18/6/2019
Economía

Economía y política: variables independientes

El Gobierno que más poder ha concentrado en los últimos 40 años no ha sabido aprovecharlo para afrontar los grandes retos de nuestra economía

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Un gobierno con un mal balance económico tiene una alta probabilidad de ser derrotado en las urnas. Al contrario, un balance positivo supone una baza importante de cara a la reelección. Así, una de las dos estrategias más simples para debatir sobre la labor de un gobierno en materia económica consiste en mirar hacia atrás y comparar la evolución de magnitudes como la tasa de paro (21,4% en 2011, 22,0% en 2015), el crecimiento (-1,0% en 2011, +3,3% en 2015), el déficit (-9,5% en 2011, -4,2% en 2015) y la deuda pública (69,2% en 2011, 98,7% en 2015). La otra estrategia consiste en proyectarse hacia el medio plazo, generando expectativas más o menos creíbles que defiendan la continuidad del trabajo iniciado o la necesidad de un cambio de rumbo. 

Un problema de ese tipo de ejercicios es que presuponen una relación de causalidad directa entre las políticas aplicadas durante la legislatura y la evolución del cuadro macroeconómico. Otro problema es que no casan con la teoría de los ciclos económicos, cuya literatura viene de lejos. Por citar solamente algunos clásicos, el francés Clément Juglar determinó en 1863 la existencia de ciclos económicos de unos 8 a 10 años de duración; el inglés Joseph Kitchin, en 1923, ciclos de aproximadamente 4 años en los que no existe recesión propiamente dicha sino una desaceleración del crecimiento más o menos pronunciada; y el soviético Nikolái Kondrátiev, también en los años 20 del siglo pasado, ciclos largos de unos 50 a 60 años de duración. Todos estos ciclos se combinan de manera poco evidente, sin llegar a actuar nunca como el mecanismo de un reloj. 

Existen teorías marxistas, keynesianas y austríacas sobre el ciclo económico; explicaciones basadas en los ciclos sectoriales (automoción, vivienda), en el cambio tecnológico (teoría schumpeteriana), en la evolución del crédito, en el retorno periódico de la especulación (como el “ciclo del olvido” de Maurice Allais) y en la evolución demográfica.

Sin embargo, pese a todo el conocimiento acumulado los economistas no pueden predecir con años de antelación cuándo tendrá lugar la próxima recesión, ni cuál será su duración ni su severidad. Ni siquiera es evidente asegurar cuándo se va a cerrar el ciclo económico en curso. Lo que sí pueden hacer es condicionar sus previsiones a escenarios acordes con los fundamentos económicos y no dejarse llevar sin motivo por el mainstream. El miedo a desmarcarse conduce frecuentemente al error colectivo.
 

España: 1977-2015

Aunque el ciclo electoral tiene un impacto innegable (el gasto público suele ser más intenso en vísperas electorales), los ciclos económicos y los ciclos políticos siguen su propia dinámica. Echar una mirada a nuestro pasado reciente puede ser esclarecedor. Desde 1977, año en que se celebraron las primeras elecciones generales en España, ha habido 11 legislaturas, contando la que ahora termina, además de la constituyente. En todo este tiempo se han producido cuatro trasvases de poder entre partidos diferentes, siendo reconducidos los mandatos de los gobiernos salientes en las demás ocasiones. Ninguno de esos cuatro trasvases de poder coincidió con el inicio o el fin de un ciclo económico. En todos los casos, cuando la economía iba mal siguió yendo mal y cuando la economía iba bien
siguió yendo bien. 

Ningún trasvase de poder en España ha coincidido con el inicio o el fin de un ciclo económico

En 1982 la UCD de Leopoldo Calvo-Sotelo cedió el poder al PSOE de Felipe González. La renta per cápita a precios actuales llevaba dos años cayendo e hizo otro tanto los dos años siguientes. En cuanto a la tasa de paro, siguió creciendo durante casi toda la legislatura, tal y como venía haciendo desde hacía años. 
El segundo trasvase de poder corresponde a 1996, entre el PSOE de Felipe González y el PP de José María Aznar. En aquella ocasión el partido que estaba acosado por escándalos de corrupción era el PSOE que, sin embargo, estaba en condiciones de presentar un balance económico similar en lo esencial al que puede ofrecer el PP en la presente campaña electoral. Lo peor de la crisis de 1993 había quedado atrás, la tasa de paro llevaba dos años disminuyendo y la renta per cápita otros tantos creciendo. Sin embargo, aunque las perspectivas económicas eran razonablemente buenas, la atmósfera entorno al PSOE era irrespirable y terminó perdiendo aquellas elecciones. 

