predominantes en España, las fundaciones de los partidos y los laboratorios con patronos empresariales “estén afiliados a intereses específicos que suelen tender a la conservación y al elitismo y no cuenten con un contrapeso en el espectro progresista”.

El intento fallido del PSOE por contrarrestar con sus fundaciones el efecto de FAES se debe a varios factores, según Sánchez-Cuenca, como su bajo presupuesto, su escasa capacidad para generar confrontación y un perfil más pragmático que ideologizado. “FAES defiende sus ideas sin complejos, como diría Aznar, mientras que el PSOE nunca ha querido debates ideológicos”.
 
Para Ponsa, el problema fundamental del PSOE es “la diseminación de sus centros de pensamiento”. La Fundación Pablo Iglesias, que preside Alfonso Guerra, es el referente para otras fundaciones socialistas y mantiene estrechos vínculos con la Fundación Sistema, que preside Micaela Navarro, presidenta del PSOE. La Fundación Ideas fue cerrrada tras la destitución de su director, Carlos Mulas, cuando se supo que había encargado artículos a una falsa autora que firmaba como Amy Martín y que resultó ser su exmujer.
 
Rafael Simancas, coordinador de las fundaciones socialistas, dice que no están dispersas: “Estamos especializados. Somos menos conocidos que FAES porque somos leales al PSOE, trabajamos y colaboramos con su programa electoral. FAES, de la mano de Aznar, actúa como un lobby contra el PP”. Destaca, además, que cuentan solo “con una cuarta parte del presupuesto de FAES, que es de 7,5 millones de euros”, y con “una estructura de personal y colaboradores que trabajamos de forma altruista”.

Javier Zarzalejos reconoce que Aznar ha dado “mucha visibilidad” a su fundación, pero niega que actúe contra Rajoy o el PP: “Emplazo a cualquiera a que encuentre un documento de FAES que sea incompatible con los principios programáticos del PP”. Explica que  tuvo el presupuesto que cita Simancas “en los tiempos de vino y rosas, antes de que se redujeran las  subvenciones públicas en un 70%. Ahora la mayor parte de nuestra  financiación es privada”. 

Nuevos laboratorios digitales

Junto a estas organizaciones ha emergido Politikon, un nuevo modelo de think tank digital independiente y apartidista que pretende ser un punto de encuentro entre la Academia de Ciencias Sociales, los medios y los ciudadanos. “Hay mucha información en las investigaciones de la academia sobre el mercado laboral, la corrupción, la forma de Estado o el federalismo que no está llegando al debate público y nosotros intentamos romper esa falta de conexión”, señala Jorge Galindo, sociólogo y miembro de este laboratorio de ideas. Galindo cree que lo que a la sociedad española le interesa en estos momentos son “fundaciones ciudadanas como Civio, que trabaja en temas de transparencia, o porCausa, volcada en la pobreza infantil, que están siendo capaces de poner asuntos clave sobre la mesa por encima de los partidos”.

A consecuencia de la crisis que afecta a los partidos tradicionales y del conflicto catalán han surgido asociaciones que reclaman una mayor participación de la sociedad en la vida pública, como la Sociedad Civil por el Debate, La Tercera Vía, que reclama una solución pactada a la crisis abierta en Cataluña “por el rupturismo de Mas y el inmovilismo de Rajoy”, y en la misma línea y también en el ámbito catalán, Federalistes d’Esquerres, que defienden una solución federal, o Societat Civil Catalana, contraria al independentismo. 

Sin luz ni taquígrafos

Alejandrina Gómez
En  Estados Unidos la actividad de los lobbies está prevista en la Constitución y regulada en su legislación. Cada lobista está registrado y cada vez que realiza un trabajo remunerado debe indicar a quién representa, cuánto le han pagado y a qué instituciones y poderes públicos se ha dirigido. Lo mismo ocurre en una docena de países europeos donde, a diferencia de EE.UU., el registro es voluntario. En Washington y Bruselas, consideradas capitales mundiales del cabildeo, miles de profesionales del lobby desfilan a diario por el Capitolio y las instituciones comunitarias para persuadir a congresistas, eurodiputados o comisarios de la Unión Europea.
 

En España operan unos 300 lobistas que cierran sus tratos en restaurantes cercanos al Congreso de los Diputados, sin luz ni taquígrafos y sin las garantías democráticas que exigen los ciudadanos. Al abrigo de esta demanda, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que aglutina  unos 75 profesionales del sector, lleva tiempo exigiendo que se regule esta actividad. Javier Valiente es miembro de APRI y socio-director de Capital Intelligence, uno de los despachos de lobby más importantes de España, con oficinas en Bruselas, Edimburgo, Lisboa, Londres, Madrid y Roma. Valiente es un lobista profesional  y como tal trabaja para intentar influir en los legisladores para que aprueben leyes que sean favorables a los intereses de sus clientes. Reconoce que en estos momentos “estamos haciendo lobby para regular la actividad de  los lobbies”. Y está convencido de que lo conseguirán en la próxima legislatura: “Logramos que el Gobierno introdujese este asunto en el Debate sobre el Estado de la Nación. Además, se han puesto en marcha iniciativas similares en el Parlament de Catalunya y en la Comunidad de Madrid. En  el pacto de investidura del PP con Ciudadanos se ha incluido el acuerdo de regular el lobby en la Asamblea madrileña”.
 

Los profesionales del sector reclaman el modelo de las instituciones comunitarias, donde hay un registro de lobistas en la Comisión y en el Parlamento, que se fusionaron hace poco en uno solo, donde tienen que apuntarse todos aquellos que deseen acceder a las instituciones para representar los intereses legítimos que defienden. Proponen que sea un registro “obligatorio y  único” que evite la dispersión por toda la geografía del país. Valiente cree que el registro voluntario, en la práctica, no funciona. “Debe obligar a todos, sea cual sea su cargo o título, y regular el ejercicio de la actividad, no a la persona, porque todos los que acceden al Parlamento a defender unos intereses están haciendo lobby, ya sea un representante de una ONG, de una fundación o un abogado.” Sugiere que la ley incluya un código ético que les exija proporcionar información veraz a los responsables políticos y documentación con base técnica que ayude a los legisladores en las nuevas normas.