20/11/2019
Análisis

Gobierno en funciones y Parlamento

El Ejecutivo debe tener máxima contención y decidir, si es preciso, sin exceder el marco de gestor de asuntos corrientes

La celebración de un Consejo Europeo sobre la crisis migratoria plantea, desde la perspectiva española, la cuestión de la posición del Gobierno en funciones y la del Parlamento.

Un Gobierno en funciones debe en principio limitarse a gestionar los asuntos corrientes, como recaudar los impuestos y hacer los pagos que legalmente procedan. Sus miembros se transformarían en una especie de funcionarios que no pasan de aplicar escrupulosamente la ley. Innovaciones y medidas que puedan contener una carga política o que puedan comprometer a gobiernos futuros deben entenderse excluidas. Su precariedad democrática explica esta restricción.

El problema se presenta, como en la situación presente, cuando surge una materia importante sobre la que hay que decidir sin posibilidad de demoras. No existe un vademécum de reglas precisas para estas situaciones. Pero tenemos los principios que deben guiar al Gobierno: máxima contención, decidir si es preciso y en la medida que menos suponga exceder del marco de gestor de los asuntos corrientes.

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Aplicado a la crisis de los refugiados, lo anterior supondría que el Gobierno tenía tres opciones. La  primera hubiera sido no acudir a la cumbre, con lo cual no comprometería la posición española, cumpliendo así con su estatus actual. Sin embargo, esta salida no parecía sostenible, porque hubiera mostrado un desinterés que no se corresponde con la opinión pública española. La segunda, participar en la cumbre, con lo que España demostraría que no se inhibe de tan importante tema, pero absteniéndose en las votaciones. Esto último hubiera significado que el Gobierno no adopta una posición de alcance político que excede de su condición de en funciones. Y la tercera es que el Gobierno participa y vota como cualquier otro país en la cumbre. En este último caso —adopción de una decisión política— era recomendable contar, como ha hecho, con el consentimiento del Congreso, pues la misma debía gozar de la legitimidad democrática, que solo esta vía garantiza, especialmente cuando el color político del Ejecutivo no coincide con el de la mayoría de la cámara.

La existencia de un Gobierno en funciones implica un delicadísimo juego de relaciones con el Parlamento que solo puede resolverse con una estricta contención por ambos sujetos. El primero no debe sobrepasar la pura gestión de los asuntos administrativos y en la misma medida el segundo debe abstenerse de fiscalizarle o controlarle: no hay control político porque no hay actos políticos.

Pero si ocasionalmente el Gobierno tuviese que adoptar una decisión política, inmediatamente debe entenderse que el Parlamento recupera su poder de fiscalización y control. Lo contrario sería defender la existencia de un Ejecutivo desprovisto de control político, lo cual es de difícil encaje en el Estado constitucional.

En tales circunstancias el Gobierno debe ser prudente y abnegado, prudente para ceñirse a su limitado marco temporal y abnegado para someterse a la voluntad del Parlamento, aunque no le guste, en los casos excepcionales en que se necesite su consentimiento.

Si el Gobierno tuviera que adoptar una decisión política, el Parlamento recupera su poder fiscalizador

En la misma medida el Parlamento debe practicar la autocontención. No debe controlar políticamente al Gobierno en funciones mientras este respeta sus límites. Ni imponerle leyes, mandatos o tareas contrarios a su programa o a su visión, salvo que aparezcan circunstancias graves o inaplazables que demanden una decisión política. El Parlamento no puede olvidar que, en cierta medida, el Gobierno en funciones está haciendo un servicio al Estado al mantenerse al timón con una mano atada. Y tampoco puede olvidar que, al igual que es imposible matar a un muerto, no puede sancionar posibles incumplimientos de la parte del Gobierno: carece de todo sentido aprobar reprobaciones o censuras a un Gobierno técnicamente cesado. De hecho, aun no estando en funciones, el Parlamento participa de esa precariedad. Y es que lo que más debe preocupar al Parlamento es constituir un Gobierno definitivo que deje atrás esa fase de tan inciertos límites.

En resumen: se necesita prudencia y sentido de Estado de los dos órganos. Y no olvidar la exigencia más apremiante: constituir un Gobierno regular.