26/6/2019
Europa

La dudosa esperanza turca

Ankara ha logrado vincular la solución a la crisis de los refugiados con los avances en los acuerdos de adhesión al club europeo

Dani Rovirosa - 11/03/2016 - Número 25
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El primer ministro turco, Ahmed Davutoglu, volverá la semana que viene a Bruselas. Su presencia está siendo imprescindible para la UE porque, incapaz de resolver por su cuenta la crisis de los refugiados, Europa ha decidido delegar en Ankara gran parte de la solución. Davutoglu irá para cerrar los detalles del acuerdo alcanzado el 7 de marzo con los líderes europeos, dispuestos a hacer grandes concesiones a Turquía si frena la llegada incesante de inmigrantes y refugiados sirios al territorio comunitario.

Estos días las capitales europeas están tratando de resolver las dudas que plantea el pacto alcanzado a tres bandas entre la canciller alemana, Angela Merkel, el primer ministro holandés, Mark Rutte, y el propio Davutoglu, al que el resto de delegaciones dieron su visto bueno preliminar.

La UE quiere que Turquía acoja a “todos los nuevos migrantes irregulares” que lleguen desde su territorio a las islas griegas, 2.000 personas de media al día desde que empezó 2016. A cambio, Ankara exige que por cada sirio al que se envíe de vuelta, los países europeos admitan de forma legal a otro sirio de los campos turcos de refugiados. Ambas partes intentan enviar un mensaje claro a los emigrantes: no merece la pena arriesgarse en el mar ni confiar a las mafias la promesa de una vida mejor porque no va a servir de nada. La única forma de llegar a Europa es por vía legal.

No está claro, sin embargo, que la iniciativa cumpla con las normas de asilo. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, ha mostrado ante el Parlamento Europeo su “profunda preocupación” por una medida que apunta al retorno sistemático de los inmigrantes hacia Turquía, poniendo en duda el respeto al derecho internacional que asiste a las personas que piden protección. El artículo 19 de la Carta Europea de Derechos Humanos prohíbe las expulsiones colectivas y, según ha recordado el máximo responsable de ACNUR, un demandante de asilo solo puede ser deportado a un tercer país si este cumple los estándares internacionales que garantizan la protección del solicitante y se le da acceso a la sanidad, la educación y el empleo.

Bruselas considera que se cumplen estas condiciones, acogiéndose al acuerdo de readmisión bilateral firmado entre Atenas y Ankara y a la directiva europea sobre el procedimiento de asilo. Grecia considera que Turquía es un país seguro, por lo que la norma comunitaria le exime de la obligación de procesar todas las solicitudes de asilo que reciba.

Un demandante de asilo solo puede ser deportado a un tercer país si se garantiza su protección

Amnistía Internacional cree que “de ninguna manera se puede considerar a Turquía un país seguro al que la UE pueda derivar sus obligaciones” porque “ha devuelto a Siria a refugiados por la fuerza y muchos de los que están en el país viven en condiciones terribles, sin una vivienda adecuada”. Además, asegura la ONG, “cientos de miles de niños refugiados no pueden acceder a la educación formal”. No está claro tampoco que los países europeos vayan a acoger a los refugiados sirios de Turquía. El documento especifica que el reasentamiento es voluntario (Hungría amenazó con vetar el pacto si se le obligaba a aceptar a demandantes de asilo) y desde septiembre solo se han admitido a poco más de 3.400 personas con derecho a protección.

De aquí a la reunión con el primer ministro turco, Bruselas tiene que decidir, además, si establece un cupo máximo de los migrantes que está dispuesto a aceptar. Ankara sabe que negocia desde una posición ventajosa con una UE desmembrada políticamente y ha conseguido vincular la solución a la crisis de refugiados con los avances en los acuerdos de adhesión al club. El lunes pasado logró que los líderes europeos se comprometieran a darle más dinero a cambio de que no lleguen más personas a suelo comunitario. Una financiación adicional a los 3.000 millones de euros que ya se acordaron en noviembre. La cuantía definitiva es otro de los puntos que hay que resolver.

Chipre, en contra

Los Veintiocho también se han comprometido con Davutoglu a acelerar la exención de visados a los ciudadanos turcos que quieran viajar a la UE. La intención es que a partir de junio de este año ya no tengan que pedir permiso para entrar a un estado miembro. En la cumbre anterior entre la UE y Turquía ese plazo se fijó para el mes de octubre, pero Ankara ha logrado ahora acortar los plazos. La condición para que sus ciudadanos pudieran viajar libremente era que Turquía aplicase el acuerdo de readmisión firmado con Grecia, lo que según Davutoglu se va a hacer de inmediato porque su país se compromete ahora a aceptar a todos los migrantes irregulares que lleguen a las islas griegas. Francia, Suecia y Chipre se oponen a ello.

Debido al conflicto histórico que mantiene la isla con Turquía por la ocupación del norte de su territorio, Chipre también es reacio a abrir nuevos capítulos del proceso de admisión de Ankara en la UE, algo que el país euroasiático reclama desde hace tiempo.

A la espera de que la semana que viene se logren solventar las dudas que plantea el acuerdo preliminar del 7 de marzo, la UE ha tenido que reaccionar por otra parte a la crisis humanitaria que se ha generado en Grecia, como consecuencia de los controles fronterizos en la ruta de los Balcanes. Más de 36.000 personas están atrapadas en el país heleno, lo que ha obligado a la UE a diseñar un plan de emergencia para los próximos tres años de 700 millones de euros.