15/10/2019
Política

La ley electoral toca a su fin

Los dos partidos emergentes, con el apoyo de IU, convierten en prioridad su reforma, mientras el PSOE admite que hay que mejorar la proporcionalidad

Juan Luis Gallego - 23/12/2015 - Número 15
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La ley electoral toca a su fin
Votantes en el Colegio Infant Jesús de Travessera de Gràcia (Barcelona) en las elecciones generales. Andreu Dalmau / EFE
Estos comicios pueden ser los últimos con el actual sistema electoral. El cambio de la ley era una prioridad para los dos partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, cuando eran solo eso, aspirantes a entrar en el Congreso. Pero como ambos dejaron claro en la misma noche electoral, lo sigue siendo ahora, cuando con 109 diputados en total, casi la tercera parte de la Cámara, tienen por fin la oportunidad de impulsar la reforma. Y eso que, convertidos ya en la tercera y cuarta fuerzas del país, no son los más perjudicados por la supuesta falta de proporcionalidad del modelo, especialmente Podemos, que con el 20,66% de los votos logra el 19,71% de los escaños, es decir, una infrarrepresentación de menos del 1%, no muy lejana a la proporcionalidad. Ciudadanos, sin embargo, con el 13,93% del apoyo de los electores, ocupará el 11,42% de los asientos del Congreso.

Las agrias quejas sobre la ley electoral que plantearon la misma noche electoral ambos partidos parecen, sin embargo, justificadas no tanto en los resultados propios como en la comparación con los de los partidos mayoritarios, PP y PSOE, a los que la ley, cumpliendo el objetivo con el que fue ideada, vuelve a primar en busca de una mayor estabilidad. A los populares, que logran una sobrerrepresentación de casi el 6,5 %, cada escaño le cuesta menos de 59.000 votos; a los socialistas, con un 3,7% más de escaños que votos, algo menos de 61.500.

IU, la perjudicada

La víctima principal sigue siendo IU, el partido que históricamente más ha sufrido las supuestas deficiencias del sistema. Su caso refleja como ninguno todas las quejas sobre su falta de proporcionalidad, sea cual sea la comparación que se elija: cada uno de sus diputados le cuesta 461.000 votos, tiene siete veces menos votos que el PP pero 60 veces menos escaños,  cinco veces menos electores que Podemos pero 35 veces menos escaños. Democràcia i Llibertat, con casi la mitad de voto, logra cuatro veces más diputados; IU triplica en votos al PNV, pero los vascos triplican sus escaños… Nunca nadie ha sufrido tanto como IU, en la pasada legislatura la UPyD de Rosa Díez y, en su día, los comunistas del PCE los efectos de la ley electoral, una ley que, por cierto, sigue cerrando las puertas del Congreso a una formación como PACMA (Partido Animalista contra el Maltrato Animal), habitualmente la fuerza más votada entre los extraparlamentarios y que ayer cosechó casi 220.000 votos.

En cualquier caso, Podemos, Ciudadanos e IU no solo coincidieron la misma noche del 20-D en situar la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que data de 1985, en el frontispicio de sus tareas en la oposición, sino que la llevan en los programas electorales. Pero es que incluso el PSOE, ligeramente permeable con su nueva dirección a esa crítica al modelo electoral que ha ido calando en las nuevas generaciones —y que el 15-M supo resumir en el doble significado de su “no nos representan”—, se decidió a incluir en su programa una genérica pero vinculante disposición a cambiar la ley electoral en busca de una “mayor proporcionalidad”.

Así que, en principio, hay más de 200 diputados de acuerdo en acometer esa reforma. ¿Suficientes? Se verá. Porque, vistos los planteamientos previos, lo único en común es ese deseo de mayor proporcionalidad, pero las diferencias sobre cómo conseguirla son muchas. Y, además, según el modelo al que se tienda puede implicar un cambio en la Constitución.