En 2004 el PP de José María Aznar cedió el testigo al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. La renta per cápita había comenzado a acelerarse dos años antes (coincidiendo con la burbuja inmobiliaria) y continuó haciéndolo después. No hubo ruptura en la tasa de paro, que siguió su senda decreciente hasta alcanzar un mínimo histórico en 2006. 

Balance de los últimos 4 años

El trasvase de poder más reciente corresponde a 2011, entre el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y el PP de Mariano Rajoy. La crisis golpeaba la economía española desde hacía varios años, a pesar de aquellos brotes verdes que nunca llegaron a brotar, y tanto la renta per cápita como la tasa de paro siguieron empeorando sus registros durante al menos dos años más. El balance económico de una legislatura no debería limitarse a una simple radiografía del cuadro macro. Lo relevante a la hora de evaluar la acción de un gobierno no es la evolución del ciclo económico sino su influencia sobre el mismo. 

En 2015 han soplado vientos favorables que la economía española ha sabido aprovechar. La política monetaria expansiva del BCE ha tenido mayor impacto que en otros países de nuestro entorno, como corresponde a una economía más endeudada; el precio del petróleo ha paliado el deterioro de nuestra balanza comercial, por ser España más dependiente de las importaciones energéticas que nuestros principales socios en el comercio internacional y la depreciación del euro ha contribuido a mejorar los excelentes resultados de nuestras empresas exportadoras. Es justo reconocer, además, que la labor del Gobierno ha estado muy condicionada por el reducido margen de actuación en política fiscal y presupuestaria que permite el Protocolo de Déficit Excesivo.  

El balance de una legislatura no debería limitarse a una simple radiografía del cuadro macroeconómico

Sin embargo, son varias las reformas necesarias que no se han acometido. El Gobierno que más poder ha concentrado en los últimos 40 años (mayoría absoluta en las Cortes y abrumador dominio territorial al inicio de la legislatura) ha sido incapaz de aprovecharlo para afrontar los grandes retos de nuestra economía: una verdadera reforma fiscal que incremente la recaudación de las administraciones públicas y que además lo haga con criterios de equidad (no tanto sobre tipos marginales, que también, sino eliminando las muchas bonificaciones y tratamientos de favor instaurados con criterios distintos a los de eficiencia y capacidad de pago); un ordenamiento del mercado laboral más allá del mero abaratamiento de costes, inmersos como estamos en una situación pareja a la “trampa de la liquidez” (al igual que la inversión empresarial no depende solamente del precio del dinero, tampoco la creación de empleo responde unívocamente al coste de la mano de obra); un sistema de financiación de la Seguridad Social que la haga sostenible, con especial atención a las pensiones, cuyas proyecciones a medio y largo plazo son alarmantes; una reforma del mercado energético que ponga fin a los abusos propios de un oligopolio de manual y, más allá, una estrategia de largo plazo que defina de una vez por todas qué postura tenemos respecto de la energía nuclear y de las energías renovables.  

Dejemos al margen cuestiones asociadas al ciclo económico sobre las que no cabe achacar al Gobierno una responsabilidad directa, como el proceso de desapalancamiento de empresas y hogares, y otras como el obsoleto concepto de productividad que todavía manejan muchos directivos, que en lugar de conducirnos a una economía de valor añadido nos dirigen a un sistema low cost: incremento de márgenes en detrimento de las condiciones laborales y los salarios. 

Son muchos los estudios que alertan desde hace tiempo de que, a diferencia de otros países de nuestro entorno, los principales afectados por la crisis económica en España no han sido tanto las clases medias como los hogares con rentas más bajas (según la OCDE, el 10% con menor renta ha perdido un 13% anual de ingresos entre 2007 y 2011). Además, la tasa de cobertura del seguro de desempleo ha caído hasta el 54%: casi la mitad de los 4,9 millones de parados no perciben actualmente ningún tipo de ingresos formales.  

Nos enfrentamos a un cambio de paradigma en el que cuatro partidos, en lugar de dos, parecen llamados a conformar mayorías de gobierno en los próximos años. Más allá del ruido mediático de lo coyuntural, España necesita una profunda revisión de su entramado institucional. Las urnas dirán si la mejora del ciclo económico es suficiente para que el Gobierno saliente reconduzca su mandato o si, por el contrario, se impone un cambio de ciclo político. Ambas cosas, simultáneamente, no parecen posibles.