14/10/2019
Política

La crisis que incentiva el negocio privado

Clínicas, universidades y planes de pensiones privados engordan sus beneficios espoleados por la reducción de los servicios públicos

Juan Luis Gallego - 08/04/2016 - Número 28
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La crisis que incentiva el negocio privado
El de Alcira fue el primer hospital público gestionado por un grupo de empresas por una concesión administrativa. CARLES RICARD / EFE
Han sido los grandes beneficiados de la crisis. Un vistazo a los números resulta clarificador: los ingresos de las clínicas privadas no han dejado de aumentar desde 2008, el porcentaje de alumnos en colegios y universidades privados triplica en algunas etapas al de los países de nuestro entorno y las aportaciones a planes de pensiones experimentaron en 2014 un incremento de más del 37% que los devuelve a los tiempos de bonanza. Enseñanza, sanidad y pensiones, las tres líneas rojas que todos los partidos prometen no traspasar, han sido rebasadas en los últimos años con una drástica política de recortes acompañada de una clara, y costosa, apuesta por el sector privado.

La sostenibilidad del Estado del bienestar, hasta ahora intocable, provoca cada vez más dudas, muchas veces interesadas pero siempre inquietantes. Tantas que los españoles que pueden comienzan a utilizar parte de sus ahorros para complementar una pensión que ven en el aire; contratan seguros de salud privados, para evitar esperas cada vez más largas, e invierten en formación privada confiando en una salida laboral que permita sortear tanto desempleo. El negocio está servido.

En 2014 las clínicas privadas ingresaron 6.450 millones, un 18% más que al inicio de la crisis en 2008

“Determinados sectores vinculados a la banca y a los fondos de inversión han visto en la sanidad, y en los más de 63.000 millones de dinero público que mueve, un importante nicho de negocio con el que sustituir la especulación inmobiliaria de los tiempos de la burbuja”, afirma el doctor Manuel Martín, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Los números reflejan que ese nicho es cada vez más lucrativo. Los informes anuales de la consultora DBK indican que en 2014 —los últimos datos disponibles en el momento de elaborar este artículo— las clínicas privadas no benéficas ingresaron 6.450 millones de euros, un 4,3% más que el año anterior y un 18% más que en 2008, “año desde el cual los ingresos no han parado de crecer”, añade la consultora.

Los propios interesados reconocen que atraviesan un buen momento. Un informe de la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad), que tiene como objetivo confeso “procurar la mayor integración de la sanidad privada en la planificación asistencial de la población”, afirma que el gasto privado en este sector “presenta niveles históricamente altos en el periodo de crisis económica” y apunta una razón: “La desinversión pública. En un contexto de dificultades económicas la Administración Pública opta por una política de transferencia de costes hacia las familias”.

Tiempo de espera

Es decir, que los ciudadanos se paguen lo que la sanidad pública deja de cubrir o cubre mal y tarde. No en vano, España es uno de los pocos países europeos en los que no han disminuido las listas de espera en los últimos años. Según el informe “Panorama de la Salud, 2014”, elaborado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), los españoles deben esperar tres veces más (100 días) que los holandeses (30) para una operación de cataratas, cuatro más para una prótesis de cadera (150 días frente a 40) y cinco veces más para un recambio de prótesis de rodilla (200 frente a 40). Así que la salida, para quien puede permitírselo, son las aseguradoras privadas. Según datos de la asociación ICEA —dedicada a la realización de estudios e investigaciones en el campo del seguro—, en 2014 el número de clientes de seguros privados del ramo de la salud se acercaba a los 8 millones, que se gastaron 7.175 millones de euros, un 3,44% más que el año anterior. Otro dato refleja que no obedece a un capricho: los ciudadanos firman seguros privados en mayor medida allí donde el gobierno autonómico menos gasta en sanidad. Así, si el porcentaje medio de ciudadanos con seguro privado es del 18%, según los últimos datos de IDIS, sube hasta el 29% en Baleares y Cataluña, donde el gasto público per cápita se queda en  1.056 y 1.198 respectivamente, frente a los 1.219 de media en toda España. Y en Madrid, con un gasto público también entre los más bajos, 1.096 euros por persona, la población con seguros privados se dispara hasta el 31%.

