29/3/2020
Política

Las aguas turbias del canal Segarra-Garrigues

Las obras debían acabar en 2013 pero lo harán en 2022, el dinero está agotado y solo se riegan 18.000 hectáreas de las 70.000 previstas

Francesc Arroyo - 27/05/2016 - Número 35
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El 31 de junio de 2002, el gobierno que presidía Jordi Pujol licitó unas obras que iban a traer cola: las del canal Segarra-Garrigues. El proyecto era llevar agua clara desde el pantano de Rialb (al norte de Lleida) hacia sus tierras centrales para convertir en regadío unas 70.000 hectáreas. Hoy esa agua baja turbia. La obra constaba de tres partes. La red primaria, formada por el canal principal, con una longitud de 85 kilómetros, que llevaría el agua hasta diversas balsas (red secundaria) desde donde sería bombeada a cada finca por la red terciaria. La red primaria, a cargo del gobierno central, tenía un presupuesto de 450 millones de euros. Está prácticamente lista. La secundaria, con un presupuesto de 1.069 millones de euros, la licitaba el gobierno catalán. Para pagar las obras contrató un crédito bancario a través de la empresa pública Regsega, que lo liquidaría a plazos durante 20 años. Los bancos abonarían las obras a la adjudicataria a medida que fueran certificadas por la Administración. El pago se haría por tramos siempre que estos pudieran entrar en servicio. La red terciaria la financiaba cada agricultor. El pliego de condiciones establecía que el calendario era un factor esencial para lograr el contrato. La fecha final prevista era 2013.

La fecha no se cumplió. Hoy la previsión es que se acabe en 2022. Con un problema añadido: el presupuesto está casi agotado y solo se están regando unas 18.000 hectáreas de las 70.000 proyectadas. Y lo que es peor: nunca se regarán  70.000 porque, por el medio, ha habido una sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo que impide convertir esas 70.000 hectáreas en áreas de regadío intensivo porque afectaría gravemente a diversas ZEPA (zona de especial protección de aves). La sentencia fija como máximo en 42.105 las hectáreas para riego intensivo y señala que otras 24.174 podrían disponer de riego de apoyo, lo que limita el tipo de cultivos. Los 1.069 millones pueden convertirse, como poco, en 1.600 millones.

Gestores y cargos de CDC

El contrato lo obtuvo el consorcio Aigües Segarra-Garrigues, una unión de empresas agrupadas para la ocasión (FCC, Acsa, Agbar, Copcisa, Copisa, Benito Arnó e hijos, Romero Polo, M i J Grúas, Aricis Romà, Constructora de Calaf, Aqualia y Sorea). Era consejero de Agricultura Josep Grau. El secretario del departamento se llamaba Germà Gordó. Los responsables directos de Regsega en la fase de licitación y adjudicación eran Josep Lluis Quer y Josep Anton Rosell. El conseller en cap (primer consejero del gobierno catalán), un cargo ideado por Pujol para promocionar a su sucesor, respondía al nombre de Artur Mas.

Cargos de Convergència tuvieron relación con la concesión de las obras desde el Govern y las empresas públicas

El gobierno catalán, presidido por Mas, decidió en 2013 paralizar las obras por falta de presupuesto ante las llamadas de atención de los bancos sobre el agotamiento del crédito. Un segundo factor lo aconsejaba: la desviación al alza del coste de las obras era del 89%. En 2014 se reemprendieron los trabajos. En ese momento Josep Grau se había convertido en presidente de la concesionaria. El que había sido su secretario en el departamento, Germà Gordó, ocupaba la consejería de Justicia. Quer y Rosell se hallaban al frente de la empresa Infraestructures SA, creada por Mas para unificar las inversiones en obras públicas, entre ellas las del canal. Salvo el caso de Grau, nada llama la atención. Unos políticos se fueron con el tripartito (2003) y volvieron cuando CiU recuperó el gobierno. Lo curioso son los pasos intermedios. Rosell dejó la empresa pública cuatro días antes de la adjudicación de las obras. Semanas más tarde se convirtió en su director general. Quer montó su propia empresa, Auding. Consiguió abundantes subcontratos de la concesionaria del Segarra-Garrigues. Todo legal, insisten. Germà Gordó, por su parte, fue durante un periodo tesorero de CDC.

