13/12/2019
Política

El fracaso de la primera legislatura de la nueva política

El balance se limita a la incapacidad para formar gobierno y al nulo impacto legislativo

AHORA / Jacobo Pedraza - 06/05/2016 - Número 32
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El fracaso de la primera legislatura de la nueva política
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se estrechan la mano en el último pleno de la legislatura. paco campos / EFE
Si fuese una reina, los historiadores y el resto del pueblo llano hubiesen apodado a la XI Legislatura “La breve”. De hecho, este honor recae en la monarquía española sobre Luis I, primogénito de Felipe V (el primer rey Borbón de España y el último Felipe hasta el actual Jefe de Estado), cuyo reinado duró bastante más: siete meses frente a los 111 días de la legislatura que comenzaba con la constitución de las Cortes el 13 de enero y se cerraba el pasado martes con el decreto de convocatoria de nuevas elecciones. La que podía haber significado la apertura del tan manido “tiempo nuevo” de diálogo y acuerdos, con el fin del bipartidismo y la entrada de las fuerzas emergentes, ha terminado siendo una legislatura fallida, un fracaso sin paliativos si se tiene en cuenta que la función del poder legislativo es, precisamente, legislar. Con una vida tan corta, ni siquiera ha dado tiempo a terminar de tramitar una proposición de ley en condiciones. A falta de legado normativo, habrá que recordar este tiempo parlamentario por otros menesteres que también entrarán a formar parte de la historia.

A los diputados les va a tocar, como a los alumnos cuando no estudian lo suficiente, repetir. Al no haber superado la fase de tramitación, todas las proposiciones de ley (proyectos de ley no ha habido ya que estos son presentados por el gobierno, y no ha habido uno con plenas capacidades) quedan canceladas, lo que significa que habrá que volver a empezar todo el proceso parlamentario para que salgan adelante en la XII Legislatura.

Los trabajos perdidos

Se pierde por tanto la Ley 25 de Emergencia Social, que planteó Podemos y que era su carta de presentación. También la suspensión del calendario de la LOMCE que consiguió sacar adelante el PSOE, por lo que será difícil aplicar otra norma educativa para el curso que viene. Ciudadanos había logrado aprobar la toma en consideración de una modificación de la Ley de Tasas para eximir de su pago a entidades sin ánimo de lucro y ahora tendrá que volver a hacerlo, aunque no será difícil ya que tuvo un apoyo prácticamente unánime. Esquerra consiguió el apoyo de Podemos y PSOE para rebajar la edad legal del voto a los 16 años y el PNV hizo que el hemiciclo caminara hacia una mayor transparencia en la Ley de Secretos Oficiales.

 

Todo este trabajo legislativo se pierde, sobre todo el tiempo invertido en su tramitación. El PP, por cierto, presentó una proposición de ley que, según ese partido, pretendía favorecer la creación de empleo indefinido, pero fue ampliamente rechazada.

Otra reforma que decaerá es la tan anhelada modificación del Reglamento del Congreso. Democràcia i Llibertat logró unanimidad la semana pasada al presentar una propuesta para la inclusión de un registro de lobbies, eternamente prometido y posteriormente obviado. Tendrá que volver a presentarla.

El PSOE votó con Podemos las cinco proposiciones de ley y con C’s solo dos iniciativas, pese al pacto

Las proposiciones no de ley sí que quedan aprobadas, pero su nula repercusión legal hace que la mayoría no vaya a pasar de haber instado a un gobierno aún no nato a llevar a cabo determinadas acciones, simplemente instar, no obligar. Se han llegado a aprobar siete en el Pleno del Congreso, dos de ellas (presentadas por PP y Ciudadanos) sobre la unidad de España, mientras que otras exigían elevar el salario mínimo interprofesional, a regular las condiciones del trabajo doméstico, a tomar medidas para salvar la siderurgia o a revisar el sistema de financiación de las comunidades autónomas.