Los seguros privados se disparan en las autonomías que más han recortado, como  Cataluña y Baleares

La atención a los clientes de seguros supone, más o menos, dos terceras partes del negocio de las clínicas privadas. Otra parte importante del pastel viene directamente de las administraciones públicas (principalmente de las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en sanidad) a través de los llamados conciertos, que han aumentado de forma prácticamente continuada en los últimos años, a un ritmo de hasta casi el 10% en algunos ejercicios. Según los cálculos de IDIS, los hospitales privados se llevan por este concepto algo más de 1.400 millones de euros al año.

Más modelos de privatización

La FADSP viene denunciando una tercera fuente de negocio del sector privado a través de concesiones administrativas que incluyen la gestión de servicios sanitarios: las empresas asumen la construcción, mantenimiento y equipamiento de un hospital y, a cambio, la Administración les paga una cuota por cada habitante del área geográfica que atiende. La propia Fundación IDIS habla de un aumento “significativo” de este modelo, especialmente en Madrid y Valencia, y estima que el volumen de negocio de las nueve concesiones de este tipo existentes en España supera los 1.200 millones de euros. La FADSP asegura que el coste de esta atención, si estuviera íntegramente en manos públicas, podría rebajarse hasta en siete veces. Lo cierto es que, engordadas por este creciente negocio, las clínicas privadas suponen ya el 38,5% de la red hospitalaria nacional, según los datos de DBK.

Es en este punto donde el nuevo panorama político surgido tras las últimas elecciones autonómicas puede variar la tendencia, de forma especial, precisamente, en esas dos comunidades en las que el modelo más triunfa. La Generalitat valenciana, ahora gobernada por PSPV y Compromís, tiene previsto rescatar las concesiones de sanidad cuando venzan los contratos. En Madrid, gobernada por el PP, la presidenta, Cristina Cifuentes, paralizó al llegar al cargo la externalización de seis centros hospitalarios, aunque, según el Observatorio Madrileño de Salud, sigue figurando entre las comunidades que mayor porcentaje dedican a concertación privada.

El precio de estudiar

Con respecto a la educación, el porcentaje de alumnos que cursan estudios no universitarios en centros concertados o privados es del 31,9%. De ellos, el 25,5% va a escuelas concertadas y el 6,5% a completamente privadas, según datos del Ministerio de Educación y Ciencia referidos al curso 2015-2016. La media es muy diferente en Europa, donde los alumnos en la enseñanza pública no bajan del 83% en ninguna de las etapas, según datos de la OCDE.

Ese predicamento de la enseñanza privada en España se ha extendido también a la universidad, que viene experimentando un crecimiento sostenido en el tiempo y, sobre todo, en los años de la crisis. Desde que en 1997 se creara la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, el número de centros públicos se ha estancado en 50. En contraste, el número de universidades privadas ha pasado desde entonces de 13 a 33 y la mitad de las nuevas ha surgido en los años de crisis. En paralelo, el porcentaje de alumnos que acogen no ha parado de crecer: si en 2006 eran el 9,55% del total, en el curso 2014-2015 los 171.000 alumnos que estudiaron en universidades privadas suponían el 12,4%.

En España solo el 27% de los universitarios tiene becas, frente al 76% de Holanda o el 100% de Finlandia

Miguel Ángel Quintanilla, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia, fue secretario general del Consejo de Universidades (1991-1995) y secretario de Estado de Universidades e Investigación (2006-2008). Durante este último periodo, solo se creó una universidad privada en España, aunque él asegura que no se debió a una oposición explícita por su parte. “No tengo nada en contra si los nuevos centros cumplen los requisitos exigidos. Lo que no me parece bien es que se aprueben nuevas universidades en contra de los informes de los expertos y sin que primen criterios estrictamente académicos y de servicio público.” Y eso ocurre. Dado que la decisión última de dar el visto bueno a una universidad privada corresponde a los gobiernos autonómicos, los informes previos que emiten los consejos de universidades caen en saco roto aunque sean negativos. Los intereses económicos, también los de los ayuntamientos que ven con buenos ojos la implantación de una universidad, priman sobre los académicos, sin tener en cuenta ni la calidad de la enseñanza ni el exceso de titulados que puede conllevar. “El negocio puede ser legítimo, pero eso no justifica que se apruebe”, afirma este exgestor público.