Con el correr del tiempo, Convergència empezó a verse asediada por investigaciones sobre presunta financiación ilegal y cobro de comisiones por la concesión de obras públicas. Las donaciones, supuestamente, se hacían a través de la fundación Catdem, que a su vez asumía gastos del partido. Quer fue cesado y Rosell detenido y puesto en libertad con cargos, pero siguió en el puesto. Al salir Mas del gobierno, Oriol Junqueras lo destituyó.

Seis de las compañías del Segarra-Garrigues (FCC, Agbar, Copisa, M i J Grúas, Aqualia y Sorea) figuran entre las donantes a Catdem. Directivos de una de ellas,  M i J Grúas, han declarado ante notario que pagaron comisiones a dirigentes de CiU a cambio de contratos. Otras dos aparecen en los papeles de Bárcenas junto a cifras que la policía sospecha corresponden a donativos al PP. Así, se puede leer “Polo/Llorens” junto a la partida de 30.000 euros, anotación fechada el 3 de mayo de 2003. La fiscalía cree que Polo es Romero Polo y que Llorens remite al que fuera diputado popular por Lleida, José Ignacio Llorens. La segunda referencia de los papeles de Bárcenas está fechada el 6 de mayo del mismo año y se halla junto a una cifra mayor: 100.000 euros. A su lado figura “Copisa/Sorigué”. Todos niegan cualquier relación con donativo alguno.

Problemas de viabilidad

Hay informes que alertan sobre los problemas de las obras del canal Segarra-Garrigues. El más reciente (2015) lo hizo el Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS), organismo del gobierno catalán. Sostiene que la obra presenta problemas financieros y de viabilidad económica. Tiene que financiarse con las aportaciones de los regantes, pero estos son reacios a contratar por el coste del agua. Tampoco ayuda el envejecimiento de la población. Se podría utilizar el agua para abastecer al área metropolitana de Barcelona, que hoy se nutre de los ríos Ter y Llobregat, cuyas cuencas pueden ser insuficientes. Pero el agua del Segarra-Garrigues procede de los ríos Segre y Rialb, es decir, la cuenca del Ebro. La ley prohíbe que Barcelona se abastezca del Ebro, de modo que el Congreso debería aprobar un cambio legal que rechazan la mayoría de partidos. Los regantes se muestran también reticentes porque la red terciaria corre de su cuenta. Un cálculo conservador cifra en unos 54.000 euros la inversión necesaria para una finca de 17 hectáreas. El CADS señala que el abastecimiento no estaría asegurado si el canal tuviera que funcionar a pleno rendimiento. Un documento interno cuestiona el modo en el que la concesionaria está cumpliendo el contrato (siempre en beneficio propio y en detrimento del erario público) así como las desviaciones al alza de las obras.

Seis de las compañías del canal figuran como donantes de la fundación de CDC y dos en las notas de Bárcenas

No menos demoledor es un análisis solicitado por el tripartito a un bufete de abogados sobre la posibilidad de modificar el contrato y adaptarlo a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. El informe jurídico recordaba que la forma de pago de las obras era muy clara: Aigües Segarra-Garrigues podía cobrar las obras realizadas en un subsector parcial siempre que estas permitieran la entrada en funcionamiento de ese mismo subsector, nunca por obras parciales que no permitieran el riego. Una medida que no se ha respetado. De ahí que el importe del crédito esté casi agotado y que, sin embargo, apenas se estén regando 18.000 hectáreas.

¿Cómo consiguió la empresa este trato deferente? Nadie da explicaciones, pero en el momento de lograr esos cobros, quien estaba al frente de la firma era el mismo equipo que había redactado el pliego de condiciones y conocía sus atajos. Todo legal, si los jueces no dicen algún día lo contrario.