13/10/2019
Internacional

Guantánamo sigue y a Obama se le acaba el tiempo

El presidente prometió cerrar la prisión en su primer día de mandato, pero llega a su último año sin haberlo hecho

Jonathan Hafetz - 08/01/2016 - Número 16
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Guantánamo sigue y a Obama se le acaba el tiempo
Los militares en Guantánamo escuchan a Obama en su toma de posesión, el 20 de enero de 2009.B.L-P. / Getty
Los detenidos en Guantánamo recordarán enero de 2009 como un momento de emoción y esperanza. El presidente Obama estrenó su gobierno ordenando el cierre de la prisión. Obama relacionó Guantánamo con la tortura y los abusos de la administración Bush, que socavaron profundamente la seguridad y los valores de EE.UU. El presidente no especificó cómo resolvería el destino de los prisioneros tras el cierre, pero prometió cambio, y el cambio significaba acabar con este símbolo de la ilegalidad.

Pronto quedó claro, sin embargo, que no podría cumplir este compromiso al final de su primer año en la Casa Blanca. Hoy, siete años después, parece improbable que Guantánamo cierre antes de que el demócrata acabe su segundo mandato, en enero de 2017.  Cuando Obama asumió el cargo permanecían en Guantánamo 242 prisioneros. En la actualidad hay 107. Y aunque se esperan más traslados, el progreso en este sentido ha sido dolorosamente lento. 

La mitad de los detenidos que quedan en esta cárcel en suelo cubano espera el traslado desde hace años, aprobado por la Administración Obama. Pero la mayoría son de Yemen, y EE.UU. ha preferido no transferirlos debido a la precaria seguridad en ese país. Mientras tanto, los obstáculos legales y políticos para el cierre se han enquistado. Así, y a pesar de la reducción en el número de prisioneros, el cierre de Guantánamo parece hoy más lejano que cuando Obama llegó al Despacho Oval. Aún peor, la idea de la detención indefinida sin cargos —en la que se basa Guantánamo— se ha afianzado cada vez más.

El fracaso tiene múltiples causas, y no faltarán dedos acusatorios en el inevitable análisis post mortem. Aunque se puede debatir quién es más culpable de la situación, si la Casa Blanca o el Congreso, está claro que las semillas del fracaso se sembraron desde el principio. Tras ordenar la clausura, en lugar de actuar Obama creó un grupo de estudio para decidir qué se debía hacer con los prisioneros. El presidente reconoció después que tendría que haber cerrado Guantánamo en su primer día de gobierno. Durante el primer año en la Casa Blanca hubo dos momentos clave. En la primavera de 2009, Obama abandonó su plan de reubicar a los detenidos en EE.UU., una decisión que podría haber transformado el paisaje político de Guantánamo. 
 

El sistema en el que se apoya la cárcel, detención indefinida y comisiones militares, sobrevivirá a Obama

Los primeros elegidos para ser transferidos a EE.UU. eran los perfectos candidatos: uigures —una minoría china— que no suponían ninguna amenaza para Washington y nunca deberían haber sido encarcelados. Este grupo no podía ser devuelto a China por la persecución que sufren allí, y eso hacía esencial su reubicación en otro país. Pero Obama se rindió ante el primer signo de resistencia, temeroso de ser tachado de blando en la lucha contra el terrorismo. Abandonar el plan de llevar a los uigures a EE.UU. no solo demostró la falta de determinación del presidente en el asunto de Guantánamo.  También desalentó a otros países para reubicar a los detenidos.

Las comisiones militares

El segundo error fue mantener la arquitectura legal que sostiene la prisión estadounidense en Cuba. En un discurso pronunciado en mayo de 2009 en los Archivos Nacionales, Obama indicó que apoyaría las comisiones militares —los desacreditados tribunales que violaban los estándares internacionales de justicia, establecidos por Bush para juzgar a los sospechosos de terrorismo—. Al intentar salvar estas comisiones militares en lugar de acabar con ellas, Obama le dio nueva vida a Guantánamo y continuó con la posición de la administración Bush, que permitía al presidente mantener a los detenidos indefinidamente, apoyándose en la idea de que EE.UU. estaba involucrado en un conflicto armado internacional contra Al Qaeda. 