El crecimiento de este negocio parece auspiciado por el paralelo deterioro de la universidad pública, que acumula en los últimos años recortes presupuestarios, subidas de tasas y restricción de becas. El informe “Evolución del presupuesto de las universidades públicas 2010/2014”, elaborado por Comisiones Obreras, pone números a esta realidad (recordando que, en su mayoría, la financiación corresponde a las comunidades autónomas). En esos cuatro años, las universidades públicas perdieron 1.523 millones de euros, un  15,1% del presupuesto global, de forma que pasó de suponer el 0,97% del PIB al 0,83%. En cada alumno se gastan ahora 6.481 euros, frentes a los 7.760 de entonces.

El incremento de las tasas, dispar según la universidad, también queda patente en otro dato: si en 2010 suponían el 16% del total de los recursos de las universidades públicas, ahora se han incrementado hasta el 22,8%. Y eso ocurre a la vez que se decide un recorte de 200 millones en becas desde el curso 2011-2012 hasta el 2014-2015, además de un endurecimiento de los requisitos de acceso. Los datos comparados otra vez nos dejan en evidencia: el último informe de Eurydice (Red Española de Información sobre Educación), correspondiente al curso 2014-2015, refleja que solo el 27% de los estudiantes españoles de formación superior recibe becas y ayudas, frente al 47% de Irlanda, el 76% de Holanda y el 100% de Finlandia y Luxemburgo. España se sitúa al mismo nivel que Eslovenia y ligeramente por encima de Polonia, Portugal o Hungría.

Uno de los capítulos más afectados ha sido el de personal, azotado por los continuos recortes, de forma que entre enero de 2012 y junio de 2015 se perdieron más de 23.000 empleos en la enseñanza no universitaria, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Reformas de las pensiones

También los planes de pensiones —el tercer pilar del Estado del bienestar— han experimentado un importante crecimiento en los últimos meses. Si se atiende al número absoluto de suscriptores, la cifra más alta, tras un crecimiento sostenido durante años, se alcanzó en el año considerado de comienzo de la crisis, en 2008, cuando había algo más de 8,6 millones. A partir de esa fecha, según los datos de INVERCO (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones), la cifra se estancó e incluso se redujo hasta 7,8 en 2013. El año siguiente supuso el fin de esa tendencia a la baja, que se mantuvo durante 2015.

Pero el dato que permite a José Luis Manrique, de INVERCO, hablar de un “positivo repunte” es el de las aportaciones, es decir, el de la cantidad de dinero que los ciudadanos han metido en fondos de pensiones. Tras un descenso continuado desde 2006 hasta 2012, periodo en el que pasó de 6.223 millones de euros a 2.698, en 2013 se produjo un ligero aumento hasta los 2.939 millones, que explotó en 2014: ese año las aportaciones subieron un 37% hasta llegar a los 4.030. En 2015 se ha mantenido el incremento sustancial respecto a los años de la crisis, pero la reducción legal del máximo anual de aportaciones aprobada en 2014 (desde 10.000 euros por persona hasta 8.000) ha rebajado el volumen total de aportaciones a los 3.590 millones de euros. 

De 2012 a 2015 se perdieron 23.000 empleos en la enseñanza pública no universitaria

El análisis de este experto es significativo. Recuerda que las dos últimas reformas del sistema de pensiones se han traducido en un descenso de la tasa de sustitución, es decir, de lo que cobra un jubilado en relación a su sueldo anterior, que ha pasado en la práctica del 82% al 73,9%. “Y bajando”, afirma Manrique en un vaticinio que las últimas decisiones del Gobierno parecen avalar: desde que entró en vigor, en diciembre de 2013, la norma que garantiza una subida mínima del 0,25% y limita la máxima al IPC más el 0,5%, en los tres ejercicios siguientes, 2014, 2015 y 2016, el incremento de las pensiones ha sido, precisamente, el mínimo.

Esa realidad, unida a la creciente presencia del debate sobre las pensiones en la sociedad española, ha aumentado lo que Manrique denomina “concienciación” de los ciudadanos sobre la “necesidad” de suscribir planes de pensiones como “complemento” de la prestación pública. “Por lo menos quiero vivir como mis abuelos” es la frase que, añade, resume el comportamiento de este sector de la ciudadanía.