Este descorazonador trabajo ha sido en vano y no tendrá repercusión legislativa. Pero sí ha tenido consecuencias políticas de interés: se ha podido observar la afinidad entre unos y otros grupos parlamentarios. Resulta que PSOE y Podemos han votado lo mismo en las cinco proposiciones de ley tomadas en consideración por el Congreso mientras que socialistas y Ciudadanos, a pesar de tener un pacto firmado, solo han votado en el mismo sentido en dos de las cinco iniciativas.

Esto es munición para Pablo Iglesias y los suyos, que llevan tiempo diciendo que el PSOE se entiende mejor con ellos que con Albert Rivera. Los temas que se han tratado nos hablan además de que esta legislatura ha tenido una cierta voluntad de no parecerse a la anterior. El Congreso se ha llenado de debates para abundar en la transparencia, la democracia y la justicia social. Un cambio importante aunque de momento no vaya a cristalizar en normas.

El incierto escenario que se dibujaba tras el 20-D podría haber propiciado que los partidos no fuesen tanto a imponer su agenda como a sacar adelante medidas útiles en caso de nuevos comicios, aunque seguramente tampoco habría dado tiempo. Si sus señorías hubiesen organizado los trabajos de la Mesa, la Junta de Portavoces y el Pleno con la mayor eficiencia posible, los plazos que establece el Reglamento hubiesen seguido siendo un impedimento para que cualquier norma culminase su tramitación (las que iban más adelantadas no habían llegado aún a la mitad de su procedimiento). Aun así, extraña que la única modificación de la Ley Electoral que se haya aprobado sea la del sufragio de mayores de 16 años y no la eliminación del voto rogado para residentes en el extranjero o la mucho más profunda reforma del sistema de circunscripciones. Es extraño que se cree una Comisión de Investigación relativa al impacto negativo del voto rogado, constatado por todos los grupos políticos, y que no se haya llegado a aprobar una proposición para cambiarlo. La Comisión, por cierto, también habrá que volver a votarla y crearla al no ser de carácter permanente.

El escaso poso normativo que deja este mandato se reduce a muy pocas intervenciones. No habrá que volver a crear comisiones permanentes como la del estudio del cambio climático, la de los derechos de la infancia o la de lucha contra la corrupción. Se ha prorrogado mediante un decreto ley del Gobierno en funciones (el único que ha presentado) el Programa de Activación para el Empleo. Sí siguen adelante las reformas de los estatutos de Autonomía de Canarias y la Comunitat Valenciana. También siete iniciativas legislativas populares, la mayoría de las cuales vienen de la X Legislatura.

La política del espectáculo

Si por algo se va a recordar la XI Legislatura, visto su incuestionable fracaso en su tarea fundamental, es por el sinfín de instantáneas que ha dejado en tan poco tiempo. Al margen de la práctica incomparecencia del Gobierno ante el Pleno y del conflicto competencial presentado como consecuencia en el Tribunal Constitucional, casi todas las imágenes han sido protagonizadas por Podemos, acaso el agente más atípico que llegaba al Congreso. Diego, el bebé de Carolina Bescansa en el Hemiciclo. La mirada de incredulidad de parte de la bancada a Alberto Rodríguez, el diputado canario con una larga melena de rastas. Las intervenciones de Pablo Iglesias dedicadas a los socialistas, primero hablando de “cal viva” en referencia a los GAL, y luego pidiendo a Pedro Sánchez “el acuerdo del beso” tras constatar el impacto del que él mismo y su socio Xavi Domènech se habían dado en el Pleno anterior.

En Podemos tampoco se van a olvidar de las numerosas batallas que han vivido: por el reparto de puestos en la Mesa del Congreso (perdida), por la posición que se pretendía dar a sus diputados en el Hemiciclo (ganada), por su presencia en la Mesa de la Diputación Permanente que sustituirá al Pleno hasta que se constituyan de nuevo las Cortes (perdida con una inexplicable eliminación total del órgano del tercer partido en número de escaños) y, sobre todo, por la formación de grupos parlamentarios propios para sus confluencias territoriales. Tras perder este debate, ahora estudian un nuevo estatus legal para que estas confluencias puedan tener identidad propia en la XII Legislatura.