Tanto el Congreso como los tribunales federales apoyaron esta idea. Sin esa autoridad, la base legal de Guantánamo habría colapsado. Con ella, Obama podría mantener los encarcelamientos mientras la guerra continuara. Al defender estas detenciones en los tribunales, el presidente mermó el imperativo moral del cierre de la prisión. Mientras tanto, la oposición política al fin de Guantánamo creció. En 2010 el Congreso empezó a restringir la capacidad de Obama para trasladar prisioneros. Inicialmente las Cámaras negaron la entrada de detenidos en EE.UU., no solo para su puesta en libertad, sino también para continuar encarcelados o ser juzgados.

Aquello limitó a Obama para enviar a los detenidos a otros países, imponiendo restricciones sin precedentes a la autoridad del comandante en jefe para transferir a prisioneros de guerra. Y aunque el presidente protestó, siempre lo consintió. Entre 2011 y 2013 el traslado de presos se paralizó. Y mientras la distancia entre la promesa de Obama al asumir el cargo y la continuidad de la prisión crecía, parecía difícil recordar que los candidatos presidenciales de ambos partidos habían apoyado el cierre del centro de detención.  

El papel de la justicia

También la judicatura se desvinculó del asunto. En un primer momento el Tribunal Supremo había intervenido para proteger los derechos de los detenidos. Durante el gobierno de Bush, el Supremo incluso emitió importantes fallos ratificando el derecho al habeas corpus de los prisioneros y ordenando protecciones básicas amparadas por las Convenciones de Ginebra. Al comienzo del primer mandato de Obama, los tribunales de distrito rechazaron las débiles pruebas presentadas por el Gobierno en la mayoría de los casos, pero la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, que tiene jurisdicción sobre todas las apelaciones de los detenidos en Guantánamo, invirtió esta tendencia. Apoyó la autoridad presidencial y ratificó la privación de libertad de los detenidos. Esta vez el Supremo rechazó intervenir.  

En febrero de 2013, los detenidos comenzaron una masiva huelga de hambre que atrajo la atención internacional. Obama parecía dolido por su fracaso. Prometió retomar el asunto y los traslados, pero el progreso seguía siendo inconsistente y los obstáculos, numerosos. Ni siquiera los informes sobre los enormes costes de la prisión —estimados en 2,7 millones de dólares por prisionero y año— han podido devolver la atención sobre este tema. 

A Obama se le acaba el tiempo. Ahora es una urgencia. El secretario de Defensa, Ashton B. Carter, notificó recientemente al Congreso que ha aprobado 17 traslados de detenidos. Las audiencias continúan ante los Periodic Review Boards (PRB), que determinan si un detenido debería ser liberado o si puede ser una amenaza. El Gobierno también está haciendo lobby activamente con otros países para trasferir detenidos. Su plan, si es que tiene alguno, parece limitarse a reducir la población de Guantánamo hasta que no sea políticamente factible para los oponentes defender su continuidad. 

Varios funcionarios también han dado a entender que Obama podría emplear una acción ejecutiva como último recurso.  Sin embargo, hay razones para ser escépticos. El Congreso renovó recientemente las restricciones en las transferencias de los detenidos. También hay un grupo en el Gobierno que se resiste, sobre todo dentro del Departamento de Defensa, que ha frenado repetidamente el traslado de prisioneros. Los PRB, a pesar de aprobar la mayoría de los casos que revisa, ha sido muy lento. Y la posibilidad de una acción ejecutiva en el último momento parece poco probable porque desencadenaría la misma acusación que marcó al presidente Bush. 

Aun asumiendo que Obama pueda reducir considerablemente la población que queda en la cárcel, todavía habrá una buena parte de detenidos a los que la Administración considere demasiado peligrosos como para dejarlos en libertad, y con casos demasiado complicados como para ser juzgados. Sin un cambio en la escena política, esos prisioneros de la guerra interminable (entre 40 y 50 hombres), junto al puñado de individuos que enfrentan juicios ante las comisiones militares, seguirán en Guantánamo.  E incluso si los vientos políticos de Obama cambian, de modo que el presidente pueda lograr su ansiado objetivo de trasladar a los detenidos a EE.UU., eso solo resultaría en el cierre físico de la prisión. El sistema en el que se apoya Guantánamo —cuya premisa es la detención indefinida y los tribunales militares de segunda clase— perduraría. De una forma u otra, Guantánamo sobrevivirá a Obama.