Los mecanismos claves del actual sistema culpables de esa supuesta falta de proporcionalidad están más que identificados. Por un lado, la división del país en circunscripciones provinciales, lo que en la práctica convierte unas elecciones generales en 52 pequeñas elecciones —tantas como provincias, más las ciudades de Ceuta y Melilla—. Con un problema: en aquellas provincias pequeñas donde solo se elige un número escaso de diputados es muy fácil que los que no están entre los primeros se queden fuera del reparto. Por decirlo llanamente: lo poco que hay se lo llevan los grandes.
 
Porque, además, esa división en circunscripciones se ve acompañada de la controvertida fórmula D´Hondt, cuyo funcionamiento incide en esa sobrerrepresentación de los mayoritarios. Básicamente, funciona de la siguiente forma: en cada circunscripción, los votos obtenidos por cada lista electoral se dividen entre 1, 2, 3, 4… y así sucesivamente, y luego se van asignando escaños a los cocientes mayores. 

El tamaño de la provincia

La conjunción de ambos elementos provoca, como demuestra el investigador Rubén Ruiz-Rufino en un estudio elaborado en 2006 para la Fundación Alternativas, que solo en las provincias en las que se elige a 12 diputados o más se logran resultados muy cercanos a la proporcionalidad. En las que se reparten entre 5 y 12 escaños se puede hablar de proporcionalidad corregida, mientras que en las que cuentan con cinco diputados o menos el sistema es claramente mayoritario. Y resulta que estas, las circunscripciones menores, son más de la mitad. Algunos ejemplos de lo ocurrido en el 20-D ilustran esta circunstancia.
 
De menos a más: en Ceuta o Melilla, donde solo se elige un diputado, se lo lleva el ganador, el PP en este caso; el resto de votos van a la basura. En Teruel, que aporta tres escaños, ha ocurrido lo que tantas veces: dos para el PP y uno para el PSOE; ni Podemos ni Ciudadanos, a pesar de rondar cada uno el 15% de los votos, entraron en el reparto. Pero en Madrid, donde el número de diputados que se elige es de 36, hasta IU obtiene un resultado más o menos proporcional: su 5,26% de votos el otorgan el 5,55% de los diputados. 

Las razones de D’Hondt

Pese a estar cuestionado, este sistema tiene su razón de ser. Se trata, por un lado, de potenciar la gobernabilidad del país primando a los partidos mayoritarios; y, por otro, de conceder representación a todos los territorios. Por eso la Constitución, además de consagrar la provincia como circunscripción, concede a cada una un mínimo de diputados independientemente de su población, para evitar que aquellas provincias poco pobladas caigan en el olvido de los políticos porque allí no se juegan nada.
 
Así que las propuestas para corregir esa desproporcionalidad pasan, en su mayoría, por alguna de estas dos vías o por las dos a la vez: reemplazar la fórmula D´Hondt y modificar las circunscripciones electorales. La primera solo requiere un cambio de la ley electoral; la segunda, sin embargo, obligaría a reformar la Constitución, que establece en su artículo 68 que la “la circunscripción electoral es la provincia”, pero bastaría para hacerlo con el acuerdo de tres quintas partes del Congreso, es decir, 210 diputados. En las nuevas Cortes, nada imposible.

Lo que no está claro es qué vendrá en el futuro, porque quienes se han atrevido a adelantar una propuesta en un tema tan complejo no tienen demasiadas coincidencias entre sí. Ninguno ha llevado las proclamas de “una persona, un voto” o que “los votos de los ciudadanos y ciudadanas valgan todos lo mismo” a sus últimas consecuencias, es decir, que el país sea una única circunscripción en la que a cada fuerza política le correspondan igual tanto por ciento de escaños que votos ha logrado. Eso, según los resultados del pasado domingo, hubiera arrojado un Congreso con 20 fuerzas políticas, lo que, según quien lo valore, aumenta su ingobernabilidad o su pluralismo. Pero corre el riesgo de dejar desprotegidos a los territorios menos poblados: por qué hacer políticas para determinadas provincias o concentrarse en lograr el voto de sus electores si, al fin y al cabo, apenas tienen influencia; mejor tratar de conquistar, por ejemplo con inversiones, una zona superpoblada.