Asuntos que indignan

La herencia de este periodo de sesiones deja todavía más asuntos que pueden indignar al ciudadano. Por ejemplo, que entre tanta incapacidad para sacar normas o para investir a un gobierno, los diputados y senadores se hayan podido permitir salir en 27 viajes oficiales internacionales. El último ha sido el de Gloria Elizo, vicepresidenta de la Cámara Baja y presidenta de la Comisión de Garantías de Podemos, su órgano de control ético, a un encuentro de la Asociación Parlamentaria Asia-Europa en Mongolia. O el de otras dos vicepresidentas, Micaela Navarro (PSOE) y Rosa Romero (PP) a un curso de seis días en Uruguay sobre técnica legislativa.

El escaso poso normativo que deja este mandato se reduce a muy pocas intervenciones

También puede provocar recelo que los diputados puedan disponer de herramientas como su tablet hasta que sepan si vuelven o no al escaño. O que los que no vuelvan puedan disfrutar de un periodo de transición remunerado, disponible tanto para Carme Chacón e Irene Lozano (que no repetirán por voluntad propia en las listas socialistas) como para Pedro Gómez de la Serna, apartado del PP por cobrar comisiones a empresas para conseguir contratos en el extranjero. El presidente del Congreso más breve de la democracia (si no repite), Patxi López, tiene derecho a dos años de remuneración por cesantía (más de 100.000 euros al año) y cuatro años de coche oficial y escolta.

Del resultado del 26-J dependerá que López repita como presidente de la Cámara Baja, y también el número de diputados que dejarán de serlo. Habrá que volver a constituir los órganos parlamentarios, las mesas, las comisiones, los grupos y, previsiblemente, por fin, un gobierno. Como poco estos procesos llevarán hasta mediados de agosto, con lo que el poder legislativo se habrá paralizado durante ocho meses. Algo menos que el ejecutivo.

Podemos e IU avanzan hacia el pacto

Jacobo Pedraza
La confluencia entre Podemos e Izquierda Unida para las próximas elecciones es cada vez más posible. Los encuentros entre los secretarios de organización, Pablo Echenique y Adolfo Barrena (que además son, curiosamente, los líderes de sus partidos en Aragón), están suponiendo pequeños pasos hacia el pacto. Y, probablemente lo más importante, ningún escollo inasumible para cualquiera de las dos formaciones. Echenique y Barrena acordaban esta semana dejar paso a una segunda mesa de negociación que elabore un programa compartido lo más amplio posible, que previsiblemente cada partido completará en solitario con las ideas que los separan. Los encargados de elaborar el documento son Carolina Bescansa y Nacho Álvarez (responsables de análisis político y social y del área económica, respectivamente) por parte de Podemos y Marga Ferré (secretaria de elaboración política y programa) por IU. Los temas en los que pueden surgir mayores diferencias son las posturas respecto a la monarquía, la OTAN, las nacionalizaciones de empresas estratégicas o la necesidad de un nuevo proceso constituyente. Son asuntos en los que Podemos suavizó su posición para evitar ser identificado con la izquierda. La estrategia política de la formación morada siempre ha pasado por superar el discurso izquierda-derecha para conseguir congregar a gente que no se identifica con estos ejes.

Ambos partidos han acordado concurrir, en caso de acuerdo, con la fórmula de coalición electoral, lo cual resuelve otro de los grandes escollos de las conversaciones: la deuda de IU queda fuera del acuerdo, como ha sucedido en las confluencias territoriales llevadas a cabo por Podemos. La campaña se sufragará sin recurrir a los bancos, una premisa inquebrantable en Podemos. La subvención que reciba la potencial coalición solo se usará para la campaña. No puede desviarse dinero para aliviar las deudas de otros partidos. Mejorar su resultado seguiría significando un alivio económico para IU.