Cambiar la fórmula

A partir de ahí, las diferencias. Podemos, en su programa, deja claro que apuesta por establecer “la circunscripción autonómica como única base territorial para la asignación de diputados”, que se distribuirán de acuerdo al peso demográfico de cada una de ellas. Respecto a la fórmula, se compromete a utilizar algunas de las llamadas de “la media mayor”, una denominación técnica que engloba diversas variantes, entre ellas la propia D´Hondt, aunque también otras como la Sainte-Laguë, que en lugar de dividir el número de votos de cada candidatura entre 1, 2, 3, 4… lo hace entre impares, 1, 3, 5, 7…, para que los resultados sean menores y le sea más fácil a otros partidos colarse entre los vencedores.

 

Ciudadanos también avanzaba en su programa lo que quiere: “Impulsar una reforma electoral inspirada en el modelo alemán. La elección de los diputados se hará simultáneamente entre escaños unipersonales y listas proporcionales desbloqueadas, disponiendo en consecuencia cada elector de dos votos”. Intentaremos explicarlo brevemente. Cada elector elige, por un lado, a un político en concreto por su circunscripción, con nombre y apellidos; y por otro vota en otra papeleta (en realidad suele ser la misma, con dos apartados) a su partido preferido. Esta segunda votación sirve para contabilizar los escaños que le corresponden a determinado partido, de forma que si en la elección directa y personal se ha quedado corto, se completa el número hasta alcanzar el que se ‘merece’; pero si se ha pasado, es decir, ha logrado más diputados en la elección personal de los que le corresponden en la elección por partidos, los conserva. Eso hace que el número de diputados en la Cámara no sea siempre el mismo, y varíe según los resultados, pero, según los expertos, el sistema consigue un alto grado de proporcionalidad.

Método Hare

La propuesta de IU, quizás por histórica, es la más elaborada. Además, no implica un cambio en la Constitución por cuanto conserva la provincia como circunscripción. Pero en lugar de asignar a cada provincia dos diputados como mínimo, como hace el sistema actual, propone que sea solo uno y el resto dependa de la población. Eso iría acompañado de la sustitución de la fórmula D´Hondt por otras más proporcionales, entre las que propone específicamente el método Hare: en cada circunscripción se divide el número de votos válidos entre el de escaños a repartir, se averigua así ‘cuánto cuesta’ cada diputado y se le asigna a cada candidatura tantos como veces contenga entero ese coeficiente; los que quedan por distribuir irán a los restos mayores. Y, por último, IU propone elevar de 350 a 400 el número de escaños —aunque admite que esta medida podría esperar tiempos mejores dado el coste económico que conllevaría— para que esos 50 se elijan de otra forma: serían distribuidos entre los restos, es decir, todos aquellos votos que no han servido para nada, que en el reparto anterior por provincias no se han traducido en escaños, se volcarían en una bolsa única estatal para distribuir ese medio centenar de diputados.
 
Métodos aparte, lo que sí está claro es que las tres formaciones políticas —como también Unión Progreso y Democracia, que en las elecciones de 2011, en los tiempos de Rosa Díez, sufrió en sus carnes la falta de proporcionalidad del sistema con la misma crueldad que IU y que ahora se ha quedado fuera con 153.500 votos— quieren una ley electoral más proporcional. Y ese es, precisamente, el tímido pero claro compromiso que el PSOE adoptó en su programa electoral: “Mejorar la proporcionalidad”, además de otras medidas en las que también podría coincidir con los partidos emergentes, como desbloquear listas para dar al votante más capacidad de elección o regular los debates electorales.

Hasta ahora, el PSOE, como una de las dos fuerzas mayoritarias, ha sido uno de los beneficiados por el actual sistema, que históricamente ha otorgado a los partidos ganadores una sobrerrepresentación en el Congreso de hasta 10 puntos porcentuales por encima de los votos obtenidos. El domingo uno de sus representantes volvió a contestar con un lacónico “se puede estudiar” al ser preguntado por su disposición a apoyar el cambio del sistema electoral. Pero si los partidos cumplen sus promesas y la legislatura finalmente echa a andar, será una de las primeras medidas sobre las que todos tengan que definir su posición.